Vídeo de la Veeduría Forestal Indígena en San Martín

Al final de mes de abril 2016, hemos producido un vídeo de la Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM. Ahí ustedes pueden ver y escuchar algunos actores importantes de este proyecto así como fotos de los casos atendidos. El vídeo esta en Youtube a este link: https://www.youtube.com/watch?v=brAg6LBr9XM

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EL MECANÍSMO DE OBSERVACIÓN FORESTAL INDEPENDIENTE

 

 Foto EU FAO FLEGT       logo CEDISA       

 

logo CODEPISAM

 

 PROYECTO:

“Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria para mejorar la gobernanza a nivel local en la región San Martín”

 

PROPUESTA DE MECANISMO DE OBSERVACIÓN FORESTAL INDEPENDIENTE PARA LA CODEPISAM EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

 

Consultor responsable:

Ing. Braulio Buendía Buendía

ECO REDD

Lima, Setiembre del 2,015

 

 

I.            INTRODUCCIÓN

 

La región San Martin es una región amazónica del Perú ubicado en la parte nor este del país, con una superficie de 51 253 km2 con una altitud que va de 190  a   3 080 m.s.n.m., con una población, según el censo poblacional del INEI[1], de 794 730 habitantes, de las cuales 64,9% es urbana. Existe una tendencia del ritmo de crecimiento poblacional de la Región San Martín, que sería fundamentalmente por su elevado nivel de fecundidad y por el efecto de la migración, considerándose a San Martín, como un departamento “receptor” de población. En los últimos 67 años el departamento ha incrementado su población en más de 7,68 veces, mientras que el país ha crecido 3,9 veces. Los resultados de los Censos de 1993 y 2007 evidencian que de las diez provincias de San Martín, las que tienen mayor cantidad de población son: San Martín, Moyobamba y Rioja, siendo las provincias con menor volumen poblacional: El Dorado y Huallaga.

Según datos de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE)[2] de la región San Martin, el 64,53% de la superficie corresponde a zonas de protección y conservación ecológica, el 20,4% zonas de recuperación, el 9,9% zonas de producción agropecuaria, el 4,4% zonas de producción forestal, el 0,1% zona de vocación urbano/industrial y el 0,07% zona de tratamiento especial. Se dice, por otro lado se dice que San Martín es la región más deforestada del Perú, el 30% de su territorio original (1 500 000 ha) está deforestado, el proceso de la deforestación ha venido en aumento debido a diferentes causas, entre ellas: la apertura de la carretera Fernando Belaunde Terry, la colonización, avance de la frontera agrícola, incentivo financiero a la agricultura, éxodo del narcotráfico, terrorismo, migración, los efectos del cambio climático y desastres naturales en su conjunto. El departamento de San Martín durante el periodo 2000 – 2005 tuvo 114 990 ha. deforestadas, número que fue incrementándose a 117 727 ha. en el periíodo 2005 -2010. Siendo las Provincias de Bellavista, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota y Lamas las más deforestadas.

San Martín cuenta con tres áreas protegidas nacionales, un área de Conservación Regional, 52 áreas de Conservación Municipal, como parte de una estrategia de gestión del territorio, 14 zonas de conservación y recuperación de ecosistemas- ZOCRE, matriculadas a favor del estado con fines de conservación y recuperación ecológica, adicionalmente existen 43 áreas propuestas, pendientes de matriculación, esto según el Plan de Desarrollo Concertado San Martín al 2021. Según los estudios de línea base realizadas recientemente con las organizaciones indígenas de San Martín, se sabe que existe 163 comunidades indígenas registradas, de las cuáles sólo el 19% estarían saneadas (31 tituladas), mientras que un 31% sólo estarían reconocidas y un 44% serían pueblos originarios.

En términos de gobernanza forestal  los problemas más saltantes son el saneamiento de las demandas territoriales de los pueblos indígenas, la deforestación, cambio de uso, conflictividad por el mercado de tierras, tala y comercio ilegal de madera, la falta de una reacción articulada de gestión de las instituciones como estado para prevenir y abordar los problemas, espacios de participación social poco sostenibles, problemas de transparencia, corrupción, prácticas con niveles deficitarios de manejo forestal, entre otros. Contrario a ello la región San Martín ha tenido esfuerzos importantes para fortalecer su institucionalidad ambiental y de recursos naturales, tal es así que cuenta con la Autoridad Regional Ambiental (ARA)[3] en funcionamiento, tiene importantes instrumentos de gestión regional vinculado a políticas territoriales, instrumentos de planificación, etc., Sin embargo, éstos no están necesariamente actualizados, articulados, ni cuentan con los recursos apropiados para implementarlos.

Ante este escenario complejo, se considera como una necesidad la implementación de un Mecanismo de Observación Forestal Independiente (MOFI), cuyo propósito principal debiera ser promover un ambiente de transparencia en la gestión de los actores involucrados en la gestión, valga la redundancia, de los bosques, con énfasis en los bosques comunitarios, además de minimizar los riesgos que ponen en peligro la sostenibilidad de los bosques, los derechos territoriales de las poblaciones indígenas, con acciones que estén orientadas a disminuir  la ilegalidad, la corrupción, velando por el cumplimiento de la ley, dando aportes para mejorar las normas y desempeño funcional, facilitando procesos para el acceso de información, documentando evidencias, etc.

Es por ello, que se genera la presente propuesta que ha venido siendo elaborada participativamente por un colectivo regional, principalmente por los representantes de las organizaciones indígenas de la región San Martin (la CODEPISAM[4] y sus federaciones) con la orientación, facilitación y apoyo del proyecto “Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria para mejorar la gobernanza a nivel local en la región San Martín” que tiene como ente ejecutor a CEDISA[5] con el apoyo de ECOREDD con el apoyo financiero y asistencia de EU-FAO-FLEGT.

El MOFI que se propone responde básicamente a la problemática priorizada por las organizaciones indígenas relacionada a la seguridad territorial y gestión de bosques comunitarios. La propuesta toma como referencia las experiencias desarrolladas en otros países, como es el caso del Monitoreo Forestal Independiente (MFI) desarrollado por Global Witness y puesta a práctica básicamente en Camboya y Camerún. Asimismo, toma como referencia los propósitos que impulsa FAO FLEGT para contribuir a lograr la buena gobernanza forestal.

A diferencia de las experiencias aplicadas en otros países donde el MFI está basado principalmente en un acuerdo institucional entre la Autoridad Nacional que administra y controla los recursos forestales del país (Entidad anfitriona ) y la entidad encargada del monitoreo (Monitor, que es un ente externo). La propuesta del MOFI está adecuada a un nivel sub nacional, donde la entidad encargada del monitoreo no es un ente especializado externo, sino la unidad técnica de una organización indígena local,  que es la Veeduría Forestal que está en la etapa de formación y empoderamiento; tampoco se propone que aborde todos los casos (títulos habilitantes) de áreas de aprovechamiento forestal, que incluye a actores no indígenas, sino considera la actuación en casos que se den sólo en territorios indígenas.

 

II.            ANTECEDENTES

 

Las experiencias de monitoreo independiente del sector forestal en la región, y particularmente en el Perú, son escasas, se tienen experiencias internacionales como las desarrolladas por  Global Witness en Camerún (2,000 – 2,005) y Camboya (1,999); del mismo modo hay experiencias de observaciones externas vinculadas al sector forestal realizadas por la Environmental investigation Agency (EIA) y Telapak que han apoyado el monitoreo externo en Indonesia.

Como experiencias nacionales peruanas no se registra antecedentes vinculados directamente a un monitoreo forestal independiente. No obstante, hay experiencias afines, entre las que podríamos citar a las desarrolladas por la Defensoría del Pueblo, orientadas a la Política Forestal y Amazonía Peruana (2,012), así como el Balance a diez años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003-2013, y los monitoreos de conflictos sociales  que los emite mensualmente a través de sus informes. Del mismo modo tenemos el “Monitoreo de los Portales de Transparencia en las instituciones vinculadas al sector forestal y energético peruano (2,014)” ejecutadas por la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR); el monitoreo por la deforestación de monocultivos agroindustriales en la Amazonia Peruana (Regiones Loreto, San Martín Ucayali) 2,014, ejecutadas por la Sociedad Peruana de Eco Desarrollo (SPDE) y el departamento de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria la Molina; también se tiene el informe de la Environmental investigation Agency (EIA) denominada la “Maquina Lavadora” que fue publicada el 2,012.

A continuación describiremos parte de estas experiencias, dando un marco a la propuesta propiamente dicha para la región San Martín.

 

 

2.1.  Experiencias Internacionales

 

  • El Monitoreo Forestal Independiente (Global Witness)[6]

Las experiencias realizadas por Global Witness en Camboya y Camerún, que comenzaron en 1,999 y 2,000 respectivamente, son quizás las iniciativas más saltantes que han quedado recogidos y han servido de base para la publicación de la Guía Forestal Independiente el 2,005.

Ésta guía combina conceptos, experiencias, alcances, comparte pautas secuenciales para conformar e implementar un monitoreo forestal independiente. Es por ello, que a continuación se seleccionan párrafos que a todas luces dan el marco para la construcción del mecanismo de observación forestal independiente para la región San Martín.

  1. Concepto y alcances del Monitoreo Forestal Independiente (MFI)

El MFI es un instrumento para asegurar que los beneficios obtenidos por la gestión y uso de los recursos naturales sean (más) equitativamente compartidos por todas las partes interesadas, en otras palabras que sean llevados del maderero ilegal al estado y a las comunidades

 

El MFI consiste en la utilización de una organización independiente que, mediante acuerdo con las autoridades estatales, proporciona una evaluación del cumplimiento legal, así como una observación y un asesoramiento en los sistemas de aplicación de la legislación forestal; en otras palabras es una importante herramienta para abordar la ilegalidad.

 

Su principio fundamental es fomentar la buena gobernanza destacando las inconsistencias en las palabras y acciones de gobiernos, instituciones y organismos de forma que permitan a las autoridades responsables tomar las acciones pertinentes.

MFI pretende hacer una contribución directa a los objetivos de amplio alcance en la reforma del sector forestal. Estos objetivos se relacionan con la reforma legislativa, la voluntad y la capacidad de la autoridad forestal para implementar esta legislación y por lo tanto aplicar la ley, y la capacidad de la sociedad civil de responsabilizar a estos dos poderes del Estado para que rindan cuentas.

 

Estos objetivos están  basados en el argumento de que un aumento en la transparencia y en la responsabilidad llevará a una reforma irreversible en el sector. Las deficiencias en la buena gobernanza desde el nivel local al ministerial se señalarán y serán llevadas al dominio público para su discusión y definición de acciones de mejora.

 

Su condición de independiente pero oficial es clave en el concepto de MFI. En la mayoría de los países donde el MFI es pertinente, la mayor parte del recurso forestal es un bien público compartido, no propiedad de una persona, compañía o del gobierno en el poder en ese momento. Por lo tanto, los monitores trabajan en interés del público, de forma independiente a la organización anfitriona, sea un organismo del gobierno o no. Por otra parte, la condición oficial del monitor también le confiere beneficios, principalmente facilitando el acceso a información y a los propios bosques, y promoviendo la cooperación con los organismos de aplicación de la legislación forestal.

 

En ese contexto, la principal actividad del MFI implica investigaciones de campo mediante las cuales los monitores independientes (con o sin la presencia de los funcionarios forestales) observan y documentan actividad, legal e ilegal, en el bosque y a lo largo del proceso de comercialización

 

La pregunta que muchos podemos hacernos es dónde opera o donde se necesita un MFI, la respuesta sería dentro de un marco social, institucional y político complejo, los principales componentes de ese marco que incluyen la deficiente gobernanza, donde los sistemas de controles y equilibrios son inadecuados; los patrones históricos de tenencia forestal y sus consecuencias para los derechos y responsabilidades actuales; y el énfasis en la reducción de la pobreza que caracteriza gran parte del trabajo de desarrollo. La naturaleza de la ilegalidad en el sector forestal también se encuentra cubierta, lo que resulta útil no solamente para diseñar el MFI sino para remitirse a ella durante la implementación.

 

Es necesario tomar en cuenta aunque es importante mantener buenas relaciones con todas las partes interesadas, una relación demasiado cercana con la organización anfitriona o grupos de la sociedad civil locales puede ser inapropiada si resulta en acusaciones de parcialidad y de no poder mantener los estándares más altos de independencia y objetividad. Por lo tanto, cualquier papel de “capacitación” clásico debe ser hecho explícito en el mandato del MFI en un país determinado. Esto ayudará a evitar la creación de falsas expectativas y posterior decepción, tanto de la organización anfitriona como de los demás involucrados, sobre lo que puede y no puede proporcionar el MFI.

 

  1. Resultados esperados por MFI

El MFI ha resultado ser altamente efectivo en revelar fallos sistemáticos en la aplicación de la ley y en identificar dónde necesitan reforma las políticas y las leyes, así como en identificar prácticas incorrectas individuales y en hacer un seguimiento de los casos legales posteriores.

 

El MFI no se refiere solamente a la aplicación de la ley, sino también a la buena gobernanza, a la transparencia y al fortalecimiento de la sociedad civil. Estos objetivos se encuentran en la vanguardia del pensamiento de los gobiernos y donantes, y la contribución del MFI a su implementación ha sido reconocida en las principales declaraciones de políticas como las de AFLEG, EU FLEGT, entre otros.

 

La necesidad ahora reside en institucionalizar el concepto de MFI. El MFI complementa otras iniciativas, tales como programas de certificación voluntarios y procesos reguladores, de dos formas: trata de proporcionar una solución provisional, limitando la actividad ilegal de forma relativamente rápida, y de contribuir al desarrollo de soluciones a largo plazo, proporcionando un entendimiento profundo de los complejos mecanismos de la ilegalidad.

 

Los resultados clave del MFI que pueden ser alcanzados en apoyo de estos objetivos son:

  • Un aumento en la transparencia con respecto a la información y las decisiones en la actividad forestal;
  • Mejor detección y sanción de la actividad ilegal y aplicación de la ley;
  • Mejor gobernanza a través de trabajo analítico, debate informado y participación más amplia;
  • Mayor entendimiento y cumplimiento de la ley.

 

  1. Principales actividades y cómo funciona el MFI

 

La contribución del MFI tiende a ser a nivel práctico – asesoramiento claro sobre cómo mejorar la implementación de políticas que sobre el papel son buenas y ampliamente apoyadas. Su propósito es precisar los mecanismos de actividad ilegal y corrupción y sugerir dónde necesita cambios el sistema y cómo deben llevarse a cabo. Esto podría incluir, por ejemplo, mejorar los sistemas de planificación estratégica, priorización y gestión, o proporcionar experto asesoramiento sobre la implementación práctica de las políticas.

Las etapas principales para poner en marcha el MFI son el diseño y la implementación. En  el diseño el procedimiento comienza con la identificación de socios potenciales. Estos incluirán a aquéllos que financian el programa, y a una organización anfitriona, que puede ser o no el ministerio forestal. Si no lo fuera, también se requerirá algún acuerdo formal con la autoridad forestal, para ello es conveniente establecer unos términos de referencia claros (TdR) claros y conocidos para todos desde el comienzo son fundamentales para una implementación exitosa. Estos especificarán dónde se espera que se centre el monitor, la información que necesitará evaluar, los mecanismos para el control de la calidad y la validación y, finalmente, los protocolos relativos a la publicación.

 

Existen cuatro disposiciones fundamentales que se requieren en los TdR:

  • Acceso sin limitaciones la información pertinente,
  • Libertad de visitar cualquier parte del patrimonio forestal,
  • Derecho a publicar,
  • Evidencia objetiva y propiedad compartida de los resultados.

 

La sostenibilidad y, en circunstancias en las que el MFI es llevado a cabo por una organización internacional, la inclusión de una estrategia de salida, también son enfatizadas como partes importantes del proceso de diseño. Sigue una breve discusión sobre la financiación, junto con el  requisito de emparejar el contexto y la necesidad del MFI con el tipo correcto de organización como monitor.

 

Con relación a la reforma de la gobernanza en general, evaluar el MFI suele ser un tanto  difícil por dos razones. En primer lugar, la propia ausencia de información al comienzo dificulta la descripción de un escenario de base desde el cual se puedan hacer las comparaciones. En segundo lugar, aunque algunos tipos de actividad ilegal pueden ser detenidos a través de una mejor aplicación de la ley, otros pueden volverse más comunes, dificultando la evaluación de si el balance es positivo  o negativo. Se proporcionan listas de verificación de posibles indicadores, y se describen los resultados inmediatos y el impacto a largo plazo, todo lo cual ha sido observado en iniciativas de MFI actuales o previas.

 

La forma en que un monitor aborda su tarea tiene una importancia crítica, el MFI opera en un ámbito político donde quienes toman decisiones pueden estar íntimamente ligados a la actividad ilegal y pueden querer perpetuar una deficiente aplicación de la ley, por ello es importante establecer cómo responder a dichos desafíos de la forma que potencialmente mejor contribuya con el objetivo de una gestión forestal sostenible en beneficio de la población. Relacionarse con la autoridad forestal y otras partes interesadas es claramente importante; equilibrar esto con la obligación del monitor de mantenerse independiente a menudo requiere buen criterio y sólidas habilidades diplomáticas, especialmente con respecto a la publicación de resultados. Un monitor que sea excesivamente comprensivo con las preocupaciones ambientales y sociales puede estar tentado a usar lenguaje emotivo y exagerar. Esto podría hacer que las críticas se centren en su propio comportamiento y distraigan la atención del mensaje fundamental del MFI.

 

Hasta cierto punto, el monitor actúa como una contraparte del organismo oficial de aplicación de la legislación forestal. Puede registrar y hacer un seguimiento de la acción contra delitos forestales, fortalecer la aplicación de la legislación forestal y monitorear el progreso oficial en el procesamiento de los delitos forestales. Con este fin, debe evaluar de forma independiente el nivel de cumplimiento legal, detectando y denunciando infracciones y presionando para su supresión y el procesamiento de aquellos que incumplan la ley. Aunque el monitor no es responsable de la detección y denuncia de cada infracción, necesita mantener un panorama preciso del grado de actividad ilegal. Su objetivo es precisar los mecanismos de actividad ilegal y corrupción y sugerir dónde necesita cambios el sistema y cómo deben llevarse a cabo. Esto podría incluir, por ejemplo, mejorar los sistemas de planificación estratégica, priorización y gestión, o proporcionar experto asesoramiento sobre la implementación práctica de las políticas. Aunque el MFI constituye una validación de la efectividad de los mecanismos de aplicación de la legislación forestal y de la gobernanza, no emite certificados de  legalidad; indica los puntos débiles del sistema de control, centrándose en lo que es ilegal. Otros planteamientos, como la certificación de la legalidad y la sostenibilidad, sí pretenden validar la legalidad. Las descripciones de dichos planteamientos están incluidas.

 

El monitor tiene un status oficial aunque independiente y su función es informar sobre los funcionarios responsables, pero no tomar su lugar. Todos los monitores luchan para mantener los más altos estándares de objetividad y respetar los protocolos, pero también tienen un conjunto de estándares mínimos para sus TdR. Los monitores y otras personas esperan que se actúe en base a su evidencia a través de mejoras en los sistemas de gobernanza.

 

Un monitor produce evidencia fáctica, presentada de forma neutral. La información en sí misma no tiene poder; el poder viene con la aplicación de información. Por lo tanto, el monitor no reemplaza a los organismos de control y no se encuentra en condiciones de aplicar acciones contra delitos forestales o cambios en políticas y procedimientos.

 

  1. El contexto para que pueda darse el MFI

Como se mencionó el MFI opera dentro de un marco social, institucional y político complejo, que incluyen la deficiente gobernanza, donde los sistemas de controles y equilibrios son inadecuados; los patrones históricos de tenencia forestal y sus consecuencias para los derechos y responsabilidades actuales; y el énfasis en la reducción de la pobreza que caracteriza gran parte del trabajo de desarrollo. La naturaleza de la ilegalidad en el sector forestal también se encuentra cubierta, lo que resulta útil no solamente para diseñar el MFI sino para remitirse a ella durante la implementación.

 

En ese entendido se presenta los siguientes esquemas, que lista los elementos y sub elementos que forman parte de la misma:

 

contexto 1

contexto 2

 

A escala comunitaria, un problema fundamental es la falta de reconocimiento y determinación de los derechos de propiedad tradicionales, incluyendo derechos a servicios del ecosistema proporcionados por los bosques, así como la criminalización de algunos usos tradicionales. Esto  también proporciona a las comunidades un mayor incentivo para colaborar en la protección de los bosques contra la usurpación de los mismos por parte de extraños.

Uno de los aspectos importantes es el estado del bosque, para ellos es importante conocer:

 

  • Los datos básicos sobre el área forestal,
  • La relación de áreas protegidas con respecto a bosques de producción,
  • La tasa y causas principales de deforestación, las especies clave para comercio y conservación, la densidad de la población en áreas de bosques y urbanas/rurales,
  • La dependencia de las personas pobres de los recursos naturales y los sistemas de tenencia

 

  1. Experiencias de monitoreo en Camboya y Camerún
 

El MFI en Camboya

 

La difundida corrupción y un sistema de concesiones con serios defectos llevaron a una tala ilegal a gran escala en toda Camboya. En febrero de 1,999 en una reunión internacional de donantes realizada en Tokyo, el Primer Ministro camboyano Hun Sen anunció medidas enérgicas contra la tala ilegal. La reunión de Tokyo también estableció la necesidad de un Monitor Independiente, y Global Witness fue designado como tal con el apoyo de donantes, la designación del monitor tuvo como propósito asegurar que los ministerios pertinentes cumplieran con las disposiciones  prometidas con respecto a la gestión de bosques y la eliminación de actividad forestal ilegal. Menos de un año después del contrato como monitor oficial en Camboya, Global Witness fue invitado a asumir un papel similar en Camerún para el Ministerio de Medioambiente y Bosques (MINEF).

 

Global Witness como Monitor Independiente era uno de los tres componentes que comprendían la Unidad de Monitoreo de los Delitos Forestales (FCMU), a saber:

 

·         La Oficina de Monitoreo de los Delitos Forestales (FCMO), una oficina en el Departamento Forestal y de Flora y Fauna Silvestres (DFW) a cargo del monitoreo de los delitos forestales en bosques de producción.

·         El Departamento de Inspección (DI), una oficina en el Ministerio de Medioambiente, a cargo del monitoreo de delitos forestales en áreas protegidas.

·         Un Monitor Independiente a cargo del monitoreo del comportamiento de los organismos anteriormente mencionados.

 

El concepto de monitoreo forestal independiente fue innovador. Su principal objetivo era monitorear el comportamiento del gobierno y ayudar a mejorar la detección y supresión de delitos y la transparencia y la responsabilidad en el sector forestal. Tenía cuatro funciones:

 

a)     “Proporcionar supervisión independiente para asegurar que el Ministerio de Medioambiente y el Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca cumplan con todas las disposiciones de la Declaración de Gestión de Bosques y Eliminación de Actividad Forestal Ilegal del

b)     Establecer mecanismos de auditoría y monitoreo para asegurar el cumplimiento de pautas establecidas en la eliminación de actividades forestales ilegales.

c)     Proporcionar al Real Gobierno de Camboya y al público revisiones de logros del Ministerio de Medioambiente y el Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca.

d)    Proporcionar a la comunidad internacional documentación sobre logros, debilidades, limitaciones y/o casos de incumplimiento.

 

Los resultados fueron:

 

Entre los años 2000 y 2003, el Monitor Independiente elaboró más de 50 “informes de delitos” individuales que documentaban evidencia de actividad ilegal. Sus actividades fueron cruciales para la cancelación de al menos dos importantes concesiones madereras que operaban ilegalmente a gran escala. Era la primera vez en que las concesiones habían sido detenidas como resultado de exponer la actividad ilegal.

El MFI en Camboya ha presentado de forma clara los mecanismos por los cuales la corrupción se encuentra institucionalizada en el sector, mediante relatos detallados en cada uno de tres informes principales. El trabajo del monitor llevó a una moratoria nacional de las operaciones de tala y transporte asociado de troncos en enero de 2002.

Antes de esto, el comercio legal estaba proporcionando una cobertura para la actividad fraudulenta, pero una prohibición categórica dejó claro que todos los troncos eran ilegales. La escala de movimiento de troncos se ha reducido significativamente, ya que los operadores de maquinaria privada y camiones temen ser descubiertos. Como la industria cambió su enfoque, también lo hicieron los funcionarios que confabulan con la misma (sus actividades iban desde ignorar evidencia obvia a permitir a los concesionarios que vieran documentación sobre delitos). Es de esperar que el gobierno levante la moratoria solamente cuando las prácticas sostenibles estén plenamente instaladas.

La actividad ilegal que supone pequeños volúmenes de madera de alto valor, cortada en el bosque y transportada por carretas de bueyes o camionetas, se ha vuelto más evidente, aunque no queda claro si ha aumentado o si simplemente ha atraído más atención ahora que la actividad ilegal a gran escala,más obvia, ha sido suprimida. Otra tendencia preocupante ha sido el uso de concesiones de agroindustria, ecoturismo y mineras para legalizar las actividades de tala.

 

El MFI en Camerún

 

El MFI basado en inspecciones de campo comenzó en Camerún en 2000 cuando Global Witness respondió a una solicitud del Gobierno de Camerún y del DFID para llevar a cabo dos Misiones de Evaluación en julio y octubre de ese año. Su objetivo era identificar la naturaleza y alcance de la ilegalidad en el sector forestal de Camerún. La segunda misión también fue apoyada por la UE y las Agencias de Cooperación para el Desarrollo alemana y francesa.

 

Ambas Misiones de Evaluación confirmaron que diversas compañías forestales líderes en Camerún estaban llevando a cabo actividades ilegales ampliamente difundidas, al igual que confirmaron la existencia de altos niveles de corrupción dentro de la administración forestal. Asimismo, las misiones probaron que un trabajo de campo eficiente y profesional produjo información objetiva sobre delitos forestales que podría formar casos para procesamientos, enviando de esta manera un poderoso disuasivo a los operadores ilegales. Posteriormente, en mayo de 2,001, Global Witness fue designado Observador Independiente en Apoyo a la Aplicación de la Legislación Forestal por un período de transición de seis meses, con apoyo financiero del Banco Mundial, del DFID y de la UE. Tras este plazo, fue prolongado para un período adicional de seis meses en febrero de 2,002  Durante este tiempo, el MINEF y los donantes acordaron el principio de que el Observador Independiente debería ser designado a través de un proceso licitatorio, y en mayo de 2,002, Global Witness y el MINEF firmaron un contrato de dos meses, prorrogable, hasta que se lanzara un proceso licitatorio internacional. Global Witness operó de esta forma hasta marzo de 2,005.

El objetivo general del proyecto era “asegurar la objetividad y transparencia de las operaciones de monitoreo asumidas por el MINEF a través de la participación de un observador independiente con credibilidad internacional, cuyos informes y recomendaciones serán hechos públicos”.

En términos prácticos, esto se traduce en:

·         Acompañar a los funcionarios forestales en misiones de campo y monitoreo de su comportamiento en actividades de control de la extracción forestal.

·         Detectar el incumplimiento de la legislación forestal y normativas relacionadas

·         Establecer informes de delitos (declaraciones oficiales de infracción)

·         Documentar los casos de ilegalidad observados, asegurando que esto se haga de forma objetiva y transparente.

 

Los informes de misión fueron elaborados y posteriormente presentados a un comité de validación conocido como el Comité de Lectura, que comprende personal ministerial, donantes y al equipo del Observador Independiente. Examinaron los informes para verificar la consistencia y la precisión de las conclusiones y recomendaciones basadas en los hechos Los Términos de Referencia del Observador Independiente establecen las condiciones de publicación de sus informes, ya sea cuando se concluya la reunión del Comité de Lectura o, en caso de que no pueda realizarse una reunión para la validación de los informes, 30 días tras la fecha prevista para la misma. En cualquiera de los casos, todos los informes se ponen a disposición del público en la página Web de Global Witness.

 

Como resultados se tiene:

 

Entre los años 2000 y 2004 se llevaron a cabo 120 misiones de campo, la mayoría de las cuales fueron realizadas de forma conjunta con el organismo de aplicación de la ley. Durante este período se inspeccionaron un total de 168 concesiones, aserraderos, bosques comunitarios y otros títulos, de los cuales 99 incluían por lo menos una infracción. De éstas, 56 resultaron en la emisión de declaraciones oficiales de infracción por parte del organismo de aplicación de la legislación forestal.

 

El informe recopilatorio más reciente sobre MFI en Camerún indica que, desde agosto de 2003, se han establecido al menos 7.5 millones de dólares en multas, daños e intereses por infracciones (menos del 40% de los cuales han sido cobrados con éxito hasta el 2,005). Esto constituye 15 veces el costo anual del monitor y contrasta con los 86  millones de dólares perdidos en impuestos no pagados por la actividad maderera ilegal

Existe consenso en Camerún con respecto a que los delitos forestales se han reducido y la administración de concesiones ha seguido  el principio de legalidad en mayor medida que en el pasado. En respuesta, la naturaleza de la ilegalidad se ha vuelto más sofisticada.

 

 

  • Monitoreo externo

De acuerdo a lo señalado en la guía de Monitoreo Forestal Independiente de Global Witness (2,005) El término “monitoreo externo” ha sido utilizado para describir un conjunto más amplio de operaciones de monitoreo de organizaciones independientes, por ejemplo, cuando no hay sistema de control para monitorear, o en ausencia de un claro mandato de las autoridades de aplicación para llevar a cabo el monitoreo independiente. Por lo tanto, los principios de recolección de datos se aplican igualmente al MFI y al monitoreo externo, pero este no es el caso para los acuerdos institucionales. La EIA (Environmental Investigation Agency) y Telapak han apoyado el monitoreo externo en Indonesia, mediante la capacitación y equipamiento de grupos de la sociedad civil en la recolección y difusión de información. El proyecto que lideraron pretendía “desarrollar la capacidad de las ONG locales, proporcionando equipamiento, capacitación y estrategias para participar en la provisión y difusión de información precisa sobre la actividad maderera ilegal de áreas de gran biodiversidad en Indonesia”.

 

2.2.  Experiencias Nacionales

 

  • Monitoreo por la Defensoría del Pueblo del Perú

La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1,993, como un organismo constitucionalmente autónomo, para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional.

La Defensoría atiende en todo el país quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. No desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. Elabora informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en su poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurídicos.

En este sentido, a continuación se describe los contenidos más importantes de los Informes Defensoriales relacionados a los temas que están vinculados al presente documento.

  1. Informe Defensorial 151 “La Política Forestal y la Amazonía. Peruana: Avances y obstáculos en el camino hacia la sostenibilidad” (2,010)

Se considera que las labores desempeñadas por la Defensoría del Pueblo en defensa de los recursos naturales ha tenido un rol protagónico en el proceso de actualización de la legislación forestal peruana, cumpliendo no solo un rol observador sino de monitor e intermediario entre los intereses del Estado y de los diferentes actores.

Entre uno de los principales informes de la Defensoría del Pueblo se tiene el Informe 151, que se constituye como un documento de trabajo para la toma de decisiones. Sin embargo, no existe el impulso de un organismo monitor o auditor independiente desde la sociedad civil para el sector forestal que apoye y fortalezca las funciones de la Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (CONAFOR), y que se involucre en este tipo de actividades para que sea un monitor conjuntamente con la Defensoría del Pueblo (que actúa de parte del Estado). El informe es el resultado de un trabajo liderado por la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

A continuación algunas secciones y recomendaciones importantes de este Informe:

  • Transparencia y participación ciudadana en la política forestal

El Estado debe prestar especial atención a la transparencia y el acceso a la información pública en la gestión forestal, como medida necesaria para la prevención de la corrupción en la gestión forestal, problema identificado como uno de los que representan un obstáculo para el desarrollo sostenible forestal.

La creación de herramientas que complementen y fortalezcan los controles normativos y los mecanismos de verificación relacionados con la extracción y el comercio de productos madereros. Esta problemática se encuentra relacionada con la creación del Sistema Nacional de Información y el Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, así como el manejo de un sistema de verificación del origen legal, igual o similar a la denominada cadena de custodia (CoC por sus siglas en inglés).

Un aspecto fundamental en la mejora de la gestión del Sector Forestal es poder asegurar el origen legal de la madera, desde su extracción hasta la exportación (trazabilidad) mediante el Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre. Esta constituiría una herramienta efectiva para la prevención de la corrupción. De esta forma, se promueve y facilita la incorporación del principio de transparencia y el derecho al acceso a la información pública en las entidades del Estado en los ámbitos nacional y regional.

 

  • Sobre el acceso de los Pueblos Indígenas a la comercialización de los recursos forestales de los bosques comunales

El Estado debe brindar las facilidades y medios necesarios a los pueblos indígenas para que puedan beneficiarse de la comercialización de los recursos naturales de sus bosques comunales. Estas políticas se deben orientar a conferir a la población indígena el protagonismo en la gestión de los recursos forestales, así como a brindarle oportunidades para salir de la situación de pobreza existente Para ello se debe tomar medidas inmediatas en lo que respecta al saneamiento legal de sus territorios, así como la entrega de los contratos de cesión en uso a todas aquellas comunidades ya tituladas e iniciar las acciones para poner término a los trámites de titulación de las solicitudes ya presentadas y de las comunidades reconocidas pendientes de titulación. Además, se debe modificar los instrumentos de gestión como por ejemplo, los términos de referencia y la directiva para el otorgamiento de permisos para el aprovechamiento forestal en bosques de comunidades nativas, a fin de generar las facilidades y condiciones necesarias para que dichas comunidades puedan acceder a la comercialización formal de los recursos de los bosques.

  1. Informe Defensorial N° 165 “Balance a diez años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003-2013”

A una década de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley N° 27806, se menciona que  para derrotar la cultura del secreto se requiere normas adecuadas, ciudadanos informados, funcionarios que atiendan con prontitud y calidad los pedidos de información, así como una institucionalidad garante que, de manera especializada, autónoma y estratégica, trabaje para afirmar el principio de máxima divulgación en el Estado peruano. En este esfuerzo se requiere de la voluntad política, tanto del Poder Ejecutivo, como de los gobiernos regionales y locales, expresada en acciones concretas para dotar a estas medidas de recursos presupuestales y humanos suficientes. Se trata de instaurar, de un modo permanente, una cultura de transparencia que forme parte del código de conducta de todos los funcionarios y que sirva a la ciudadanía para fortalecer su confianza en la institucionalidad democrática.

En el informe,  se reconoce  que el estado  peruano  ha avanzado de modo importante en fortalecer el principio de máxima divulgación, ajustando, en algunos casos, el marco normativo y la política pública en la materia. No obstante, los efectos de estos esfuerzos corren el riesgo de diluirse o de no generar el impacto que se requiere si no se toma la decisión de reformar el marco institucional que garantiza la transparencia y el derecho fundamental de acceso a la información pública.

El objetivo de la investigación  consistió en evaluar los problemas, avances y asuntos pendientes relacionados directamente con la efectividad del principio de máxima divulgación, a fin de que las autoridades competentes introduzcan los correctivos necesarios para erradicar las manifestaciones de la cultura del secreto. Se resalta la necesidad de reforma que debe orientarse a lograr que el Perú cuente con una Autoridad Nacional, autónoma y especializada, que revise con prontitud y rigor técnico los casos en los que los ciudadanos consideren que su solicitud de información no ha sido atendida conforme a los parámetros exigidos por la normativa y la jurisprudencia. Asimismo, dicha Autoridad se encargaría de requerir a los funcionarios públicos para que cumplan con sus obligaciones, sancionándolos si ello no se produce.

Bajo esta óptica, el informe defensorial aborda tres aspectos claves del marco institucional de garantía: (i) la situación de los funcionarios responsables de entregar y publicar información, (ii) las quejas presentadas por la ciudadanía ante la Defensoría del Pueblo y (iii) la tutela del derecho fundamental a través del proceso constitucional de hábeas data.

En base a estos tres ejes se hace el balance, por un lado, del nivel de desempeño de los funcionarios responsables de atender las solicitudes de información y de administrar los Portales de Transparencia Estándar y, por otro lado, de los principales incumplimientos de las obligaciones sobre la materia y de los problemas que enfrenta el proceso de hábeas data. A partir de ello, se aporta con propuestas de cambios institucionales que fortalezcan el principio de máxima divulgación, que puedan aportar en el objetivo común de lograr que las personas accedan oportunamente a información útil.

Una de las principales conclusiones de este informe defensorial es que el Texto Único Ordenado (TUO)  de la Ley N° 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)  y su reglamento constituyeron un avance  significativo, aunque no suficiente para asegurar niveles óptimos de transparencia en las entidades públicas.

La supervisión detectó los siguientes problemas:

  • El 55.43% de las quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional, estuvieron motivadas por el incumplimiento de las entidades públicas de entregar información en el plazo de 7 días hábiles después de recibida la solicitud. El 15.11% de quejas atendidas, la administración pública omitió dar respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos o se negó a entregar información.
  • Se advirtió la falta de designación de funcionarios responsables de atender los pedidos de información pública, así como el nombramiento de personas que no estaban en posibilidades de desempeñar cabalmente las funciones que demanda el cargo.
  • Se detectó la ausencia en las instituciones obligadas de procedimientos rápidos y poco formales para el acceso oportuno a la información.
  • Otro elemento a destacar fue la inexistencia en las instituciones obligadas de una organización adecuada que facilite el acceso a la información en forma directa e inmediata en los horarios de oficina.

Se evidenciaron limitaciones al derecho de acceso a la información pública por parte de las entidades públicas derivados del cobro de costos ilegales, la incorrecta interpretación y aplicación del régimen de excepciones, así como la exigencia de requisitos no previstos por la Ley N° 27806.

 

  1. Informe N° 138 (2,015) Monitoreo de conflictos sociales

El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia.

La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen en ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos.

En materia de conflictos, la Defensoría del Pueblo despliega sus facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar con el fin de evitar situaciones que puedan amenazar o violar los derechos fundamentales, afectar a la gobernabilidad local, regional o nacional y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución.

Tal es así que La Defensoría del pueblo desde el año 2,004 emite informes mensuales de conflictos sociales como parte de su sistema de monitoreo, tal es así que desde el año 2004 hasta septiembre del 2011, la Defensoría del Pueblo ha registrado 694 conflictos sociales. De acuerdo al último reporte agosto 2,015 se tiene registrado 213 conflictos, de los cuales 142 (66.7%) conflictos son socio ambiental que sin duda es el más significativo, 117 de ellos son de competencia del gobierno central, 20 de gobiernos regionales, 4 de gobiernos locales, 1 de poder legislativo; lo curioso es que esta tendencia de predominancia de este tema de conflicto (socio ambiental) se ha mantenido en niveles  constantes en promedio.

  • Monitoreo de los Portales de Transparencia en las instituciones vinculadas al sector forestal y energético peruano (2,014)

La Organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, viene los últimos 5 años ejecutando proyectos en torno a promover la transparencia en los diferentes sectores, entre ellos el forestal y energético.

En el primer caso (sector forestal) los esfuerzos estuvieron dirigidos a monitorear los portales de transparencia de las instituciones involucradas directamente en el sector forestal, en el marco del cumplimiento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los mismo que estuvieron materializados en informes anuales.

En el segundo caso (sector energético) se viene emitiendo informes trimestrales, DAR considera que la transparencia es una actividad dinámica, pues requiere de la actualización permanente de la información pública generada por la entidad. En ese sentido, se ha considerado el monitoreo trimestral de los portales de transparencia (institucional y estándar), con el propósito de obtener una lectura objetiva de la actualización trimestral de los portales de transparencia. Con ello, se evidencia si existen variaciones, progresos o retrocesos dentro del año, así como identificar el trimestre en el que existe mayor disponibilidad de información y aquel en el que existe un déficit. Se busca que esta información ayude a identificar los periodos en los que difundir y publicar información en los portales de transparencia es más factible para los funcionarios públicos; para ello se evaluaron a 16 instituciones públicas vinculadas al sector energético peruano, tanto las que tienen competencia directa (10) como las que tienen competencia indirecta (6).

El objetivo central  es evaluar el cumplimiento del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.S. Nº 043-2003-PCM); la implementación de los portales de transparencia estándar en las entidades de la administración pública (D.S. N° 063 -2010-PCM); la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP “Lineamientos para la implementación del portal de transparencia estándar en las entidades de la administración pública”(R.M. N° 200-2010-PCM) y la Ley de protección de datos personales (Ley 29733).

  • Monitoreo por la deforestación de monocultivos agroindustriales en la Amazonia Peruana (Regiones Loreto, San Martín Ucayali), 2,014

La Sociedad Peruana de Eco desarrollo (la SPDE) conjuntamente con el Laboratorio de Teledetección y SIG[7] de la facultad de ciencias forestales de la Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM) han realizado la caracterización de los estados de conservación y tipos de bosque en las regiones Loreto, San Martín, Ucayali, a través del cual han mapeado la distribución de cultivos de elaeis guineensis (palma aceitera o palma africana), así como de otros cultivos agroenergéticos y/o agroindustriales en las tres regiones antes mencionadas utilizando imágenes de satélite  Lansadt en el procesamiento digital.

De acuerdo a los resultados del estudio se indica que la región San Martin tendría el 52,44% de bosque de montaña, un 30,44% de agricultura y bosque secundario y las otras clases 5% (pastizales, matorrales).  Asimismo, se pudo determinar que 1 714 220 de ha. tendría actividad antrópica (34%) de la superficie total del departamento producto del cambio de uso, se tiene identificado una plantación de  16 107 ha de palma aceitera en la región.

También indica que el 74,02% (3 329 has) de ciudades urbanas están asentadas donde antes hubo bosques de terrazas bajas y medias, mientras que 552 ha. en bosques de montañas; es decir áreas de protección fueron deforestadas para asentamientos humanos.

En lo que respecta a tierras para agricultura – bosques secundarios derivados de esta actividad, la mayor cantidad de éstas prácticas se han desarrollado en bosques de montaña, es decir 971 122 ha. se han desarrollado en tierras de protección, por lo que la dimensión de impactos ambientales desarrollados por esta actividad en esta región es significativa. Mientras que el 21,62% corresponde a terrazas bajas, un 10,22% de actividades agrícolas se desarrolla en colinas altas que también presentan limitaciones. Por los antecedentes de la región, es probable que buena parte de casi el millón de hectáreas de agricultura en montañas hayan sido deforestadas para plantaciones de coca. En lo que se refiere a pastizales- bosque secundario, también tiene la misma tendencia, es decir el 53%  (76 300 ha.) se desarrollan en bosques de montaña que son tierras de protección, el 16% de pastizales se han desarrollado en colinas altas que también presentan limitaciones para esta actividad.

Finalmente, las plantaciones de palma aceitera se han desarrollado casi en su totalidad en bosques de terrazas bajas y medias, esto generalmente, en la parte sur de la región, cerca de la región Huánuco, entre las localidades de Uchiza y Tocache.

 

  • “La Máquina Lavadora”, como el fraude y la corrupción en el Sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los Bosques del Perú del EIA

Un informe realizado por la Environmental Investigation Agency (EIA por sus siglas en inglés) denuncia cómo los mecanismos ‘formales’ o ‘legales’ para extraer madera estarían sirviendo en Perú para ‘blanquear’ madera de procedencia controversial o ilegal. Especies como la caoba, por ejemplo, están protegidas por las leyes peruanas y por CITES, que establecen que sólo puede explotarse en zonas autorizadas incluido en los cupos de exportación previamente aprobados. Sin embargo, según el EIA, muchos se dedican a talar caoba y cedro en zonas que no tienen autorización que son de origen controversial, luego venden la madera de forma ilegal a empresas formales, las que a su vez hacen pasar por caoba y cedro de sus áreas de concesión, madera que posteriormente es exportada.

El EIA manifiesta, que teniendo como base documentos oficiales, entre el 2008 y el 2010 varias empresas peruanas exportaron a los Estados Unidos 112 embarques de caoba y cedro de origen ilegal, y que de ellos el 62% correspondía a la empresa Maderera Bozovich, uno de los grupos más importantes del sector forestal.

En otras palabras la investigación demostraría que el mecanismo funciona con malos concesionarios forestales que presentan listados de árboles a extraer que no existen en el mundo real, y que varias malas autoridades autorizan la extracción de volúmenes de madera inexistentes en la concesión; amparados en estos volúmenes, los permisos correspondientes (Guías de Transporte Forestal o GTF) son vendidos en el mercado negro y son utilizados para lavar madera extraída ilegalmente, que podrían provenir de áreas naturales protegidas, territorios indígenas, etc.

El EIA sostiene que la madera proveniente de Perú podría ser considerada de alto riesgo por los compradores internacionales preocupados por la legalidad y por el cumplimiento de la Ley Lacey (EE.UU) o la Regulación de la Madera de la Unión Europea, así mismo, se abre la posibilidad de acciones bajo el Tratado de Libre Comercio Perú-EEUU y su Anexo sobre Gobernabilidad del Sector Forestal.  Se demuestra que el documento utilizado en todos los niveles administrativos nacionales e internacionales para “probar” el origen legal de la madera (Guía de Transporte Forestal – GTF) no tiene ningún valor real.

También concluyen que existen dudas razonables sobre la capacidad y la voluntad política del País para aplicar planes serios y efectivos para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación (REDD+).

 

III.            CONTEXTO PARA EL MECANISMO DE OBSERVACIÓN FORESTAL INDEPENDIENTE (MOFI) DE LA CODEPISAM

 

3.1.  Políticas, normas y herramientas de gestión que rigen la actividad forestal y de fauna silvestre en la región San Martin

A nivel de la política y normas relacionadas al recurso forestal y fauna silvestre podemos verlos desde un contexto nacional, con algunas especificidades de la región San Martín.

Actualmente se tiene aprobado la Política Forestal Nacional (2,013), así como la Ley Forestal y de Fauna Silvestre  N° 29763 aprobada el 2,01, esta ley tras un proceso largo de aportes de los actores, en el marco de la Ley de Consulta Previa e Informada a los pueblos indígenas; acaba recientemente ser reglamentado por el poder ejecutivo, con ello  entraría en vigencia esta nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre en toda su dimensión, la misma que propone varias innovaciones comparado con la Ley antecesora N°27308, los cambio básicamente están relacionados a la institucionalidad, en un contexto de descentralización; nuevas modalidades de acceso al bosque; incorporación de los servicios eco sistémicos; tratamiento diferenciado vinculadas al manejo forestal comunitario; promoción de plantaciones forestales; incorporación de la figura de la regencia forestal y de fauna silvestre; entre otros.

 

 

A nivel regional se tiene instrumentos de gestión importantes como:

  • Plan Forestal Regional de San Martin (PFRSM) aprobado con Ordenanza Regional 008-2,008 GRSM/CR.
  • Políticas Territoriales de San Martin, aprobado con Ordenanza Regional Nº 015-2012-GRSM/CR.
  • Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021, aprobado con la Ordenanza Regional N° 017- 2013 GRSM/CR.
  • Bases para las contrataciones y adquisiciones públicas en los que estén incluidos productos forestales y de fauna silvestre, la certificación de origen, aprobado con Ordenanza Regional N° 015-2013-GRSM-CR.
  • Estrategia Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de la Autoridad Regional Ambiental a través de la Dirección Ejecutiva de Conservación de los Recursos Naturales, Aprobado por Ordenanza Regional (N° 04-2,014-GRSM/CR).

La descripción detallada de estos instrumentos de gestión regional fueron abordados a detalle en el informe de línea base que se trabajó hace unas semanas con las organizaciones indígenas de la CODEPISAM en el marco del mismo proyecto que auspicia el presente documento.

Para los fines de la presente propuesta del MOFI, vamos a describir los instrumentos de gestión relacionados directamente con la gestión forestal en la región.

  • Estrategia Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de la Autoridad Regional Ambiental a través de la Dirección Ejecutiva de Conservación de los Recursos Naturales

Esta estrategia fue aprobado por Ordenanza Regional (N° 04-2,014-GRSM/CR) el 15 de abril del 2,014 La misma que consta de 03 objetivos estratégicos:

  1. Promover el sistema de Control y Vigilancia compartida entre el estado, la sociedad civil y la empresa privada, en el ámbito de la Región.
  2. Promover el Manejo Forestal y de Fauna Silvestre en marco de la legislación nacional y regional forestal y las políticas establecidas por la Región.
  3. Promover un programa de educación ambiental, a través de una comunicación y socialización participativa, con la finalidad de evitar los posibles conflictos socios ambientales en el Ámbito de la Región.

 

Para cada objetivo estratégico se desarrolla estrategias y líneas de acción, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ESTRATEGIAS  

LÍNEAS DE ACCIÓN

I. Promover el sistema de control y vigilancia compartida entre el estado, la sociedad civil y la empresa privada, en el ámbito de la región 1.1 Implementar el sistema de control y vigilancia 1.1.1 Fortalecimiento institucional del control forestal y fauna silvestre
1.1.2 Infraestructura y control adecuado para el control y vigilancia
1.1.3 Mecanismos e incentivos para el control y vigilancia
1.1.4 Estudios y/o investigación socio-ambiental para la identificación de zonas específicas priorizadas para el control y vigilancia
1.2 Articulación institucional 1.2.1 Mecanismos de participación activa entre los tres niveles de gobierno
1.2.2 Mecanismos de estímulo a la legalidad
1.3 Socialización 1.3.1 Diseño y desarrollo de talleres de capacitación a funcionarios y usuarios del bosque
II. Promover el manejo forestal sostenible en el marco de la legislación nacional y regional forestal y las políticas establecidas por la región 2.1 Promoción para el desarrollo del manejo forestal sostenible 2.1.1 Mecanismo de identificación de áreas de producción forestal
2.1.2 Establecer plataformas de manejo forestal comunitario
2.1.3 Implementar técnicas de aprovechamiento forestal sostenible
2.1.4 Monitoreo y seguimiento de títulos habilitantes de contratos, permisos y autorizaciones forestales y de fauna silvestre

 

 

2.2 Programa de reforestación y agroforestería con participación ciudadana 2.2.1 Focalización de núcleos productivos
2.2.2 Apalancamiento de recursos financieros para desarrollar actividades de reforestación
2.2.3 Formalización de las plantaciones forestales
III. Promover un programa de educación ambiental a través de una comunicación y socialización participativa, con la finalidad de evitar conflictos socio ambientales en el ámbito de la región 3.1 Adaptación e implementación del programa de extensión forestal 3.1.2 Adecuada integración del componente forestal en los planes de educación ambiental
3.1.3 Adaptación e implementación del programa de extensión forestal
3.2 Programa de desarrollo de concientización en educación ambiental 3.2.1 Programa de desarrollo de concientización en educación ambiental

 

La Estrategia Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de la región San Martin, consideramos que tiene muy buena información y propone aspectos interesantes. Sin embargo, habría que fortalecer y enriquecer  las líneas y acciones estratégicas que se proponen en función a los problemas descritos en la sección de diagnóstico del mismo documento, de manera que guarde la correspondencia y se asegure efectividad para abordar los problemas centrales. Asimismo, cubrir otros problemas que se dan en la región, como por ejemplo:

  • Cambio de uso de los suelos forestales, tala, quema y comercio ilegal.
  • Corrupción de malos funcionarios.
  • Vacíos y ajustes que realizar al marco legal según corresponda.
  • Efectividad de las herramientas de administración y control forestal y de fauna silvestre.
  • Problemas de articulación institucional a todo nivel, y arreglos de sus instrumentos institucionales para una gestión efectiva para hacer frente al problema.
  • Proponer espacios de participación institucional para implementar la estrategia.
  • Mecanismos para contar con una línea de referencia (línea base) de la dimensión del problema de control y vigilancia.
  • Propuesta de acciones para mejorar el control en las plantas de transformación e industrias secundarias.
  • Plan de monitoreo para la implementación de la estrategia con indicadores de cumplimiento.
  • Presentar un presupuesto estimado, periodo de vigencia, asignación de responsabilidades específicas por actor.
  • Establecimiento de mecanismos de inteligencia y alerta temprana.
  • Proponer acciones en torno a la transparencia y control social.

En suma, complementar o enriquecer a detalle las estrategias para cada problema a partir de un objetivo central, dado que es conveniente saber cuál es el espíritu de la estrategia, ¿Quizás promover la legalidad para combatir la ilegalidad?, ¿Fortalecer las estrategias de interdicción?, etc. Las estrategias que se plantean son bastante ambiciosas que calzan más para un Plan de Desarrollo Forestal, quizás sería conveniente hacer una priorización y centrarse  en el propósito de la ordenanza regional, que es el control y vigilancia forestal y de fauna silvestre.

Asimismo, el Plan Forestal  Regional de San Martín, aprobado en marzo del 2,008 mediante Ordenanza Regional 008-2,008 GRSM/CR indica en las estrategias relacionadas a control forestal lo siguiente:

 

 

Estrategia 1.3: Implementar los compromisos nacionales e internacionales para reducir la

Deforestación.

Meta TI 1: A Diciembre del 2010, se ha reducido la extracción, movilización – comercialización de madera que proviene de tala ilegal, a menos del 50% respecto a los niveles del 2007.

Meta TI 2: En Diciembre del 2014, la tala Ilegal producida en San Martín se ha reducido a valores menores al 10% de los registrados en el 2007.

 

Estrategia 1.5: Crear e implementar el Cuerpo de Custodios Forestales Regional.

Meta CCF 1: En Junio del 2009, se encuentra operando un sistema de control forestal eficaz, transparente y confiable que impide la extracción y movilización de recursos forestales que no cuenten con planes de manejo aprobados por la autoridad competente.

 

Estrategia 4.3: Sistema Regional de Monitoreo e Información Ambiental

Meta M&I 1: En Diciembre del 2008, se cuenta con una línea base para el monitoreo de parámetros ambientales y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales en la región San Martín.

 

 

Si se tratase de relacionar ambos instrumentos de gestión (Estrategia Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre con el Plan Regional Forestal de San Martín) existiría una escasa correspondencia. Es más, por referencias locales, se sabe que el Plan Regional Forestal casi no ha sido implementado, ello por diversas razones, entre ellas el financiamiento. Por lo que resulta necesaria una revisión, actualización y vinculación de ambos instrumentos de planificación, así con los otros que tiene la región vinculados a la gestión de bosques.

 

3.2.  Situación de los territorios y bosques comunales en la región San Martín en el marco de la gobernanza forestal

Durante el proceso de diagnóstico de línea base sobre territorios y gestión bosques comunales en la región San Martín, elaborados participativamente con los representantes de las organizaciones indígenas locales de los tres pueblos (Awajum, Shawy y Quechua) que son base de la CODEPISAM, se pudo determinar los principales problemas y alternativas de solución a los mismos, entre ellos:

  1. Problemas
  • Inseguridad jurídica de sus territorios, falta de saneamiento físico legal (Documentación legal, inscripción ante Registros Públicos, demarcación de linderos físicos).
  • Falta de voluntad política del GORESAM para titular y sanear los territorios indígenas, sienten que no es una prioridad para el GORESAM, de lo contrario, perciben que hay la prioridad de favorecer titulaciones individuales no colectivas, crear áreas de conservación, entre otros.
  • Desarticulación institucional y falta de coherencia en el discurso y la intervención para abordar el tema de saneamiento territorial de las comunidades indígenas.
  • Invasiones a los territorios ancestrales por migrantes, existencia de tráfico de tierras.
  • Superposiciones con ANP, BPP, ZOCRES[8].
  • Venta de terrenos posesionadas por las comunidades a empresas agroindustriales.
  • Altos niveles de corrupción en funcionarios públicos y autoridades para facilitar el otorgamiento de derechos territoriales a terceros (no indígenas), muchos de ellos con intereses políticos y electorales.
  • No se aplica la consulta previa e informada para el otorgamiento derechos a terceros, principalmente en la creación de Áreas de Conservación o Protección en la región.
  • Limitadas capacidades de los pueblos indígenas y sus organizaciones para hacer frente a estos problemas territoriales (organizacionales, técnicas, administrativas, financieras, legales, logísticas).
  • Ordenamiento territorial deficitario dentro los territorios de las comunidades indígenas.
  • Pérdida de recursos del bosque (deforestación, tala y comercio ilegal de recursos forestales).
  • Corrupción de malos funcionarios, venta de guías de transporte forestal para avalar legalmente productos de origen controversial.

 

  1. Alternativas de solución
  • Mejorar las capacidades y estrategias de incidencia y presión de las organizaciones indígenas ante el GORESAM y demás instituciones vinculadas para que se titule y se ejecute el saneamiento físico de las comunidades indígenas (comunidades tituladas y no tituladas).
  • Que se diseñe e implemente un programa de titulación regional para las comunidades con participación directa de las organizaciones y poblaciones indígenas, conseguir los fondos para su implementación de una forma rápida y transparente.
  • Que se mejoren los niveles de coordinación y articulación entre las entidades encargadas del saneamiento y titulación de las comunidades indígenas, unificar discursos y estrategias de intervención.
  • Promover y hacer que se titulen colectivamente los territorios comunales y no individualmente.
  • Revisar, evaluar y derogar las normas atentatorias a la titulación y saneamiento de las poblaciones indígenas, así como las que son atentatorias a los derechos ancestrales.
  • La aplicación obligatoria de la consulta previa para otorgar derechos territoriales y acceso a recursos naturales con afectación directa e indirecta a las poblaciones indígenas en la región.
  • Implementación de Mesas técnicas interinstitucionales para abordar y dar solución a los problemas territoriales de las comunidades, cuyos efectos sean vinculantes, los miembros deben tener capacidad de decisión.
  • Concluir los trabajos de georreferenciación en las comunidades para tener un catastro real de las comunidades tituladas y posesionadas.
  • Mejorar los mecanismos o estrategias de levantamiento de fondos (públicos, de cooperación y privados) para programas y proyectos a favor de las comunidades indígenas.
  • Mejorar los sistemas institucionales de vigilancia y control para detener invasiones, deforestación, tala y comercio ilegal de productos del bosque, promoviendo los niveles de intervención de las comunidades indígenas.
  • Diseñar e implementar programas de reforestación en territorios indígenas con especies maderables, medicinales, promover la regeneración natural.
  • Fortalecer la gobernanza comunal a todo nivel (fortalecer capacidades de autoridades, dirigentes, formar cuadros con jóvenes, niños) implementar proyectos para tales fines, mejorando la asistencia técnica a las comunidades por parte de ONGs.
  • Elaborar normas, estatutos comunitarios en torno a la administración, control de la gestión territorial, flora y fauna silvestre.
  • Hacer seguimiento a los trámites, revisión de expedientes ante el GORESAM y Registros Públicos sobre la titulación de las comunidades.
  • Revisar los Planes de Vida a quienes lo tengan, actualizar, elaborar para los que no tengan en base a la visión indígena.
  • Realizar el ordenamiento interno de los territorios indígenas en base a los Planes de Vida, identificando las potencialidades, uso mayor, ocupación de los pueblos indígenas de acuerdo a las tradiciones, costumbres (cosmovisión), relación con el mercado.
  • Conformar cooperativas, empresas comunales para mejorar la relación comercial de las comunidades con el mercado.
  • Buscar fondos para contar con equipos multidisciplinarios; elaboración, implementación, evaluación de proyectos para las comunidades indígenas.
  • Equipamiento de las organizaciones para fortalecer su capacidad operativa con tecnología (capacitación en su uso), unidades de transporte, materiales, compensación de tiempo para el recurso humano.

La situación legal de los territorios  indígenas y la formalización de la propiedad es un problema álgido en la región, tras revisar información de diferentes fuentes, se encontró que los registros no necesariamente coinciden en la información. Las organizaciones indígenas de la región tienen algunos registros, aún no culminados, así como las instituciones regionales, que nos ha dado insumos para elaborar el siguiente cuadro.

 

 

 

 

FEDERACIONES COMUNIDADES UBICACIÓN
Tituladas S/I Sólo Reconocidas Por Titularse Por Reconocerse Originarios TOTAL
1 FERIAM   (Awajum) 13 1 14 Moyobamba, Rioja
2 FERISHAM – (Shawi) 3 4 2 2 11 Lamas, San Martin
3 FEPRIKRESAM – (Kechwa) 9 4 1 3 17 Lamas, San Martin, Huallaga
4 FEKIHD – (Kechwa) 3 5 9 17 El Dorado, Bellavista
5 CEPKA – (Kechwa) 27 29 56 Lamas, Picota, Dorado, San Martín
6 FEPIKBHSM – (Kechwa) 1 4 5 14 24 San Martín
7 FECONAKED – (Kechwa) 2 7 15 24 El Dorado
TOTAL 31 1 51 3 5 72 163

Número de comunidades por federación según su saneamiento territorial

 

Es decir, de acuerdo a esta información se tendría que sólo el 19% de territorios comunales están saneadas (31 tituladas), mientras que un 31% sólo estarían reconocidas y un 44% serían pueblos originarios. La organización  CEPKA es la que tiene el mayor número de comunidades reconocidas (27 de 29 registradas).

Con relación a las comunidades que actualmente cuentan con permisos de extracción forestal se tiene a la fecha tres (03) permisos vigentes que pertenecen a las comunidades de Yarau, Jerusalen y Alto Mayo Huasta que son de escalas de aprovechamiento: Alta, media y baja respectivamente. Asimismo se tiene 05 permisos sancionados por infracción a la legislación forestal y fauna silvestre que son las comunidades de Nueva Arica de Cachiyacu, Nueva Jerusalen, Cachitacu (POA 2), Alto Mayo / Anexo Huasta y Kusu; cuya multas impuestas suman 16, 28 UIT[9] ascendentes a  S/.62 678 Nuevos soles, siendo las principales infracciones cometidas:

  • Realizar extracción forestal fuera del área autorizada.
  • Facilitar el transporte de productos forestales extraídos ilegalmente  a través de su permiso.
  • No cumplir con labores silviculturales, como el manejo de regeneración natural.
  • Extracción de árboles semilleros.

 

3.3.  Situación de la Gobernanza Forestal en la Región San Martín

De acuerdo a los resultados del diagnóstico de línea base, a lo mencionado anteriormente estamos en un escenario complejo de gobernanza, no sólo para las poblaciones indígenas sino para otros actores involucrados en la actividad forestal. Se reconoce que hay esfuerzos denodados por mejorar la institucionalidad ambiental regional entre ellas las forestales, la emisión de políticas, planes estrategias, etc.  pero aún son insuficientes, hay marcadas percepciones de que las normas, el desempeño de los funcionarios públicos (calidad del servicio) aún son deficitarias, esto debido a una serie de factores, entre ellos los presupuestales y otros que escapan a la competencia regional.

A diferencia de otras regiones los esfuerzos de visibilizar y atender la problemática indígena en espacios de participación parecen tener un paso por adelante, pero se siente aún el malestar reconociendo que estos esfuerzos son insuficientes para atender los problemas mayores de las poblaciones indígenas, como es el de la seguridad territorial, control de las prácticas ilícitas con recursos del bosque, entre otros.

Pero a la par que hay deficiencias en la gestión pública entre ellos la desarticulación institucional, desactualización y falta de congruencia y condiciones desfavorables para implementar los instrumentos de gestión regional, problemas de transparencia, disponibilidad de recursos, etc. El problema también pasa por las capacidades de las propias comunidades indígenas, básicamente la disponibilidad de equipos técnicos propios y permanentes, debilidades organizacionales, limitaciones presupuestales, lejanía de las poblaciones para hacer los trámites correspondientes y su relación con el mercado, en muchos casos limitaciones de infraestructura, capitales de trabajo, entre otros.

Uno de los puntos que salta a la vista a diferencia de otras regiones amazónicas con mayor potencial de bosques, es la economía en las poblaciones indígenas de San Martín, dado que  por lo general son más familiares que comunales, se tiene poco del beneficio colectivo como comunidad, en muchos casos hay comuneros que ya están insertados fuertemente al mercado y son más reconocidos como agricultores, se dan casos que están alquilando tierras o invitando a terceros para fines agropecuarios, comuneros que vienen fragmentando los territorios indígenas aun no titulados y vienen tramitando sus títulos de propiedad de los terrenos de modo particular.

De acuerdo al análisis FODA[10] que presenta la Estrategia Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de la región San Martin, sobre la situación de los bosques, señala:

 

 

 

FORTALEZAS:

·         Existe voluntad y decisión política regional.

·         Interés y participación de los gobiernos locales y organizaciones de bases en el establecimiento y gestión de Áreas de Conservación, bosques locales, registro de plantaciones, etc.

·         Accesibilidad terrestre vía Fernando Belaunde Terry.

·         Instrumentos de Gestión (Zonificación Ecológica y Económica, Plan de Desarrollo Concertado, Plan Regional Forestal y políticas territoriales) consolidado para el desarrollo sostenible de la región.

·         Existe personal profesional capacitado para ejercer la gestión de los recursos forestales en la región.

·         Existen sólidas capacidades en modelos agroforestales e investigación.

·         Presencia de ONG sólidas con experiencia en el tema agroforestal y desarrollo local.

·         Existencia de Estrategia Regional para la Diversidad Biológica.

 

DEBILIDADES:

·         Limitada coordinación entre las autoridades locales y comunales para el control forestal

y de fauna silvestre.

·         Limitados conocimientos de la legislación forestal por parte de las organizaciones que ejercen control forestal (compartido) a nivel comunal: rondas campesinas, comunidades nativas y comités de auto defensa.

·         Limitado nivel educativo que repercute en actividades que afectan a los recursos forestales y fauna silvestre: la quema de los bosques, agricultura desordenada, posicionamiento en tierras con bosques y caza furtiva.

·         Limitada capacidad de gestión de los recursos forestales y negociación ante el mercado por parte de las Comunidades Nativas.

·         Recursos limitados para la implementación de proyectos de reforestación: escasas herramientas, desconocimiento del manejo de semillas, etc.

·         Limitados recursos presupuestales para la gestión de los recursos forestales por parte del Gobierno Regional de san Martín.

·         Limitado personal profesional para la administración y/o control de los recursos forestales

·         Logística e infraestructura deficiente y/o inadecuada (puestos de control forestal).

·         Pocas iniciativas para promover otras alternativas de producción económicas sostenibles.

·         Insuficiente interés en establecer y aplicar sanciones efectivas por los daños contra los bosques y el tráfico y/o estafa de tierras.

 

OPORTUNIDADES

·         Inversión privada a través de la provisión de servicios ambientales en la concesiones forestales  maderables y no maderables (Concesiones con fines de conservación)

·         Implementación de un sistema de control forestal y fauna silvestre, con aporte de la cooperación del servicio forestal americano y el gobierno nacional

·         Implementación de estrategias de control y vigilancia compartida (Población, empresa privada y estado).

·         Gobiernos locales y autoridades involucradas en la gestión de los recursos forestales y fauna silvestre.

·         Continuidad del personal profesional en fortalecimiento de capacidades con apoyo de cooperantes de nivel nacional e internacional.

·         Cooperación Alemana involucrada en los procesos de gestión de los recursos forestales.

 

 

AMENAZAS

·         Migración espontánea y desordenada por ampliación de la frontera agrícola en zonas de producción forestal, conservación y protección.

·         Existencia y continuidad de monocultivos, siendo un riesgo a la ampliación de la frontera agrícola.

·         La quema continua de los bosques que causa de la destrucción de la biodiversidad  que afecta las plantaciones agro forestales.

·         Construcción de infraestructura vial no planificada, sin considerar lo que establece la

·         Zonificación Ecológica y Económica, y otras normas regionales, nacionales.

·         Caza y extracción de especies forestales y fauna silvestre sin control adecuado.

·         Política nacional de privatización de tierras en la Amazonía  para cambios de uso (DL 653)[11]

 

Según los testimonios personales de los representantes pueblos indígenas, lo preocupante radica en que un gran números de comunidades estarían haciendo aprovechamiento forestal sin contar con el permiso de extracción respectivo, esto quizás no directamente, sino en muchos casos son terceros los que aprovechan la madera; existe una gran cantidad de colonos que se dedican al tráfico de tierras, para ello talan y deforestan los bosques, la madera extraída estaría siendo comercializada ilegalmente.

 

IV.            METODOLOGIA DE ELABORACIÓN DEL MECANÍSMO DE OBSERVACIÓN FORESTAL INDEPENDIENTE (MOFI) PARA LA CODEPISAM

La presente propuesta toma como insumos el diagnóstico de línea base de la gestión territorial y los bosques comunales en la Región San Martín, así como la “hoja de ruta” de la Veeduría forestal indígena de la CODEPISAM, ambos elaborados en el marco del proyecto de proyecto “Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria para mejorar la gobernanza a nivel local en la región San Martín” que tiene como ente ejecutor a CEDISA con el apoyo de TRAFFIC y ECO REDD con el apoyo financiero y asistencia de FAO FLEGT.

Asimismo, toma como referencia las experiencias plasmadas en la guía de Monitoreo Forestal Independiente de Global Witness, el enfoque de FAO FLEGT para lograr la buena gobernanza, aportes de FAO a través de los diagnósticos de gobernanza forestal en el Perú; del mismo modo las políticas, marco legal y demás instrumentos de gestión forestal a nivel nacional y de la región San Martin en  particular, que tengan vinculación directa con el mecanismo de observación forestal independiente relacionados al cumplimiento de la legalidad, transparencia, entre otros.

En adición a los insumos antes mencionados, como parte de la metodología participativa se han desarrollado adicionalmente jornadas de trabajo específicos para esta materia (taller), llevado a cabo en el mes de setiembre del presente año, que convocó a los representantes de las federaciones que son base de la CODEPISAM, el equipo técnico de la Veeduría Forestal y el personal del proyecto en que se da este proceso. Producto de estas jornadas se tienen los aportes de los participantes, quienes han respondido a cuestionarios para ayudar en la conceptualización, expectativas y contribuciones para la puesta en marcha del MOFI en San Martin. Asimismo, también se ha validado a una escala regional el diagnóstico de la gobernanza nacional por temas, siguiendo los eslabones de la cadena de valor forestal, estos aportes son presentados en las siguientes secciones.

Con todos estos insumos, aportes y a partir de la propuesta preliminar del MOFI  presentada en el taller, se elaboró la presente propuesta, que seguirá siendo enriquecida a lo largo del proceso de su construcción e implementación. A continuación presentamos en un esquema gráfico la secuencia que se ha seguido para la construcción del MOFI.

metodologia

Los alcances de tipo conceptual de la propuesta de MOFI fue presentada en sesiones de exposiciones durante el taller, según cada secuencia se fue teniendo los trabajos en grupo, partiendo desde una mirada general para entrar en lo específico, tal es así que se comenzó desde la emisión de un video de monitoreo forestal independiente realizado por Global Witness con las experiencias de Camerún y Camboya para poner en contexto el tema, seguido a ello se hizo ensayos de conceptualización en conjunto y se procedió a responder un cuestionario por grupo (se tuvo dos grupos)[12], cuyos respuestas fueron expuestas por representantes de cada grupo.

Siguiendo con esta misma dinámica se presentó y se recibió aportes en torno a las condiciones habilitantes que se requeriría para instaurar el monitoreo forestal independiente en San Martin, respondiendo un cuestionario que planteaba interrogantes como: si era o no posible realizar una experiencia similar en San Martin, además de qué se monitorearía, quiénes lo harían, consideraciones a tomar en cuenta, etc.

Finalmente, se procedió a compartir y evaluar el diagnóstico de la gobernanza forestal a nivel nacional realizada con el apoyo de FAO el 2013[13] con el objetivo de contrarrestar con la gobernanza forestal de San Martín y ponderar los temas de importancia; se hizo lo mismo para evaluar la problemática siguiendo la secuencia de la cadena de valor forestal, especificando los casos particulares para la región San Martin, con énfasis a la gestión de bosques comunitarios. Ambos ejercicios se plasmaron en unas matrices que fueron revisadas y completadas por los grupos de trabajo, cuyos resultados serán presentados más adelante.

 

4.1.  Aportes de las organizaciones indígenas de la CODEPISAM

Cómo se mencionó en la sección anterior se aplicaron cuestionarios y llenado de matrices a partir de la información base, las mismas que han sido respondidas y llenadas respectivamente por los grupos de trabajo en el taller del 22 y 23 de setiembre del 2,015 realizado en la ciudad de Tarapoto, el que convocó la participación de dirigentes y técnicos de las federaciones afiliadas a la CODEPISAM, del equipo de la Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM, la presencia del ex Veedor Forestal Nacional Ing. Goerge Cuñachi del pueblo Awajum que actualmente viene impulsando la Veeduría Forestal de CORPI San Lorenzo, otra base regional de AIDESEP en el departamento de Loreto, así como el personal del proyecto de FAO Flegt en implementación.

 

Trabajo Grupal N° 01

Cuestionario 01

Preguntas Respuestas
Grupo 01 Grupo 02
1. ¿Qué es el Monitoreo Forestal Independiente (MFI)? Es una herramienta para el control y cumplimiento de la ley ·      Es un mecanismo de seguimiento, monitoreo de manera oportuna que se realiza a los bosques y las distintas modalidades de acceso que existen (permisos, concesiones, cambios de uso, etc.), herramienta que permite, reducir, prevenir la tala ilegal, deforestación y degradación de los bosques.

·      Son conjuntos de acciones para la vigilancia del cumplimiento de las actividades forestales y de sus impactos, considerando que se deben lograr una equidad entre las partes.

·      Es un instrumento que garantiza control y vigilancia de nuestros recursos naturales en nuestro territorio de la región San Martin.

·      Es una organización que ve las actividades de las empresas privadas sobre la tala de los árboles que están autorizados por el gobierno.

·      Es una actividad que controla y regula dentro del territorio de las comunidades nativas y campesinas la tala ilegal del bosque, que realizan los diferentes actores estatales o privados.

·      El monitoreo forestal es una actividad que realizan personas que conozcan el tema de vigilancia cómo va a realizar el proceso durante el tiempo de ejecución ya sean de un proyectos de comunidades.

·      El monitoreo es vigilar todo el territorio que corresponde a la comunidad con sus moradores, patrullar para saber lo que pasa en su territorio.

·      Monitorear los bosques de la comunidad para que no exista tala ilegal.

2. ¿Para qué es el MFI? Para controlar vigilar y garantizar  una buena administración forestal ·      Para velar que se cumplan los acuerdos y las disposiciones legales de aprovechamiento de los recursos naturales.

·      Para vigilar las responsabilidades de las partes.

·      Para evitar la tala ilegal de los bosques y proteger las zonas de protección así como las cabeceras e cuencas.

3. ¿Qué se puede lograr con el MFI? Transparencia, precio justo, manejo sostenible de los bosques, mejorar la participación de las comunidades, mayor acceso de la información, un buena gobernanza. ·      Disminuir la corrupción, fortalecer la gobernanza comunal, controlar los movimientos de manera y cumplimiento de los planes de aprovechamiento.

·      Que el producto forestal maderable tenga precios considerables y evitar la presión sobre los bosques.

·      Trabajar de manera transparente y adecuada de los RRNN en coordinación con las autoridades competentes.

·      Fortalecer las capacidades de todos los sectores involucrados en la conservación y aprovechamiento sostenible y adecuado de los RRNN.

4. ¿Quiénes lo hacen el MFI? La sociedad civil. La sociedad civil organizada en coordinación con las autoridades competentes
5. ¿Con quienes hacen el monitoreo? Con el estado y el sector privado, las compañías, etc. Con las empresas privadas, ONGs, el estado y las sociedad civil organizada.

 

 

Las respuestas de los grupos están muy cercanas a las definiciones plasmadas en los documentos afines, se resalta palabras clave como: transparencia, cumplimiento de la ley, participación de la sociedad civil, control, vigilancia de la tala ilegal, corrupción, buena gobernanza, se identifica como actores involucrados a las comunidades, estado, sector privado. Sin duda el haber visto el video ayudó considerablemente en la audiencia, dado que las respuestas del cuestionario fue antes que se les comparta los conceptos y demás alcances en el desarrollo del tema. La diferencia en la densidad de las respuestas del grupo 02 respecto al grupo 01, se puede atribuir en gran parte a la metodología interna aplicada en cada grupo, mientras que unos registraban los aportes individuales a manera de lluvia de ideas, el otro trataban de encontrar consenso en una sola respuesta como grupo.

 

Trabajo Grupal N° 01

Cuestionario 02

Preguntas Respuestas
Grupo 01 Grupo 02
1. ¿Se podría implementar el MFI en San Martín?

(SI) / (NO), Porqué.

Sí, pero en territorio  de pueblos indígenas y campesinas Si, porqué:

·       Existe una necesidad de monitorear el aprovechamiento de nuestros RRNN.

·       Irregularidades en el aprovechamiento de los RRNN (corrupción).

·       La sociedad civil se encuentra organizada con capacidad técnica y legal (Federaciones).

2. ¿Quién tendría que ser la entidad monitora?, quién el monitor? Entidad Monitora: CODEPISAM

 

Monitor: Federaciones

Entidad Monitora: CODEPISAM (Sociedad Civil Organizada)

 

Monitor: Federaciones, comunidades nativas, lideres capacitados en la materia.

3. ¿que es posible monitorear, listar qué sería posible monitorear (Toda la cadena de valor forestal  o una parte)? La extracción y tala de Madera.

 

Toda la cadena de valor forestal (Solicitudes, otorgamiento de los derechos, aprovechamiento de los RRNN, etc.
4. Prioritariamente que debe monitorearse, por qué? Para tener un control  de la extracción de la madera tanto  ilegalidad y  legal.

 

Prioritariamente el aprovechamiento de los RRNN en nuestros territorios de acuerdo a las normas que se rigen dentro de la comunidad, (Tradiciones y costumbres).
5. ¿Qué se requiere para implementar el MFI en San Martín? ·       Desarrollo de capacidades de los monitores.

·       Asistencia técnica y financiera a los monitores

·       Logística.

·       Recursos financieros.

·       Capacidad Administrativa, técnica y legal.

·       Voluntad política.

6. Cómo se institucionalizaría para asegurar su impacto Hacer un convenio inter institucional  con organizaciones indígenas, ante los cooperantes, ONGs, y voluntariados. Agregar en los estatutos de las comunidades, federaciones y de la CODEPISAM (VFC) el Monitoreo Forestal Independiente
7. ¿Cuáles serían las limitaciones u obstáculos que tendría que sortear? ·       Económica

·       Asistencia técnica e financiera

·       Trabas jurídicas

·       Corrupción

·       Carencia de voluntad política.

·       Limitada capacidad administrativa, técnica y legal (fortalecimiento de capacidades)

·       Recursos económicos.

·       Logística.

·       Recursos humanos.

 

Como puede apreciarse las respuestas de ambos grupos en su mayoría son coincidentes resaltando que:

  • Ambos grupos coinciden que si se puede implementar el MFI en San Martín, pero limitándose a los bosques y territorios indígenas.
  • La entidad monitora sería la CODEPISAM y sus organizaciones a través de sus líderes y técnicos.
  • A la pregunta ¿qué es posible monitorear?, el grupo 01 indica sólo el monitoreo dentro de su comunidad (tala de árboles), mientras el grupo 2 propone monitorear toda la cadena de valor forestal, pero referidos a productos forestales que salen de las comunidades.
  • Ambos grupos coinciden que prioritariamente deben monitorearse la tala, aprovechamiento forestal y el cumplimiento del debido procedimiento que rige el aprovechamiento forestal.
  • A la pregunta ¿qué se requiere para monitorea?, ambos grupos coinciden en que se requiere de capacidades técnicas, administrativas, financieras, legales, voluntad política.
  • Sobre la institucionalización del MFI, el grupo 01 indica que debe suscribirse un acuerdo interinstitucional entre las organizaciones indígenas y entes de la sociedad civil, cooperantes; mientras que el grupo 02 plantea ajustes legales a las normas comunales. No refieren sobre los acuerdos con el estado (autoridad competente), que luego ya en las presentaciones decidieron incorporarlos.
  • Las principales limitaciones que tendría el MFI seria: Financiero, voluntad política, recursos humanos capacitados, corrupción, entre otros.

 

Trabajo Grupal N° 03

Como se mencionó anteriormente a los grupos se les compartió y expuso el diagnóstico de la gobernanza forestal a nivel nacional para contrastarla con la región San Martín, se les pidió que complementen detalles particulares.

Los temas que considera esta matriz fueron:

  • Institucionalidad forestal (sector público)
  • Burocracia Forestal Estatal
  • Planificación
  • Coordinación
  • Capacidades institucionales
  • Descentralización Forestal
  • Devolución y derechos forestales
  • Transparencia
  • Corrupción y extracción de la madera
  • Capacidades institucionales
  • Descentralización Forestal
  • Devolución y derechos forestales
  • Transparencia
  • Corrupción y extracción de la madera
TEMAS Diagnóstico Nacional Calificación

(√, X, +/-)

Diagnóstico Regional

(Aportes adicionales de San Martín)

G1  

G2

Institucionalidad forestal (sector público) ·      Instituciones inestables; sectorial izadas; desarticuladas, con bajo nivel de coordinación; bajo poder político

·      Inestabilidad de la normatividad

·      Desconfianza en la autoridad

·      Fuerte poder de organismos no forestales (carreteras, proyectos energéticos)

 

ü

 

 

 

 

 

 

ARA – DRASAM.

 

 

 

Sólo están en ordenanzas más no se implementan en la práctica.

Agricultura (monocultivo), concesiones de conservación.

Burocracia Forestal Estatal ·      Poco uso de la información existente en la planificación del manejo forestal

·      Gestión de permisos/captación de fondos más que gestión forestal

·      Procedimientos administrativos largos y engorrosos que no acompañan los procesos productivos (para privados y comunitarios)

·      Leyes y los reglamentos tienden a ser inadecuados, contradictorios y dejar considerable margen de maniobra. Puede que solo existan sobre el papel

·      Limitada capacidad de control

 

·      Sistemas de información inconclusos

 

+/-

 

 

X

 

 

 

 

 

+/-

 

 

 

 

 

 

+/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEE

 

 

 

 

ARA/DRASAM

 

 

 

 

Burocracia en el poder judicial

 

 

 

Concesiones Forestales, Concesiones de conservación.

 

Autoridad Forestal no cuenta con información Forestal actualizada.

Planificación ·      Necesidad de una política nacional forestal armonizada y un plan de acción viable

·      Presupuesto público sectorial austero (deficiente)

·      Institucionalidad nacional y regional en procesos de fortalecimiento o reformulación.

 

 

 

 

 

 

 

No hay una buena planificación a nivel local
Coordinación ·      Multiplicidad de actores públicos con funciones que pueden superponerse. Ejm: GORE, MIN.PÚBLICO, OSINFOR, etc.

·      Ley N° 27308: visión centralista de la gestión forestal.

·      Ley N°29763 ambiciosa y confusa

·      Ausencia de seguridad jurídica: superposición de derechos sobre distintos recursos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descoordinación entre el gobierno regional con el local, se demanda más coordinación y descentralización de funciones.
Capacidades institucionales ·      Falta de carrera pública – Meritocracia.

·      Regulación dispersa.

·      Capacidades logísticas limitadas.

·      Falta de oportunidades para la capacitación de actores no públicos.

·      Pocas oportunidades de financiamiento del sector.

 

 

 

 

 

 

 

En algunos casos se dan pero no llegan a nivel comunal.
Descentralización Forestal ·      Proceso en curso e inconcluso

·      Transferencia de funciones y competencias sin los recursos necesarios

·      Resistencia a nivel central de ceder poder a las instancias sub nacionales y locales

·      Generación de nuevas formas de centralismo al interior de las regiones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi todo se centraliza en Moyobamba (capital del departamento)
Devolución y derechos forestales ·      Derechos de tenencia de tierra limitados, carencia de ordenamiento territorial, demandas pendientes por atender (PP II).

·      Áreas de concesiones derogadas (revertidas) sin una estrategia de administración del estado que son blancos para la ilegalidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No facilitan la titulación del territorio ancestral de las CC.NN.
Transparencia ·      Ausencia de políticas y protocolos que aseguren el acceso a la información.

·      Discrecionalidad en las decisiones de alto nivel

·      Desconocimiento de la información que debe ser pública.

·      Multiplicidad de fuentes.

·      Debilidades tecnológicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe, pero el acceso a la información tiene un costo elevado.
Corrupción y extracción de la madera ·      Tolerancia a la corrupción

·      Alegatos de tráfico de influencias

·      Baja capacidad operativa del OSINFOR y efectividad en las sanciones

·      Alto porcentaje de madera ilegal que sale de los puertos, carreteras de manera ilegal

·      Sensación de impunidad

 

 

 

 

 

+/-

 

 

 

 

·       Inoperancia de la fiscalía ambiental.

·       Blanqueo de madera por los concesionario.

·       Falta la implementación de un sistema de monitoreo regional

 

Rendición de Cuentas ·      Falta de información oficial sobre el estado de los derechos otorgados sobre los recursos forestales.

·      Sistema de control institucional reactivo, poco enfoque preventivo.

·      Debilidad institucional.

·      Falta de carrera pública.

·      Información pública poco clara para actores privados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe

 

 

 

 

 

 

 

Información desactualizada

Participación ciudadana ·      Débil implementación de mecanismos de participación  (aunque la tendencia está mejorando)

·      Comités de Gestión de Bosques con bajas capacidades operativas

·      CONAFOR no implementado

·      Procesos de ordenamiento y zonificación forestal poco participativos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

·       La participación se da medianamente por el tema logístico y presupuestal.

 

·       Falta de fortalecimiento de capacidades

·       Sólo se centraliza el capital del departamento.

·       Existe la herramienta de gestión pero las comunidades no la dan uso. Por el poco conocimiento del tema.

OTROS:

Aportes de la Región San Martín

 

 

 

 

 

 

·      Superposiciones de títulos habilitantes en territorios ancestrales de los PPII.

·      Territorios comunales no definidos.

·      Políticas regionales que atrasan los proceso de titulación.

 

Como puede notarse, las percepciones de los representantes de las organizaciones indígenas regionales, en su mayoría coinciden casi en 95% que los problemas nacionales, se dan también a nivel de la región San Martín con algunas particularidades.

Los símbolos utilizados en la calificación que cada grupo uso significa:

 

:    Es un check que significa conformidad  (problema que también se da en la región San Martín)

X:   Es un signo de negación  (problema que no se da en San Martín)

+/-: Que mediamente se da en San Martín.

G1: Grupo 1

G2: Grupo 2

 

 trabajo de grupo

 

Trabajo grupal N° 04

Con el propósito de identificar los problemas en un esquema más puntual, se procedió a trabajar con los grupos, la identificación de problemas, dificultades o vacíos siguiendo los eslabones de la cadena de valor forestal más representativos para la región San Martín, con la misma tónica del trabajo grupal anterior, encontrando los siguientes resultados:

Eslabones de la Cadena Problemas a nivel nacional Calificación

(√, X, +/-)

Problemas a nivel de la región San Martin

(Particularidades adicionales)

G1 G2
 

1. Tenencia de la tierra

 

Adjudicación poco clara

 

 

·       Inseguridad jurídica de sus territorios, falta de saneamiento físico legal (Documentación legal, inscripción ante Registros Públicos, demarcación de linderos físicos)

·       Falta de voluntad política del GORESAM para titular y sanear los territorios indígenas, sienten que no es una prioridad para el GORESAM, de lo contrario, perciben que hay la prioridad de favorecer titulaciones individuales no colectivas, crear áreas de conservación, entre otros.

·       Desarticulación institucional y falta de coherencia en el discurso y la intervención para abordar el tema de saneamiento territorial de las comunidades indígenas.

·       Invasiones a los territorios ancestrales por migrantes, existencia de tráfico de tierras.

·       Superposiciones con ANP, BPP, ZOCRES.

·       Venta de terrenos posesionadas por las comunidades a empresas agroindustriales.

·       Altos niveles de corrupción en funcionarios públicos y autoridades para facilitar el otorgamiento de derechos territoriales a terceros (no indígenas), muchos de ellos con intereses políticos y electorales.

·       No se aplica la consulta previa e informada para el otorgamiento derechos a terceros, principalmente en la creación de Áreas de Conservación o Protección en la región.

·       Limitadas capacidades de los pueblos indígenas y sus organizaciones para hacer frente a estos problemas territoriales (organizacionales, técnicas, administrativas, financieras, legales, logísticas).

·       Ordenamiento territorial deficitario dentro los territorios de las comunidades indígenas.

·       Pérdida de recursos del bosque (deforestación, tala y comercio ilegal de recursos forestales).

·       No se cuenta con información forestal (Inventario del potencial forestal en la región).

·       No se cuenta con información real en metros cúbicos, pies tablares, etc., del aprovechamiento forestal maderable de la región, así como el ingreso económico de la misma y el aporte del PBI.

 

 

2. Otorgamiento de títulos habilitantes

 

·   Información falsa

·   Demora en trámites

·   Superposiciones

 

X

 

 

 

 

G1:

·       No Existe

·       Mucha burocracia

·       Falta de consulta Previa, Trabajo de laboratorio

G2

·       Expediente con información no verídica.

·       Trámites engorrosos.

·       Con territorio ancestral indígena, que se adjudicaron a terceros sin consulta previa.

3.Aprovechamiento forestal ·   Aprovechamiento de zonas no autorizadas, sps, volúmenes, árboles

·   Débil armonización entre las inspecciones con las supervisiones, carencias de recursos para control adecuado (Autoridad forestal y OSINFOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       Existe blanqueo de madera (legalización de madera de origen ilegal)

·       Falta de recursos humanos, financieros y articulación con instituciones involucradas.

·       Desarticulación entre niveles de gobierno

 

·       Aprovechamiento de árboles semilleros, árboles fuera del POA, cambio de uso.

 

·       Limitada capacidad de monitoreo (Autoridad Forestal – OSINFOR)

 

4. Movilización de productos ·   Venta de documentos GTF, Lista de troza

·   Falta de uniformidad en la cubicación

 

 

 

 

 

 

·       Desconocimiento en cubicación de madera.

·       Venta de documentos guías de transporte forestal (GTF), lista de trozas

·       Aprovechamiento del maderero en la cubicación, por el desconocimiento de las comunidades.

 

5. Industrialización ·   Problemas en los libros de operaciones (balances)

·   Falta de definiciones de factores de rendimientos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       Existe información falsa o fraudulenta

·       No existe una ley que regule los rendimientos

 

 

6. Despacho y movilización externa ·   Venta de volúmenes, blanqueo

·   Información falsa de las GTF (destinos, procedencia)

 

 

 

 

 

 

 

·       Blanqueo

·       Extracción de manera ilegal, Empresa informal.

 

7. Comercialización  nacional ·   Falsificación, clonado y reciclaje de GTF

·   Puestos de control inoperativos sin sistemas de información on line, personal limitado

 

 

 

 

 

 

·       Tráfico de madera – madera ilegal

·       No existe sistema de información que controle la comercialización de madera eficientemente.

·       Se necesita un sistema de control electrónica y que la gente lo use.

·       No hay sistema de control de la degradación y de la deforestación de los bosques.

8. Exportación ·   Falta de emisión de permisos de exportación Sps. no CITES

·   Falta de sistemas de trazabilidad, instituciones descoordinadas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       Desconocimiento de CITES.

·       Falta tecnología como GPS y otra manera para medir la trazabilidad de madera eficazmente.

 

V.            PROPUESTA DEL MECANISMO DE OBSERVACIÓN FORESTAL INDEPENDIENTE (MOFI) PARA LA CODEPISAM

 

En los siguientes párrafos presentamos la propuesta del MOFI, que describe:

  • El objetivo del MOFI
  • Su conceptualización y alcances en una etapa de diseño adaptado a la realidad de San Martín
  • Propuesta de implementación por etapas:

 

Etapa 01

 

  • Definición de la entidad anfitriona
  • Los monitores y/o observadores
  • Comité regional de Monitoreo
  • Arreglos y compromisos institucionales
  • Empoderamiento y preparación previa
  • Herramientas de monitoreo
  • Protocolos de intervención

Etapa 02:

  • Organización de misiones
  • Ejecución de las misiones
  • Elaboración de informes
  • Publicación de resultados
  • Financiamiento y sostenibilidad

 

5.1.  Objetivo del MOFI

Promover un ambiente de transparencia en la gestión de los actores involucrados en la administración y control de los bosques comunitarios, minimizando los riesgos que ponen en peligro la sostenibilidad de los bosques comunitarios, los derechos territoriales de las poblaciones indígenas, con acciones que estén orientadas a disminuir  la ilegalidad,  corrupción, velando por el cumplimiento de la ley y aportando para la buena gobernanza.

De acuerdo a la guía del MOI formulado por Global Witness también puede formularse objetivos alcanzables o específicos, por ejemplo estos son los que propusieron en su experiencia.

 

 

Objetivos alcanzables:

 

§  Transparencia Un aumento sustancial en la cantidad, calidad y credibilidad de la información, para que tanto la legislación forestal como las operaciones de aplicación asociadas estén disponibles de forma transparente a todas las partes interesadas.

§  Capacidad. Identificación de necesidades y apoyo paritario para mejoras de la capacidad y procedimientos de la Autoridad Forestal y el Organismo de Aplicación de la Ley, de forma que sean capaces de llevar a cabo sus funciones de manera equilibrada y responsable.

§  Política. Análisis del impacto de leyes, normativas y procedimientos, e identificación de debilidades y limitaciones en su implementación, con el fin de incentivar y contribuir al desarrollo de políticas. En particular, se presentan evidencias de mala gobernanza y conflictos de interés.

§  Participación. Un mejor entendimiento y respeto de la ley por parte de las organizaciones y personas. Esto incluye una reducción en la actividad ilegal por parte de los operadores madereros y un aumento en la capacidad y motivación de la sociedad civil para asumir el papel de vigilantes. Dicha participación por ambas partes marca el final de la necesidad de un monitor independiente internacional.

 

5.2.  Conceptualización del MOFI

El MOFI que se propone responde básicamente a la problemática priorizada por las organizaciones indígenas relacionada a la seguridad territorial y gestión de bosques comunitarios. La propuesta toma como referencia las experiencias desarrolladas en otros países como el Monitoreo Forestal Independiente (MFI) desarrollado por Global Witness. Asimismo toma como referencia los propósitos que impulsa FAO FLEGT para contribuir a lograr la buena gobernanza forestal.

A diferencia de las experiencias aplicadas en otros países donde el MFI está basado principalmente en un acuerdo institucional entre la Autoridad Nacional que administra y controla los recursos forestales del país (Entidad anfitriona ) y la entidad encargada del monitoreo (Monitor que es un ente externo). La propuesta del MOFI está adecuada a un nivel sub nacional, donde la entidad encargada del monitoreo no es un ente especializado externo, sino la unidad técnica de una organización indígena local que son las Veedurías Forestales que está en la etapa de formación y empoderamiento, tampoco plantea abordar todos los casos (títulos habilitantes), incluyendo las áreas de aprovechamiento forestal donde existen actores no indígenas, sino propone actuar sólo en territorios indígenas.

El MOFI se constituye como una  herramienta de gestión de la Veeduría Forestal Indígena de CODESPISAM que se suma al resto de acciones que debe cumplir la Veeduría. Los beneficios estarán orientados a disponer de información actualizada, fidedigna, que le permita alertar problemas de ilegalidad, sustentar casos fragantes de incumplimiento a la ley, evidenciar y sustentar casos de corrupción, transparentar procesos en la adjudicación de derechos territoriales, cambio de uso de las tierras y bosques forestales, tala y comercio ilegal de productos del bosque principalmente madera.

 

 

Diferencias y similitudes entre experiencias de MFI y el MOFI de San Martín

MFI[14] MOFI[15]
·       Tiene un alcance nacional

·       Se basa en un acuerdo entre el estado (autoridad nacional) como entidad anfitriona y una entidad monitora, externa.

·       Fiscaliza y supervisa el cumplimiento de obligaciones de los usuarios del bosque que tienen concesiones o permisos de aprovechamiento forestal.

·       El monitoreo no sólo son las actividades en el bosque, sino las acciones en el resto de eslabones de la cadena forestal (despachos de madera, industria, comercio).

·       Comprueba el cumplimiento del debido procedimiento.

·       El monitoreo es por misiones específicas

·       Tiene financiamiento externo

·       Los resultados son vinculantes

·       Tiene un alcance sub nacional (región del país).

·       Se basa en un acuerdo entre el estado (autoridad ambiental regional) como entidad anfitriona y como entidad “monitora” a la CODEPISAM, a través de su Veeduría Forestal Indígena, que afianza su actividad sobre todo como entidad observadora.

·       Su labor está basada en 2 casos, no sólo fiscaliza y supervisa a las comunidades que cuentan con permiso de aprovechamiento forestal, sino a aquellas también que no cuentan con el  permiso pero aprovechan los productos forestales, es decir, acciones de control.

·       Sus acciones se concentra en el control, supervisión y fiscalización de las prácticas que se dan sólo en los territorios indígenas, más no así en otras áreas y con actores que no son indígenas. Es decir, en el resto de títulos habilitantes; concesiones, autorizaciones.

·       Sus acciones no se limita a misiones específicas, sino a un proceso permanente de custodia y vigilancia por parte principalmente de las Veedurías Forestales comunales, que insumen a la Veeduría Forestal de la CODEPISAM como ente regional.

·       Respecto al financiamiento, inicialmente se propone que sea con el apoyo de fondos de cooperación, no se tiene una fuente específica, va tener que buscarse. También queda abierta la posibilidad de que se financie con fondos públicos a través de un proyecto de inversión, y otras posibilidades que se abordará más adelante.

·       Los resultados que obedezcan a misiones programadas que se coordina con la entidad anfitriona serán vinculantes.

 

Como puede observarse el MOFI tiene sus propias características adecuadas a responder las necesidades y prioridades de los pueblos indígenas de San Martín, que básicamente son:

  • Problemas de transparencia en la adjudicación de derechos territoriales que están orientadas a un mercado y tráfico de tierras forestales.
  • Vinculadas al primer problema están la tala y comercio de madera para habilitar tierras con fines de expandir la frontera agrícola y pecuaria. Es decir la pérdida de cobertura boscosa (cambio de uso) degradando y deforestando el bosque.
  • Problemas en la implementación de los pocos permisos de extracción forestal (que en promedio fluctúa entre cinco) que generalmente están motivados por el incumplimiento de planes de manejo forestal (PMF) y planes operativos anuales (POA) que en muchos casos lo hacen terceros que tienen acuerdo con las comunidades.

La idea es que el MOFI sea a su vez un mecanismo de alerta temprana de daños al bosque y vulneración de derechos de los pueblos indígenas. Porque si se limita su actuación a la supervisión y fiscalización de los títulos habilitantes, su impacto a nivel comunitario sería mínimo para abordar los problemas centrales, ya que son pocos los que cuentan actualmente con permisos de extracción forestal, el propósito es que con estas acciones de custodia, control y vigilancia en campo (que prevé y ampara la nueva legislación forestal), los problemas centrales disminuyan; y a partir de él se comience a promover la formalización de las actividades en el bosque, se promueva el cumplimiento de la ley, logrando convertirse en un aliado de las autoridades para disminuir la ilegalidad en los bosques, con quienes se espera tener un trabajo conjunto de acuerdo a sus competencias.

Es importante recordar que la Veeduría Forestal Indígena[16] es  una unidad técnica que se crea al interior de la organización indígena o de una comunidad (según sea el caso) para promover y dar asistencia técnica a la gestión sostenible de los bosques comunales y gestión territorial. Las Veeduría  Forestal está representada por el Veedor(a) forestal indígena.

Para el caso de San Martín por ahora se tiene conformado la Veeduría Forestal en el seno de la CODEPISAM a nivel regional, se espera que en el futuro cada una de sus federaciones cuente con su Veedor y estos a su vez promuevan la conformación de Veedurías en las propias comunidades que estarían afiliadas a cada federación. Es decir, toda la estructura de la Veeduría formaría parte de la entidad observadora o monitora, acreditando a un equipo de veedores bajo la representación institucional de la CODEPISAM.

 

 

 

5.3.  Implementación del MOFI

 

Etapa 01

  • Definición de la entidad anfitriona

El ente del estado directamente involucrado sería el Gobierno Regional de San Martín a través de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), dado que es la instancia regional encargada de dar las directriz de la política pública regional en materia de recursos naturales, medio ambiente y ordenamiento territorial, que tiene como sus principales líneas de intervención los principales problemas que afectan a la Región San Martín: Deforestación, tala ilegal, ocupación territorial ilegal y cantidad – calidad del recurso hídrico.

Esta instancia regional cuenta con tres direcciones de línea, dos de ellas están íntimamente ligadas a los propósitos del MOFI, ellas son: la Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial, que es un órgano de línea encargada de la gestión del uso y ocupación del territorio del departamento de San Martín y la  Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales (DEACRN), que se encarga de formular políticas y estrategias para el desarrollo sostenible, coordinar con sectores públicos y privados la utilización y aprovechamiento razonable de los recursos naturales.

Es importante indicar que en el marco del proceso de descentralización se le ha transferido las funciones de administración y control forestal y de fauna silvestre al gobierno regional de San Martín[17] el 2,009.

  • Los Monitores u Observadores

Como se indicó sería la Coordinadora de Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM) a través de su Veeduría Forestal Indígena. Es importante indicar que se debería designar y acreditar a un representante que tendría que ser el Veedor u otro directivo que asigne la CODEPISAM, quién sería el responsable de planificar las acciones, suscribir los informes, coordinar con el ARA y dar cuentas al Comité Regional del MOFI.

Para su accionar la entidad Monitora o encargada de la observación forestal independiente, organizaría su trabajo conformando y designando un equipo técnico a manera de un equipo de monitoreo u observadores que debieran estar debidamente capacitados, entrenados y acreditados para realizar las acciones o misiones de monitoreo u observación.

La acreditación de estos monitores lo haría la CODEPISAM con el posterior reconocimiento del Comité Regional de Monitoreo u Observación. Operativamente el equipo de monitoreo podría estar conformado por los Veedores o Técnicos que cada Federación de la CODEPISAM proponga, estos, a su vez, coordinarían sus trabajos en campo con los Veedores Forestales Comunales, quienes se encargarían de la custodia y vigilancia permanente en las comunidades.

 

Esquema organizativo de la entidad Monitora u Observadora

 

Monitor Regional

(Rpte. de la CODEPISAM)

 

Equipo de Monitoreo

(Veedores de las Federaciones)

 

Observadores Comunales

(Veedores Comunales)

 

Observadores Comunales

(Veedores Comunales)

 

Observadores Comunales

(Veedores Comunales)

 

 

 

 

  • Comité Regional de Monitoreo u Observación Forestal Independiente (CRMFI)[18]

Sería la instancia encargada de aprobar los protocolos de operación, planificación y reporte de acciones de la entidad monitora u observación forestal independiente, tiene una composición mayor a la relación contractual de acuerdo institucional que tenga la entidad anfitriona con la entidad monitora, porque incluye a otros actores involucradas indirectamente en las funciones que va cumplir la entidad monitora u observadora. Asimismo, puede validar los informes, recomendar cambios en los informes con el fin de aclarar hechos, mejorar la objetividad y proporcionar recomendaciones adicionales antes de que dichos informes sean adoptados para su posterior publicación.

 

Se propone que este Comité estaría conformado por:

  • 01 Representante de la Autoridad Regional Ambiental San Martín (ARA).
  • 01 Representante de la entidad monitora, que podría ser el presidente o un directivo delegado de la CODEPISAM.
  • 01 Representante del OSINFOR[19] que opera localmente en San Martín.
  • 01 Representante de la Dirección Regional de Agricultura del GORESAM[20].
  • 01 Representante de Defensoría del Pueblo.
  • 01 representante de los donantes y/o sociedad civil.

Las principales funciones del Comité serían:

  • Aprobar los protocolos de organización e intervención de quienes la conforman.
  • Aprobar la propuesta operativa de la entidad monitora u observadora (organización, planificación de acciones y mecanismos de intervención).
  • Evaluar y aprobar los resultados de las misiones de monitoreo u observación.
  • Autorizar la publicación institucional de los resultados.
  • Coordinar entre los actores involucrados directa o indirectamente las funciones de la entidad monitora u observadora para facilitar su intervención, acceso a información, conseguir recursos financieros, niveles de incidencia, velar por la seguridad y protección de los monitores u observadores, entre otros.
  • Promover campañas de formalización y transparencia en torno a la gestión territorial, acceso a recursos forestales y fauna silvestre, conservación de los bosques, apoyo a la formulación de denuncias y procesos que tengan que ver con el cumplimiento de la legislación.

 

  • Arreglos y compromisos institucionales

Uno los primeros pasos para la puesta en marcha del MOFI es el convencimiento de la Autoridad Regional Ambiental sobre la utilidad del mecanismo, dar su aprobación para su implementación y contar con su involucramiento institucional. En otras palabras que para el GORESAM sea una prioridad la conservación de los bosques, la disminución de conflictos sociales por derechos territoriales, la disminución de prácticas ilícitas de tala y comercio ilegal de los bosques comunitarios; además que tenga la voluntad política de abordar la problemática confiando y teniendo como aliado estratégico a las poblaciones indígenas a través de sus organizaciones para el cumplimiento de la ley y promoción de la transparencia. Reconociendo que una de las estrategias para  abordar esta problemática es la puesta en marcha del MOFI, lo que puede llevarlo a incorporarlo en su estrategia de control y vigilancia forestal y de fauna silvestre, más aún porque es concordante con la política territorial que considera clave el ordenamiento y saneamiento de la propiedad, además de su política de compras responsables[21], es decir el cumplimiento de la legalidad.

Bajo este contexto, habría la necesidad de suscribir un acuerdo institucional que podría ser un convenio, memorándum de entendimiento o contrato (según la viabilidad legal) entre el GORESAM y CODEPISAM, representados por el ARA y la Veeduría Forestal Indígena respectivamente, cuyos afectos en primera instancias debieran ser vinculantes, si habría la negativa por parte de una de las partes para que sean vinculantes, entonces podría constituirse el MOFI como un mecanismo de observación independiente propio de la organización indígena, cuya función principal sería alertar, registrar, denunciar actos ilícitos, vulneración de derechos, incumplimiento del debido procedimiento, de parte u oficio, dando a conocer sus resultados públicamente, sin depender de la anuencia de la autoridad.

Otro actor estatal que tiene injerencia en la supervisión y fiscalización forestal y de fauna silvestre es el OSINFOR, pero su accionar se limita a los que tienen títulos habilitantes (concesiones, permisos, autorizaciones) y focaliza su supervisión principalmente en el cumplimiento de los instrumentos de gestión para el aprovechamiento y manejo de los bosques (Planes de Manejo Forestal, Planes Operativos Anuales), no supervisa la tala ilegal de aquellas áreas que no tienen relación contractual con el estado (títulos habilitantes), que en el caso de San Martín la mayoría no tienen títulos habilitantes por lo que la intervención de OSINFOR sería mínima en las comunidades. Se prevé que va tener una intervención mayor, cuando supervise a los títulos habilitantes (que no necesariamente sean permisos),  que se estén prestando para legalizar o amparar madera de origen controversial producto de la tala ilegal.

A nivel del Comité Regional es recomendable que se suscriba un acta o acuerdo de entendimiento entre las partes conformantes, donde se defina claramente el objetivo y/o propósito del MOFI, el rol o funciones del Comité (descritas anteriormente), se asigne y acredite a sus conformantes, se establezca los protocolos de intervención.

Por su parte la Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM, en el marco del Sistema Nacional de Veedurías, propondría la conformación de las Veedurías Comunitarias, que funcionan como una red local, regional y nacional, que mencionamos en una sección anterior, formaría parte de la estructura de la entidad monitora u observadora, por lo que la CODEPISAM debiera formalizar su conformación y acreditación, mediante asambleas o reuniones de los Consejos Directivos a todo nivel (comunal, federativa y a nivel regional) las mismas que deben constar en actas debidamente suscritas y notificadas a las partes involucradas.

 

 

  • Empoderamiento y preparación previa

Como cualquier iniciativa que está en proceso de implementación, requiere contar con capital humano que cuenten con las capacidades básicas y especializadas para poder cumplir con las funciones que tiene que cumplir. En el caso del MOFI se requiere contar con capacidades organizativas, conocimientos sobre temas técnicos, legales, administrativos, sociales, comunicacionales, entre otros. Básicamente nos referimos a la entidad monitora u observadora que debe contar con la preparación en dos (02) áreas principalmente: (i) Aspectos organizativos y de gobernanza interna del MOFI y (ii) Aspectos programáticos temáticos.

En el primer caso, conocer todos los protocolos organizativos entre ellos:

  • Protocolos de organización y roles e cada una de las instancias involucradas directa e indirectamente en el MOFI.
  • Funcionamiento del Comité Regional, de la entidad anfitriona, de la entidad monitora u observadora.
  • Manejo delos protocolos de intervención: Planificación de las misiones, ejecución, elaboración de informes, manejo de pruebas, sustentación de casos, etc.
  • Manejo de canales de coordinación y comunicación de los actores involucrados.
  • Elaboración de denuncias y notas públicas.

En el segundo caso, contar con conocimientos básicos y claves de tipo programático:

  • Conocimiento de los roles y funciones de las partes involucradas (entidades públicas y privadas), base legal de las competencias institucionales.
  • Conocimiento de los requisitos y debidos procedimientos para la adjudicación de títulos de propiedad territorial, reconocimiento de comunidades, emisión de certificados de posesión territorial, exclusión y compensación de áreas.
  • Conocimientos sobre la ZEE[22], reglamento de clasificación de tierras, manejo de registros de propiedades, trámites ante la SUNARP.
  • Conocimiento sobre los requisitos y trámites para la obtención de los permisos de extracción forestal, así como las demás modalidades de otorgamiento y títulos habilitantes.
  • Obligaciones de los titulares de los títulos habilitantes para con el estado (pagos, presentación de instrumentos de gestión, informes, etc.)
  • Manejo de herramientas y equipos cartográficos (lectura de mapas, manejo de GPS).
  • Métodos de cubicación de madera
  • Conocimientos básicos de la elaboración y evaluación de planes de manejo y planes operativos anuales (PMF, POA).
  • Comprobación del cumplimiento de censos e inventarios forestales (ubicación de vértices de la parcela de corta anual, ubicación de fajas, árboles, identificación de especies, determinación de volúmenes de árboles en pie, trozas, tablones, cargas.
  • Llenado de guías de transporte forestal, lista de trozas, manejo de balances de extracción.
  • Procedimientos Administrativo Único Sancionador (PAU) con el OSINFOR, proceso de cierre de los títulos habilitantes, infracciones y sanciones en el fuero administrativo y delitos en el fuero penal.
  • Escala de multas, procesos impugnativos, tasas, procesos de fraccionamientos de pagos.
  • Valoración económica y ambiental de impactos, daños, afectaciones por prácticas ilícitas.

Es conveniente que todos los temas mencionados estén plasmados y ejecutados en el marco de un programa de capacitación y entrenamiento previo. Adicional a  lo indicado es conveniente preparar al personal en técnicas de investigación y argumentación de pruebas. Como es de entender, adicional a conocimientos también se requiere capacidades logísticas y administrativas para realizar las acciones, esto significa contar con:

  • Un ambiente adecuado de trabajo.
  • Recursos logísticos (equipos, herramientas, materiales), recursos para el desplazamiento, permanencia en campo, entre otros que demandan las operaciones en campo y gabinete.
  • Fondos de compensación por el tiempo prestado de los monitores.
  • Requieren la asistencia técnica y profesional de entes claves que les den la orientación y asesoramiento para el cumplimiento de sus operaciones (profesional de bosques, abogado conocedor de procesos administrativos, asesor comunicacional).

Un tema fundamental es que cuenten con el aval y respaldo legal para sus funciones de la entidad monitora. En ese sentido la legislación forestal y de fauna silvestre recientemente aprobada Ley N° 29763 y su reglamento ampara este tipo de iniciativas, en la figura de comités de gestión de bosques, custodios forestales, comités de control y vigilancia comunitaria[23]. En términos de cambio climático y proyectos REDD+ en la figura de entes encargados de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y Salvaguardas.

 

 

  • Herramientas de monitoreo

Son varias las herramientas[24] que se puede requerir, dependiendo del caso que se va a monitorear u observar, desde el antes, durante y después de las operaciones. Sin duda, un primer requerimiento va ser contar con una base de datos actualizado, en lo posible, de las comunidades referido a información legal, técnica, social, económica, administrativa; en ese entendido la Veeduría de la CODEPISAM viene implementando su base de datos. Un enfoque de gestión que diferencia la intervención es, definitivamente, si la comunidad está o no titulada,  si la comunidad cuenta o no con un permiso de extracción forestal; si la comunidad tiene o no saneado la inscripción legal de su junta directiva. Estas serían los principales criterios para clasificar y dosificar la intervención del MOFI. En segundo lugar el tipo de problema que se quiere abordar (invasiones, tráfico de tierras, cambio de uso, tala y comercio ilegal de maderas).

Las intervenciones puede ser de parte u oficio, es decir, atendiendo una denuncia o solicitud, o como parte de una planificación en base a indicios que pueda tener el equipo de monitoreo o a pedido del Comité regional del MOFI.

Seguidamente una relación de herramientas que podrían requerir y usar:

  • Dosier cartográfico (Mapa de cobertura boscosa de la región Vs. régimen de tenencia y posesión).
  • Plan de trabajo de gestión de corto plazo del equipo de monitoreo, así como planes para cada misión en específico, que tenga información y pautas clave de planificación y ejecución, entre ellas: motivos de la intervención, ubicación, detalles de desplazamiento, protocolos de intervención, plazos materializados en un cronograma, posibles riesgos y medidas de contingencia, costos, requerimientos logísticos, responsables, mapas, directorios.
  • Formularios para el registro de información durante las misiones a manera de una lista de chequeos para contrastar los hallazgos con el debido procedimiento, esto siguiendo los eslabones de la cadena de valor forestal. Esto como un primer ejercicio de identificación del problema, seguido a ello ya se puede concentrar el trabajo en el problema específico levantando y argumentando información a detalle, pruebas, testimonios, etc. La idea del formulario de campo que se sugiere puede tener la siguientes características:

 

 

Formulario de las misiones de campo

Fecha:                                                                               Lugar:
Responsable del equipo de monitoreo u observación:
Caso:
Elementos (eslabones de la cadena) Debido procedimiento Hallazgos encontrados Recomendaciones
Tenencia de la tierra
Acceso legal a aprovechamiento de recursos del bosque
Expediente de permiso forestal
Resolución de aprobación de permiso
Informes de inspección ocular
Balances de extracción
Constatación en campo (Volumen, especies, coordenadas)
Situación administrativa con OSINFOR
Comercialización de productos
Distribución de beneficios
Otros.

 

  • También es conveniente que cuenten con modelos o formatos de actas de monitoreo de inicio y cierre de operaciones en campo donde se consignen datos o información: lugar, fecha de la intervención, personas involucradas en la operación, el motivo o caso de la operación, dar cuenta de la planificación a seguir o que se ha seguido, principales hallazgos encontrados (si es un acta de cierre), asimismo mencionar la documentación que se ha registrado o se lleva para el análisis, argumentos de prueba, etc.
  • Es conveniente que cuenten con formatos o modelos de informes y reportes de cada operación donde especifiquen información de la motivación y antecedentes de la operación, planificación, detalles metodológicos que se ha seguido, los resultados encontrados, el análisis de los mismos, conclusiones, recomendaciones, anexar toda la documentación íntimamente relacionada al informe, evidencias, pruebas, material fotográfico, fílmico, actas, testimonios si es posible suscritos, etc.
  • Finalmente que tengan la plataforma o diseño de notas de prensa, reportes públicos, con las salvaguardas del caso (que se puede o no hacer público), respetando los protocolos de acuerdo del Comité Regional.

 

 

  • Protocolos de intervención

Como se indicó los protocolos de intervención pueden darse por instancias:

  1. A nivel del Comité Regional de Monitoreo U Observación

 

  • Básicamente tiene que definirse los roles y/o funciones y atribuciones de los entes involucrados.
  • El objetivo y mandato del Comité debidamente aprobado por sus miembros.
  • Acreditación de la representación de las partes involucradas.
  • Los periodos de vigencia de la representación.
  • La organización el Comité que puede tener la presidencia, secretaria técnica y otros cargos que puedan definir que sean necesarios de establecerlo.
  • Los tipos de monitoreo u observaciones, la motivación de las mismas, personas o instancias responsables, instrumentos de planificación, ejecución y reporte, materialización de los resultados, implicancias, financiamiento.
  • La aprobación de los procedimientos que sigue las operaciones de monitoreo según cada caso, responsables, presentación de informes, sustentación de pruebas, difusión de resultados, seguimiento de casos.
  • Los procedimientos internos de presentación y aprobación de los planes de trabajo del equipo de monitoreo u observación, que puede ser anualmente,
  • Procedimientos a seguir de cada misión, plazos.

 

  1. A nivel del equipo de monitoreo u observación
  • Es importante que a nivel de la CODEPISAM se designe su representante ante el Comité Regional, se acredite, puede ser el directivo encargado que tiene a su cargo la Veeduría Forestal (responsable político), esto es una decisión del Consejo Directivo de la organización.
  • Asimismo es conveniente que se defina quienes van a ser los monitores u observadores acreditados y quien los coordina o representa, los periodos de representación, requisitos y capacidades mínimas para su desempeño. Como se sugirió pueden ser representantes técnicos de las federaciones o Veedores Forestales de las federaciones si ya se han conformado, al igual de las comunidades.
  • Complementariamente a contar con el equipo de monitores que forman parte del MOFI, es conveniente que la Veeduría por mandato propio que tiene, organice y promueva la conformación de Veedores Forestales Comunales quienes son el soporte técnico en las decisiones comunales, donde una de sus funciones son las acciones de monitoreo del bosque, si estas Veedurías comunales funcionan como se debe, entonces el MOFI va tener una mejor efectividad, dado que tendrán información de base en tiempo oportuno, la planificación, coordinación y ejecución de las misiones serán mejor realizadas, se tendrá mayor permanencia y gestión para el seguimiento de las acciones, se contará con reportes continuos que alimentarán al MOFI.
  • Como plantea el SNVFC[25] cada Veedor comunal debe estar nombrado por la Asamblea Comunal, la directiva dela comunidad lo acredita y notifica a la Veeduría Regional en este caso a la CODEPISAM de su conformación y designación.

Se alcanza  algunas sugerencias dadas por Global Witness como mandatos del Monitor que pueden adecuarse al MOFI:

Mandato

  • El Monitor tiene el derecho de acceder a información pertinente en poder de la Autoridad Forestal y otros ministerios/autoridades pertinentes, sin necesidad de aprobación previa.
  • El Monitor tiene derecho de movimiento y acceso a cualquier parte de la región con el fin de llevar a cabo cualquier Misión de Control.
  • El Comité Regional actúa como amortiguador entre el Monitor y las partes interesadas: una vez que son aprobados, los informes deben ser publicados por la Entidad Anfitriona.
  • Los protocolos deben estar diseñados para asegurar que el MOFI alcance sus objetivos: transparencia, responsabilidad, reforma de políticas/procedimientos y participación. Estas son todas características tradicionalmente no asociadas con estructuras de mando y control, por lo que se necesitan ciertas para otorgar a todas las partes la confianza para proceder. Con este fin, se deben incluir cuatro atribuciones principales que deben ser obligatorios tanto para el monitor como para la autoridad forestal: acceso sin restricciones a la información, libertad para viajar, un cierto nivel de inmunidad y derecho a publicar.
  • Libertad para viajar Derecho de publicar La capacidad de publicar lo que pueden ser constataciones controvertidas es una poderosa herramienta y debe ser empleada con precaución. El monitor debe tener el derecho a publicar sus constataciones, pero debe ejercer este derecho con profesionalismo y moderación, particularmente siguiendo los protocolos del comité de validación.
  • Si un monitor u otra parte no respetara estos protocolos y “filtrara” información antes de la aprobación por parte del Comité regional, afectaría seriamente la relación con el anfitrión, el organismo de aplicación de la ley y los donantes, y minaría el MFI mismo.
  • Nivel de Inmunidad: El MFI es un servicio de información y deben existir salvaguardas para evitar situaciones en las que se “culpa al mensajero”. El monitor debería beneficiarse de una cierta inmunidad, especificada contractualmente, por la cual sus informes son escritos y publicados como un derecho y función del estado. Una vez aprobados, los informes son publicados por la entidad anfitriona, y tanto esta organización como el monitor deberían ser inmunes a difamación u otras acusaciones
  • También el Monitor y su equipo tendría derecho a publicar cualquier informe no aprobado tras dedicar su tiempo exclusivamente a sus actividades profesionales;
  • Respetar la confidencialidad y mantener el secreto profesional con respecto a toda la información que tenga en su poder, y comunicar o divulgar dicha información respetando estrictamente en todo momento estos protocolos y el marco legal.
  • Demostrar diligencia y objetividad en el ejercicio de sus funciones;
  • Trabajar de forma inteligente con todas las partes interesadas del proceso de aplicación de la ley.

 

  1. A nivel del representante de la entidad donante

Es importante desde el inicio definir el apoyo financiero para la implementación del MOFI sean provenientes de cooperación internacional, o fondos públicos, definiendo claramente algunos detalles como:

  • Condiciones del fondo respecto al presupuesto (total, parcial)
  • Gastos elegibles y no elegibles
  • Procedimientos, condiciones, responsables, penalidades para acceder, manejar y reportar la ejecución de fondos.
  • En el caso si es cooperación es probable que sea a través de un proyecto que tendrá su propia lógica.
  • Si son fondos públicos es probable que también sean con proyectos de inversión pública que tiene su propia dinámica, en ese caso el representante podría ser del ministerio de economía o de la oficina de inversión pública del GORESAM.
  • Definir las atribuciones que debe tener la entidad donante en la planificación y resultados del MOFI.

 

  1. La Defensoría del Pueblo

Consideramos que es un ente que tiene las competencias institucionales para estar involucrado en el MOFI, que por su naturaleza, mandato, confiabilidad institucional que tienen las poblaciones indígenas, su imparcialidad y experiencia e experiencias similares estarían llamadas a formar parte del Comité para dar fe del cumplimiento del debido procedimiento  institucional en su rol de entidad fiscalizadora y salvaguardar los derechos fundamentales de los entes involucrados.

 

Etapa 02

  • Organización de las misiones

En términos generales, la actividad principal es comparar las disposiciones de la ley con la realidad sobre el terreno. Es decir, el cumplimiento de la ley, pero también hay casos particulares donde los arreglos a ley convencionales no los contemplan, entre ellos muchos derechos consuetudinarios de las poblaciones indígenas, también hay vacíos, contradicciones, que generan más de una interpretación y quizás todas válidas. Una de estos casos podría ser  las comunidades no tituladas pero que viven muchos años en un determinado territorio, donde la población considera tener derechos ancestrales.

Por ello, es importante que el Monitor o equipo monitor analice desde el inicio todos estos casos, cuyas misiones deban responder a la realidad local sin salirse de la objetividad y el buen criterio. Las misiones pueden darse por varias motivaciones como dijimos anteriormente y estas pueden ser:

 

  • Misiones Conjuntas con el Organismo de Aplicación de la Ley, siguiendo el Plan Conjunto para asegurar que todos los permisos de extracción sean inspeccionados en el campo dentro de un período determinado. También para casos de conflictividad social por derechos territoriales, desbosque, cambio de uso, tala y comercio ilegal.

 

  • Misiones Conjuntas Solicitadas donde el Monitor y la autoridad encargada de aplicación de la Ley respondan a avisos o denuncias realizadas por un tercero, que puede ser una comunidad que alerta sobre la afectación de sus derechos relacionados a territorio y bosques. En este caso es conveniente fijarse un plazo razonable que asegure una respuesta inmediata para evitar en lo posible cualquier pérdida de evidencia.

 

  • Misiones Independientes o de parte llevadas a cabo solamente por la entidad Monitora, con el fin de proporcionar una base desde la cual pueda evaluarse la actividad del Organismo de Aplicación de la Ley y demás actores involucrados.

 

  • Misiones de Verificación que proporcionan una oportunidad para que la entidad Monitora haga averiguaciones sobre las constataciones de una misión oficial previa en el caso de que no hubieran participado en dicha misión oficial.

 

  • Ejecución de las misiones

Como ya se mencionó, antes de realizar las misiones se requiere  elaborar un plan de trabajo, en ese entendido la ejecución de las misiones será la implementación de lo programado, siempre es importante evaluar los escenarios posibles y establecer acciones o estrategias de contingencia.

De acuerdo al tipo de misiones, la motivación de la misma, los casos a abordar; dependerán los plazos, costos, personal involucrado, equipos, materiales, insumos de campo. Es conveniente que  las coordinaciones y notificaciones sean de carácter formal, no hay nada mejor que desarrollar misiones en las que los entes involucrados tengan la de debida información (esto en la medida de lo posible), según el caso, obviamente no siempre puede ser así, por ejemplo cuando se trata de realizar operaciones o misiones sorpresas con los entes de control ante un delito o falta fragante donde se requiere evidenciar en el momento de cometer el acto.

Las acciones que abordar en campo como indicamos puede tener 02 casos, (i) comunidades con permiso de extracción forestal (ii) comunidades sin permiso de extracción forestal; esto a la vez está íntimamente ligado a si son o no comunidades tituladas, por ejemplo: una comunidad no titulada de acuerdo a la legislación anterior no puede acceder a un permiso de extracción forestal. Sin embargo, puede darse  aprovechamiento del bosque (legal o ilegalmente), realizando cambios de uso de bosque (tala, quema, comercio ilegal de productos, tráfico de tierras) como se ha detallado en el diagnóstico de línea base.

A continuación mostramos un esquema simplificado de los casos que se dan en campo y donde la intervención del MOFI puede accionar:

esquema

 

En el esquema anterior se presenta los diversos escalones de la cadena productiva forestal, que se dan desde los territorios comunitarios hasta aquellos que se dan fuera de la comunidad. En el primer caso podría estar bajo la intervención de la Veeduría Comunal o como definiese la comunidad; en el segundo caso, que se da fuera de la comunidad, por su naturaleza es competencia de la Veeduría Forestal de la organización al que está adscrita la comunidad. En este caso el accionar del MOFI puede abordar ambos escenarios, dependiendo de la naturaleza y motivación de las misiones, en cualquiera de estos eslabones se producen distorsiones, incumplimiento de la ley, indebido procedimientos, actividades y prácticas ilícitas, que motivan la intervención.

Asimismo, es en esta etapa que debe “llenarse”, consignarse, la información que se indica en el formulario de las misiones presentadas en el ítem (3.4.5). Es conveniente que en todo momento de la misión se practique el diálogo sano, se guarde la tolerancia con firmeza, limitándose al trabajo técnico, evitando juicios valor, en el máximo de las posibilidades buscar y levantar evidencias, copia de documentación, fotografías, testimonios firmados, actas suscritas y en caso que no la suscriban explicar el porqué.

  • Elaboración de informes

Una vez que las operaciones concluyan, debería compilarse un informe para cada misión, es fundamental, que los informes del equipó monitor estén separados de los del organismo de aplicación de la ley. Incluso cuando se llevan a cabo misiones conjuntas, es conveniente que la entidad monitora no emita declaraciones oficiales de infracciones dado que no es de su competencia institucional, quizás manifestarlo que tiene indicios que podrían conllevar a una determinada infracción o delito. Se espera, pues, que los agentes de aplicación de la ley presenten su propio informe al Comité Regional, pero la experiencia sugiere que, mientras tanto, el trabajo del monitor debería continuar.

Como se indicó es conveniente que cada informe tenga la mayor cantidad de información clave para poder documentar y/o evidenciar los casos, evitar tener vacíos o interpretaciones subjetivas. Estos informes deberían intentar responder las siguientes preguntas principalmente.

  • ¿Cuáles son los resultados hallados a la luz de la motivación que originó su realización?
  • ¿Quiénes son los responsables, entes involucrados o implicados?
  • ¿Cuál es la dimensión del problema y los impactos del mismo?
  • ¿Con que elementos o argumentos de prueba se evidencian?
  • ¿Cuál es el procedimiento que se ha seguido?
  • ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones que se plantea?

 

  • Publicación de resultados

Una vez concluido las misiones y elaborado los informes, previamente a su publicación, es conveniente que el Comité Regional lo evalúe y valide, de ésta forma institucionalizar y hacer suyo el informe, es probable que se generen recomendaciones y ajustes a la versión original, estos deberían atenderse, siempre y cuando no intenten modificar los resultados u ocultar evidencias que el equipo monitor pudiera haber encontrado en las misiones, en ese caso el equipo monitor podría publicar su informe de parte. Por ello, es conveniente que en los protocolos de conformación y gestión de Comité se prevea estas situaciones, se fijen plazos para la revisión de informes.

Uno de los beneficios del MOFI es promover y generar transparencia, por ello la importancia de la publicación de resultados, este puede realizarse por diversos medios, en este caso serían los más accesibles para las poblaciones indígenas, es conveniente que se involucren a las organizaciones indígenas que las representan. Es bastante probable que el medio usado más frecuente sea la publicación del informe del portal web, ideal si el Comité Regional cuente con un portal web, en su defecto de una de las instancias miembro.

Se pueden quizás por medios radiales o televisivos dar lectura a las principales conclusiones y recomendaciones e invitar a leer o acceder al informe completo en una determinada dirección, también los entes involucrados podrían solicitar al Comité o entidad monitora una copia del mismo. Es probable que se generen reacciones de todo tipo, entre ellas acciones legales en contra de las personas o entes involucrados de parte de aquellos que podrían sentirse aludidas, en ese caso el Comité debería prever que hacer en esos casos. Se sugiere por ello, que los informes sean objetivos y cuenten con argumentos sustenta torios, evidencias; es importante señalar que la entidad monitora y el Comité no es una instancia que sanciona, sino que facilita el control, ayuda con evidencias, alerta riesgos, vulneración de derechos, para que los entes competentes hagan su trabajo de acuerdo a sus competencias institucionales, es un ejercicio de control y participación ciudadana.

  • Financiamiento y sostenibilidad

La disponibilidad de recursos financieros es fundamental para la implementación del MOFI, dado que implica dedicación de las personas involucradas, además se requiere realizar desplazamientos, gastos en oficina y campo, servicios de toda índole (telefónicos, movilidad local, fotocopias, viáticos, etc.), implementación con materiales y equipos de campo y gabinete. Sólo como una referencia en las experiencias realizadas por Global Witness se requería 40 000 Dólares Americanos mensuales que fueron cubiertos en su mayoría con fondos de cooperación.

El MOFI de San Martin quizás no va requerir ese monto por sus alcances y dimensión, pero si va requerir un presupuesto básico para su conformación y operatividad, dependiendo de la demanda de casos a atender dependerá los costos reales para su implementación, estos costos principalmente serían para cubrir los gastos de la entidad monitora u observadora, también puede haber necesidades para cubrir gastos cuando se realicen misiones conjuntas con las agencias o instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

Un presupuesto básico aproximado que podemos ensayar es de 7 300 Dólares Americanos mensuales bajo el siguiente detalle.

CONCEPTO MONTO US$
Personal de la entidad monitora 2 600
Gastos de salidas de campo (misiones) 4 100
Gastos administrativos locales 600
TOTAL (US$) 7 300

 

Dentro del rubro de personal de la entidad monitora se considera 02 representantes de la CODEPISAM y 01 profesional asesor que puede estar a un 50% de su dedicación. En lo que se refiere a salidas de campo, se está considerando 02 salidas promedio de campo mensual, de una duración de 05 días cada una, considerando costos de viáticos a un estándar local (hospedaje, alimentación) para 05 personas en promedio que conformarían la delegación de la misión. Asimismo, se está considerando gastos administrativos locales básicos (movilidad local, llamadas, fotocopias, útiles de oficina, publicación, gasto en refrigerios que podría ocasionar las reuniones del Comité Regional).

A este presupuesto básico mensual, habría que sumarle costos fijos de implementación, como son la adquisición de equipos y materiales que serían un gasto inicial y no recurrente mensualmente que podrían ascender a 5 000 Dólares Americanos en promedio, que contemplaría la adquisición de equipos de cómputo, cámaras audiovisual, impresora multifuncional, GPS, carpas, etc. Como indicamos anteriormente, estos son costos promedio básicos, dependiendo de cada misión pueden incrementarse o disminuirse los costos (tiempo, personas involucradas, costos de desplazamiento, entre otros).

No se consideran mayores costos para el funcionamiento del Comité Regional porque se asume que son parte de las funciones de los entes miembros, cuyo presupuesto ya estarían cubiertos en su mayoría por sus propias entidades. La demanda de su participación por lo general sería en las reuniones y revisión de informes que puedan desarrollar, sin mayores desplazamientos, cuya sede principal puede ser Moyobamba o Tarapoto, ciudades donde se concentran la mayor parte de sedes institucionales de la región San Martín.

La sostenibilidad del MOFI es un desafío, al igual que resulta la operatividad permanente de las Veedurías Forestales, en términos financieros en su etapa inicial, que puede ser 3 o más años, requiere de fondos inyectados que pueden ser de proyectos de cooperación o fondos públicos a través de proyectos, en adelante se pueden proponer arreglos legales para contar con una tasa que puede aplicarse en la adjudicación de derechos territoriales, o aprovechamiento de recursos del bosque, que tendría que ser gestionados por el estado, y estos redistribuir al MOFI de acuerdo a su plan operativo que estaría sujeto a una rendición de cuentas.

No sería conveniente que para ejecutar las misiones los costos en los que se incurre sean asumidas por la parte demandante o solicitante, porque podría perder la objetividad, imparcialidad, más aún que el MOFI no tiene carácter de lucro, menos aún tiene competencia institucional para otorgar derechos y sancionar. Lo que implica que casi su actuación tiene que ser subsidiada que va generar beneficios para la gobernanza forestal.

La voluntad y apoyo político es un requerimiento fundamental para que prospere, se implemente satisfactoriamente y sea sostenible el MOFI. Se necesita el apoyo y decisión política para conformarla, promoverla, implementarla y defenderla. En este caso entidades como el gobierno regional de San Martín a través de sus instancias competentes, el OSINFOR, la Defensoría del Pueblo, la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la Unidad de Conflictos de la Presidencia de Consejos de Ministros, el Ministerio de Economía, Interculturalidad, Ministerio del Ambiente, entre otros su involucramiento y apoyo es fundamental.

En la región San Martin mantienen operaciones y tienen presencia varias ONGs dedicadas a temas ambientales, de desarrollo, conservación, etc. cuyo accionar, entre otros, es la asistencia técnica. Como es el caso de CEDISA que tiene a su cargo la implementación del proyecto con FAO – Flegt en cuyo marco se da la propuesta del MOFI. Cualquiera de estas organizaciones  pueden brindar asistencia técnica para que el MOFI funcione, que podría tener el encargo o rol de secretaría técnica dentro del Comité Regional. La capacitación y asistencia técnica permanente es fundamental para la sostenibilidad del MOFI.

Al igual que cualquier iniciativa innovadora, el MOFI tiene riesgos, que deberían preverse y formular acciones de contingencia desde la prevención, estos pueden ser de tipo financiero,  técnico, legal, social, administrativo, entre otros; que pueden darse a nivel de la gobernanza interna del MOFI (las instancias involucradas directamente en su organización y conducción), así como con actores externos a ella. Por lo que es fundamental ir paso a paso con la seguridad de estar haciendo las cosas de la mejor manera para que el MOFI funcione, se gane el respeto, confianza, goce de credibilidad en su posicionamiento.

Entre los principales riesgos probables que puede suscitarse son:

  • La elección inapropiada del monitor y su equipo.
  • Los efectos colaterales negativos que puedan darse por tener un diseño que no responda a la realidad local.
  • Áreas potenciales en las que el conflicto con diversas partes interesadas puede hacer que la implementación sea difícil.
  • Conflicto de intereses o parcializarse con los resultados perdiendo efectividad.
  • Que las misiones se enfrenten a barreras de resistencia social para su ejecución principalmente en el campo e industrias.
  • Que se den actos de corrupción para favorecer los resultados en favor de una parte involucrada.
  • Que no se encuentre con información adecuada y oportunamente para planificar, ejecutar y validar los resultados, que pueden quedar sin argumentación.

 

5.4.  Siguientes pasos para continuar con el proceso del MOFI

  • Que el equipo de la Veeduría Forestal de la CODEPISAM y del proyecto revisen e internalicen la propuesta del MOFI, propongan o formulen ajustes que consideren.
  • Definir si se quedan con la denominación de Mecanismo de Observación Forestal Independiente (MOFI) o plantean cambios.
  • Del mismo modo si va ser entidad Monitorea u Observadora, lo que conlleva a decir si será equipo monitor u equipo observador.
  • Compartir con las federaciones de la CODEPISAM para que puedan designar sus Veedores Forestales o como se denominen, para que sean los representantes técnicos y puedan formar parte del staff del equipo monitor u observador, del mismo que cada organización y la CODEPISAM los acredite.
  • Sostener reuniones de presentación y coordinación estrecha con el GORESAM y sus instancias internas, principalmente con el ARA para proponerle el MOFI, compartir con ellos la propuesta, comprometer los mejores esfuerzos para lograr su aprobación para que sean ello la entidad anfitriona.
  • Conjuntamente entre la entidad anfitriona, monitora u observadora, CEDISA como responsable de ejecución del proyecto con ECOREDD y TRAFFIC que dan soporte a la iniciativa, buscar la mejor alternativa para contar con el financiamiento para conformación e implementación del MOFI.
  • Quizás podría dividirse en etapas la implementación del MOFI, en una primera etapa de 6 meses para que se tengan listos y aprobados los protocolos de organización y gestión, ajuste al diseño del mecanismo, empoderamiento de los actores involucrados, arreglos institucionales, emprender un programa de capacitación en base al requerimiento de capacidades que se plantea en el ítem 5.3.5 (Empoderamiento y preparación previa), elaboración del plan de trabajo, mecanismos de difusión y manejo de medios para la difusión, entre otros
  • En una segunda etapa luego de los 6 meses comenzar con las misiones de campo, atender las denuncias, implementar los planes de trabajo que se formularon en la primera etapa, asimismo poner en marcha los Comités Regionales.
  • Se recomienda que a partir de la presente propuesta del MOFI, de los ajustes que se hagan en el futuro en el proceso de internalización, el desarrollo de los elementos complementarios para su puesta en marcha como son la conformación del Comité Regional, la aprobación de los protocolos de organización e intervención, arreglos institucionales, instrumentos de gestión, etc. se elabore un manual del MOFI que recoja todos los elementos e instruya para su planificación e implementación del MOFI, incluso que sirva para replicar en otras regiones.
  • Del mismo modo se defina la sede, los ambientes donde funcionaría el MOFI, medios y puntos de contacto, enlace, portal web.
  • Sería ideal que el ARA incluya dentro la “Estrategia Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de la región San Martin” el MOFI, así como en la actualización del “Plan Forestal Regional de San Martín”, del mismo modo que se recoja en las estrategias de gestión de manejo forestal comunitario que plantea la Plaforma Regional de Manejo Forestal Comunitario de la región de San Martín.

 

VI.            ANEXOS

6.1.  Galería Fotográfica

Inauguración del taller por la representante de la CODEPISAM

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Presentación del Taller por la Facilitadora de CEDISA

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Discusiones de trabajo del Grupo 01

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Continúa discusiones del Grupo 01

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Presentación de resultados del Grupo 01

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Trabajo del Grupo 02

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Continúa trabajo de Grupo 02

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Presentación de resultados del Grupo 02

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Participantes del taller atentos

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Anotaciones y plan de trabajo

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[1] Censo poblacional 2,007 del INEI

[2] Zonificación Económica Ecológica (ZEE) aprobado con Ordenanza Regional N° 012-2006-GRSM/CR

[3] ARA. Creado por Ordenanza Regional N° 037-2010-GRSM/CR

[4] CODEPISAM: Coordinadora de Pueblos Indígenas de San Martín

[5] CEDISA: Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta

[6] Guía de Monitoreo Forestal Independiente (2,005)

[7] Sistema de información geográfica (SIG)

[8] Áreas Naturales Protegidas (ANP), BPP (Bosques de producción permanente, Zonas de conservación y recuperación de ecosistemas (ZOCRES)

[9] Unidad Impositiva Tributaria (UIT)

[10] Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas (FODA)

[11] Decreto Legislativo N° 653 Ley de promoción de las inversiones en el sector agrario (07 de enero de 1,991

[12] En el anexo 02 se adjunta la memoria del taller para el MOFI.

 

[13] Arce, R.  2013 Monitoreo de la gobernanza en el Perú, proyecto Inventario nacional forestal y manejo forestal sostenible ante el cambio climático, MINAM, MINAGRI, Finlandia, FAO

[14] Monitoreo forestal independiente

[15] Mecanismo de observación forestal independiente

[16] El concepto se desarrolla en la Hoja de Ruta de la Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM

[17] Resolución Ministerial Nº 0792-2009-AG del 11 de noviembre 2009, la cual dio por concluido el proceso de efectivización de la transferencia de funciones específicas en materia forestal consignadas en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

[18] Al momento de implementar el mecanismo tiene que definirse el término si será monitoreo u observación, de ello depende la denominación de las instancias.

[19] Organismo de supervisión de los recursos forestales y fauna silvestre

[20] Gobierno regional de San Martín

[21] Bases para las contrataciones y adquisiciones públicas en los que estén incluidos productos forestales y de fauna silvestre, la certificación de origen, aprobado con  Ordenanza Regional N° 015-2013-GRSM-CR

[22] Zonificación Ecológica Económica

[23] Se detalla la descripción legal en la Hoja de ruta de la Veeduría Forestal.

 

[24] Se refiere a instrumentos de planificación y gestión

[25] Sistema Nacional de Veedurías Forestales Comunitarias de AIDESEP

HOJA DE RUTA PARA LA GESTIÓN DE LA VEEDURÍA FORESTAL INDÍGENA DE LA CODEPISAM.

 

 

 Foto EU FAO FLEGTlogo CEDISA

 

logo CODEPISAM

 

PROYECTO:

“Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria para mejorar la gobernanza a nivel local en la región San Martín”

 

PROPUESTA DE “HOJA DE RUTA” PARA LA GESTIÓN DE LA VEEDURIA FORESTAL INDIGENA DE LA CODEPISAM.

Consultor responsable:

Ing. Braulio Buendía Buendía

ECO REDD

Lima, Agosto del 2015

 

I.            Introducción

El presente documento tiene como propósito principal dar las pautas y orientación para la implementación de la Veeduría Forestal Comunitaria de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM), el mismo que el pasado mes de junio del presente año  nombró al Veedor Forestal Indígena en un esfuerzo de relanzamiento conjunto, en el marco del proyecto “Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria para mejorar la gobernanza a nivel local en la región San Martín” a cargo de CEDISA y sus socios estratégicos TRAFFIC y ECOREDD, teniendo como protagonistas a la CODEPISAM y los representantes de sus federaciones, con el apoyo financiero de FAO FLEGT –UE.

Para la elaboración del presente documento se ha tomado especial atención a los aportes de los representantes de las federaciones de la CODEPISAM (dirigentes y personal técnico), así como del equipo técnico de la Veeduría Forestal de la organización nacional AIDESEP, obtenidos en las diversas jornadas participativas que se tuvo para tal fin. A diferencia de las otras Veedurías que vienen implementándose a nivel nacional, San Martin tiene particularidades y prioridades especiales, que se concentran principalmente en la seguridad territorial y la protección de los recursos del bosque, más no tanto en las relaciones comerciales de productos del bosque, como es el caso de las otras  Veedurías.

En ese sentido, es importante que la Veeduría responda a las expectativas y necesidades locales, sin perder su esencia, que es salvaguardar los bosques y el desarrollo comunitario a través del manejo responsable de los bosques y la mejora de la calidad de vida de su gente, en el marco de la cosmovisión indígena. Es en este contexto que se desarrolla la “Hoja de Ruta”, que se suma como iniciativa a la implementación del Sistema Nacional de Veedurías Forestales Comunitarias que viene promoviendo e implementando AIDESEP organización nacional al que está afiliada la CODEPISAM, con el apoyo de otras organizaciones socias como ECO REDD, EIA, entre otros.

Asimismo la presente “Hoja de Ruta” toma especial énfasis en el diagnóstico participativo (Línea Base sobre la gestión de bosques comunitarios en San Martin) realizado con los mismos protagonistas semanas atrás en el marco del mismo proyecto, así como los esfuerzos previos relacionados al tema desarrollados por iniciativas a fines como la Plataforma Forestal Indígena de San Martín, entre otros. Una característica principal de ésta propuesta, es el afán de no recargar o abrumar de responsabilidades a la Veeduría, por el contrario marcar un camino de gradualidad, consolidándose paso a paso con esfuerzos y mecanismos que tiendan a asegurar su sostenibilidad durante este proceso de empoderamiento y madurez de su gestión.

II.            Antecedentes

El 27 de julio del 2,013 se crea y designa al primer Veedor Forestal Indígena en la CODEPISAM, hecho que consta en un Acta de Asamblea (Ver anexo 1). Este esfuerzo inicial fue mediante la facilitación de la Veeduría Forestal Nacional de AIDESEP en el marco del Sistema Nacional de Veedurías Forestales Comunitarias (SNVFC).

El 03 de junio del presente año, 2,015, como se indicó en los párrafos anteriores, se designa un nuevo Veedor Forestal, recayendo la responsabilidad en el hermano Ely Tangoa Lanchi, del pueblo Shawi, el mismo que fue elegido en Asamblea de la CODEPISAM, conforme consta en actas (Ver anexo 2) que se dió en el marco de la implementación del proyecto “Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria para mejorar la gobernanza a nivel local en la región San Martín” a cargo de CEDISA y sus socios estratégicos TRAFFIC y ECO REDD con el apoyo financiero de FAO FLEGT-UE; es importante indicar que este proyecto tiene una duración de un año, cuyo cierre de esta etapa está programado para  el primer trimestre del año 2,016. Dada la importancia y repercusión de la Veeduría, en este corto tiempo se ha incorporado a un miembro más como parte del equipo técnico de la Veeduría, siendo el hermano Francisco Sangama Tuanama.

 

2.1.    Experiencias de las Veedurías Forestales Indígenas a nivel nacional

Tras los hechos lamentables de Bagua el 2009 en la Amazonía Peruana, que terminó en la trágica pérdida de 29 vidas entre policías y nativos, cuya motivación fue entre otros la derogatoria de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, al que las comunidades indígenas consideraban una amenaza a sus derechos territoriales y sostenibilidad de los bosques; la organización nacional AIDESEP decide conformar dentro de sus estructura la Veeduría Forestal Indígena Nacional, iniciativa que a la fecha suma  05 Veedurías Indígenas en la Amazonia: en las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martin, y 01 a nivel nacional en Lima, en el marco del Sistema Nacional de Veedurías Forestales Comunitarias.

La Veeduría Forestal es la unidad técnica que se crea y funciona en las organizaciones indígenas o de una comunidad  para promover y dar asistencia técnica a la gestión sostenible de los bosques y territorios comunales, es liderada por los propios indígenas, y es el responsable de fundamentar y brindar soporte a las decisiones políticas de la organización o comunidad al que pertenece. Es un ente independiente que vela y ejerce también por el control social sobre la gestión de los bosques en la gobernanza forestal; lo que la convierte en una iniciativa innovadora del desarrollo de la forestería comunitaria tradicional, fortaleciendo los mecanismos de respuesta de los pueblos indígenas orientados a asegurar su bienestar, siendo los Veedores son elegidos por Asambleas del Consejo Directivo de su organización o comunidad. A la fecha se tienen conformadas las siguientes Veedurías:

  Veeduría Forestal ORAU (2,008)

Veeduría Nacional Forestal: VFN  (2,010)

Veeduría Forestal – VFC, CORPI (2,011)

Veeduría Forestal Atalaya – CORPIAA: (2,013)

Veeduría Forestal FENAMAD (2,013)

Veeduría Forestal CODEPISAM (2,013, – Relanzamiento 2015)

2.2.    Conceptualización y alcances de las Veedurías que vienen implementándose en el País

2.2.1. Veeduría Forestal

Es una unidad técnica que se crea al interior de la organización indígena o de una comunidad (según sea el caso) para promover y dar asistencia técnica a la gestión sostenible de los bosques comunales y gestión territorial. Las Veedurías  Forestales deben preferiblemente, estar conformadas por los propios hermanos indígenas y representados por el Veedor(a) forestal indígena.

2.2.2. Tipos de Veeduría

Basados en las experiencias que se viene teniendo en el Perú podemos hablar de dos (02) tipos:

  • La Veeduría Forestal Indígena (VFI): es la instancia técnica que se crea y funciona dentro de las organizaciones indígenas, formando parte del equipo técnico de la organización al que pertenecen, encargado de asistir a las comunidades indígenas de su jurisdicción en temas de gestión de sus bosques comunitarios.
  • La Veeduría Forestal Comunitaria (VFC): es la instancia técnica que se crea y funciona dentro de cada comunidad, tiene como función liderar la gestión del bosque de la comunidad, forma parte del gobierno de la comunidad como parte técnica que la asiste.

2.2.3. Razones porqué se conforman las Veedurías

 

  1. En las organizaciones indígenas

Es muy común que las comunidades demanden apoyo a sus organizaciones indígenas en varios temas, entre ellos los relacionados a la gestión de bosques; casi siempre es la primera instancia a la que acuden; ante estas solicitudes las organizaciones indígenas se ven con la necesidad de orientar, brindar asistencia técnica, legal, administrativa y comercial; capacidad con que adolecen en gran manera la mayoría, dado que no cuentan con personal técnico capacitado, ni los recursos logísticos para realizar tales tareas.

A la vez, estas organizaciones indígenas constantemente son convocadas a espacios de participación, procesos relacionados a los bosques comunales, muchas veces su participación es limitada desde el punto de vista técnico, porque carecen de la disponibilidad de personal  capacitado para estos fines, de manera tal que aseguren  una participación fructífera a favor de las comunidades.  Adicional a ello, existen una serie de razones por las cuales se considera necesaria la creación de la Veeduría Forestal dentro de las organizaciones indígenas, entre las que tenemos:

  • Ante los problemas que tienen las comunidades con terceros, no cuentan con instancias técnicas de apoyo por parte de sus organizaciones para poder orientarlos, asesorarlos, acompañarlos en la suscripción e implementación de acuerdos comerciales en condiciones justas y transparentes.
  • Cuando las comunidades son convocadas por las autoridades, sea para procesos administrativos o judiciales en torno a la gestión de bosques, no cuentan con el auxilio técnico y legal de sus organizaciones, por ejemplo cuando sus permisos van a ser inspeccionados en campo por la autoridad forestal o supervisados por el OSINFOR, ante recursos impugnativos, sanciones, etc.
  • Cuando se requieren de una representación de las comunidades en procesos de diálogo o participación para ver temas de bosques, se requieren equipos técnicos en las organizaciones que lleven planteamientos, propuestas de las comunidades. A la vez, también, informen de los acuerdos a las comunidades.

 

  1. En las Comunidades Indígenas

Gran parte de las comunidades indígenas poseen dentro sus territorios considerables superficies con bosques, lo que representa una gran oportunidad de desarrollo. Sin embargo, al relacionarse con los agentes de mercado con fines comerciales tienen serias dificultades y desventajas que les impiden ser competitivos y lograr relaciones comerciales justas a favor de sus comunidades, siendo altamente vulnerables a cometer infracciones y recibir sanciones por parte del Estado. Entre las principales debilidades que presentan las comunidades podemos mencionar:

  • Débil conocimiento de los aspectos técnicos y administrativos para gestionar e implementar sus Permisos de Aprovechamiento Forestal.
  • Se carece por lo general de miembros de la comunidad con las suficientes capacidades para asumir la responsabilidad para la gestión de sus bosques.
  • Tienen limitaciones para conocer las relaciones con el mercado. Generalmente, los acuerdos comerciales se realizan de manera informal y en condiciones desventajosas para las comunidades.
  • Carecen de asesoría para suscribir contratos o convenios con terceros.
  • Carecen de financiamiento propio para que las mismas comunidades puedan hacer sus censos e inventarios forestales, elaborar sus Planes de Manejo Forestal y Planes Operativos Anuales (POA) y tramitar sus permisos forestales de modo independiente.
  • Bajas capacidades para monitorear sus bosques, velar por el cumplimiento de los acuerdos con terceros, propios (rendición de cuentas), verificar el cumplimiento de los permisos en el campo, y evitar oportunamente que se cometan infracciones, que en adelante les traiga consecuencias de sanción.
  • Problemas internos de transparencia en el aprovechamiento de sus bosques.

 

Con la necesidad de revertir las debilidades antes mencionadas, a su vez, velar por la conservación de los recursos y lograr mayores beneficios para las comunidades, surgen como alternativa la conformación de las Veeduría Forestales Comunitarias. Es así que las Veedurías se constituyen en un mecanismo innovador de control social indígena encargado de promover el buen manejo y conservación de los bosques comunales; la gestión integral del territorio indígena, la mejora de la transparencia de las transacciones comerciales entre las comunidades y terceros en condiciones justas y de legalidad, la disponibilidad de información adecuada y oportuna, contar con mecanismos de reporte de daños al bosque (a manera de alerta temprana) y cumplimiento de los debidos procedimientos; y contribuir conjuntamente con los demás actores del bosque a una mejor gobernanza forestal y al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones indígenas.

La importancia de las VFC se remarca en que es conformado por miembros de las propias comunidades indígenas, quienes cuentan con cierta experiencia en la gestión de bosques comunales. El propósito institucional del movimiento indígena nacional es implementar el Sistema Nacional de Veedurías Comunitarias (SNVFC), que en resumen es que cada base regional de AIDESEP cuente con su Veeduría Forestal Indígena funcionando y éstas a la vez estén articuladas con las Veedurías de las comunidades, con un nivel de interacción directa con la Veeduría Forestal Nacional.

Este sistema funcionaria como una especie de red de Veedurías Forestales articuladas en una plataforma que les permita alertar y reportar daños al bosque , motivar una reacción oportuna de los tomadores de decisión, hacer llegar las consultas, voces y propuestas para que sus decisiones institucionales se sientan fortalecidas y respaldadas por sus bases a todo nivel. Asimismo, permitiría organizar una estructura técnica representativa desde las comunidades hasta su organización nacional, pasando por sus federaciones  con relación al tema de bosques y sus demás recursos naturales, dado que se tendría un hilo conductor de asistencia a las poblaciones indígenas, interlocutores y puntos de contacto identificados, medios de comunicación definidos, respuesta directa a las demandas de los pueblos indígenas con mayor efectividad colectiva; por parte de las comunidades sus iniciativas y demandas locales de los pueblos indígenas no se sentirán solas ni aisladas, sino contarían con el respaldo articulado de toda la base organizacional del movimiento indígena.

2.2.4. Algunos logros de las Veedurías

Las Veedurías están logrando que las comunidades tengan acuerdos comerciales más justos con agentes del mercado, intermediando en la resolución de conflictos socio ambientales y comerciales, vienen participando conjuntamente con los funcionarios del gobierno en el control y supervisión de las actividades de aprovechamiento forestal, denunciando prácticas ilegales, capacitando a los miembros de las comunidades, participando proactivamente de los espacios de discusión de la nueva política y marco legal forestal y de fauna silvestre que ha conllevado incluso hasta el proceso de consulta previa, vienen promoviendo mecanismos de autorregulación y rendición de cuentas en las comunidades, apoyando en la conformación de Veedurías Comunales, entre otros.

Tal es la aceptación y credibilidad en su intervención que vienen suscribiendo una serie de convenios con instituciones nacionales y regionales vinculadas a la gestión de bosques (Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre, Osinfor, Defensoría del Pueblo, Gobiernos Regionales, entre otros). Asimismo, estas experiencias están sirviendo como referencia para mejorar el marco legal en torno a la Vigilancia Comunitaria de productos más allá que los de la extracción forestal, por ejemplo las de otras industrias extractivas como las energéticas, en los procesos de cambio climático aspiran a tener roles de implementación directa de los mecanismos de monitoreo y verificación (MRV), salvaguardas. Sin embargo, aún los esfuerzos iniciales son insuficientes, demandan de un mayor apoyo financiero, capacitación y disponibilidad  logística para consolidarse y tener sostenibilidad en su gestión.

2.2.5. Algunas lecciones aprendidas

  • Es conveniente que el Veedor sea indígena, no necesariamente dirigente, sino técnico, que sea elegido por procesos democráticos en base a méritos.
  • Que la organización y sus bases estén plenamente convencidos y comprometidos con el accionar de la Veeduría, sin fines políticos, sino de beneficio colectivo y brinden el respaldo efectivo en todo momento.
  • Que la Veeduría cuente con la asistencia técnica y acompañamiento permanente de un profesional sobre bosques, y un equipo técnico auxiliar indígena, porque el aprendizaje es un proceso de aprender haciendo.
  • Las Veedurías deben de contar con presupuesto y logística para salidas de campo y operatividad en la ciudad, con una implementación básica de sus oficinas, con equipos materiales, servicios básicos, entre ellos acceso a internet.
  • Que toda la actuación de la Veeduría quede registrada en una base de datos, así como la sistematización de su gestión.
  • Elaborar proyectos y gestionarlos con tiempo para asegurar financiamiento, así como la suscripción de convenios con planes de trabajo concretos (implementación).
  • Es conveniente implementar planes de empoderamiento y visibilidad de las Veedurías a nivel interno (pueblos indígenas) y externo (instituciones y demás actores no indígenas).
  • Cuenten con un programa de capacitación, que no sólo se limite a talleres convencionales.
  • Conformar y dotar de recursos a las Veedurías Comunales, ambientar un espacio comunal, dotarles de implementación básica, compensar el tiempo que dedican los Veedores comunales.
  • Que los Veedores de las comunidades tengan su entrenamiento laborando un tiempo en las Veedurías de su organización.
  • Definir previamente a la elección del Veedor el perfil requerido para esta función.
  • Es preferible designar una persona capacitada que se encargue de la gestión administrativa, que no esté involucrado en la gestión técnica.

 

2.2.6. Algunos desafíos que enfrentan

  • Sostenibilidad financiera y técnica.
  • El no cometer conflictos de intereses.
  • Que la Veeduría no se politice.
  • Que haya disposición de las propias comunidades beneficiarias a contribuir y sostener a sus Veedurías.
  • Contar con recurso humano preparado y éticamente disponible, para suceder antecesores (“piezas de recambio”).
  • Que el estado y demás actores entiendan la visión y dinámica de los pueblos indígenas, para tener una intervención adecuada y no forzarlos a esquemas externos, incompatibles con su visión cultural.
  • Que las poblaciones y organizaciones sientan que es necesario la existencia de las Veedurías, que comprueben el beneficio en todo aspecto, y que no sólo dependa de proyectos temporales.
  • El reconocimiento y acreditación legal en sus estatutos y demás normas.

 

2.3.    Las Veedurías y el nuevo marco político y legislación

2.3.1. Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

 

La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú, fue aprobado por Decreto Supremo N°09-2013 –MINAGRI. En la sección de orientaciones de política en el numeral 7 indica: “El Estado debe respetar los derechos de los pueblos indígenas respecto al uso sostenible de los bosques y otros ecosistemas incluidos en sus tierras comunales. Asimismo, la gestión forestal y de fauna silvestre debe recoger las peculiaridades de los diferentes actores forestales y de fauna silvestre, entre ellos  a los pueblos indígenas y otras poblaciones rurales usuarias de los bosques, dando respuestas apropiadas a cada realidad.”

Asimismo, en su objetivo específico 4, indica: “Fortalecer el manejo forestal comunitario realizados por los pueblos indígenas y otras poblaciones locales usuarias de los bosques, respetando sus derechos e identidad cultural, promoviendo la inclusión social, la equidad e igualdad de género en la conducción y aprovechamiento forestal y de fauna silvestre”.

Adicionalmente, el Eje de política 4 está referido a la inclusión social e interculturalidad, y fija 2 lineamientos claros de política: (i) Valoración y fortalecimiento del rol de los pueblos indígenas y otras poblaciones locales y sus conocimientos tradicionales, en la conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación, en diálogo intercultural con los avances técnicos y científicos. (ii) Desarrollo y consolidación del manejo forestal comunitario, en todas sus formas y usos sostenibles, así como las actividades de manejo y aprovechamiento sostenible realizadas por las poblaciones locales.

 

 

 

2.3.2. Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y su  Reglamento

 

De acuerdo a la nueva Ley forestal y de fauna silvestre N°29763 que fue aprobado y publicado en julio del 2,011 y que está por entrar en vigencia en su totalidad luego que se apruebe y publique el reglamento. En su Art. 2 inciso 5 referido a los principios de Interculturalidad, conocimientos tradicionales y cosmovisión textualmente dice: “La gestión sobre el bosque y sus recursos se desarrolla en el marco del reconocimiento, respeto y valoración de la presencia e interacción de las diversas culturas, dentro de su cosmovisión, así como la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Se reconocen los conocimientos tradicionales en el manejo y uso de los recursos forestales y de fauna silvestre y de la biodiversidad”.

Asimismo, en su Art. 77 referido al  Fortalecimiento de capacidades dice: “Es obligación del Estado para con los pueblos indígenas, de manera directa o a través de sus organizaciones representativas, lo siguiente:

  1. Promover prioritariamente el fortalecimiento de sus capacidades en el desarrollo e implementación de la gestión directa e integral del bosque a fin de ampliar y diversificar las oportunidades de manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, y la generación de productos con valor agregado.
  2. Promover el manejo forestal comunitario como parte de las políticas de inclusión social, mediante el apoyo técnico, la capacitación y la implementación de mecanismos que faciliten el financiamiento forestal y su articulación a mercados nacionales e internacionales.
  3. Brindar capacitación a las comunidades nativas y campesinas para el monitoreo, control y vigilancia de la flora y fauna silvestre.
  4. Promover el fortalecimiento de sus capacidades de negociación con terceros.
  5. Ofrecer asistencia en la elaboración de planes de manejo forestal y de fauna silvestre.”

 

Del mismo modo en el Art. 148 referido al Monitoreo, control y vigilancia comunal dice:

“En el interior de las comunidades, sus miembros realizan actividades de monitoreo, control y vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre bajo la supervisión de sus autoridades comunales, en coordinación con la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, otras entidades públicas responsables y las organizaciones campesinas y nativas.

Los miembros de la comunidad designados por la asamblea comunal, y registrados ante la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, pueden constituirse como comités de vigilancia y control forestal comunitario, actuando en su ámbito como custodios del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación.

 

En su calidad de custodios del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, los comités pueden intervenir los productos forestales y de fauna silvestre hallados o transportados en el interior de su comunidad, para luego informar a la dependencia más cercana de la autoridad regional forestal y de fauna silvestre sobre cualquier eventual incumplimiento de la normativa forestal y de fauna silvestre que hayan detectado, a efectos de que dicha autoridad realice las investigaciones necesarias.

 

La forma de organización de los comités de vigilancia y control forestal comunitario se rige por el estatuto y reglamentos internos de la comunidad.

 

Para los fines del presente artículo, los comités de vigilancia y control forestal comunitario pueden solicitar el inmediato auxilio a la autoridad regional forestal y de fauna silvestre, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, según corresponda, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de las autoridades competentes del sector forestal.

Fuera de las tierras comunales, las organizaciones indígenas, comunidades y población local participan en el control de los recursos forestales y de fauna silvestre como parte de los comités de gestión forestal y de fauna silvestre.

 

En atención a las tareas de control que estas desarrollan, el Estado promueve la participación de las comunidades campesinas y nativas en los beneficios generados a partir de los proyectos sobre conservación de bosques.”

 

De acuerdo al Proyecto de Reglamento de la nueva Ley forestal y de fauna silvestre N° 27963 que está por aprobarse, hay una sección específica o (sub reglamento) referido a la “Gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades nativas y comunidades campesinas”.

 

En el Art. Referido a la Unidad Técnica de Manejo Forestal Comunitario indica: “Las UTMFC son unidades orgánicas de las UGFFS creadas para brindar atención y servicio eficiente y de calidad a las comunidades nativas y comunidades campesinas. Son establecidas por las ARFFS (Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre) con la finalidad de:

 

  1. Fortalecer las capacidades y brindar asistencia técnica a los miembros de las comunidades campesinas, comunidades nativas, pueblos indígenas u originarios, Respetando sus usos y costumbres.
  2. Facilitar la participación de las comunidades en la gestión, el control y vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio comunal.
  3. Promover y gestionar proyectos productivos sostenibles de flora y fauna silvestre para productores de las comunidades nativas, comunidades campesinas y pueblos indígenas u originarios.
  4. Participar en las inspecciones de los planes de manejo de las comunidades, con la participación de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios, en caso las comunidades lo soliciten, respetando su autonomía organizacional.
  5. Brindar capacitación, información y orientación legal para la obtención de permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre y para la elaboración de instrumentos de gestión forestal.
  6. Promover en las comunidades nativas y comunidades campesinas la importancia de difundir los conocimientos y experiencias adquiridas a través del manejo forestal comunitario.
  7. Promover el intercambio y transferencia de tecnología para la promoción, conservación, investigación y el manejo sostenible de los territorios de los pueblos indígenas, incluyendo el conocimiento ancestral.
  8. La UTMFC promueve y, de ser el caso, gestiona mecanismos para asegurar el desarrollo de sus actividades en el marco de la normatividad vigente.

 

El funcionamiento de la UTMFC es determinando por la ARFFS con la participación de comunidades nativas y comunidades campesinas a través de sus organizaciones representativas, en su administración.”

 

En el Título IX  del referido proyecto de reglamento se detalla sobre la Organización Comunal para el Control y Vigilancia. En su Art. 1 Comités de vigilancia y  control forestal comunitario. “La ARFFS reconoce a los Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario u otras formas de organización comunal similares, como responsables del monitoreo, vigilancia y control de recursos forestales y de fauna silvestre al interior de las comunidades, aptos para el desarrollo de las facultades descritas en el artículo 148 de la Ley, a aquellos que cumplan con la presentación de los siguientes requisitos:

 

  1. Acta de asamblea comunal donde figure el acuerdo de creación del comité, u otra forma de organización comunal existente, de sus funciones, la designación del representante y la relación de los miembros que lo integran.
  2. Documento que acredite el área titulada o bajo cesión en uso donde el comité u otra forma de organización comunal ejercerá sus funciones como custodios del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Para el caso de comunidades posesionarias en trámite de reconocimiento, titulación o ampliación deberán presentar la solicitud correspondiente, a fin de que se conozca en que ámbito jurisdiccional se van a realizar las funciones de custodio.

 

Los miembros del comité ejercen las facultades de custodios forestales y de fauna silvestre previstas en el artículo 154 del Reglamento General de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Las ARFFS brindan capacitación oportuna a los miembros de los comités de vigilancia y control forestal comunitario para que ejerzan debidamente sus funciones.

El SERFOR establece los lineamientos para el reconocimiento de los comités de vigilancia y control forestal comunitario, con la participación de las organizaciones representativas en lo que corresponda.”

De acuerdo a todo lo antes mencionado, tanto la política nacional como el nuevo marco legal forestal y de fauna silvestre, fijan las bases y crean el marco para que pueda prosperar la iniciativa de la creación y gestión de la Veeduría Forestal, que es completamente compatible a los principios, lineamientos, objetivos de estos instrumentos legales, donde se da un principal énfasis al respeto cultural, las formas organizativas y de gestión de las poblaciones indígenas para la gestión de los bosques.

Bajo este contexto, la Veeduría Forestal podría cumplir el rol de control y vigilancia, así como la promoción y gestión del manejo forestal comunitario, en estrecha coordinación con las Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario (UTMFC). Queda pendiente evaluar si las Veedurías Comunales podrían constituirse o asumir las funciones del Comité de Vigilancia y control forestal comunitario, eso tendría que decidirlo las Asambleas Comunales en base a las normas complementarias que deben emitirse al respecto.

III.            Objetivo de la Hoja de Ruta para la Veeduría de la CODEPISAM

Orientar estratégicamente la planificación de las actividades de la Veeduría de la CODEPISAM proponiendo protocolos de organización, planificación y monitoreo de sus actividades en base a un diagnóstico situacional de la gestión de bosques de las comunidades en la región San Martín y la experiencia en la implementación de Veedurías a nivel nacional.

Teniendo como enfoque que la gestión de la Veeduría Forestal de la CODEPISAM  responda a las actividades prioritarias de los pueblos indígenas en torno a la gestión territorial y bosques, en el seno de las organizaciones y las comunidades, contribuyendo a que los bosques siempre sean bosques.

IV.            Marco Metodológico para su Elaboración

Se hizo una revisión de los instrumentos de gestión de la Veeduría Forestal Nacional de AIDESEP, como son la propuesta del Sistema Nacional de Veedurías Forestales Comunitarias, Manual de las Veedurías Forestales, así como la sistematización de experiencias y reporte de avances de las otras Veedurías que vienen implementándose, revisión de la legislación relacionada a la vigilancia y control social, documentos de la plataforma forestal indígena de San Martin, entre otros. La principal fuente directa fue el levantamiento de información en los (02) talleres participativos realizados en la ciudad de Tarapoto los meses de junio, julio del 2,015 que convocó la participación de los principales líderes y técnicos de las siete (07) federaciones que forman parte de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM), equipo de la Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM, personal técnico del proyecto “Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria para mejorar la gobernanza a nivel local en la región San Martín” que tiene como ente ejecutor a CEDISA con el apoyo de TRAFFIC y ECO REDD con el apoyo financiero y asistencia de FAO FLEGT.

Para el levantamiento de información y aportes se diseñaron 02 formatos, uno para identificar cuáles serían  los principales desafíos y temas que debería abordar la Veeduría a partir de los problemas identificados en el diagnóstico de línea base y alternativas propuestos por los representantes de las federaciones miembros de la CODEPISAM. El segundo formato tuvo como finalidad levantar información más detallada respecto a las expectativas, a los temas que debe ocuparse, y la gestión que debe realizar la Veeduría Forestal de la CODEPISAM, respondiendo las siguientes interrogantes.

 

1.       ¿Para qué se conformó y que esperan de la Veeduría Forestal Indígena?

2.       ¿Qué estatus formal y alcances pretenden darle? (institucionalidad)

3.       ¿Cuál es el mejor modo que asegure la efectividad en su gestión?

4.        ¿Cuáles serían las principales  limitaciones que tendrá y cómo la abordarán?

5.       ¿Cómo vincularán la gestión de la Veeduría con el nuevo marco legal forestal y fauna silvestre? 

6.       ¿Qué niveles de vinculación y articulación tendrá con la plataforma regional de MFC y la ARA del GORESAM u otros espacios locales?

7.       ¿Qué bebe hacer la Veeduría para lograr su sostenibilidad?

8.       ¿Creen que la Veeduría debería estar reconocido y sujeta a la autoridad forestal?

 

La información recabada fue presentada por federación, luego de trabajos en grupo y reuniones con sus miembros. Con los resultados obtenidos se organizó y sistematizó la información por temas y preguntas; a partir de todo ello se procedió a elaborar la presente propuesta, la misma que fue presentada,  valida y retroalimentada por los representantes y equipo técnico de las federaciones, la Veeduría Forestal de la CODEPISAM, y el personal del proyecto.

 

 

 cuadrado

 

Esquema del flujo del proceso de elaboración

 

En el anexo 3 se adjuntan los formatos para el recojo de información, así como la información detallada presentada por cada federación.

V.            Resultados

A continuación se presenta la sistematización de la información recogida de los representantes de las federaciones y sus equipos técnicos  de la CODEPISA.

 

1.    Desafíos que debería abordar la Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM

A la pregunta abierta: ¿Cuáles serían los desafíos y temas que debería abordar la Veeduría a partir de los problemas identificados, y qué alternativas y/o propuestas propone a partir del diagnóstico de línea base?

Las respuestas fueron:

  1. Derechos territoriales
  • Apoyar en la elaboración de expedientes para solicitar la titulación de las comunidades.
  • Que todas las comunidades nativas deben tener saneados sus territorios e inscritos legalmente en registros públicos.
  • Apoyo para conseguir la seguridad jurídica de territorios titulados y no titulados.
  • Apoyar en la definición y el cuidado de los linderos de las comunidades.
  • Apoyo para evitar la invasión de territorios comunales.

 

  1. Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales
  • Capacitar y formar técnicos en las comunidades para la formulación de proyectos en favor de las comunidades y el manejo adecuado de los recursos del bosque.
  • Capacitar a las autoridades comunales y dirigentes de federaciones en los temas relacionados con la veeduría forestal.
  • Que las comunidades conozcan sobre la importancia, funciones de la Veeduría y su compromiso con los pueblos.
  • Desarrollo de capacidades para la gestión de recursos económicos a nivel de comunidad y de familias.

 

  1. Gestión sobre los bosques
  • Articular a las comunidades y federaciones con las autoridades estatales competentes para realizar los controles de extracción de flora y fauna silvestre.
  • Fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones indígenas en defensa, protección y gestión del territorio, del  bosque y sus recursos.
  • Orientar a las comunidades indígenas sobre los alcances jurídicos de las normas del derecho que rige el acceso y uso de los bosques y de los servicios ambientales que puedan prestar.
  • Participación en los espacios de diálogo y discusión que involucra la gestión de bosques comunales.
  • Asistencia técnica y comercial al Apu en las transacciones entre la comunidad y las empresas madereras, en condiciones justas para los pueblos indígenas.
  • Promoción de alianzas público – privada – comunitaria para dar valor agregado a recursos del bosque en vista a su producción, acopio y comercialización.

 

  1. Principales barreras que va enfrentar
  • Tala indiscriminada e ilegal de los bosques.
  • Grupos armados.
  • Migrantes y traficantes de tierras.
  • Corrupción.

 

  participacion 2

 

 trabajos

trabajo participativo trabajo participativo 2

Algunas vistas fotográficas del trabajo participativo en los talleres

  

5.2.    Expectativas de la implementación y gestión de las Veeduría

Como se mencionó en el marco metodológico hubo en segundo formato con información más detallada relacionada a sus expectativas, temas y gestión que debe abordar la Veeduría Forestal de la CODEPISAM, los resultados fueron los siguientes:

 

  1. ¿Para qué se conformó y qué esperan de la Veeduría Forestal Indígena?
·         Para defender, proteger, salvaguardar, vigilar los bosques de las comunidades y promover el aprovechamiento adecuado de los bosques para el buen vivir / vivir bien.

·         Para mejorar la gobernanza de los bosques.

·         Que las comunidades conozcan sus derechos territoriales.

Qué esperan:

·         Que las federaciones conozcan bien sobre las Veedurías.

·         Haya continuidad de los proyectos.

 

  1. ¿Qué estatus formal y alcances pretenden darle? (institucionalidad)
·         Se constituya legalmente como el aparato técnico de la CODEPISAM y se emita una directiva para dar mayor formalidad.

·         El reconocimiento de las autoridades y su colaboración.

Qué esperan:

·         Establecer un convenio con la ARA y otros sectores competentes para fortalecer la acción de la veeduría forestal (Pueblo Awajún).

·         Se elabore normas adecuadas para el buen manejo forestal de parte de las federaciones y a las comunidades a nivel de sus estatutos para ser más efectivos y transparentes en la gestión.

 

  1. ¿Cuál es el mejor modo que asegure la efectividad en su gestión?
·         Sea transparente y efectivo con su gestión.

·         Se articule entre los niveles del estado – Veeduría (CODEPISAM – FERIAAM) – Comités de vigilancia forestal (Comunidades).

·         Elaborar proyectos para dar la continuidad a la Veeduría.

·         Mejorar su capacidad, dotación de  personal, trabajar en equipo y estar al servicio de las comunidades.

·         El monitoreo, transparencia y confianza en sus líderes y el ente ejecutor (Cooperantes).

·         Tener los territorios bien controlados, con la participación de las mismas comunidades.

 

  1. ¿Cuáles serían las principales limitaciones que tendrá y cómo la abordarán?
·         Limitaciones económicas para cubrir gastos de viajes para asistir a las federaciones. Buscando apoyo a instituciones aliadas.

·         La falta de comunicación de las federaciones y sus comunidades. Se puede abordar con la realización de talleres de sensibilización a la población.

·         La falta de reconocimiento y de apoyo de las autoridades y funcionarios del Estado, esto obligará a generar una Mesa de Diálogo  para lograr acuerdos mínimos en vista al buen funcionamiento de la Veeduría.

·         No contar con los materiales adecuados para su funcionalidad.

·         Cumplir las propuestas e ideas con las federaciones.

·         Falta de información de los límites territoriales.

 

 

  1. ¿Cómo vincularán la gestión de la Veeduría con el nuevo marco legal forestal y fauna silvestre?
·         Coincidiendo con las normas vigentes y adecuando las directivas de una forma consensuada con los involucrados en el tema, respetando y cumpliendo con el marco legal.

·         En el caso del Pueblo Awajún se han introducido modificaciones en los estatutos comunales y de la FERIAAM respecto a las funciones de los comités de vigilancia como parte de la Policía Awajún y sujetas a la supervisión y cooperación con la veeduría forestal de la federación.

·         Basándose al Convenio 169 de la OIT y la lay 22175.

·         Teniendo en cuenta las consideraciones que contempla la ley forestal en facultades de las comunidades para la veeduría.

 

  1. ¿Qué niveles de vinculación y articulación tendrá con la plataforma regional de MFC y la ARA del GORESAM u otros espacios locales?
·         Generar una Mesa técnica para promover el fortalecimiento de las relaciones entre los actores de la PRMFC-SM con relación a la Veeduría forestal y a los comités de vigilancia forestal comunitaria. Asimismo, el desarrollo de capacidades de los actores comunitarios.

·         A través de una coordinación de las Federaciones indígenas de la Región y la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los Recursos Naturales-DEACRN, ARA, GORESAM.

·         Con incidencia política por niveles, trabajar en decisiones ambientales que contribuyan al buen manejo de los bosques.

·         Trabajar articuladamente con las federaciones y la plataforma.

 

  1. ¿Qué debe hacer la Veeduría para lograr su sostenibilidad?
·         Trabajar con transparencia y dedicación para el bienestar de todos.

·         Velar por su continuidad y reforzamiento institucional, con el soporte de las federaciones. Formar cuadros semilleros para ser los futuros Veedores, trasmisión de conocimientos.

·         Articularse con las autoridades competentes del GRSM,  con los comités de las comunidades y el apoyo del Estado para el cumplimiento de su función (presupuesto), por ahora con apoyo de la cooperación.

·         Sea el ente articulador entre las federaciones y el estado.

·         Elaborar proyectos que fortalezca y genere sostenibilidad a la VFC a nivel de la CODEPISAM y sus FEDERACIONES.

·         Hacer gestiones para tener financiamiento por el estado.

·         Tener una buena capacitación.

 

  1. ¿Creen que la Veeduría debería estar reconocido y sujeta a la autoridad forestal?
·         Debe ser reconocida por las federaciones y comunidades.

·         No, debe ser un ente independiente autónomo con capacidad de generar políticas ambientales con el apoyo de los técnicos de la CODEPISAM e instituciones cooperantes, no excluye  tener convenios de cooperación y coordinación.

·         Reconocida sí. Sujeta no. Porque entendemos que es un mecanismo de control civil sobre la actividad forestal y no sería adecuado que esté sujeta a una instancia estatal.

·         Reconocida sí pero no sujeta, sino mantener un nivel de articulación funcional y buscar los mecanismos que generen su sostenibilidad (Institucionalidad) CODEPISAM – FEDERACIONES – COOPERANTES – ONGs – ESTADO.

 

Adicionalmente mencionaron en el taller de retroalimentación y validación que:

  • El Veedor debe identificar las distintas potencialidades que tienen las comunidades indígenas y planificar la gestión de los mismos de manera conjunta.
  • Con relación a los derechos territoriales: Generar un catastro de los pueblos indígenas en la CODEPISAM.
  • Que la veeduría debe instaurarse también en las federaciones y comunidades.

 

 

VI.            Propuesta de “Hoja de Ruta” de la Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM propiamente dicha

 

6.1.    Protocolos de organización, planificación y monitoreo

protocolo

 6.1.1. Aspectos para la conformación y reconocimiento

El concepto y alcances de la Veeduría Forestal Indígena en la organización se basa en que es una instancia técnica que funciona y depende de la organización indígena, en  este caso de la CODEPISAM, son quienes darán el soporte técnico a la dirigencia en temas de gestión territorial, gestión de bosques comunitarios, sin inmiscuirse y atribuirse en decisiones de tipo institucional y político que tienen las organizaciones.

Por ello, es que primero se decide crear la Veeduría Forestal en la organización, luego se designa al Veedor forestal y su equipo; esto es mediante un proceso participativo bajo el liderazgo de los dirigentes de la propia organización, con la asistencia técnica y facilitación (si así ellos lo deciden) de un proyecto u organización amiga, sea este su organización nacional AIDESEP u otra organización (puede ser una ONG) que ellos elijan y que les puedan ayudar en este proceso. Esta conformación y designación debe obrar en actas de Asamblea del Consejo Directivo de la organización, como fue en el caso de la CODEPISAM.

 

  1. Elección del Veedor(a) Forestal

Se recomienda que sea mediante un proceso de meritocracia, que elijan el mejor o la mejor candidato(a) para asumir este encargo, porque uno de los factores de éxito de su gestión recaerá en la preparación y la calidad de aportes que tenga que proporcionar, en lo posible evitar supremacía de intereses o compensaciones de tipo político, se sabe de la experiencia en una Veeduría que quien asumió la Veeduría fue uno de los propios dirigentes del Consejo Directivo, quizás por el beneficio económico directo que pueda estar reflejado en un salario, pero que finalmente hubo una duplicidad de roles (técnico y político); la Veeduría requiere una dedicación exclusiva y como se mencionó se subordina a las decisiones institucionales de la organización, a la larga este hecho trajo problemas que hizo inmanejable la Veeduría, decidiendo así la propia organización convocar y elegir por méritos a un Veedor con capacidad técnica comprobada y regirse a las atribuciones que se tiene para este fin; lo que sí es recomendable es que a nivel de la dirigencia de la organización se designe a un responsable político (institucional) del Consejo Directivo de la organización, quien es el encargado del manejo de la Veeduría y de coordinar directamente con el Veedor(a); como viene funcionando la Veeduría Forestal Nacional en AIDESEP y las otras Veedurías en sus bases regionales.

               a.1   Conformación del equipo encardado de la  elección del Veedor

Se recomienda, una vez creada la Veeduría en la organización, se conforme un equipo evaluador para la selección del Veedor(a), pudiendo estar conformado por 02 directivos de la organización y un invitado que tenga las capacidades técnicas en temas de bosques, que pueda provenir de organizaciones o instituciones amigas conocedoras de la gestión de bosques.

Este equipo tiene por encargo definir el perfil del veedor(a), establecer los requisitos, criterios de selección, los plazos del proceso, condiciones laborales, etc. Es importante que todo ello este recogido en los términos de referencia donde se especifique: los antecedentes del puesto, las actividades a desarrollar, los productos a entregar, lugar de residencia, el perfil requerido para el puesto, condiciones laborales y económicas.

               a.2   Convocatoria

La convocatoria puede ser pública o a invitación y propuesta directa de cada una de las federaciones que forman parte de la CODEPISAM cuyos candidato(a)s deben cumplir con el perfil y condiciones requeridas.

Sugerencia de las características que debe tener el perfil un Veedor(a)

  • De preferencia ser indígena y gozar de la confianza de los pobladores o dirigentes que lo propongan.
  • Que mínimo haya completado la educación secundaria, ideal estudios superiores relacionados a la gestión de bosques o especialidades afines.
  • Puede ser varón o mujer, eso lo decide las comunidades o las organizaciones indígenas según corresponda.
  • De preferencia tener alguna experiencia o conocer sobre la gestión de bosques.
  • Contar con honestidad comprobada y reconocida por los miembros de las comunidades.
  • Saber comunicarse bien con los demás miembros de la comunidad, de preferencia dominar la lengua originaria.
  • Tener predisposición a trabajar en equipo y vocación a enseñar.
  • Que le interese la actividad forestal, ser proactivo, propositivo no concentrarse meramente en ser una persona que siempre victimice el problema buscando responsabilidad ajena.
  • Capacidad de liderazgo.
  • Importante que tenga conocimientos de computación, capacidad de lectura, manejo de operaciones matemáticas básicas.
  • Tener la disponibilidad de residir en la sede de su organización, o en su comunidad si es el caso de Veedor Comunal.

 

              a.3   Evaluación y selección

Es importante que el equipo de selección haya definido bien el cronograma del proceso de selección, es decir: (i) Publicación de la convocatoria, (ii) Presentación y medios de consulta previas a la selección, (iii) Recepción de expedientes (propuestas), (iii) Plazos de evaluación interna (iv) Rol de entrevistas personales, (v) Publicación de resultados.

Una vez recibido los CV de los candidatos el equipo de selección procede con la evaluación interna, planifica el rol de entrevistas, tiempo para la evaluación final y la publicación de resultados, donde se comunica el candidato(a) seleccionada a ocupar el cargo de Veedor(a).

                                    

Posibles Criterios de Evaluación y Selección

Elementos de evaluación Puntaje (0-5)
1. Formación académica (estudios)
2. Experiencia en temas de territorio y gestión de bosques.
3. Entrevista personal (Actitudes, aptitudes, cumplimiento del perfil requerido)

 

Bajo este esquema el puntaje máximo es de 15 puntos, lo ideal sería que califique el o la candidata seccionada mínimamente con 10 puntos. En ese entendido el puntaje mínimo a obtener en (1) Formación académica debe ser 3, es decir secundaria completa.

 

  1. Designación, juramentación y acreditación

La elección o designación del Veedor(a) se registra en un Acta de Asamblea, en algunos casos  se suele tomar el  juramento del veedor o veedora elegido, luego la directiva de la organización debe emitir una acreditación al Veedor(a), se adjunta un modelo en los anexos. Seguidamente, lo pertinente es que la organización  debe enviar una comunicación (carta u oficio)  a las comunidades que forman parte de la organización indígena informando de la elección del Veedor(a) Forestal, indicando sus principales funciones y los medios de coordinación; del mismo modo es pertinente que se remita una carta u oficio múltiple a las diversas instituciones y/o organizaciones públicas y privadas vinculadas a la actividad forestal de su jurisdicción informando de la creación de la Veeduría, presentando al Veedor(a) elegido(a), solicitando se le brinde las facilidades del caso para que pueda cumplir con sus funciones, al igual que el caso anterior es recomendable que se anexe información informando que funciones tiene la Veeduría, los mecanismos y canales de coordinación, etc.

Seguidamente, se debe informar de esta designación a la Veeduría Forestal de su organización nacional a la que pertenece, informando del proceso de conformación de la Veeduría, selección del Veedor y solicitar el respaldo institucional a nivel nacional para el cumplimiento de sus funciones y que en adelante se le tome en cuenta en las invitaciones y diversos procesos referido a los temas de territorio y bosques comunales; es decir, se convierta en el punto de contacto técnico con la Veeduría Forestal Nacional. Lo mismo puede hacer con las organizaciones regionales pares.

  1. Presentación Pública del Veedor

Es importante visibilizar la existencia y rol de la Veeduría en un esfuerzo de posicionamiento institucional, para ello ayuda mucho realizar un evento donde la organización presente al Veedor dando detalles de los roles y funciones principales que va cumplir, informando el por qué se conformó la Veeduría, que ventajas y posibilidades de articulación tiene para mejorar la gobernanza forestal con los pueblos indígenas, perspectivas, etc. Asimismo, ayuda mucho informar por diversos medios, entre ellos la radio, prensa escrita, dando a conocer los mismos aspectos de conformación y gestión de la Veeduría; lo ideal es que se  pueda aperturar un espacio en la página web que tenga la organización regional (si lo tuviese) con un link de la Veeduría, en su defecto abrir una cuenta de Facebook o demás redes sociales, invitando a sus pares en las demás regiones. En ese portal puede informar de avances en la gestión, acontecimientos importantes, noticias regionales vinculadas al trabajo de la Veeduría, publicar artículos, etc. ejercicio que también le permitirá recibir recíprocamente información  de sus organizaciones pares al que puede acceder con consultas on line.

  1. Reconocimiento legal de la Veeduría

Se recomienda que el estatuto de la organización incorpore en su estructura legal la unidad técnica, en este caso la Veeduría Forestal Indígena, esto con el fin de dar reconocimiento legal y sostenibilidad institucional a la Veeduría.

En primera instancia podría insertarse en la sección de órganos de apoyo, también podría añadirse como una responsabilidad adicional a un miembro de la directiva (como responsable político de la Veeduría), indicando que se designará un Veedor(a) para encargarse de la conducción técnica.

La mayoría de organizaciones indígenas regionales, similar a la nacional, tienen organizado sus funciones como programas, por lo general la Veeduría calza legal y programáticamente en el programa territorio y recursos naturales. En Asamblea puede abordarse este tema, evaluar y decidir en función al acuerdo que tomen las mayorías.

También se da el caso que por decisión de la Asamblea se decide no modificar el estatuto, sino hacer un reglamento complementario creando y describiendo las funciones de la Veeduría, estableciendo los procesos de designación y la estructura organizacional de quien depende.

 

6.1.2. Elementos estratégicos de gestión de la Veeduría de la CODEPISAM

  1. Funciones de la Veeduría

Tomando como referencia el diagnóstico de línea base sobre la gestión territorial y bosques de los pueblos indígenas de San Martín, la identificación de prioridades en base de las expectativas de los dirigentes que forman parte de las federaciones de la CODEPISAM, así como los lineamientos indicados en el manual de las Veedurías forestales Comunitarias de AIDESEP, las funciones a desarrollar por la Veeduría podrían estar organizadas en 03 grupos:

1. Asistencia técnica a las comunidades y dirigentes.
2. Representación técnica de las comunidades y la organización ante instancias y espacios públicos.
3. Contribuir asegurar la transparencia.

 

                a.1   Asistencia técnica a las comunidades y dirigentes

  • Orientación y apoyo en la elaboración de expedientes para solicitar la titulación de las comunidades, acompañamiento en los trámites para saneamiento territorial.
  • Apoyar con orientación técnica para la definición y fijación de los linderos de las comunidades.
  • Elaboración de estrategias conjuntas para evitar invasión de territorios comunales.
  • Capacitar y formar técnicos en las comunidades sobre: (i) Administración y control de bosques comunitarios, (ii) Saneamiento territorial, (iii) Formulación de proyectos en favor de las comunidades y el manejo adecuado de los recursos del bosque, otros que se detallaran en el plan de capacitación.
  • Capacitar a las autoridades comunales y dirigentes de federaciones en los temas relacionados a la difusión de la gestión de la Veeduría Forestal de la CODEPISAM, así como la asistencia técnica para la conformación de Veedurías en las Federaciones (si así lo deciden), la creación e implementación de las Veedurías Forestales en las comunidades.
  • Orientar a las comunidades indígenas sobre los alcances jurídicos de las normas del derecho que rige el acceso y uso de los bosques, trámites, consultas sobre la gestión de sus bosques, resolución de conflictos, acompañar en las inspecciones y supervisiones en lo máximo posible.
  • Dar asistencia en la revisión, suscripción de contratos comerciales a ser firmados por las comunidades y alertar de riesgos, acompañar en su implementación.
  • Preparar materiales informativos para dar asesoramiento a los Veedores Forestales Comunales con quienes debe mantener estrecha comunicación.
  • Actualizar y conducir la base de datos sobre territorios y gestión de bosques comunitarios de la CODEPISAM.
  • Conducir el registro de ocurrencias de la Veeduría de la CODEPISAM, donde se registran los casos atendidos,  las acciones tomadas o recomendadas, se especifique  el estado de seguimiento del mismo y los resultados logrados.
  • Elaborar proyectos individualmente o con el apoyo de organizaciones socias, de manera que le permita postular a financiamiento de entidades públicas, privados y de cooperación para lograr el apoyo para el cumplimiento de las funciones y hacer pilotos de manejo forestal comunitario.
  • Hacer propuestas de convenios con las organizaciones o instituciones amigas y/o socias, las mismas que deberán ser revisadas y suscritos por el presidente o presidenta de la organización para dar sostenibilidad a las acciones de la Veeduría y desarrollo comunitario.
  • Elaborar su plan de trabajo y presentarlo al Consejo Directivo para su aprobación.
  • Promover la organización de equipos internos de apoyo orientados a la gestión de los bosques comunales, como promotores indígenas que pueden formar parte del equipo técnico.

 

               a.2  Representación técnica de las comunidades y la organización ante instancias y espacios públicos.

  • Participación a las invitaciones, reuniones y demás espacios de diálogo y discusión que involucra la gestión de bosques comunales, cuyos resultados deben ser compartidos e informados a los dirigentes de la organización y las comunidades.
  • Acompañar a los Veedores Forestales Comunales o a los dirigentes comunales a las capacitaciones, supervisiones y trámites ante las instituciones.
  • Hacer propuestas de convenios institucionales para fortalecer las operaciones de la Veeduría y las acciones en campó con las comunidades, por ejemplo con el OSINFOR, Gobierno Regional, Defensoría del Pueblo, Universidades, SERFOR, entre otros.
  • Ser el punto focal de contacto entre las instituciones y las comunidades para notificaciones, acceder a los balances de extracción forestal, seguimiento de trámites, representación comercial si así lo deciden las comunidades.
  • Ser el punto de contacto técnico con la Veeduría Forestal Nacional y demás Veedurías de las organizaciones regionales.
  • Acceder a las propuestas de normas, procedimientos, pronunciamientos, entre otros; que le son participadas para proponer aportes, formular observaciones a nivel institucional con la estrecha coordinación con la dirigencia de la organización.
  • Articular a las comunidades y federaciones con las autoridades estatales competentes para realizar los controles de extracción de flora y fauna silvestre.

 

              a.3   Contribuir asegurar la transparencia

  • Encargarse de la revisión, actualización e implementación de la “Mecanismo de observación independiente” sobre la gestión de los territorios y bosques de la CODEPISAM.
  • De ser posible activar un sistema de alerta temprana frente amenazas y daños referidos a la seguridad, gestión territorial y bosques comunales que esté incorporado a un portal de denuncias de parte de sus comunidades.
  • Formular denuncias ante actos de corrupción de malos funcionarios que atañen el cumplimiento del debido procedimiento ante las instancias correspondientes, siempre y cuando se tenga los sustentos o evidencias correspondientes (pruebas); de no ser así trasmitir como una preocupación de las comunidades por ciertos actos o procedimientos que estarían atentando en contra de las comunidades y sus organizaciones, entre ellos también están el incumplimiento de acuerdos.

 

Sugerencia de acciones inmediatas que debe ejecutar la Veeduría de la CODEPISAM al comienzo de su gestión:

ü  Elaborar una base de datos regional por federaciones referidos al estado legal de los territorios de las comunidades, situación administrativa de los permisos forestales (vigentes, no vigentes, sancionados), organización socio política de las comunidades y federaciones (inscripción legal en los registros públicos, situación de sus estatutos, población, servicios públicos, entre otros). Para ello debe solicitar información a las Federaciones, acceder archivos de la CODEPISAM, solicitar  información formalmente a la autoridad forestal regional, al OSINFOR, etc.

ü  Elaborar un mapa de ubicación de las comunidades por federaciones en la región San Martin, con información básica: Situación legal de las comunidades, si tienen o no permisos de extracción forestal, el estado de los mismos.

ü  Apoyar en los trámites ante la SUNARP para la actualización de la inscripción de la actual junta directiva de la CODEPISAM.

ü  Revisión y actualización de los estatutos de la CODEPISAM para evaluar la incorporación de la Veeduría en la estructura legal e institucional de la CODEPISAM.

ü  Que la CODEPISAM remita comunicaciones a las federaciones por ende a las comunidades, así como a las instituciones públicas y privadas, informando sobre la conformación de la Veeduría, sus alcances, presentando al equipo de la Veeduría, y solicitando se le brinde todas facilidades para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, enviar comunicación a la Veeduría Forestal Nacional de AIDESEP y sus pares en las de las bases regionales.

ü  Capacitarse sobre temas básicos referidos a los requisitos y trámites para titulación, roles institucionales, trámites para permisos forestales, temas técnicos como cubicación, lectura de mapas, planes de manejo y planes operativos anuales, entre otros.

ü  Elaborar material informativo básico sobre la gestión de la Veeduría, procedimientos administrativos para la titulación, solicitud e implementación de permisos forestales, roles institucionales, en lenguaje sencillo y con contenidos concretos amigables para la lectura. Este material es básicamente para compartir con las bases de la organización.

ü  Elaborar su plan de trabajo de preferencia anual, en los 3 grupos en que se organizan las funciones.

ü  Identificar aliados estratégicos para la gestión, elaborar propuestas de acuerdos o convenios de cooperación institucional, sostener reuniones con dichos aliados, suscribir los acuerdos y comenzara implementarlos.

ü  Ideal disponer de un ambiente de trabajo adecuado en una ubicación estratégica a nivel organizacional para mantener comunicación fluida con la dirigencia, visita de las comunidades. Es importante contar con una implementación básica (equipamiento) con computadoras, impresora, escáner, GPS, cámara fotográfica, equipamiento de materiales de campo, mobiliario básico, servicio de acceso a internet, útiles de escritorio, así como los medios logísticos para movilizarse, comunicarse.

ü  En base a la acreditación de los Veedores, que dispongan de fotocheck de identificación o tarjetas personales. Ideal si previamente generan y aprueban un logo institucional que los identifique.

ü  Armar un archivo institucional, el libro o registros de ocurrencias, tenerlo siempre actualizado, esto incluye también la participación pública que viene teniendo la Veeduría.

ü  Participar activamente en  la socialización, capacitación del Mecanismo de Observación Independiente, del programa de capacitación para la CODEPISAM.

ü  Elaborar perfiles de proyectos para asegurar la funcionalidad de la veeduría para acceder a fondos públicos, privados y de cooperación.

 

  1. Recursos humanos para la Veeduría de la CODEPISAM

Podría haber dos escenarios: Lo ideal y lo real, cada uno depende de la disponibilidad de recursos financieros con que cuente la Veeduría, disponibilidad de personal adecuado y el alcance (intensidad) que quiera tener la Veeduría como gestión. En algunas experiencias similares prefieren comenzar por lo básico y poco a poco ir consolidándose conforme va dándose el aprendizaje, en otros casos demanda contar con todo los elementos para comenzar la gestión, como ya se mencionó esto esta sujeto a la disponibilidad de condiciones.

En el escenario de lo ideal o donde quizás podría apuntarse se tiene:

  • Un Veedor(a)
  • Un equipo técnico conformado mínimamente por 2 asistentes técnicos, uno de ellos puede hacer de Veedor adjunto, cuyas funciones están básicamente orientadas a fortalecer el trabajo en campo, asistir en la gestión al Veedor.
  • Un ingeniero a cargo de dar orientación, acompañamiento, capacitación permanente a la gestión de la Veeduría en el lugar de las operaciones.
  • Un responsable administrativo encargado del manejo de la logística, planificación y ejecución presupuestaria, custodia y operatividad de bienes, etc.
  • Un asesor legal, para las orientaciones y seguimiento de los casos legales de las federaciones y comunidades, litigios, denuncias, etc.
  • Un comunicador, encargado de la visibilidad de la gestión de la Veeduría, las relaciones públicas con las comunidades y actores externos al movimiento indígena, encargado de manejar las redes sociales, información web, revisión de materiales de capacitación.
  • Un responsable político / institucional que es un miembro de la directiva de la CODEPISAM.

 

En el escenario de lo real se tendría:

  • Al Veedor(a) Forestal.
  • Un Veedor adjunto / asistente técnico.
  • Al responsable político/ institucional de la Veeduría en la CODEPISAM.
  • Un Ingeniero encargado de la asistencia técnica permanente de la Veeduría, hasta que al menos tengan la suficiente experiencia y puedan ser autosuficientes para su gestión.

 

Es importante dotarles de las condiciones laborales mínimas con salarios que justifiquen su dedicación y trabajos realizados; asimismo es ideal que cuenten con un seguro médico contra accidentes y demás riesgos que suele presentarse en el cumplimiento de sus funciones. Como también es importante contar con el equipamiento y medios necesarios para que puedan cumplir con su trabajo.

  1. Mecanismos de Coordinación de la Veeduría

De acuerdo a las funciones establecidas, a la decisión de la figura legal dentro de la estructura de la CODEPISAM se determina los niveles de coordinación, en este caso  se tendría (i) niveles de coordinación interna (hacia el interior del movimiento indígena) y (ii) externa con actores ajenos al movimiento indígena; es decir en el primer caso estarían los directivos de la CODEPISAM, los representantes de las federaciones afiliadas, a su vez, las bases comunales (comunidades), así como los pares de otras Veedurías a nivel nacional. En el segundo caso estarían las instituciones públicas y privadas como el gobierno regional de San Martín, OSINFOR, SUNARP, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Municipalidades, empresas privadas, ONGs., entre otros.

Es recomendable como se indicó que las comunicaciones sean institucionales de modo formal, sin llegar a extremos burocráticos, siempre suscrito por los directivos de la CODEPISAM sea el presidente, el vicepresidente, el dirigente que tiene la responsabilidad política de la Veeduría o el propio Veedor siempre y cuando así la dirigencia lo haya autorizado; esto generalmente para invitaciones, solicitudes, comunicados, etc. es probable que haya coordinaciones rutinarias de trabajo técnico como el de asistir a mesas de trabajo, comisiones, reuniones derivados de acuerdos, etc., que pueden ser coordinados directamente por el Veedor, pero siempre informando a la directiva de los actos que realiza o al que acuda.

Como también indicamos es conveniente que cuando se trata de optar por una posición institucional o alcanzar propuestas institucionales, éstas deben ser consultadas y aprobadas previamente por los directivos de la CODEPISAM, esto generalmente para procesos formales, hay asuntos de rutina que podrían tener excepción.

 

Esquema de estructura funcional y coordinación

esquema

 

Bajo este esquema y por lo que viene dándose en la práctica el Veedor forestal tiene como superior inmediato y rinde cuentas al responsable político de la Veeduría que sería el Vicepresidente de la CODEPISAM, el hermano Jaime Tapullima Pashanase, el Veedor adjunto Francisco Sangama coordina sus acciones con el Veedor Ely Tangoa y juntos dan cuenta de sus acciones al responsable político de la Veeduría (Vicepresidente de la CODEPISAM). Esto no exime que el Consejo Directivo pueda convocar, solicitar información y apoyo directo a la Veeduría.

Cuando se presentan necesidades de intervención de la Veeduría en las comunidades es importante que las coordinaciones del Veedor se hagan con las respectivas federaciones al que pertenecen cada comunidad. Ante conflictos, controversias entre las propias instancias indígenas, entre comunidades o miembros de las comunidades con sus dirigentes, el rol y posición de la Veeduría debería ser neutral desde un punto de vista técnico, corresponde a los líderes políticos abordar el tema a profundidad, el papel de la Veeduría es facilitar procesos, alcanzar información, dar sustento técnico a las posiciones institucionales referido al tema de territorios y bosques.

Como lección aprendida se puede compartir la experiencia de lo ocurrido en otras regiones, ante problemas de transparencia en la conducción de un permiso de extracción forestal y un contrato comercial, donde claramente estuvo involucrado el presidente de la comunidad (aparentemente con desconocimiento de la comunidad), la Veeduría con la intervención del consejo directivo de  la organización y dirigentes de la comunidad convocó a una Asamblea Comunal para informar de los detalles técnicos y dotarles de información, al término del proceso de información fue la asamblea comunal quién tomó la decisión pertinente. Es decir, el papel de la Veeduría no fue el de deliberar o actuar como instancia jerárquica, sino de ente técnico que facilita información, siendo los propios órganos de gobierno quienes toman la decisión.

 

  1. Mecanismos de participación e incidencia

Durante las discusiones y aportes en los talleres los dirigentes indígenas de la CODEPISAM reiteraron la necesidad de mejorar los niveles y mecanismos de incidencia, en el entendido que sus propuestas, demandas y mensajes no necesariamente son escuchados según dejaron entrever, principalmente por el gobierno regional de San Martín para los procesos de titulación y saneamiento territorial. Sin duda, hay la necesidad de que la CODEPISAM con el apoyo de su Veeduría elabore un plan de incidencia específico donde identifique claramente sobre qué temas quieren incidir, ante quién(es), mensajes, estrategias de negociación y uso de medios, los plazos, recursos, etc. a partir de una evaluación de antecedentes en esta materia.

Un espacio importante de participación,  y se recomienda deben seguir estando activos, es la Plataforma Forestal Indígena de la región, pero esta vez como la Veeduría, promoviendo la actualización de la agenda y estableciendo puntos estratégicos a trabajar conjuntamente, además de organizar el trabajo mediante las comisiones existentes u otras que puedan aperturarse. Otro espacio importante es la Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín (ORDEPISAM); por otro lado tienen la oportunidad de solicitar a AIDESEP participar de los procesos en que están involucrados: Programas, proyectos, espacios de discusión y que San Martin sea tomado en cuenta entre las sedes piloto para estos temas referidos a territorios, bosques y cambio climático.

 

Obviamente es importante el uso de medios en todas sus formas, tal como indicamos en páginas anteriores, siendo muy importante identificar previamente quienes serán los voceros, y qué mensajes se quiere trasmitir. No es recomendable cargar con una lista larga de demandas, porque lo hace compleja, sino priorizarlas y abordar por partes, identificar bien quién o quiénes son las personas e instancias involucradas de quién se espera una reacción o respuesta a sus demandas.

Como una propuesta de acciones en este rubro se puede mencionar:

  • Solicitar un programa de titulación regional de comunidades indígenas para la región, con la inclusión de proyectos puntuales como son: Línea base o referencia sobre el estado legal y físico territorialmente de las comunidades por titularse, en trámites y aquellas posesionarias. No sólo nos referimos a la base de datos sino a la georreferenciación en el terreno, armado de expedientes, etc. Esto dirigido al gobierno regional, además de solicitar que se declare como prioridad regional este proceso mediante una ordenanza, que sea un tema principal abordaado por la plataforma de manejo comunitario, con el respaldo de todos sus miembros, hacer los esfuerzos correspondientes para tener más aliados; hacer sinergias con el PTRT3 que viene conduciendo el gobierno central con el BID y la participación de AIDESEP.
  • Con la autoridad forestal y de fauna silvestre regional es conveniente que suscriban un acuerdo institucional de cooperación y que aterrice en un plan de trabajo concreto para los meses que queda y los siguientes años, donde se pueda abordar: El acceso de información sobre la situación administrativa de los permisos forestales, programas de capacitación, balances de extracción, catastro forestal, registro de plantaciones, estrategias de control y vigilancia, etc.
  • Lo mismo con el OSINFOR, suscribir un acuerdo institucional para desarrollar trabajos conjuntos en la fiscalización y supervisión de los permisos forestales y de fauna silvestre, los procesos sancionadores, notificaciones, atención de denuncias de infracción de títulos habilitantes, registro de infractores, de consultores, capacitación.
  • Con Defensoría del Pueblo para encontrar los canales directos de atención a sus denuncias de vulneración de sus derechos, la supervisión a las instituciones públicas que no vengan teniendo un buen desempeños y estén perjudicando a las comunidades.
  • También es importante que estrechen vínculos institucionales con la academia y centros de investigación, principalmente con las universidades, para mejorar la capacitación, investigación de especies forestales y de fauna silvestre poco conocidas, capacidad de carga de los bosques, estudios de mercado, valoración económica, costo efectividad, etc.
  • Finalmente, es importante el acercamiento con las distintas ONGs. vinculadas a los propósitos de la Veeduría para la elaboración de proyectos conjuntos con enfoque territorial, no sólo temático. Es importante masificar la actualización y realización de los Planes de Vida para todas las comunidades, esto debe ser una política institucional de la CODEPISAM y sus Federaciones. Obviamente el tema de sostenibilidad es importante, deben hacerse una lista de posibles fuentes cooperantes públicas y privadas, elaborar las fichas de proyectos, postular con socios estratégicos.

 

Finalmente, es importante indicar que toda actuación, demanda, o cualquier hecho vinculado a la gestión de la Veeduría, debe quedar registrado en el libro de ocurrencias de la Veeduría, armar archivos físicos y digitales con la copia, cargos de los documentos, ayudas de memoria o minutas de reunión, elemental suscribir en lo posible actas de acuerdos para hacer seguimiento y dar mayor formalidad para una mayor efectividad.

 

  1. Instrumentos de gestión de la Veeduría

Podría generarse una lista larga de instrumentos de gestión que podrían ayudar a la gestión efectiva de la Veeduría, con el riesgo de abrumarla, esto depende del nivel de alcance que pueda tener la gestión y la perspectiva institucional para la Veeduría, los periodos de tiempo, el nivel de detalle. Ante las consultas al equipo de la Veeduría se optó por citar aquellos instrumentos de gestión básicos y más importantes para el desarrollo de la gestión de la Veeduría.

e.1   Hoja de Ruta

Es el presente documento, que es un instrumento dinámico, perfectible, que se puede ir ajustando y actualizando conforme se den los escenarios, que como dijimos tiene el propósito de orientar las acciones de la Veeduría en su gestión, elaborado participativamente, a la espera de su aprobación definitiva del Consejo Directivo de la CODEPISAM.

 

e.2   Manual de organización y funciones

Es un documento que ha sido elaborado por los miembros del equipo técnico del proyecto “Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria para mejorar la gobernanza a nivel local en la región San Martín” a cargo de CEDISA este año 2,015 y que se encuentra en la etapa de consulta a las Federaciones y miembros del equipo técnico de la Veeduría, cuyo contenido está bastante relacionado a la presente Hoja de Ruta, el propósito del documento es especificar las funciones, los canales de coordinación e institucionalidad de la Veeduría.

 

e.3   Plan de trabajo anual de la Veeduría

Es conveniente que se cuente con un Plan de Trabajo Anual de la Veeduría, el mismo que debe ser expuesto ante el Consejo Directivo de la CODEPISAM y aprobado por ésta instancia, donde se citen todas las actividades a desarrollar por cada uno de los grupos de las funciones, obviamente hay actividades que se pueden predecir y otras no, como es el caso de las atenciones y casos que podrían presentarse para solicitar la intervención de la Veeduría. Como se indicó anteriormente, hay una gama de funciones a desarrollar de la Veeduría que no necesariamente están limitados a los compromisos de un determinado proyecto que las financia temporalmente y que tiene su propia lógica programática; en ese caso se busca la articulación o complementariedad, como es el caso que se da con el presente proyecto en que se está dando éste proceso.

 

e.4   Mecanismo de observación independiente

Es un instrumento muy importante porque permite desarrollar los protocolos: antes, durante y después de los hechos que atenten el cumplimiento del debido proceso para los temas de gestión territorial y la actividad forestal de las comunidades, es un documento que aún está en proceso de elaboración y será socializado, ajustado y aprobado en los meses siguientes.

 

e.5   Plan de capacitación

Este también es un instrumento de gestión importante que permitirá estructurar la planificación de las capacitaciones tanto al personal de la Veeduría Forestal, como a los miembros de las federaciones y representantes de las comunidades. Este documento, que también está en proceso de elaboración participativa, permitirá identificar los temas prioritarios para las capacitaciones, los medios a usar, condiciones de realización, el perfil de los capacitadores, cronogramas, entre otros, todo ello vinculados  a la gestión territorial y bosques comunitarios, la gestión de la Veeduría, etc.

 

e.6    Sistema de información – Base de datos

La importancia de este instrumento recae en el poseer registros de las comunidades, por federaciones, reportando su situación territorial (física y legal), la situación de los permisos de extracción forestal y de fauna silvestre por comunidades,  la situación legal organizativa de los gobiernos comunales, de los Consejos Directivos de las Federaciones, también datos de población, servicios públicos en las comunidades, etc. Esta información está actualmente siendo procesada por la Veeduría, es un sistema dinámico, dado que es un proceso en construcción, además porque la información que se recoge y registra no necesariamente está institucionalizada, actualizada y congruente con las diversas bases de datos que manejan las otras instancias, por lo que hay que hacer ajustes, cruces, filtros, depuraciones.

 

e.7   Plan de comunicaciones e incidencia

Es conveniente que se desarrolle este instrumento que no está contemplado en el proyecto, dado que se requiere establecer a detalle los mecanismos de comunicación, uso de medios, tanto en el frente interno como el externo. Se consideró de modo general abordar en la sección de incidencia y participación de la Veeduría, así como en los canales de comunicación; pero se requiere abordar con más detalle identificando mensajes, público objetivo, los usos y acceso  de materiales de difusión y sensibilización. Del mismo modo es importante desarrollar los protocolos de participación y relacionamiento de la Veeduría para casos más específicos.

 

e.8   Estrategia de levantamiento de fondos y sostenibilidad

Una de las principales dificultades y necesidades fundamentales es la disponibilidad de fondos para el desarrollo de las acciones de la Veeduría, que incluye las operaciones en campo, ciudad, honorarios, equipamiento, viajes, servicios y demás gastos logísticos. Para ello, es necesario, en base al plan de trabajo anual, asegurar el financiamiento previamente a través de la elaboración y presentación de proyectos ante entidades públicas y privadas, contratos de asociación, servicios que puede prestar la Veeduría, etc.; todo ello debe estar recogido en una estrategia de levantamiento de fondos que la Veeduría debería desarrollarlo.

 

e.9   Manual de resolución de conflictos

Durante la gestión de la Veeduría sin duda se van a presentar conflictos que  a toda costa se quisiera evitar, por ello es importante trabajar en la prevención, quizás no necesariamente se van a dar conflictos con la Veeduría forestal, sino en los temas que tenga que involucrase por ejemplo: Comunidades – empresas, superposición de derechos con terceros, denuncias de tala y comercio ilegal, invasión, usurpación de funciones, por citar algunos. Dicho esto es importante contar con un manual o plan de resolución de conflictos para establecer los protocolos de participación de la Veeduría forestal.

 

e.10   Plan de monitoreo de su gestión

Toda planificación, ejecución programática demanda un monitoreo del cumplimiento de las mismas, la Veeduría no es una excepción, requiere de un plan de monitoreo interno, cuyos resultados deben alertar y provocar la toma de decisiones que mejoren su gestión, lecciones aprendidas, retroalimentación, la aplicación de medidas correctivas con indicadores claros de desempeño y cumplimiento de las programaciones. El monitoreo debiera ser técnico – financiero, que puede ser desarrollado por un equipo que designe la CODEPISAM, mucho mejor si es un equipo externo. Asimismo, resulta de vital importancia contar con un mecanismo de monitoreo de la gestión comunal referidos a los temas de territorio y bosques, por lo que es indispensable tener previamente un plan con aquellas comunidades que se van a desarrollar las actividades, donde  involucre la participación de la Veeduría, permitiendo así medir su evolución.

  1. Sostenibilidad de la Veeduría

f.1   Sostenibilidad Financiera

Sostener la operatividad de la Veeduría tiene definitivamente un costo, el tamaño de dicho costo se determina dependiendo de la intensidad de trabajo y alcances que pueda desarrollar la Veeduría. A continuación presentamos 02 escenarios, uno muy básico y el otro lo que sería el ideal, en ambos casos los presupuestos son anuales y en Dólares Americanos.

 

 

Presupuesto de gasto básico anual para la Veeduría

CONCEPTO MES (US$) AÑO (US$)
Salarios del personal 2,900.00 34,800.00
01 Veedor Forestal 700.00 8,400.00
01 Asistente de Veeduría (Adjunto) 500.00 6,000.00
01 Ingeniero asesor 1,500.00 18,000.00
01 Asistente administrativo 200.00 2,400.00
Salidas a campo 450.00 5,400.00
Viajes para reuniones institucionales 300.00 3,600.00
Materiales de oficina, servicios básicos 200.00 2,400.00
Talleres de capacitación 835.00 10,020.00
TOTAL US$ 4,685.00 56,220.00

 

Presupuesto de gasto ideal para la Veeduría en un año

CONCEPTO MES (US$) AÑO (US$)
Salarios del personal 6,100.00 73,200.00
01 Veedor Forestal 800.00 9,600.00
01 Asistente de Veeduría (Adjunto) 600.00 7,200.00
01 Ingeniero forestal asesor 1,700.00 20,400.00
01 Asesor legal 800.00 9,600.00
01 Comunicador 500.00 6,000.00
01 Asistente administrativo 500.00 6,000.00
Servicios de consultoría 1,200.00 14,400.00
Talleres de capacitación y socialización 1,000.00 12,000.00
Viajes nacionales 200.00 2,400.00
Viajes locales 200.00 2,400.00
Salidas a campo 500.00 6,000.00
Gastos de implementación 11,250.00
Equipos de cómputo y oficina   5,500.00
Mobiliario de oficina   3,500.00
Equipos de campo   1,800.00
Utilería de campo   450.00
Gastos administrativos 800.00 9,600.00
Alquiler de oficina 300.00 3,600.00
Servicios básicos (Internet, teléfono, luz, agua) 150.00 1,800.00
Útiles de oficina 100.00 1,200.00
Gastos logísticos locales (varios) 250.00 3,000.00
TOTAL US$ 8,800.00 116,850.00

Como puede observarse hay 2 escenarios, en el primer caso el presupuesto anual ascendería aproximadamente a US$ 56,200 Dólares Americanos, esto asumiendo que la Veeduría ya cuenta con un local de oficina, implementación básica de equipos de cómputo, campo, materiales, etc. En el segundo caso, en el escenario y opción ideal, el presupuesto de la Veeduría ascendería a US$ 116,850 Dólares Americanos, dado que considera un mayor número de personal profesional permanente y consultoría, gastos de implementación y operatividad de la oficina, viajes, entre otros; si habría otras actividades puntuales que tiene que desarrollar la Veeduría como estudios, trabajos  de campo para elaborar expedientes de titulación, manejo forestal, pago de tasas, etc. serían gastos adicionales.

Sea cual fuere el escenario que se escoja, se requieren fondos, por lo que debe definirse una fuente financiera, en los primeros 3 años por experiencia de otras Veedurías es poco probable que la Veeduría pueda generar fondos propios, demanda de un subsidio necesariamente, principalmente de proyectos de cooperación, es un plazo donde se va posicionando y madurando la gestión de la Veeduría.

Aquí algunas ideas para la sostenibilidad financiera que requieren ser evaluadas a detalles por los actores involucrados en la gestión de la Veeduría:

  • Elaborar proyectos para postular a fondos de cooperación internacional y nacional, en alianzas con organizaciones socias. En el caso que la CODEPISAM quiera postular de forma independiente puede hacerlo siempre y cuando cumpla con los requisitos institucionales que indican las convocatorias, donde resaltan principalmente: Capacidad administrativa con todos sus mecanismos e informes de auditoría saneados, representación legal y tributaria saneada, currículo de ejecución de proyectos, inscripción en el APCI, entre otros.
  • Es probable que un solo proyecto no pueda financiar todo el presupuesto de gasto, en ese sentido es importante sumar esfuerzos de diversas instituciones según las líneas de cooperación que podrían brindar, por ejemplo el gobierno regional podría asumir una planilla básica del personal y los demás gastos podrían ser asumidos por algún proyecto o viceversa. Lo mismo con algunas actividades en campo, hay ONG que trabajan con determinadas comunidades o sectores, ellos pueden asumir los costos de campo y la Veeduría sólo cubrir su participación con otros fondos.
  • Con la nueva reglamentación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre se crea la figura de las Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario en las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, para muchos esta unidad debiera financiar a las Veedurías o en su defecto las Veedurías asuman este mandato. Legalmente esto no es posible, porque esta instancia es una unidad orgánica que pertenece y se subordina a la autoridad forestal, la Veeduría es un ente independiente de las organizaciones indígenas, pero que sí pueden ejercer las acciones del comité de control y vigilancia que contempla la nueva legislación, sin embargo no se dice nada de su financiamiento. Quizás se podría buscar a través de esta Unidad financiamiento de fuentes externas, ya que se contaría con este aval institucional.
  • Las Veedurías también pueden presentar proyectos para sus operaciones al presupuesto público mediante el presupuesto participativo, podrían postular también y hacer gestiones con el Programa de Conservación de Bosques del MINAM.
  • Otros sugieren que las Veedurías podrían dar el servicio de elaboración de planes de manejo forestal y planes operativos anuales a las comunidades a precios más cómodos que consultores forestales, en ese caso habría que considerar y tomar mecanismos para evitar el conflicto de intereses, puesto que la Veeduría es quién vigila el cumplimiento de éstos instrumentos de gestión de manejo forestal, esto también se hace extensivo para la implementación de los futuros regentes forestales que la legislación prevé.
  • Quizás una de las mejores alternativas futuras es que las comunidades que se beneficien con la intervención de la Veeduría y les permita tener dividendos, transfieran un monto de utilidad porcentual para sus operaciones a manera de un auto gravamen. También las Veedurías podrían ejecutar consultorías y presentarse a convocatorias y licitaciones.

 

f.2   Sostenibilidad Institucional

Como se mencionó en secciones anteriores, es importante dotar de seguridad jurídica  a la Veeduría en la estructura de gobierno de la organización ya sea mediante la modificación y adecuación de los estatutos o generando un instrumento normativo complementario, como podría ser una reglamento que avale su funcionalidad.

Un aspecto importante a considerar es la disponibilidad del recurso humano preparado que puedan suceder en el cargo a los Veedores, por ello, es elemental se formen futuros cuadros mediante los programas de capacitación.

En el caso de San Martín las Federaciones que forman parte de la CODEPISAM tienen un trabajo independiente interesante, desarrollan sus propias agendas en función a sus enfoques y prioridades, en ese entendido el Veedor Forestal de la CODEPISAM puede tener un rol de coordinación y facilitación con sus equipos técnicos de las federaciones, ideal que si cada federación constituye y designa su propio Veedor en su organización, en este supuesto la Veeduría de la CODEPISAM reafirmaría su rol de articulación y coordinación entre las mismas y los representaría en la agenda nacional.

Es importante no olvidar, que se tiene el otro nivel de Veedurías que son las comunales (que se gestan en el interior de cada comunidad como parte del gobierno comunal), para afianzar el trabajo en campo y tener un uso más eficiente de recursos, es importante que se promueva la conformación de las Veedurías comunales, para que puedan articular su gestión con la Veeduría regional, en el supuesto que se tengan Veedurías en las federaciones el punto inmediato superior sería éste.

Otro de los factores que depende  la sostenibilidad, es la credibilidad y confianza del trabajo que desarrolla la Veeduría por parte de la población indígena, sus federaciones y directivos de la CODEPISAM, ellos tienen que evidenciar que perciben beneficios desde su creación, que la Veeduría es indispensable para la gestión. Para ello, es importante que la Veeduría reciba el respaldo y confianza institucional (apoyo político) de modo permanente de parte de los directivos de la CODEPISAM, federaciones y población en general.

Este éxito en el desempeño de la Veeduría tiene que ver con:

  • Participación e involucramiento efectivo de actores.
  • Efectividad del servicio (resultados) y trato al usuario / aliado.
  • Predisposición a la innovación, aprendizaje, receptibilidad de autocríticas.
  • Confiabilidad de los representados e interlocutores.
  • Tener una posición adecuadamente (no desubicarse), manejo de cuellos de botella.
  • Comunicación veraz y oportuna.
  • Ser un ente proactivo, ingenioso, no problemático, ni pesimista.
  • La disponibilidad presupuestal y la correcta administración de fondos.

 

Finalmente, se puede indicar por testimonio y experiencia propia de otras Veedurías, que mucho del éxito tiene que ver con la actitud y preparación del Veedor y el responsable político de la organización, tiene que pasar por un convencimiento personal de la importancia de la Veeduría, si no creen en ello, tienen dudas  o no están convencidos plenamente,  indican literalmente “no pasa nada con la Veeduría”.

VII.            Anexos

 

Anexo 1.   Acta de la Conformación de la Veeduría Forestal de la CODEPISAM 2013 

 

 acta de la VFI

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.    Acta de Designación del Veedor Forestal de la CODEPISAM (Junio 2,015)

 

 acta 2

 

Anexo 3.

3.1 Identificación de problemas y soluciones por Federaciones

FEDERACIÓN DESAFIOS / TEMAS QUE DEBE ABORDAR   LA VEEDURIA
FEPIKBHSAM

(Federación de pueblos indígenas Kechwas del bajo Huallaga de la región San Martín)

·       Que todas las comunidades nativas deben tener saneados sus territorios e inscrito legalmente en registros públicos

·       Apoyar en la elaboración de expedientes para solicitar la titulación de las comunidades

·       Capacitar y formar técnicos en las comunidades

·       Fortalecer capacidades en los técnicos de las comunidades para la formulación de proyectos en favor de las comunidades

·       Que las comunidades conozcan sobre la importancia, funciones  de la Veeduría y su compromiso con los pueblos

FEPIQUECHA

(Federación Pueblos  indígena  Quechwa Chazuta)

·       Apoyo a sanear los territorios de las comunidades

·       Apoyar en el cuidado de los linderos de las comunidades

FERISHAM

(Federación regional indígena Shawi San Martin)

·       Ayudar a elaborar los expedientes para solicitar la titulación de los territorios comunales.

·       Articular a las comunidades y federaciones con las autoridades estatales competentes para realizar los controles de extracción de flora  y fauna silvestre.

·       Capacitar a las autoridades comunales y dirigentes de federaciones en los temas relacionados con la veeduría forestal.

CEPKA

(Consejo Étnico de los pueblos Kichwa de la Amazonía)

·       Apoyo para conseguir la seguridad jurídica  de territorios titulados y no titulados

·       Apoyo para evitar la invasión de territorios comunales

FERIAAM (Federación regional indígena Awajum del Alto Mayo) ·       Fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones indígenas en defensa, protección y gestión  del territorio, del  bosque y sus recursos

·       Orientar a las comunidades indígenas, sobre los alcances jurídicos de las normas del derecho que rige el acceso y uso de los bosques y de los servicios ambientales que puedan prestar

·       Participación en los espacios de diálogo y discusión que involucra la gestión de bosques comunales

·       Asistencia técnica y comercial al Pamuk en las transacciones entre la comunidad y las empresas madereras, en condiciones justas para los pueblos indígenas.

·       Desarrollo de capacidades para la gestión de recursos económicos a nivel de comunidad y de familias.

·       Promoción de alianzas público – privada – comunitaria para dar valor agregado a recursos del bosque en vista a su producción, acopio y comercialización.

FEKIHD

(Federación Kichwa Huallaga Dorado)

·       La Veeduría enfrentará problemas y grandes desafíos principalmente con:

·       Tala indiscriminada de los bosques

·       Tala ilegal.

·       Grupos armados.

·       Migrantes y traficantes de tierras.

·       Corrupción.

 

 

 3.2 Aportes de las federaciones para la operatividad de la Veeduría Forestal de la CODEPISAM

  1. ¿Para qué se conformó y que esperan de la Veeduría Forestal Indígena?
FEPIKBHSAM

(Federación de pueblos indígenas Kechwas del bajo Huallaga de la región San Martín

Para vigilar y salvaguardar nuestros bosques comunales y sus gobernanza

 

FEPIQUECHA

(Federación Pueblos  indígena  Quechwa Chazuta)

Para mejorar la calidad de manejo adecuado de los recursos
FERISHAM

(Federación regional indígena Shawi San Martin)

Para mejorar la gobernanza a nivel de la CODEPISAM y las federaciones regionales
CEPKA

(Consejo Étnico de los pueblos Kichwa de la Amazonía)

Para la protección y el buen manejo forestal de los bosques de las CC NN y esperamos la continuidad de proyectos
FERIAAM (Federación regional indígena Awajum del Alto Mayo Para fomentar en las comunidades nativas la defensa, protección y aprovechamiento de sus bosques como sustento para su propio desarrollo para el Buen Vivir / Vivir Bien.

Asimismo para dar a conocer a las comunidades indígenas, los alcances de los derechos que les asisten con relación al bosque, sus recursos y los beneficios que pueden lograr además de los servicios ambientales.

FEKIHD

(Federación Kichwa Huallaga Dorado)

Para una ayuda de control forestal y se espera tener una buena gestión y aprovechamiento forestal en los territorios comunales e individuales.
FECONAKID

(Federación indígena de comunidades nativas Amazónicas del Dorado)

Para controlar los territorios los mismos indígenas, esperan que todas las federaciones conozcan sobre la Veeduría.

 

FEPRIKRESAM  

 

  1. ¿Qué estatus formal y alcances pretenden darle? (institucionalidad)
FEPIKBHSAM

 

De apoyo humanitario y voluntario al veedor
FERISHAM

 

Constituirse como aparato técnico de CODEPISAM
CEPKA

 

Elaborar normas adecuadas para el buen manejo forestal de parte de las federaciones o CC NN (Estatuto) ser transparente y efectiva en su gestión.

 

FERIAAM Se espera el reconocimiento de las autoridades y su colaboración. En el caso del Pueblo Awajún se considera oportuno establecer un convenio con la ARA y otros sectores competentes para fortalecer la acción de la veeduría forestal.
FEKIHD

 

Se propone se le dé formalidad a través de una directiva y una ayuda más para la comunidad
FECONAKID

 

 
FEPIQUECHA

 

 
FEPRIKRESAM  

 

 

  1. ¿Cuál es el mejor modo que asegure la efectividad en su gestión?
FEPIKBHSAM

 

Sea transparente y efectivo en su gestión

 

FERISHAM

 

Elaboración de proyectos para dar la continuidad de la veeduría
CEPKA

 

El monitoreo, transparencia y confianza en sus líderes y el ente ejecutor (Cooperantes)
FERIAAM Articulación entre los niveles del estado – Veeduría (CODEPISAM – FERIAAM) – Comités de vigilancia forestal (Comunidades).
FEKIHD

 

Mejorar su capacidad  personal, trabajar en equipo y generalmente estar al servicio de las comunidades
FECONAKID

 

Tener los territorios bien controlados con las mismas comunidades
FEPIQUECHA

 

Garantizar el desarrollo de una buena gestión.

 

FEPRIKRESAM  

 

  1. ¿Cuáles serían las principales limitaciones que tendrá y cómo la abordarán?
FEPIKBHSAM

 

Responsables de información al veedor a sus entidades representativas
FERISHAM

 

Limitaciones económicas para cubrir gastos de viajes para asistir a las federaciones. Buscando apoyo a instituciones aliadas.
CEPKA

 

La falta de comunicación de las federaciones y sus comunidades, se puede abordar con la realización de talleres sensibilización a la población
FERIAAM La falta de reconocimiento y de apoyo de las autoridades y funcionarios del Estado, esto obligará a generar una Mesa de Diálogo  para lograr acuerdos mínimos en vista al buen funcionamiento de la Veeduría
FEKIHD

 

No contar con los materiales adecuados para su funcionalidad

 

FECONAKID

 

Cumplir las propuestas e ideas con las federaciones

 

FEPIQUECHA

 

Falta de información de los límites territoriales

 

FEPRIKRESAM  

 

  1. ¿Cómo vincularán la gestión de la Veeduría con el nuevo marco legal forestal y fauna silvestre?
FEPIKBHSAM

 

Respetando leyes y normas

 

FERISHAM

 

Teniendo en cuenta las consideraciones que contempla la ley forestal en facultades de las comunidades para la veeduría.
CEPKA

 

Coincidiendo con las normas vigentes y adecuando las directivas de una forma consensuada con los involucrados en el tema
FERIAAM En el caso del Pueblo Awajún se han introducido modificaciones en los estatutos comunales y de la FERIAAM las funciones de los comités de vigilancia como parte de la Policía Awajún y sujetas a la supervisión y cooperación con la veeduría forestal de la federación.
FEKIHD

 

Se  vincularan a través de la normatividad vigente y su aplicación
FECONAKID

 

Basándose al Convenio 169 de la OIT y la lay 22175

 

FEPIQUECHA

 

Para mejorar la forma de uso adecuado de nuestro bosque

 

FEPRIKRESAM  

 

  1. ¿Qué niveles de vinculación y articulación tendrá con la plataforma regional de MFC y la ARA del GORESAM u otros espacios locales?
FEPIKBHSAM

 

Coordinación adecuada con la representación indicada

 

FERISHAM

 

Trabajar articuladamente con las federación y la plataforma

 

CEPKA

 

Con incidencia política por niveles, trabajar en decisiones ambientales que contribuyan al buen manejo de los bosques
FERIAAM Es posible generar una Mesa técnica para promover el fortalecimiento de las relaciones entre los actores de la PRMFC-SM con relación a la Veeduría forestal y a los comités de vigilancia forestal comunitaria. Asimismo, el desarrollo de capacidades de los actores comunitarios.
FEKIHD

 

A través de una coordinación de las Federaciones indígenas de la Región y la Dirección ejecutiva de administración y conservación de los recursos naturales-DEACRN, ARA, GORESAM
FEPIQUECHA

 

Coordinar adecuadamente con las federaciones

 

FECONAKID

 

FEPRIKRESAM  

 

  1. ¿Qué bebe hacer la Veeduría para lograr su sostenibilidad?
FEPIKBHSAM

 

Trabajar con transparencia y dedicación para el bienestar de todos

 

FERISHAM

 

Trabajar y articular con las federaciones y con el Estado su sostenibilidad
CEPKA

 

Velar por su continuidad y reforzamiento institucional, con el soporte de las federaciones. Formar cuadros semilleros para ser los futuros Veedores, trasmisión de conocimientos.
FERIAAM Articularse con las autoridades competentes del GRSM,  con los comités de las comunidades y el apoyo del Estado para el cumplimiento de su función (presupuesto), por ahora con apoyo de la cooperación.

Proyectar y/o elaborar proyectos que fortalezca y genere sostenibilidad a la VFC a nivel de la CODEPISAM y sus FEDERACIONES.

FEKIHD

 

Tener financiamiento del estado
FECONAKID

 

Trabajar en coordinación permanente con las federaciones y las comunidades

 

FEPIQUECHA

 

Tener una buena capacitación para tener buen desarrollo

 

FEPRIKRESAM  

 

 

 

  1. ¿Creen que la Veeduría debería estar reconocido y sujeta a la autoridad forestal?
FEPIKBHSAM

 

Si, donde sea es necesario cumplir con ello

 

FERISHAM

 

Reconocida sí. Sujeta no. Porque entendemos que es un mecanismo de control civil sobre la actividad forestal y no sería adecuado que esté sujeta a una instancia estatal.

 

CEPKA

 

No, debe ser un ente independiente autónomo con capacidad de generar políticas ambientales con el apoyo de los técnicos de la CODEPISAM e instituciones cooperantes, si se puede tener convenio de cooperación y coordinación
FERIAAM Reconocida sí pero no sujeta sino mantener un nivel de articulación funcional y buscar los mecanismos que generen su sostenibilidad (Institucionalidad) CODEPISAM – FEDERACIONES – COOPERANTES – ONGs – ESTADO.
FEKIHD

 

La veeduría debería de estar reconocida por la autoridad forestal.
FECONAKID

 

Debe ser reconocida por las federaciones y comunidades

 

FEPIQUECHA

 

Debe ser garantizado
FEPRIKRESAM  

 

 Anexo 4.      Galería de fotos del proceso de elaboración de la Hoja de Ruta

  

 ely

 Hermano Ely Tangoa Veedor Forestal de la CODEPISAM

 

 

francisco

trabajos pancho

Hermano Francisco Sangama Veedor Forestal de la CODEPISAM

 

 miembros federaciones

Miembros de las federaciones y equipos técnicos participando del taller

cesar

Ing. Cesar Rengifo Director Ejecutivo de CEDISA entidad ejecutora del proyecto

 

 nhaydu

Dra. Nhaydú Bohorquez supervisora del proyecto de FAO-FLEGT

jaime

Hermano Jaime Tapullima Vicepresidente de CODEPISAM responsable político de la Veeduría Forestal Indígena

 participacion 2

Trabajos y exposición de grupos de grupos

trabajo participativo 3jpg

Participación activa de los equipos técnicos de las Federaciones y Dirigentes

DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DE LA GESTIÓN DE BOSQUES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA CODEPISAM

 

 


Foto EU FAO FLEGT
                                                                                            logo CEDISA

 

PROYECTO:

“Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria para mejorar la gobernanza a nivel local en la región San Martín”

  

DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DE LA GESTIÓN DE BOSQUES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA CODEPISAM

Consultor responsable:

Ing. Braulio Buendía Buendía

ECO REDD

Lima, Agosto del 2,015

 

 

RESÚMEN EJECUTIVO

La región San Martín, localizada en la selva alta del nor-oriente peruano, cuenta con una superficie aproximada de  5 179 6421 hectáreas (3.9 % del territorio nacional), donde habitan cerca de 800 mil habitantes.  Actualmente, en este territorio se sintetiza la convergencia de dos grandes procesos estructurales y complejos: a) la migración, el crecimiento poblacional y la ocupación y uso indiscriminado de los recursos forestales e impactos en su territorio, y b) el diseño, construcción e implementación de un sistema de gestión para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable.

 

El presente estudio de línea base trata de establecer los principales elementos que configuran un escenario de oportunidad para la implementación de estrategias de planificación y gestión del desarrollo regional basados en la actividad forestal, principalmente en territorios de comunidades indígenas,  para lo cual como antecedente y punto de partida  se han identificado los instrumentos técnico normativos que son determinantes en el proceso que se viene dando en la región, entre ellos tenemos: los lineamientos de política, visión y objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021, las Políticas territoriales de San Martin (Ordenanza Regional Nº 015-2012-GRSM/CR), El Plan Forestal Regional de San Martin,  la  Propuesta de Manejo Forestal Comunitario; en cada uno de ellos, y como resultados de los diversos niveles de implementación, se ha venido gestando un proceso de planificación participativa y de concertación social para la implementación de una estrategia de gestión forestal gubernamental, que parte de la elaboración de los estudios de la ZEE (Zonificación Ecológica Económica) como sustento técnico de la caracterización de la problemática y potencialidades del territorio, y de la voluntad política de sus autoridades para liderar la construcción de una institucionalidad para la gobernanza, como es la Autoridad Regional Ambiental (ARA), encargada de ser la instancia directriz de la política pública regional en materia de recursos naturales, medio ambiente y ordenamiento territorial.

 

Es en este contexto que CEDISA viene implementando con el  apoyo de TRAFFIC y ECO REDD, como socios estratégicos, y contando con  el apoyo financiero de FAO FLEGT – Unión Europea, el proyecto “Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria para mejorar la gobernanza a nivel local en la región San Martín” teniendo como una de sus actividades estratégicas el diagnóstico de línea base sobre la gestión de bosques de las comunidades miembros de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM). El desarrollo del mencionado diagnóstico de línea base ha sido realizado mediante un proceso participativo, teniendo como protagonistas a los dirigentes y personal técnico de las Federaciones indígenas miembros de la CODEPISAM, así como al equipo de la Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM que acaba de asumir sus funciones.

 

Producto de los talleres, entrevistas  y revisión de información secundaria realizado en el proceso, se puede evidenciar una latente preocupación por el tema de saneamiento territorial de los pueblos indígenas, conformándose en la prioridad en las agendas de las organizaciones y de sus comunidades, las mismas que pertenecen a tres pueblos: Kechwas, Awajún y Shawi,  y son representados por sus siete federaciones. La falta de atención de esta demanda estaría permitiendo que siga prosperando el mercado de tierras, cuyo impacto en la cobertura boscosa es bastante serio por el cambio de uso, deforestación, conflictividad social, fragmentación de las comunidades, perdiendo el valor y patrimonio colectivo a cambio de los patrimonios y beneficios individuales. Agrava lo antes mencionado, las débiles, en algunos casos ausentes,  capacidades técnicas, administrativas y financieras en las organizaciones y comunidades para poder revertir este problema. A entender de las comunidades el problema de saneamiento territorial se da por una falta de voluntad política e interés de las instancias encargadas a nivel de la autoridad regional, sienten que hay una motivación especial por generar derechos particulares de posesión y propiedad de la tierra a actores no indígenas, así como la creación de unidades de conservación, que a juicio de ellos no fueron lo suficientemente consultadas a las poblaciones indígenas. Se tiene conocimiento que aún no se cuenta con un registro único sobre la situación del saneamiento físico legal de las comunidades indígenas en la región, según los que se ha podido acceder se tendrían 163 comunidades en total, de los cuales sólo 31 estarían tituladas (19%) y 51 sólo reconocidas legalmente.

 

En este escenario complejo, donde en algunos casos prima lo político (electoral) sobre lo técnico, se producen actividades ilícitas como la tala y comercio ilegal, quema de bosques, entre otros; que desincentivan las actividades y practicas legales, tal es el caso que se tienen sólo 4 permisos de extracción forestal vigentes de un universo de 163 comunidades (según los registros regionales), además existen 05 comunidades sancionadas por el OSINFOR con multas que ascienden en total a 16,28 UIT (62 678 nuevo soles). Es decir, habría un gran número de hectáreas donde se estarían aprovechando los recursos forestales al margen de la legalidad.

 

Sin embargo, también hay aspectos muy positivos que se convierten en una fortaleza de las comunidades indígenas, como es su organización a través de sus federaciones, algunas de ellas cuentan con técnicos y profesionales indígenas (no permanentes), sus líderes están convencidos y muy comprometidos con la causa indígena, evidenciado en la unidad  frente a las amenazas y  vulneración de derechos indígenas, participan en diversos espacios y escenarios de forma propositiva, tienen el apoyo de ONGs que los asiste técnicamente y logísticamente mediante proyectos temporales; se suma a ello que la región San Martin viene ganando una imagen de ser una región progresista en torno al manejo de agendas ambientales y recursos naturales.

 

PARTE I:    CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN SAN MARTÍN Y AVANCES CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN REGIONAL

 1.       Escenario general y contexto

1.1.     Caracterización

La región San Martín se encuentra ubicada en la selva alta, al Noreste de nuestro país, en el flanco oriental del relieve andino; en el sector septentrional y central entre los paralelos 5° 15’ 00” y 8° 25’ 15” de Latitud Sur y entre los meridianos 75º 45’ 00” y 77º 24’, Longitud Oeste. Su extensión territorial total es de 5 179 642 hectáreas[1] y representa el 3,9% del total nacional. Morfológicamente la región de San Martín constituye una zona compleja debido a su gran diversidad en relieves, se han logrado diferenciar 2 grandes unidades morfo estructurales, la primera correspondiente a la Cordillera de los Andes, con sus dos fases diferenciables: la Cordillera Oriental y la Cordillera Sub-andina, está última subdividida en Cordillera Azul, Cordillera Escalera y Cordillera Cahuapanas y una segunda gran unidad representada por la Llanura Amazónica.

 

La tendencia del ritmo de crecimiento poblacional de la Región San Martín, se explicaría fundamentalmente, por su elevado nivel de fecundidad y por el efecto de la migración, considerándose a San Martín, como un departamento “receptor” de población. En los últimos 67 años, el departamento ha incrementado su población en más de 7,68 veces, mientras que el país ha crecido 3,9 veces. Los resultados de los Censos de 1993 y 2007 evidencian que de las diez provincias de San Martín, las que tienen mayor cantidad de población son San Martín, Moyobamba y Rioja, siendo las provincias con menor volumen poblacional El Dorado y Huallaga. Según las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2011 San Martín contaba con una población de 794 730 habitantes, que representa el 2,7 por ciento del total país.

 

En el año 2012, la densidad poblacional del departamento de San Martín era de 15,57 Hab. /km2, inferior al promedio nacional (23,18 Hab. / Km2).Según el último censo[2], el 44% de su población se encontraba entre (0 -19 años), así mismo en ese mismo año la región San Martín presentaba una estructura poblacional en forma piramidal progresiva, presentando poblaciones con alto índice de natalidad y mortalidad.

 

Según los resultados del XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007, el 71,38% (519 873 habitantes) de la población del departamento reside en el lugar donde nació, y el 28,62% (208 935 habitantes inmigrantes de toda la vida) provienen de otros departamentos del país y 23,69% (172 646 habitantes emigrantes de toda la Vida) declararon vivir en otros departamentos. En el año 2007 de la población inmigrante que vino a establecerse en la Región San Martín, el 42,4% son procedentes del Departamento de Cajamarca, seguido por el Departamento de Amazonas con 15%. La población Emigrante del mismo año, tuvo como principal destino con 48,9% al departamento de Lima, seguido como segundo destino el departamento de Loreto con 11,1%.

 

Según los estudios de la ENAHO en San Martín los niveles de pobreza han venido reduciéndose en cerca de 36 puntos porcentuales, llegando a alcanzar en el 2012 el 27,6%. Esta situación va de la mano con el incremento de la tasa de empleo en la región lo que permitie que las familias destinen parte de sus ingresos a la satisfacción de sus necesidades básicas y a la adquisición de servicios públicos.

 

En el año 2012 el 65,4% de hogares de la región San Martín contaron con acceso a la red pública, siendo superior a los años anteriores 2011, 2010, 2009 y 2008 con 65,2%, 60%, 64,6% y 60,1%, respectivamente. Así mismo en el 2012, el 39% de hogares contaron con acceso a desagüe, lo que demuestra que en dicho año a comparación con el 2011, 2010 y 2009 se mantuvo el porcentaje de hogares con acceso a desagüe. Pero en el año 2008 el porcentaje de hogares con acceso a desagüe fue menor con un porcentaje de 24,8%. El déficit de hogares con acceso a desagüe en el 2012 fue de 61%.

 

Según la data estadística[3], la población ocupada adecuadamente empleada ha ido en aumento, llegando en el año 2010 a 36,1%. Por otra parte la Población Económicamente Activa Desempleada en el año 2010, ha ido disminuyendo llegando a 7 744 personas. En el 2011, en cuanto al nivel educativo de la PEA ocupada en primer orden el 38,6% tiene educación secundaria, seguido con 37,7% que tienen educación primaria, como tercer orden el 14,8% con educación superior no Universitaria y 8,9%, tienen educación superior universitaria. La Población Económicamente Activa Ocupada por ramas de actividad, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, Condiciones de Vida y Pobreza 2011, encontramos que el sector que mayor empleo absorbe es la Agricultura, Pesca, Minería con un 47,85% de la PEA, seguido en importancia por el sector Comercio con el 15.06%, otros servicios con 6,29%, transportes y comunicaciones con 5,27%, construcción 5,12 y por último la actividad manufacturera con 4,14%. En el Perú, el departamento de San Martín es una de las regiones que muestra una alta tasa de crecimiento poblacional que deviene en la ocupación y el uso inadecuado del territorio.

 

El departamento de San Martín presenta once categorías o unidades de uso actual. El sistema de clasificación adoptado esta basado en la Capacidad de Uso Mayor. A nivel de áreas protegidas el departamento de San Martín cuenta con tres áreas protegidas nacionales, un área de Conservación Regional, 52 áreas de Conservación Municipal, Concesiones de Conservación, territorios de las comunidades y petitorios mineros. El área total de los Bosques de Producción Permanente (BPP) en el Departamento de San Martín asciende a 1 501 291 ha. de los cuales 750 336 ha. son clasificadas como unidades de aprovechamiento[4], divididas en 120 lotes. En los concursos de concesión fueron adjudicados 75 lotes, con una extensión total de 472 184 ha.

 

Cómo se indicó, la superficie total del territorio del departamento de San Martín es de 5 179 642 ha., de las cuales 1 070 749, o sea el 20,67%, del total de la superficie actualmente se encontraría con conflictos de uso. Los estudios temáticos de la ZEE, nos permitieron identificar los diferentes conflictos de uso de las tierras, los mismos que se dan en Tierras de Protección con uso agropecuario, con una superficie de 400 308 ha. (7,73%); Tierras de vocación forestal con uso agropecuario, con una superficie de 6 388 ha (0,12%); Tierras de Protección asociados con tierras forestales con uso agropecuario, con una superficie de 328 092 ha (6,33%); Tierras forestales asociados con tierras para cultivos permanentes con uso agropecuario, con una superficie de 308 870 ha (5,96%); Áreas Naturales Protegidas con uso agropecuario, con una superficie de 27 092 ha (0,52%).

 

El eje hidrográfico del departamento lo constituye el curso medio del río Huallaga que con sus afluentes forma un sistema hidrográfico que drena todo el territorio sanmartinense, en su recorrido por el departamento, el Huallaga es navegable en pequeñas embarcaciones que movilizan carga y pasajeros. El “Pongo de Aguirre” es un importante cañón que forma el Huallaga al atravesar los contrafuertes andinos, también está conformado por lagunas, las cuales se caracterizan por su poca profundidad, altas temperaturas y su forma semicircular.

 

En la región son tres las principales unidades de conservación que se encuentran comprendidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE): Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA) y Parque Nacional Cordillera Azul (PNCA), aunque sólo el 39 % de esta área[5] se encuentra en la región.

 

Como parte de una estrategia de gestión del territorio, actualmente en la región se cuenta con 14 zonas de conservación y recuperación de ecosistemas- ZOCRE, inmatriculadas a favor del estado con fines de conservación y recuperación ecológica, adicionalmente existen 43 áreas propuestas, pendientes de inmatriculación. Así mismo, es importante indicar que según el Plan de Desarrollo Concertado PDC,  menciona que existirían 30 comunidades nativas con sus respectivas organizaciones y territorios, distribuidos en las provincias Rioja, Moyobamba, El Dorado, Lamas y San Martín, no se especifica si son tituladas o no. Sin embargo, como veremos más adelante, según los registros de las organizaciones indígenas el número de comunidades sería mucho mayor, entre las tituladas y no tituladas aún.

 

El proceso de la deforestación en la amazonia y específicamente en el departamento de San Martín ha venido en aumento debido a diferentes causas, entre ellas: la apertura de la Carretera Fernando Belaunde Terry, la colonización, avance de la frontera agrícola, incentivo financiero a la agricultura, éxodo del narcotráfico, terrorismo, migración, los efectos del cambio climático y desastres naturales en su conjunto. El departamento de San Martín durante el periodo 2000 – 2005 tuvo 114 990 ha. deforestadas, número que fue incrementándose a 117 727 ha. en el periodo 2005 -2010. Siendo las Provincias de Bellavista, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota y Lamas las más deforestadas. El territorio del Departamento San Martín cuenta con estudios de ZEE[6] a nivel macro, donde logramos identificar cinco grandes zonas: a) las zonas productivas con 770 224 ha. (14,87%), b) las zonas de protección y conservación ecológica con 3 346 287 ha. (64,60%), c) las zonas de tratamiento especial, d) las zonas de recuperación con 1 055 579 ha. (20,38%), y e) las zonas de vocación urbano industrial con 7 531 has (0,15%).

 

1.2.     Instrumentos de gestión  regional

Para fines del presente documento se procedió a analizar los diversos instrumentos de gestión regional relacionados a  temas ambientales. Seguidamente se brinda detalles de lo que contempla cada uno de ellos.

1.2.1.       Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021 (Ordenanza Regional N° 017- 2013 GRSM/CR (27 de diciembre del 2013), que toma base en el Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008-2015

El Plan de Desarrollo Regional Concertado es un instrumento de gestión para el desarrollo de la región, que permite saber hacia dónde va y qué se debe hacer para concretizar las diversas propuestas que existen en torno del desarrollo de San Martín.

 

La aspiración de la región según este plan es alcanzar el desarrollo integral y equilibrado, con reducción de las desigualdades bajo una democracia participativa; en ese contexto la región se alinea para sumar esfuerzos con el gobierno nacional, es así que el 09 de abril de 2012, se promulga la Ordenanza Regional N° 004-2012-GRSM/CR, dando inicio al proceso de Actualización y/o Formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021, en marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario el Perú al 2021.

 

La riqueza de este documento es múltiple, pero lo más importante es que nace en espacios ampliamente democráticos y descentralizados, en una relación franca, sincera y abierta que ha permitido renovar el pacto social entre autoridades y ciudadanos con el firme propósito de contribuir al desarrollo de la región y de la nación.

 

En lo social, la prioridad es mejorar los niveles de igualdad y oportunidades, donde los grupos vulnerables sean tomados más en cuenta y encuentren políticas claras para su protección, donde las mujeres no sean violentadas y que los agresores de ellas reciban ejemplares sanciones, en donde el acceso al empleo sea cada vez más justo y equitativo y se logre mejorar los ingresos económicos que coadyuven a mejorar la canasta familiar y se pueda vencer la desnutrición crónica y la pobreza, en donde los servicios básicos sean de calidad y que cada poblador/a san martinense tenga acceso a ella, haciendo múltiples esfuerzos para que la población no siga bebiendo agua de lugares inapropiados, que su medio de iluminación sean mecheros o velas, que sigan habiendo muertes materno infantiles por una inadecuada atención, entre otros.

 

En lo ambiental la prioridad es la conservación y recuperación de los bosques de manera sostenible, puesto que éstos brindan grandes beneficios, con especial énfasis en el aprovechamiento del recurso hídrico, además su exuberante belleza paisajística y su amplia variedad de flora y fauna lo convierte en una región prodigiosa y que está empezando a  generar ingresos  económicos para las familias que  consideran que la conservación es un modo de vivir; con la consigna que no se puede dejar que cada día los bosques sean depredados, traficados y que cada año se pierdan hectáreas de producción por mal manejo de los suelos.

 

En virtud a ello, el marco de la visión  es que al 2021 el departamento de San Martí sea un modelo del país en bienestar social y competitividad, mirando al mundo global en un ambiente de valoración económica de los recursos naturales.

 

El eje estratégico de DESARROLLO AMBIENTAL, plantea como principal resultado, la Mejora del Sistema de Gestión Ambiental Regional y como objetivo central: Promover la adecuada gestión sostenible de los recursos naturales y medio ambiente, empleando la educación científica y la adaptación al cambio climático. De manera complementaria, se establecen cinco objetivos específicos:

 

  • Fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de tecnologías limpias en el desarrollo de las actividades económicas, asegurando la calidad ambiental en función al mandato nacional.
  • Promover la investigación científica para la gestión sostenible de los recursos naturales.
  • Promover la cultura ambiental y saberes ancestrales para el desarrollo sostenible.
  • Promover y generar mecanismos de protección de los recursos naturales bajo las diferentes modalidades de conservación con participación de la población.
  • Implementar mecanismos de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

 

1.2.2.       Políticas Territoriales de San Martin (Ordenanza Regional Nº 015-2012-GRSM/CR)

En San Martín, el proceso de ordenamiento territorial ha avanzado considerablemente, sobretodo en relación a la zonificación ecológica económica (ZEE). Así, la Macro ZEE (nivel regional), fue aprobada bajo Ordenanza Regional Nº 012-2006-GRSM/CR, y su respectivo reglamento a través del Decreto Regional Nº 002-2009-GRSM/PGR. A partir de ello, las iniciativas provinciales y distritales, e inclusive a nivel de cuencas, en relación a la administración adecuada del territorio vienen siendo implementadas y ejecutadas bajo un proceso dinámico y de consenso entre las autoridades regionales, la sociedad civil y demás actores involucrados, con el aval del gobierno central. De ello ha devenido la aprobación, en sesión del Consejo Regional San Martín, de la Política Territorial Regional (07 de septiembre del 2012).

 

La Ordenanza Regional N° 015-2012 GRSM/CR establece que la Política Territorial Regional de San Martín (PTRSM) es el conjunto de directrices que establecen el marco de referencia para el desempeño de actividades y servicios de los ejes social, económico, ambiental y político institucional sobre el territorio, tomando en cuenta sus potencialidades e identidad Amazónica, para lograr el desarrollo humano sostenible en el departamento. El ordenamiento territorial se define como un proceso político, participativo, de concertación y conciliación de intereses e iniciativas de los actores sociales, políticos, económicos y técnicos, sobre la base de las potencialidades y limitaciones identificadas en el territorio, lo cual permitirá la toma de decisiones y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales, así como asegurar la ocupación ordenada con la asignación planificada y regulada de las actividades de asentamiento económicas y productivas a implementarse en él. Se sustenta en los principios de: Sostenibilidad, integralidad y flexibilidad, complementariedad, gobernabilidad democrática, subsidiaridad, enfoque de género, respeto, competitividad, prevención, responsabilidad ambiental, inclusión y paz social, dominio latente y cooperación público – privada. La PTRSM se desarrolla bajo los ejes Económico, Social, Ambiental y Político institucional integrados entre sí, donde todos tienen las misma jerarquía, sobre la columna vertebral que es el territorio y de acuerdo a la Zonificación Ecológica Económica. La sinergia entre lo político y lo ambiental es la que permitiría alinear y conciliar la gobernanza de los intereses nacional, regional y local.

 

Dicha norma tiene como antecedentes y marco legal, normas internacionales como el Tratado de Cooperación Amazónica, la Declaración de Río, el Convenio sobre Diversidad Biológica; a nivel nacional, la Constitución Política, la ley de bases de descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, normas vinculadas con el ordenamiento territorial, normas de alcance regional y el plan bicentenario.

 

Se plantea un enfoque estratégico, en la medida de que el desarrollo regional debe partir de una visión integral y sistémica, con el desarrollo territorial sostenible, en la que se quiere salvaguardar la permanencia de los derechos que le asisten a las futuras generaciones. El gobierno regional asume el compromiso de asegurar el bienestar humano de sus integrantes, basado en sus potencialidades, inclusión, equidad, social y economías verdes, que fundamentan su identidad en la conservación y gestión participativa de su patrimonio natural y cultural, en un territorio ordenado; contribuyendo en la mitigación y adaptación al cambio climático.

 

La Política Territorial Regional de San Martín se desarrolla bajo los ejes: social, económico, ambiental, y político institucional, sobre el territorio y su zonificación económica y ecológica como columna vertebral.

 

Se establecen dos políticas principales:

 

  1. El territorio y sus potencialidades: Impulsar e implementar el ordenamiento espacial, jurídico y político institucional en base a las potencialidades y limitaciones del territorio, identificadas en la ZEE; estableciendo cuatro zonas de intervención:

 

  • Zona productiva agropecuaria y acuícola.
  • Zona urbana, industrial y de expansión.
  • Zona de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.
  • Zona de tratamiento especial, en donde se precisa la promoción de la protección, conservación y desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios, reafirmando su cosmovisión y revalorándolos como patrimonio cultural.

 

  1. Gobernanza de la gestión territorial para el desarrollo humano sostenible: impulsar e implementar la articulación e integración de las políticas sectoriales, reforzándose mutuamente y generando sinergias para el desarrollo humano sostenible, según éstos ejes:

 

  • Eje económico.
  • Eje ambiental, de recursos naturales y ordenamiento territorial.
  • Eje político institucional.

 

En términos de articulación se considera:

 

  • Instrumentos de planificación (ZEE)
  • Procesos de organización e integración
  • Inversión
  • Planes
  • Importancia del desarrollo institucional regional:
  • Gerencia de planeamiento y presupuesto
  • Autoridad Regional Ambiental

 

1.2.3.       Plan Forestal Regional de San Martin (PFRSM)

Si bien no existe una evaluación de los avances de la implementación del PFRSM 2008-2014, para los fines del presente estudio cabe resaltar la importancia de sus alcances, en el marco de una política regional orientada a revertir la problemática existente, así como el de promover el aprovechamiento sustentable de sus potencialidades, en un contexto de transformación de las dinámicas socio económicas locales y regionales, así como del incremento y frecuencia de fenómenos atmosféricos (principalmente incremento de la temperatura, precipitaciones y sequías), relacionados al cambio climático.

El alto nivel de intervención de los bosques de la región, estimado en 1,6 millones de ha. (30% del total regional de los bosques primarios), en los últimos 50 años. En contraste con el 15% del territorio con vocación productiva agropecuaria y silvicultural, y el 65% correspondiente e a zonas de protección y áreas de conservación, según la ZEE; establecen condiciones preocupantes para el desarrollo regional dados los niveles de degradación de los ecosistemas (deforestación, degradación de suelos y tala indiscriminada de los bosques), cuyos efectos ambientales y sociales han sido identificados.

La región presenta 53 formaciones vegetales[7], de las cuales 39 corresponden a bosques, totalizando 2,8 millones de ha. En términos de producción de bienes maderables, el 49% corresponde a bosques húmedos de montañas altas con 2 536 millones de ha, le siguen los bosques intervenidos con el 28% y en tercer lugar los bosques húmedos de montañas bajas con el 5%. Según el Centro de Información Forestal (CIF) se identifican 56 morfo especies que contribuyen a la producción maderable y solo cinco de ellas constituyen el 71% del volumen de productos maderables registrados.

San Martín cuenta con tres Bosques de Producción Permanente (BPP) que totalizan alrededor de 1,1 millones de hectáreas. Estos BPP fueron creados en el año 2002 mediante la Resolución Ministerial N°. RM 549-2002-AG; pero en el 2005 y el 2006 se hacen recortes a su extensión. Es importante indicar que el diseño y creación de los BPP en San Martín contó con un alto grado de resistencia de un amplio sector de la población organizada debido a que dicho diseño fue muy rápido, con limitada consulta en la región y porque en el momento de la creación aún no se completaba la Zonificación Ecológica Económica (ZEE), la cual proveería de valiosa información para un diseño más fino de dichos BPP. Habiendo terminado el proceso de ZEE, actualmente sabemos que alrededor del 38,4% (576 191 ha.) de dichos BPP se encuentran en zonas de protección, 18,8% (282 271 ha.) en zonas de protección asociado a producción forestal y 15,8% (237 614 ha.) en zonas de recuperación. En los bosques de producción permanente se destinaron  79 concesiones de aprovechamiento en 34 contratos y 28 concesionarios.

En aquel momento (2007), ya era notorio el desabastecimiento de agua, la erosión acelerada de los suelos, la pérdida de diversidad genética y una baja contribución de la actividad forestal en la generación del empleo, al PBI regional y en general a la calidad de vida de la población; configurando un escenario crítico para la actividad forestal. La contribución de San Martín en la producción de productos maderables a nivel nacional no supera el 8% y se estima que puede llegar al 5%. La contribución económica al PBI regional de la agricultura, la caza y la silvicultura llegan al 30,35% del total regional. Frente a ello el gobierno regional  se propuso modificar la tendencia mediante el uso eficiente de los recursos de la región, elaborando un plan que sirva de guía para conducir y mejorar la articulación de los bosques con el desarrollo de la población[8].

El diagnóstico de dicho  plan establece un conjunto de variables e indicadores cuantitativos que sustentan las estrategias de los programas, metas, responsables, actores clave y estimados presupuestales. Adicionalmente, el análisis estratégico permite identificar debilidades estructurales como las capacidades institucionales para el monitoreo y control de la tala y el comercio ilegal, las falencias del proceso de concesiones, la capacidad de la autoridad forestal, los temas de saneamiento físico legal de la propiedad y títulos de tierras; así como la escasa coordinación entre los diversos niveles de gobierno. Otro aspecto clave puesto en evidencia es la baja capacidad de las comunidades para la gestión de los recursos naturales, negociación de sus productos y acceso al mercado, sub utilización de sus capacidades productivas (alquiler de tierras), entre otros.

El análisis de los factores internos y externos deviene en un planteamiento general para el ordenamiento y mejora de la gestión de los bosques como una estrategia fundamental para el desarrollo regional. Se plantea la necesidad de combatir la tala ilegal, reducir la deforestación y controlar la migración (ordenamiento y orientación). Establece la necesidad de mejorar las capacidades en términos de competitividad regional así como el mejoramiento de la infraestructura para el procesamiento de la producción forestal. En términos de oportunidades, los resultados de la ZEE y el panorama global favorable para la reducción de emisiones[9] establecían la viabilidad y factibilidad de orientar el desarrollo forestal regional hacia la prestación de servicios ambientales: certificación de reducciones, deforestación evitada y `pago por servicios de protección de acuíferos y/o ecosistemas generadores de recursos hídricos. Otro lineamiento es la orientación hacia la instalación de plantaciones forestales con fines industriales a través de cultivos diversificados y priorizando especies nativas; dándoles un mayor valor agregado.

Se configura de esta manera una visión de futuro que responde a las expectativas y necesidades de los actores locales y se orienta hacia un desarrollo forestal de mayor sustentabilidad, en base a sus fortalezas y oportunidades.

La visión del PFRSM al 2027

“San Martín es la región amazónica cuyas actividades socio-económicas-ambientales están ordenadas y el patrimonio forestal-natural produce bienes y servicios que contribuyen al desarrollo sostenible, asimismo lidera la mitigación del cambio climático local, regional, nacional y global.”

Para alcanzar dicha visión se propusieron los siguientes objetivos estratégicos:

  1. Producir sosteniblemente bienes y servicios a partir de los bosques de producción forestal permanente, bosques locales, bosques de comunidades, áreas boscosas en predios agropecuarios y plantaciones forestales.
  2. Asegurar la integridad de los ecosistemas y paisajes naturales de modo que permitan la conservación de la diversidad biológica y los servicios ambientales que estos generan, contribuyendo al desarrollo de la región.
  3. Desarrollar de manera competitiva las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales, asimismo restaurar el paisaje forestal degradado priorizando las cuencas críticas de la región.
  4. Gestionar integralmente los bosques de la región San Martín, involucrando a la población local consciente de los beneficios de mantener e incrementar la superficie boscosa en la región.

Para alcanzar los objetivos se prevé la aplicación de cuatro programas de actividades a nivel regional:

 

  1. Programa de Manejo de Bosques Productivos.- Este programa está dirigido al ordenamiento y manejo sostenible de los bosques productivos de la región incluyendo los Bosques de Producción Permanente, Bosques Locales y Comunales así como el manejo de los lotes boscosos ubicados en los predios agropecuarios. Se consideran medidas para detener la deforestación así como la tala y comercio ilegal de especies forestales. Este programa comprende estrategias agrupadas en cuatro componentes: a) Tierras y Bosques, b) Bosques de Producción Forestal, c) Bosques Comunales y Locales y d) Fauna Silvestre.
  2. Programa de Conservación y Servicios Ambientales.- Programa diseñado para asegurar la integridad de los ecosistemas forestales y los servicios ambientales que estos nos proveen, con especial énfasis en el agua. Asimismo, se busca aprovechar los emergentes mercados de carbono y servicios hidrológicos.
  3. Programa de Reforestación y Agroforestería.- Este programa está diseñado al establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales que ayuden a construir una sólida industria local a partir de las tierras deforestadas ubicadas en zonas de producción forestal. Asimismo, este programa incluye la recuperación de las áreas degradadas priorizando aquellas áreas dentro de las cuencas que son clave para la generación de agua y otros servicios ambientales.
  4. Acciones Transversales.- Bajo este programa se agrupan acciones que atañen al cumplimiento de todos los objetivos de forma transversal, agrupadas en los siguientes componentes: a) Prevención y Control de Quemas e Incendios Forestales, b) Sistema de Incentivos, c) Sistema de Monitoreo, d) Orientación de Flujos Migratorios, e) Investigación Forestal, f) Comunicación y Educación Ambiental y g) Valor Agregado e Industria Forestal.

 

El Plan Forestal Regional propuso una estructura institucional regional que asumiría la responsabilidad de su ejecución y monitoreo, enmarcado en el proceso de transferencia de competencias y facultades forestales del ex INRENA al Gobierno Regional, en su fase final. Este arreglo institucional se basaba en una autoridad forestal regional (Director Forestal Regional). Asimismo, se propuso el establecimiento de: a) una unidad de línea a cargo de la gestión del Sistema Regional de Áreas de Conservación y b) de una unidad de línea que conducirá el Sistema Regional de Monitoreo e Información Ambiental. Del mismo modo, se propone la creación de un cuerpo regional de Custodios Forestales para asistir en la gestión y control del recurso forestal y las Áreas de Conservación.

 

Una primera estimación indica que el cumplimiento de los objetivos del plan requería de una inversión del orden de los 1 018 millones de dólares durante los 20 años de aplicación del plan. Se estimó que un 12% de dicho monto (US$ 124 millones) correspondería a inversión estatal, mientras que el aporte de la inversión privada ascendería al US$ 444 millones (44%) y el aporte proveniente de la cooperación internacional se estima en US$ 450 millones (44%).

 

Una importante estrategia para el financiamiento del plan se sustentaba en la inserción de la gestión forestal regional[10], en los mercados emergentes de carbono y servicios ambientales, así como los mecanismos de cambio de deuda por naturaleza.

 

El plan contempla un marco conceptual, donde se señala el contexto en el cual se formula el plan (Parte II). Luego se presenta el direccionamiento estratégico, el cual señala la visión, objetivos estratégicos, metas e indicadores para verificar el cumplimiento de dichas metas (Parte III). Le sigue el Plan de Acción resumido (2008-2014), el cual incluye de manera breve las principales actividades propuestas para alcanzar las metas propuestas hasta el año 2014 (Parte IV). En el cual, debido al nivel de planificación, las actividades señaladas son aún generales. Es importante indicar aquí que paralelo al proceso del PFR, se ha formulado planes con un mayor nivel de detalle para dos de los programas del presente plan: i) un Plan para la administración de las Concesiones Forestales y Bosques de Producción Permanente y ii) el Plan de Reforestación y Agroforestería. Existe también, un Plan de Monitoreo, el cual marca los indicadores clave para asistir al monitoreo y evaluación del PFR. Asimismo, se incluye tanto una sección que describe los arreglos institucionales necesarios para la ejecución del plan (Parte V) y una primera aproximación al presupuesto y lineamientos para su financiamiento.

 

1.2.4.       La Plataforma de Manejo Forestal Comunitario  y la propuesta de Manejo Forestal Comunitario

La propuesta de manejo forestal comunitario en la región San Martin consta de la implementación de la Oficina de Manejo Forestal Comunitario y la creación de la Plataforma Regional de Manejo Forestal Comunitario, como mecanismos de coordinación entre instituciones públicas, privadas, comunidades nativas, organizaciones indígenas y empresas interesadas en promover el manejo sostenible y competitivo de los bosques en tierras de comunidades nativas, convirtiéndose esta plataforma en un espacio de diálogo, consenso y promoción permanente.

 

La Plataforma Regional de Manejo Forestal Comunitario en el marco de la política pública de promoción del uso sostenible de los bosques, especialmente los de comunidades nativas, se orienta a impulsar una estrategia de trabajo para desarrollar el manejo forestal comunitario con el objetivo de consolidar los derechos, promover asistencia técnica, facilitar alianzas empresariales y acceso a tecnologías, financiamiento y mercados para bosques de comunidades nativas.

 

El impulso y apoyo sostenido del manejo forestal comunitario entendido en forma amplia, comprende el uso de los diversos recursos del bosque y su aprovechamiento integral, bajo distintas formas de gestión, de manejo, de mercadeo y comercialización y de relaciones con terceros, teniendo en común la decisión, conducción y control directo de la comunidad sobre sus recursos forestales y de fauna silvestre para la generación de empleo e ingresos a sus integrantes involucrados en esta actividad, así como para incrementar el beneficio colectivo de toda la comunidad.

Entre los principales objetivos destaca:

 

  • Establecer el dialogo entre las organizaciones indígenas, campesinas o tradicionales, asentamientos de colonos, poblaciones ribereñas y pequeños agricultores o finqueros en general, las instituciones de apoyo y del estado en torno a las preocupaciones y propuestas del manejo forestal comunitario en San Martín.
  • Concertar y generar propuestas consensuadas de políticas de alcance nacional y regional para promover el manejo sostenible de bosques en tierras de comunidades nativas y campesinas.
  • Promover el manejo forestal comunitario en San Martin.
  • Elaborar propuestas para mejoras al marco legal, normativo y administrativo relacionado a la gestión forestal.
  • Promover el fortalecimiento de capacidades comunales de gestión, técnicas y comerciales.
  • Fortalecer las capacidades de liderazgo regional y promover los principios de buena gobernanza.
  • Apoyar al fortalecimiento de la gestión y política forestal y de fauna silvestre en San Martin.
  • Mejorar las capacidades técnicas de gestión y ordenamiento territorial.
  • Propiciar mecanismos de participación de las organizaciones indígenas en los procesos de manejo forestal comunitario.
  • Diseñar y proponer cambios y ajustes al marco legal, normativo y administrativo relacionado a la gestión forestal.
  • Implementación de la unidad de manejo forestal comunitario

 

Desde una perspectiva institucional, el Gobierno Regional de San Martin (GORESAM), a través de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), asume el liderazgo e iniciativa de la gestión y formalización de la institucionalidad de la Unidad de Manejo Forestal Comunitario de San Martin (UMFCSM), dentro la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los Recursos Naturales (DEACRN), como un instrumento rápido y eficaz de servicios e información de comunidades y para comunidades de la región San Martin, como un instrumento o plataforma de servicios que faciliten la gestión del desarrollo sostenible directo y por acción de los propios actores comunales. La comunidad y sus propias autoridades serán el pilar de la acción y gestión de su desarrollo.

 

Entre las principales FUNCIONES de la UMFCSM tenemos:

  • Asistir las organizaciones comunales indígenas de la Región San Martin en mejorar la legalidad de sus organizaciones.
  • Proveer capacitación y asesoría, diseminar información sobre los reglamentos, trámites forestales, y la comercialización de madera a las CCNN interesadas en el aprovechamiento forestal legal.
  • Intercambiar información técnica, comercial, y organizacional entre las CCNN y la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los Recursos Naturales (DEACRN)
  • Promocionar las oportunidades forestales de la zona entre madereros, compradores, y socios estratégicos potenciales.
  • Validar propuestas de aprovechamiento forestal de los niveles de impacto (1, 2 y 3) previstos por la normatividad.
  • Acompañar las CCNN con los procesos de aprovechamiento forestal y la administración del mismo.
  • Trabajar con las CCNN para mejorar los procesos y estructuras para la toma de decisiones relacionadas con el manejo forestal y los beneficios derivados de ello. Formular y validar mejora de procedimientos forestales para ser implementados por la DEACRN y ARA.
  • Articular las CCNN con intervenciones del sector público a favor del buen uso de los recursos naturales, como el Programa Nacional de Conservación de Bosques, AGROIDEAS, PAES, etc., dándoles el soporte para que califiquen para el acceso a estos fondos.

 

Como actividades prioritarias se establecieron:

  • Facilitar la regularización de la inscripción de las Juntas Directivas de CCNN ante Registros Públicos mediante información, asesoría y asistencia técnica a los Jefes y/o su Junta Directiva, representantes legales de las Comunidades.
  • Facilitar la elaboración y/o modificación de Estatutos y Reglamentos de CCNN mediante información, asesoría y asistencia técnica a los Jefes y/o su Junta Directiva, representantes legales de las Comunidades.
  • Facilitar para fines comerciales y/o empresariales la obtención y/o activación del RUC de CCNN mediante información, asesoría y asistencia técnica a los Jefes y/o su Junta Directiva, representantes legales de las Comunidades.
  • Facilitar para fines comerciales y empresariales apertura de cuenta bancaria en Banco de la Nación y otras del sistema financiero mediante información, asesoría y asistencia técnica a los Jefes y/o su Junta Directiva, representantes legales de las CCNN.
  • Facilitar a las CCNN el adecuado registro de los diferentes Libros de Actas, Acuerdos, padrón de socios, etc. mediante información, asesoría y asistencia técnica a los Jefes y/o su Junta Directiva, representantes legales de las Comunidades.
  • Programar y ejecutar campañas de información e instrumentos eficaces de información sobre los servicios de la oficina.
  • Programar y ejecutar campañas de capacitación de temas relacionados a los servicios de la oficina.
  • Programar y ejecutar visitas a comunidades de seguimiento y monitoreo de la aplicación de los servicios.
  • Implementar un sistema de información y registro de CCNN que contenga copia digitalizada de libros, títulos, estadísticas, encuestas, censos y todo tipo de información que sea pertinente para mejorar los servicios y faciliten el apoyo a los planes de desarrollo comunal, local, regional y nacional que requiere el sector público y privado.
  • Facilitar información, asesoría, asistencia técnica y acompañamiento en la gestión a las comunidades formalizadas y mejor organizadas, con plan de vida comunal elaboren perfiles y proyectos que puedan ser aprobadas por el SNIP, presupuestos participativos y otros programas de los gobiernos locales, gobierno regional y Programas y Proyectos públicos y privados.
  • Formular procedimientos y reglamentos que mejoren y simplifiquen los trámites y gestiones de CCNN en MFC.

 

Finalmente se elaboró un PLAN DE TRABAJO, que establece los mecanismos y/o metodologías, actividades, instituciones responsables o estrategias de articulación y coordinación, los plazos de implementación y las consideraciones u observaciones, alcances y aportes. Como el catastro, un plan piloto, la declaración de dominio territorial por parte de las comunidades, estrategias de financiamiento, políticas de incentivos; en siete grupos de trabajo.

 

1.3.     Análisis de la Institucionalidad Regional

Recientemente el 13 de julio del 2,015 se dictó la Ordenanza Regional N°006-2015-GRSM/CR con el que se aprueba el reglamento de organización y funciones (ROF) del gobierno regional, así como el nuevo organigrama de la región San Martin. En él se puede apreciar que hay tres gerencias de línea:

  • Gerencia regional de desarrollo económico.
  • Gerencia regional de desarrollo social.
  • Gerencia regional de infraestructura.

 

Por ser de interés del estudio, es importante señalar las ubicaciones de las áreas que tienen que ver con la gestión vinculada a territorios y bosques. Tal es así, que en la Dirección Regional de Agricultura, que pertenece a la Gerencia de Desarrollo Económico, se encuentra la Dirección de Titulación, Reversión de tierras y Catastro Rural. Mientras que en la Dirección de Inclusión e Igual de Oportunidades, que pertenece a la Gerencia de Desarrollo Social, está la Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Por otro lado se tiene a la Autoridad Regional Ambiental (ARA) que depende directamente de la Gerencia General Regional (no de una gerencia regional de línea), encargada de los asuntos que tienen que ver con la administración, promoción y control forestal.

Esto sin duda demanda un gran esfuerzo de articulación interna, coordinación  y complementariedad dentro el propio gobierno regional; más aún porque para los usuarios del bosque el estado es único, por consecuencia es importante tener reglas de juego claras, sabiendo que la cadena de valor forestal comienza desde la regularización de derechos territoriales, acceso a los recursos naturales, administración y control de parte de las entidades públicas, que dicho sea de paso no todos dependen del gobierno regional.

La Autoridad Regional Ambiental – ARA

Es la instancia regional, directriz de la política pública regional, en materia de recursos naturales, medio ambiente y ordenamiento territorial. Su accionar y/o gestión se enmarca en las 24 funciones que le han sido delegadas y/o asignadas mediante Ordenanza Regional Nº037- 2010- GRSM/CR. El ARA es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional San Martín, con autonomía técnica y administrativa. Le corresponde atender funciones específicas sectoriales en materia de recursos naturales, áreas protegidas, medio ambiente y ordenamiento territorial. Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional.

Para el logro de sus objetivos y/o metas trazadas, el ARA consolida su gestión ambiental a través de sus Órganos de línea Especializados: Dirección Ejecutiva de Gestión Estratégica Ambiental, Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales y Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial, estas dos últimas, antes dependientes de la Dirección Regional Agraria y Sub Gerencia de Administración territorial respectivamente; han sido absorbidas por la Autoridad Regional Ambiental – ARA, dentro del marco del proceso de modernización institucional.

La Autoridad Regional Ambiental -ARA, tiene como sus principales líneas de intervención, los principales problemas que afectan a la Región San Martín: Deforestación, Tala Ilegal, Ocupación Territorial Ilegal y Cantidad – Calidad del recurso Hídrico.

La Autoridad Regional Ambiental – ARA, declara orientar su gestión de manera articulada y/o descentralizada con los actores públicos, privados y de la sociedad civil, tanto de nivel regional y local, como de nivel nacional e internacional; directamente involucrados y/o comprometidos con la problemática ambiental de la región, Dentro de este marco, la ejecución de: acciones, actividades, proyectos y programas que realicen las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil en el territorio regional, serán coordinadas y/o monitoreadas de manera interinstitucional, bajo el liderazgo y/o responsabilidad de la ARA.

Entre los preceptos del ARA, se manifiesta que la implementación de la Autoridad Regional Ambiental y su enfoque de intervención ecosistémica – territorial y articulada – descentralizada; permitirá mejorar y fortalecer la gestión ambiental en la región, así como optimizar y racionalizar recursos financieros, que conlleven al logro de los objetivos trazados y/o el mejora miento de la calidad del servicio a la ciudadanía.

Funciones

  • Formular, proponer, concertar, conducir y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes y programas para el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos: agua, suelo, flora y fauna silvestre, recursos genéticos y medio ambiente a nivel Departamental
  • Coordinar con los sectores públicos y privados en lo concerniente a la utilización, aprovechamiento racional, sostenible y protección de los recursos naturales del ambiente en un marco de promoción a la inversión privada.
  • Generar espacios para concertar y articular políticas y acciones intersectoriales en materia de recursos naturales y del ambiente en el Departamento.
  • Promover proyectos de aprovechamiento sostenible con comunidades locales y nativas, en asociación con organizaciones públicas o privadas.
  • Promover proyectos de protección y conservación de recursos naturales y del ambiente en el ámbito departamental.
  • Proponer la creación de las, zonas de protección y conservación ecológica (ZPCE), áreas de conservación regional y local en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Sistemas Regional de Areas de Conservación.
  • Implementar el sistema regional de aéreas de conservación.
  • Implementar y conducir el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con los Gobiernos Locales, comisiones ambientales locales y comisión ambiental regional (CAR)
  • Implementar el sistema regional de información ambiental
  • Formular lineamientos regionales y brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para los procesos de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano de su responsabilidad, a fin de que se enmarquen en el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental.
  • Planificar, organizar y conducir la zonificación ecológica económica y organización territorial, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales de la región, en armonía con las políticas y normas de la materia.
  • Controlar y supervisar que los proyectos y planes públicos y privados se sujeten a la planificación de la zonificación ecológica económica y organización territorial
  • Formular lineamientos regionales y brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para los procesos de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano de su responsabilidad, a fin de que se enmarquen en el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental
  • Fiscalizar, verificar y supervisar el cumplimiento de las normas del ambiente y desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción
  • Imponer sanciones ante la infracción a normativa ambiental regional.
  • Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales en áreas al interior del departamento, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.
  • Otorgar certificación de EIA.
  • Articular normas, planes, programas y proyectos con base de dato nacional en cambio climático y diversidad biológica
  • Planificar y desarrollar acciones de organización y delimitación en el ámbito del territorio regional y organizar y evaluar los expedientes técnicos de demarcación territorial, en armonía con las políticas y normas de la materia
  • Formular, ejecutar, evaluar y controlar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales
  • Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y rurales de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
  • Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal, con excepción de los que son de propiedad de los gobiernos locales y del Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente
  • Gestionar, evaluar y controlar las acciones de cooperación internacional que demande alguna dependencia del órgano a su cargo, remitiendo su recomendación a la Gerencia General Regional para la decisión respectiva.
  • Formular y consolidar el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de necesidades de la Autoridad Regional Ambiental.
  • Otras que le encargue el Gerente General Regional en el marco de sus competencias.

 

PARTE II: LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE SUS BOSQUES

 

En la región San Martin hay 3 pueblos indígenas representativos: Kechwas, Awajún y Shawi, la que tiene mayor número de federaciones representativas es el pueblo Kechwas. La organización regional indígena más representativa es la Coordinadora de Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM), la que a la vez tiene afiliada siete (07) federaciones:

  • Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo  (FERIAAM).
  • Federación de los pueblos indígenas Kechwas de la Región San Martin  (FEPIKRESAM).
  • Federación Regional Indígena Shawi San Martín  (FERISHAM).
  • Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA).
  • Federación Kichwa Huallaga Dorado (FEKIHD).
  • Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga de la Región San Martín  (FEPIKBHSAM).
  • Federación Indígena de Comunidades Nativas Amazónicas Kichwas del Dorado – (FECONAKED).

 

Es importante indicar que hay una Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín ORDEPISAM que funciona e interactúa en el gobierno regional de San Martin.

2.1.     Aspectos metodológicos importantes

Para la elaboración del presente estudio se hizo una revisión de los instrumentos de gestión y marco institucional del gobierno regional de San Martin, revisión de los antecedentes de estudios afines, además se realizaron dos (02) talleres participativos en la ciudad de Tarapoto en los meses de junio del 2,015 que convocó la participación de los principales líderes y técnicos de las siete (07) federaciones que forman parte de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM), equipo de la Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM, personal técnico del proyecto “Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria para mejorar la gobernanza a nivel local en la región San Martín” que tiene como ente ejecutor a CEDISA con el apoyo de TRAFFIC y ECO REDD con el apoyo financiero y asistencia de FAO FLEGT.

Para el levantamiento de información y aportes se diseñaron dos formatos: uno para identificar los problemas principales que aqueja a las poblaciones indígenas en torno a la gestión territorial y bosques, así como sus propuestas de solución; y otro formato que recoge información más detallada por temas y niveles en el que identifican las fortalezas y debilidades de los mismos, en algunos casos sus demanda (en los anexos se adjunta la información registrada por cada federación). La información temática requerida por niveles y elementos claves fue la siguiente:

 

  • A nivel comunitario:
  • Aspectos territoriales.
  • Organización comunal.
  • Aspectos técnicos.
  • Niveles de cooperación.
  • A nivel las organizaciones indígenas:
  • Capacidad técnica.
  • Capacidad de propuesta.
  • Capacidad de participación.
  • Capacidad de incidencia.
  • Capacidad organizativa.
  • Capacidad logística.
  • A nivel las instituciones (entidades públicas)
  • Políticas y normas.
  • Capacidad operativa.
  • Aspectos o espacios de participación.
  • Articulación institucional.
  • A nivel las del sector privado
  • Relaciones comerciales.
  • Capacidad de entendimiento.
  • A nivel las sociedad civil (Cooperación)
  • Cooperación.
  • Coherencia de intervención.
  • Efectividad operativa.

 

Como es entendible la mayoría de los aportes de los representantes de los pueblos indígenas  están basados en percepciones, que representan su sentir, y que influyen de sobre manera en la toma de la mayoría de decisiones, por lo que son totalmente validas e importante de ser tomadas en cuenta. Sin embargo, es probable que demanden un análisis más detallado con cada uno de ellos y sus bases a quienes representan, que consideramos constituiría una tarea que la Veeduría Forestal Indígenas de la CODEPISAM debería desarrollar más adelante como parte de su gestión.

Paralelamente a lo antes mencionado,  se ha elaborado un formato para recoger información más exacta desde el punto de vista cuantitativo relacionado a la situación del saneamiento territorial:

  • Comunidades reconocidas y tituladas.
  • Comunidades sólo reconocidas, no tituladas.
  • Comunidades por reconocerse.

 

Esta información alimenta la base de datos de la Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM, la que está en plena construcción y cuya información será dinámica de acuerdo se vaya completando la información y registrando los cambios.

 

Finalmente, se ha levantado información en torno a la gestión forestal de las comunidades indígenas relacionada básicamente a la situación administrativa de los permisos de aprovechamiento forestal maderable y no maderable.

 

2.2.     Resultados

2.2.1.       Percepción y aportes de los representantes de las poblaciones indígenas a través de sus federaciones

A continuación se presenta la percepción y sentir general de los representantes de las  poblaciones indígenas sobre los principales problemas que los aqueja, así como las alternativas de solución que plantean.

  1. Problemas
  • Inseguridad jurídica de sus territorios, falta de saneamiento físico legal (Documentación legal, inscripción ante Registros Públicos, demarcación de linderos físicos)
  • Falta de voluntad política del GORESAM para titular y sanear los territorios indígenas, sienten que no es una prioridad para el GORESAM, de lo contrario, perciben que hay la prioridad de favorecer titulaciones individuales no colectivas, crear áreas de conservación, entre otros.
  • Desarticulación institucional y falta de coherencia en el discurso y la intervención para abordar el tema de saneamiento territorial de las comunidades indígenas.
  • Invasiones a los territorios ancestrales por migrantes, existencia de tráfico de tierras.
  • Superposiciones con ANP, BPP, ZOCRES.
  • Venta de terrenos posesionadas por las comunidades a empresas agroindustriales.
  • Altos niveles de corrupción en funcionarios públicos y autoridades para facilitar el otorgamiento de derechos territoriales a terceros (no indígenas), muchos de ellos con intereses políticos y electorales.
  • No se aplica la consulta previa e informada para el otorgamiento derechos a terceros, principalmente en la creación de Áreas de Conservación o Protección en la región.
  • Limitadas capacidades de los pueblos indígenas y sus organizaciones para hacer frente a estos problemas territoriales (organizacionales, técnicas, administrativas, financieras, legales, logísticas).
  • Ordenamiento territorial deficitario dentro los territorios de las comunidades indígenas.
  • Pérdida de recursos del bosque (deforestación, tala y comercio ilegal de recursos forestales).
  1. Alternativas de solución
  • Mejorar las capacidades y estrategias de incidencia y presión de las organizaciones indígenas ante el GORESAM y demás instituciones vinculadas para que se titule y se ejecute el saneamiento físico de las comunidades indígenas (comunidades tituladas y no tituladas).
  • Que se diseñe e implemente un programa de titulación regional para las comunidades con participación directa de las organizaciones y poblaciones indígenas, conseguir los fondos para su implementación de una forma rápida y transparente.
  • Que se mejore los niveles de coordinación y articulación entre las entidades encargadas del saneamiento y titulación de las comunidades indígenas, unificar discursos y estrategias de intervención.
  • Promover y hacer que se titulen colectivamente los territorios comunales y no individualmente.
  • Revisar, evaluar y derogar las normas atentatorias a la titulación y saneamiento de las poblaciones indígenas, así como las que son atentatorias a los derechos ancestrales.
  • La aplicación obligatoria de la consulta previa para otorgar derechos territoriales y acceso a recursos naturales con afectación directa e indirecta a las poblaciones indígenas en la región.
  • Implementación de Mesas Técnicas interinstitucionales para abordar y dar solución a los problemas territoriales de las comunidades, cuyos efectos sean vinculantes, los miembros deben tener capacidad de decisión.
  • Concluir los trabajos de georreferenciación en las comunidades para tener un catastro real de las comunidades tituladas y posesionadas.
  • Mejorar los mecanismos o estrategias de levantamiento de fondos (públicos, de cooperación y privados) para programas y proyectos a favor de las comunidades indígenas.
  • Mejorar los sistemas institucionales de vigilancia y control para detener invasiones, deforestación, tala y comercio ilegal de productos del bosque, promoviendo los niveles de intervención de las comunidades indígenas.
  • Diseñar e implementar programas de reforestación en territorios indígenas con especies maderables, medicinales, promover la regeneración natural.
  • Fortalecer la gobernanza comunal a todo nivel (fortalecer capacidades de autoridades, dirigentes, formar cuadros con jóvenes, niños) implementar proyectos para tales fines, mejorando la asistencia técnica a las comunidades por parte de ONGs.
  • Elaborar normas, estatutos comunitarios en torno a la administración, control de la gestión territorial, flora y fauna silvestre.
  • Hacer seguimiento a los trámites, revisión de expedientes ante el GORESAM y Registros Públicos sobre la titulación de las comunidades.
  • Revisar los Planes de Vida a quienes lo tengan, actualizar, elaborar para los que no tengan en base a la visión indígena.
  • Realizar el ordenamiento interno de los territorios indígenas en base a los Planes de Vida, identificando las potencialidades, uso mayor, ocupación de los pueblos indígenas de acuerdo a las tradiciones, costumbres (cosmovisión), relación con el mercado.
  • Conformar cooperativas, empresas comunales para mejorar la relación comercial de las comunidades con el mercado.
  • Buscar fondos para contar con equipos multidisciplinarios; elaboración, implementación, evaluación de proyectos para las comunidades indígenas.
  • Equipamiento de las organizaciones para fortalecer su capacidad operativa con tecnología (capacitación en su uso), unidades de transporte, materiales, compensación de tiempo para el recurso humano.

 

Temas planteados por niveles por  los representantes de las comunidades

A continuación se muestra la información registrada de los aportes de los representantes de las federaciones que participaron de los  talleres, donde enfatizan y detallan sus apreciaciones generales compartidas anteriormente, pero por aspectos claves o temas por niveles al que pertenecen los actores.

 

1. A nivel de las Comunidades Aspectos territoriales:

  • La mayoría de comunidades no tienen saneado física y legalmente sus territorios.
  • Muchas comunero(a)s  no conocen todo su territorio, falta demarcar límites y linderos territoriales de las comunidades.
  • Se está produciendo alquiler de tierras comunales a terceros.
  • Hay un incremento en el cambio de uso de los bosques.
  • Pese a que no están saneados los territorios las comunidades son los que conocen como conservar los bosques.

 

Aspectos organizativos:

  • Débil cumplimiento  de funciones.
  • Falta de capacitación en temas de Veedurías y otros.
  • Tienen debilidades en administración, trasparencia, formación de liderazgo.
  • Poca participación de los comuneros en asamblea y trabajos comunales.

Fortalezas:

  • La mayoría cuentan con juntas vecinales, club de madres, rondas, primeros auxilios, vigilancia comunitaria.
  • Muestran unidad ante las amenazas externas.

Demandan:

  • Capacitación a los pobladores y dirigentes.

 

Aspectos técnicos:

  • No cuentan con profesionales y capacidades técnicas.
  • Falta de información.
  • No cuentan con infraestructura técnica, ni con asistencia de especialistas.
  • Faltan técnicos capacitados por materias (especializados).

Fortalezas:

  • Los comuneros están interesados en la capacitación.
  • Existen técnicos indígenas en algunas organizaciones y en las instituciones,  son pocos pero existen.

Demandan:

  • contar con recursos humanos capacitados en salud, educación ambiental.
  • actualización de la información.
  • Demandan contar con técnicos y mejorar condiciones remunerativas para los profesionales y técnicos indígenas.

 

Aspectos de relación con la cooperación:

  • Desconocen el marco presupuestario de las entidades de cooperación y ONGs para apoyar a las poblaciones indígenas.
  • Insuficientes recursos de la cooperación en proyectos de inversión y asistencia técnica en favor de las comunidades.
  • Cooperantes con programas direccionados que no se adaptan a la realidad de las comunidades.
  • Poco apoyo  a las organizaciones indígenas.

Fortalezas:

  • Son asequibles, tienen voluntad de diálogo y comunicación para con los entes cooperantes.
  • Algunos representantes de comunidades indican tener algunas experiencias con cooperantes.

Demandan:

  • Que las instituciones públicas y privadas contribuyan de mejor forma a las comunidades, para buscar el desarrollo social, económico, seguridad alimentaria, en base a la agricultura y sus bosques.
  • Suscripción de convenios de cooperación, elaboración e implementación de proyectos con las comunidades y sus organizaciones.

Aspectos relacionados a la conflictividad:

  • Indican no guardar buenas relaciones y coordinaciones con el GORESAM por la falta de atención a sus demandas.
  • Sienten que se  está perdiendo la autoridad comunal, así como la identidad.
  • Muchas veces hay niveles de incompatibilidad comunal.
  • Incumplimiento de acuerdos entre comuneros y arrendatarios.
  • Actos administrativos de instituciones públicas que fortalecen a los invasores.

Fortalezas:

  • Por lo general siempre llegan a buenos acuerdos y lograr consensos.
  • Indican tener adecuada administración de justicia comunitaria, y avances en la coordinación con la justicia ordinaria para resolver conflictos en el marco de una cultura de armonía y paz.

Demandan:

  • Una mayor coordinación para solucionar los problemas existentes.
  • Generación de espacios de diálogo con los invasores para buscar una solución de consenso de beneficio de las partes y respeto a los derechos.
2.  A nivel de las Organizaciones Indígenas Aspectos de capacidad técnica y presentación de propuestas:

  • Limitadas capacidades de los dirigentes en temas técnicos.
  • No todas las organizaciones tienen profesionales y técnicos especializados, en las que hay son temporales.
  • No cuentan con recursos financieros para remunerar permanentemente a los profesionales.
  • Desconociendo de procedimientos  técnicos y legales.
  • Falta de equipamiento técnico.
  • No cuentan con información adecuada y accesible.
  • Hay muchas veces incompatibilidad de ideas.
  • Las propuestas dependen de las decisiones del estado y de la cooperación, no o de los propios pueblos indígenas.

Fortalezas:

  • La mayoría tienen técnicos temporales.
  • Cuentan con líderes experimentados quizás sin tener formación académica superior.
  • Tienen acceso a medios de comunicación masivos.
  • Hay conocimiento tradicional y aportes claves, pero no están escritos en el leguaje que exigen las instituciones y donantes.

Demandan:

  • Apoyo con profesionales permanentes, preferiblemente indígena, si son no indígenas deben tener conocimiento de la realidad indígena.
  • Empoderamiento de líderes para formular propuestas.

 

Aspectos de capacidad de participación e incidencia:

  • Limitadas capacidades para lograr incidencia efectiva a nivel regional y nacional.
  • Hay escasas reuniones masivas con todas las comunidades, falta bajada a bases de parte de la dirigencia, y limitados recursos para que los líderes comunales participen en espacios y procesos claves.
  • Carencia de información adecuada y oportuna.
  • Recargan las responsabilidades a los dirigentes del Consejo Directivo. Por lo general el resto de líderes no  asumen responsabilidades, hay escasos niveles de coordinación en algunas organizaciones.
  • La falta de recursos económicos para pasajes y otros limita la participación de los líderes en espacios fuera de Moyobamba.
  • Poca capacidad por un tema cultural, el pueblo indígena no está acostumbrado a las reuniones y seguimientos occidentales.

Fortalezas:

  • Algunas ONGs. cubren con gastos de participación.
  • Participación activa del presidente y del equipo técnico de algunas organizaciones.
  • Líderes con capacidad de participación que conocen la problemática y propuestas de solución.
  • Prestigio de muchas de las organizaciones, algunas reconocidas por la institucionalidad fortalecida que poseen.
  • Algunos aliados apoyan a las federaciones.
  • Algunas instituciones guardan buenas relaciones con organizaciones indígenas.
  • Hay participación de algunos representantes en espacios, eventos, capacitaciones.

Demandan:

  • Mayor participación de más representantes de las comunidades en los espacios y procesos.
  • Mayor información entendible y actualizada para las poblaciones indígenas.

 

Aspectos de capacidades organizacionales  y logísticas:

  • Reconocen que tienen debilidades en la organización.
  • Falta de recursos económicos hace que  limita el accionar.
  • Pésimo accesos a las comunidades.
  • Las comunidades no asumen su responsabilidad con la organización.
  • No cuentan con capacidad logística (equipamiento y recursos adecuados).
  • Carencia de recursos para funcionamiento de la oficina, falta de recursos para sostener la presencia permanente o con alternancia de los líderes de la organización.

Fortalezas:

  • Las autoridades comunales responden a las peticiones de asistencia de la federación.
  • Cuando los líderes están convencidos de algo nada los detiene.
  • Algunas organizaciones cuenta con local institucional, equipamiento básico, propio y con aliados estratégicos.
  • Cuentan con acémilas y caminos de herradura.
  • Hay oportunidades en que se hacen actividades y aportaciones para solventar gastos claves en favor de las organizaciones.

Demandan:

  • Fortalecer las capacidades organizativas.
  • Apoyo a las organizaciones de parte de los gobiernos locales, regional y ONGs.
3. A nivel de las Instituciones Aspectos de Políticas y Normas:

  • Incumplimiento en la aplicación de las normas que favorecen a las poblaciones indígenas, por omisión, desconocimiento u otros intereses particulares por parte de funcionarios u otros similares.
  • Limitados acercamientos institucionales a las organizaciones indígenas para la  firma e implementación de  convenios.
  • Por lo general hay un desconocimiento de las normas especializadas por parte de las poblaciones indígenas.

Fortaleza / oportunidad:

  • Algunas instituciones conocen los alcances de normas que favorecen a los pueblos indígenas y que están interesadas en capacitar.

Demandan:

  • Tener normas y procedimientos técnicos acordes a la necesidad de las comunidades.
  • Empoderamiento del pueblo indígena respecto a sus derechos.

 

Aspectos de capacidad operativa y articulación institucional:

  • Las instituciones no cuentan con fondos suficientes para atender las demandas de las poblaciones indígenas.
  • Limitadas capacidades para contar con técnicos especializados en temas  indígenas de forma permanentes.
  • Falta de coordinación entre las entidades públicas y privadas.
  • Dificultad para articularse cada institución, suelen ir por su lado.
  • Incompatibilidad funcional de las instituciones.
  • Hay algunas instituciones públicas y privadas que tienen interés en trabajar articuladamente, pero son mínimas, a la vez que no son correspondidas ni tomadas en cuenta por los tomadores de decisión.

Demandan:

  • Que se pongan de acuerdo las instituciones y apoyen a la vigilancia de los territorios indígenas.

 

Aspectos de transparencia y espacios de participación:

  • Escasa comunicación y disponibilidad de recursos económicos para una efectiva y oportuna comunicación.
  • No se difunde información en forma participativa.
  • Algunos consideran que no hay trasparencia ni acceso a información acordes a las necesidades y cultura indígena.
  • La mayoría de espacios son  formales pero sin impacto real, poco creíbles.
  • Hay espacios, pero las comunidades no disponen de recursos económicos para una activa participación.

Fortalezas:

  • Promueven muchos espacios de intervención de pueblos indígenas, pero sin recursos permanentes que aseguren sostenibilidad.
  • Hay personal indígenas  ocupando cargos públicos, algunas ONGs. y gobiernos locales apoyan la participación.
  • La existencia de la Plataforma Regional  de Manejo Forestal Comunitario y sus mesas técnicas tienen credibilidad.

Demandan:

  • Mayor transparencia, acceso a la información en forma oportuna y acordes a la necesidad de las poblaciones indígenas.
4. A nivel del Sector Privado Aspectos de relación comercial y entendimiento:

  • Deficientes relaciones comerciales y desventajosas para los pueblos indígenas.
  • Los representantes de la FERISHAM indican que sus comunidades no guardan relaciones comerciales con empresas.
  • Venta de madera ilegal o precios subvalorados.
  • La falta de capacidades técnicas inclina a dejar todo en mano de los madereros que controlan los POA, facturas, guías, etc.
  • La mayoría de empresas no tienen buena fe y voluntad de entendimiento.
  • Existe algunas ONGs que coadyuvan el entendimiento pero con algunos intereses.
  • El sector privado formalmente no se acerca a las comunidades.

Fortalezas:

  • Se están iniciando experiencias de negocios con empresas privadas, aún es una experiencia nueva.
  • Algunas instituciones entienden las necesidades de los pueblos indígenas e intermedian para el apoyo a las  gestiones.

Demandan:

  • Que se fijen precios adecuados.

 

Aspectos de financiamiento y conflictividad:

  • Las empresas no tienen capacidad de gestión y transparencia para trabajar con las comunidades adecuadamente.
  • Existen celos de malos manejos financieros, aunque no se tiene registrado antecedentes de estos malos manejos.
  • No conocen mecanismos financieros,  ni tienen los avales para acceder a ellos, no tienen garantías.
  • Apoyo económico es condicionante.
  • Falta diálogo con los compradores.
  • Por las influencias de intereses existe inseguridad y desconfianza.
  • Los comuneros que lograron préstamos no son buenos pagadores.

Fortalezas:

  • Indican que saben  dialogar de forma pacífica.
  • Muchas comunidades no se han comprometió con agencias financieras.

Demandan:

  • Buscar mercados seguros.
5. A nivel de la Sociedad Civil Aspectos de cooperación, coherencia de intervención y efectividad operativa:

  • Genera dependencia, su visión asistencial es negativa para el desarrollo comunal.
  • Las entidades no cuentan con disponibilidad financiera  para apoyar a  las poblaciones indígenas (al menos eso dicen), habría que cerciorarse.
  • No hay una participación adecuada en las escasas intervenciones.
  • No hay coincidencia  entre  migrantes y comunidades nativas.
  • Los proyectos suelen ser impuestos con una visión ajena a la cultura y cosmovisión indígena.
  • No hay efectividad en las intervenciones.

Fortalezas:

  • La FERIAAM ha obligado a las ONG a que rindan cuentas públicas, eso es una fortaleza.
  • Líderes con capacidad de concientización y entendimiento.
  • Cuando son convocados en la comunidad todos trabajan.
  • Según la FERIAAM los nuevos proyectos son sometidos a evaluación antes y durante su intervención.
  • Algunas organizaciones civiles apoyan sin fines de lucro.

Demandan:

  • Mayor efectividad de forma participativa.
  • Mayor honestidad y responsabilidad.
  • Correcta información con sinceridad.

 

Aspectos de sostenibilidad:

  • Hay una pérdida de identidad.
  • Pocas reuniones por falta de presupuesto
  • La cooperación busca cumplir sus metas aunque estas no sean sostenibles.

Fortalezas:

  • Las actividades consultadas, consensuadas, participativas  e interculturales suelen ser sostenibles.
  • Los pueblos indígenas  indican que tienen firmezas en las decisiones.
  • Las comunidades indígenas contribuyen proponiendo buenas políticas a favor de los pueblos indígenas.

Demandan:

  • Recuperar creencias ancestrales.

 

 

2.3.     Situación Territorial de las poblaciones indígenas

Tras revisar información de diferentes fuentes, se encontró que los registros no necesariamente coinciden en la información. Las organizaciones indígenas de la región tienen algunos registros, aún no culminados, así como las instituciones regionales. Ante este contexto, se ha tratado de estandarizar formatos y se  está en pleno proceso de registro de  la información de una forma consolidada, que formará parte de la base de datos de la Veeduría Forestal de la CODEPISAM.

 

 

FEDERACIONES COMUNIDADES UBICACIÓN
Tituladas S/I Sólo Reconocidas Por Titularse Por Reconocerse Originarios TOTAL
1 FERIAM   (Awajún) 13

(14 mincu)

1 14 Moyobamba, Rioja
2 FERISHAM – (Shawi) 3 4 2 2 11 Lamas, San Martin
3 FEPRIKRESAM – (Kechwa) 9 4 1 3 17 Lamas, San Martin, Huallaga
4 FEKIHD – (Kechwa) 3 5 9 17 El Dorado, Bellavista
5 CEPKA – (Kechwa) 3 23 29

(30 mincu)

(77 cepka)

56 Lamas, Picota, Dorado, San Martín
6 FEPIKBHSM – (Kechwa) 1 4 5 14 24 San Martín
7 FECONAKED – (Kechwa) 2 7 15 24 El Dorado
8 FEPIKECHA   San Martín
TOTAL 31 1 51 3 5 72 163

Número de comunidades por federación según su saneamiento territorial

 

Es decir, de acuerdo a esta información se tendría que sólo el 19% están saneadas (31 tituladas), mientras que un 31% sólo estarían reconocidas y un 44% serían pueblos originarios. La organización CEPKA es la que tiene el mayor número de comunidades reconocidas (27 de 29 registradas). El detalle del nombre de las comunidades por organización y su estado de saneamiento territorial se puede ver en el Anexo 3.

De acuerdo a la información del Ministerio de Agricultura se tiene registrado 76 comunidades.

Con resolución de reconocimiento y titulo 36
Solo con resolución 1
Sin información 39
Total 76

 

2.4.     Situación administrativa de sus Permisos de Extracción Forestal

 

Comunidades sancionadas por el OSINFOR

  Comunidad Resolución Fecha de emisión Multa (UIT)
1 Nueva Arica de Cachiyacu RD Nº 517-2012-OSINFOR-DSPAFFS 28/09/2012 2,82
2 Nueva Jerusalén RD N° 299-2014-OSINFOR-DSPAFFS 28/03/2014 2,33
3 Cachiyacu (POA 2) R.D Nº 524-2014-OSINFOR-DSPAFFS 29/05/2014 6,95
4 Alto Mayo/Anexo Huasta R.D Nº 551-2014-OSINFOR-DSPAFFS 30/05/2014 1,01
5 Kusu RD Nº 350-2011-OSINFOR-DSPAFFS 30/09/2011 3,17
  TOTAL     16.28

 

Motivos por las que fueron sancionadas por el OSINFOR

Motivos por la que fue sancionada Procedimientos sobre el permiso
1 Por realizar extracción forestal fuera del área autorizada, por no cumplir con labores silviculturales, como el manejo de regeneración natural, y por facilitar el transporte de productos forestales  extraídos ilegalmente  a través de su permiso Se declara la caducidad del derecho de aprovechamiento
2 Por realizar extracción forestal fuera del área autorizada, por no cumplir con labores silviculturales, como el manejo de regeneración natural, y por facilitar el transporte de productos forestales  extraídos ilegalmente  a través de su permiso
3 Por realizar cambio de uso de la tierra no autorizado, por la extracción de árboles semilleros y no autorizados, por no cumplir con labores silviculturales, como el manejo de regeneración natural, y por facilitar el transporte de productos forestales  extraídos ilegalmente  a través de su permiso Se declara la caducidad del derecho de aprovechamiento
4 Por realizar extracción forestal fuera del área autorizada y por facilitar el transporte de productos forestales  extraídos ilegalmente  a través de su permiso
5 Por realizar extracción forestal fuera del área autorizada, por no cumplir con labores silviculturales, como el manejo de regeneración natural, y por facilitar el transporte de productos forestales  extraídos ilegalmente  a través de su permiso Se declara la caducidad del derecho de aprovechamiento

 

Como puede observarse las infracciones frecuentes a la legislación forestal por lo que fueron sancionadas las comunidades son:

  • Realizar extracción forestal fuera del área autorizada.
  • Facilitar el transporte de productos forestales  extraídos ilegalmente  a través de su permiso.
  • No cumplir con labores silviculturales, como el manejo de regeneración natural.
  • Extracción de árboles semilleros.

Las multas totales ascenderían  a S/.62 678 Nuevos soles (16,28 UIT).

Permisos de extracción forestal con fines maderables vigentes

COMUNIDAD RESOLUCIÓN VIGENCIA NIVEL PGMF (Has) POA (Has) Vol. Aut. (m3) Vol. Mov (m3)
Comunidad Nativa Yarau 22-SAM/P-MAD-D-013-2010 2010 – 2030 Alta 5052 250 1,265 1,229
Comunidad Nativa Nueva Jerusalen 22-SAM/P-MAD-D-003-2010 2010 – 2030 Mediana 1940 97 760 374
Comunidad Nativa Alto Mayo Huasta 22-SAM/P-OPB-D-001-2014 2014 – 2015 Baja 20.24 506 200

 

Algunos datos interesantes que se derivan de la información de  los permisos forestales es que el volumen promedio por hectárea es de 12,45 m3 (años 2,008 – 2,014); el porcentaje de madera extraída de lo autorizado es de 62%; las especies mayormente autorizadas y extraídas son: Moena (Aniba sp), Caraña (Trattinickia peruviana), Mashonaste (Clarisia racemosa), Cedro masha (Cabralea canjerana), Cumala blanca (Virola sp), Lagarto caspi (Calophyllum brasiliense) y Tornillo (Cedrelinga catenaeformis). Otro dato interesante es que de las 34 concesiones forestales con fines maderables otorgadas el 2,003 a la actualidad se tiene vigentes sólo 12 concesiones, es decir el 65% no están vigentes.

Según los testimonios personales de los pueblos indígenas, lo preocupante radica en que la mayoría de comunidades estarían haciendo aprovechamiento forestal sin contar con el permiso de extracción respectivo, esto quizás no directamente, sino en muchos casos son terceros los que aprovechan la madera; no hay que dejar de tener presente que como explicaban hay una gran cantidad de colonos que se dedican al tráfico de tierras, para ello talan y deforestan los bosques, la madera estaría siendo comercializada ilegalmente.

Para mayor certeza es importante contar con un estudio detallado de inventario forestal actualizado en la región, porque a decir de muchos, bosques primarios en la región son mínimos y la mayoría de cobertura ha sufrido cambios de uso, siendo actualmente  cultivos agrícolas y pastos para ganado los que ocupan la mayoría.

Lo antes mencionado hace suponer que existiría una porción considerable de bosques secundarios que demandan un manejo específico, con mayor valor agregado, además demandaría promover la instalación de cultivos integrales como la agroforestería, esto orientado a mitigar el cambio climático y mejorar los ingresos de las economías locales.

 

2.5.     Escenario de la Gobernanza Forestal

De todo lo dicho hasta el momento, sin duda salta  a la vista que hay problemas serios de gobernanza forestal en la región San Martín, particularmente en temas relacionados a las poblaciones indígenas. Se reconoce que hay esfuerzos denodados por mejorar la institucionalidad ambiental regional entre ellas las forestales, pero aún son insuficientes, hay marcadas percepciones de que las normas, el desempeño de los funcionarios públicos (calidad del servicio) aún son deficitarias, esto debido a una serie de factores, entre ellos los presupuestales y otros que escapan a la competencia regional.

A diferencia de otras regiones los esfuerzos de visibilizar y atender la problemática indígena en espacios de participación parecen tener un paso por adelante, pero se siente el malestar que aún estos esfuerzos son insuficientes para atender los problemas mayores de las poblaciones indígenas, como es el de la seguridad territorial, control de las prácticas ilícitas, etc.

Pero a la par que hay deficiencias en el aparato público que pasan por una desarticulación institucional, desactualización y falta de congruencia y condiciones desfavorables para implementar los instrumentos de gestión, problemas de transparencia, disponibilidad de recursos, etc. El problema también pasa por las capacidades de las propias comunidades indígenas, básicamente la disponibilidad de equipos técnicos propios y permanentes, debilidades organizacionales, limitaciones presupuestales, lejanía de las poblaciones para hacer los trámites correspondientes y su relación con el mercado, en muchos casos limitaciones de infraestructura, capitales de trabajo, entre otros.

Uno de los puntos que salta a la vista a diferencia de otras regiones amazónicas con mayor potencial de bosques es que las economías en las poblaciones indígenas de San Martín por lo general son más familiares, se tiene poco del beneficio y participación colectiva como comunidad, en muchos casos hay comuneros que ya están insertados fuertemente al mercado y son más reconocidos como agricultores, se dan casos que están alquilando tierras a terceros para fines agropecuarios, comuneros que vienen fragmentando los territorios indígenas aun no titulados y vienen tramitando sus títulos de propiedad de los terrenos de modo individual.

Es decir, hace falta una evaluación detallada caso por caso en el campo, obviamente no todas las comunidades están en lo mismo, mucho tienen que ver con el modo cultural de los pueblos, por ejemplo el pueblo Shawi tienen aún más conservado el espíritu colectivo como comunidad y tiene una mínima relación con el mercado, el pueblo Awajún tiene una organización técnica que lo ubica en otra lógica a diferencia del pueblo Kechwas.

Ante este escenario complejo, se recomienda hacer evaluaciones locales de gobernanza forestal y establecer un plan de acción para lograr la buena gobernanza forestal, la misma que debiera ser medida o evaluada permanentemente. Se requiere un mayor compromiso institucional de parte de todas las instancias involucradas, no es sólo el GORESAM, sino el resto de gobiernos locales, poder judicial, fiscalía, fuerzas policiales y armadas, la defensoría del pueblo, SUNAT, Ministerio de Transportes, Ministerio de Trabajo, MINDIS, Ministerio de Economía y Finanzas.

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1.     Conclusiones

  • Hay buenos avances en los instrumentos de gestión regional. Sin embargo, hace falta sintonizarlos, complementarlos, actualizarlos, difundirlos e implementarlos.
  • Hay voluntad política por mejorar la estructura institucional. No obstante, demanda mejorar los niveles de coordinación a nivel formal, interna y externamente, con los respectivos ajustes organizativos.
  • La seguridad y saneamiento territorial es la preocupación prioritaria para las poblaciones indígenas en San Martín, los mismos que tienen condiciones desventajosas para revertir este problema.
  • Existirían 163 comunidades registradas, de las cuales sólo el 19% estarían tituladas (31).
  • Sólo se tienen 03 permisos de extracción forestal vigentes y 05 sancionados con multas que ascienden un total de S/.62 678 (16.28 UIT), 03 de ellos están declarados en estado de caducidad.
  • Las comunidades tienen limitadas capacidades para la puesta en valor de sus bosques, presentan debilidades en la organización técnica, administrativa, económica, comercial para gestionarlos.
  • Existen capacidades técnicas esporádicas en las organizaciones (no se dan de manera permanente. Hay una falta de llegada de las organizaciones a sus comunidades bases.
  • La mayoría de las Federaciones de la CODEPISAM tienen sus propias lógicas de trabajo, equipos técnicos y prioridades, se percibe que no necesariamente van a la misma intensidad que la CODEPISAM que las representa.

 

3.2.     Recomendaciones

  • Rediseñar y mejorar las estrategias y mecanismos de incidencia de las organizaciones para con el gobierno regional, demás instituciones públicas, privadas y la cooperación.
  • Se diseñe y asegure el financiamiento de un programa regional de titulación para las poblaciones indígenas.
  • Formar cuadros técnicos indígenas en saneamiento y gestión territorial mediante un programa de capacitación integral de largo aliento, tratando de asegurar que los capacitados sirvan a las comunidades.
  • Implementar un sistema de información indígena de gestión territorial con información actualizada en tiempo real, articulado a un sistema de monitoreo.
  • Mejorar las estrategias de levantamiento de fondos.
  • Mejorar los niveles de comunicación entre las organizaciones y sus bases comunales.
  • Institucionalizar las capacidades técnicas y asegurar sostenibilidad en las organizaciones.
  • Evaluar el avance en la implementación de los instrumentos de gestión regional, revisar, actualizar y sintonizar entre las mismas.
  • Realizar evaluaciones de gobernanza forestal focalizadas por cuencas o provincias en la región, las mismas que deben quedar plasmadas y comprometidas para la implementación de un plan de acción para lograr estándares de una buena gobernanza forestal y gestión territorial.

 

  • IV. ANEXOS

 

Anexo N° 1.     Identificación de problemas y soluciones por Federaciones a nivel general

FEDERACIÓN PROBLEMAS ALTERNATIVAS  DE SOLUCIÓN
FEPIKBHSAM

(Federación de pueblos indígenas Kechwas del bajo Huallaga de la región San Martín)

·       No hay seguridad jurídica territorial

·       Invasión de migrantes.

·       Problemas limítrofes con las comunidades vecinas.

·       No cuentan con presupuesto para capacitar a los técnicos.

·       Aprovechamiento y uso ilegal de la flora y fauna silvestre.

·       Falta de capacidades técnicas de las comunidades para el negocio de maderas, tienen problemas para poder cubicar.

·       Título colectivo articulado e inscrito en registros públicos.

·       Mayor vigilancia en los territorios.

·       Concluir con la georeferenciación de las comunidades.

·       Buscar fondos para capacitar a los jóvenes.

·       Contar con los recursos humanos de forma voluntaria en las comunidades.

·       Contar con personal capacitado técnicamente.

FEPIQUECHA

(Federación Pueblos  indígena  Quechwa Chazuta)

·       No hay interés y voluntad política del GORESAM para titular  a las comunidades.

·       Inseguridad jurídica y territorial de las comunidades nativas.

·       Invasiones de los migrantes en los bosques de protección.

·       Tala y comercio ilegal de flora y fauna silvestre.

·       Muchas comunidades no tienen demarcado ni conocen sus linderos.

·       Se debe presionar al GORESAM y dar mayores facilidades a los profesionales para que titulen.

·       Formulación de proyectos con la formación de equipos técnicos en las comunidades.

·       Titulación colectiva de las comunidades.

·       Mayor control y conservación forestal.

FERISHAM

(Federación regional indígena Shawi San Martin)

·       Titulación de territorios de las comunidades indígenas detenido por el GORESAM.

·       Superposiciones de las comunidades con ANP, BPP, ZOCRES.

·        Invasiones de migrantes sobre territorios comunales.

·       Venta de terrenos comunales empresas agroindustriales.

·       Extracción de madera de territorios no  titulados.

·       Inadecuado control del estado sobre la extracción de recursos naturales  (flora y fauna silvestre).

·       Desconocimiento de procedimiento de control por parte de las autoridades comunales.

·       No se conoce como se formulan los planes de manejo forestal.

·       No hay una planificación de los territorios comunales y sus recursos.

·       El GORESAM prioriza la titulación individual de predios que al final podrían ser vendidos a empresas agroindustriales.

·       Exigir al GORESAM la titulación de las comunidades.

·       Exigir al GORESAM  que resuelva los problemas por el establecimiento de ZOCRES.

·       Establecer controles comunales.

·       Exigir la intervención adecuada de las instituciones estatales.

·       Capacitación en los procedimientos de control a las autoridades comunales.

·       Preparar a técnicos y dirigentes sobre elaboración de planes de manejo.

·       Preparar a los técnicos y dirigentes indígenas.

·       Elaborar planes de vida en cada comunidad.

CEPKA

(Consejo Étnico de los pueblos Kichwa de la Amazonía)

·       Problemas de seguridad jurídica de los territorios, débil liderazgo de la federación.

·       Invasión de territorios comunales, dado que hay  poco coordinación con instituciones públicas y privadas

·       Superposición de órganos gubernamentales: ZOCRES, ACR-CE, BPP.

·       No hay consulta previa para la aprobación de estas áreas de conservación.

·       Reacción tardía de los dirigentes, escaso seguimiento a los trámites o problemas de saneamiento, más aún que las comunidades no cuentan con recursos económicos para este fin.

·       No hay saneamiento físico legal de territorios comunales titulados, la intervención del GORESAM es tardía.

·       Falta de empoderamiento organizacional, líderes indígenas con falta de capacitación en temas claves.

·       Implementación de mesas técnicas interinstitucionales con decisiones políticas.

·       Mejorar la coordinación con los órganos competentes para una buena vigilancia del territorio comunal.

·       Incidir para que se aplique la consulta previa y derogación de normas que afectan la titulación de territorios comunales.

·       Intensificar en conseguir  y dar continuidad a proyectos para titulación.

·       Buscar la institucionalización a través del empoderamiento político, económico, cultural, ambiental mediante escuela para padres y líderes.

 

 FERIAAM (Federación regional indígena Awajum del Alto Mayo) ·       Falta de organización adecuada.

·       Territorio desordenado.

·       Desconocimiento de los diferentes trámites.

·       Falta de capacidad administrativa, técnica y legal de los recursos y territorio.

·       No cuentan con profesionales, técnicos, capacitados en materia de gestión de servicios ecos sistémicos.

·       Falta de asistencia técnica en elaboración y formulación de proyectos ambientales (reforestación, recuperación de áreas, sistemas agroforestales, recuperación de cabeceras, etc.)

·       Débil capacidad de gestión en la búsqueda de financiamiento.

·       Débil capacidad de gestión en la búsqueda de financiamiento.

·       Falta generar mecanismos de control y vigilancia de territorios (Fauna y Flora).

·       Equipamiento inadecuado.

·       Fortalecer la gobernanza comunal a través del fortalecimiento de capacidades de los líderes, jóvenes, niños y mujeres en las comunidades nativas.

·       Realizar el Ordenamiento del Territorio a través de los documentos de Gestión (Plan de Vida), identificando las potencialidades y uso mayor del área ocupado por las comunidades nativas de acuerdo a sus tradiciones y costumbres (Cosmovisión)

·       Fortalecer las capacidades a través de programas o proyectos financiados por el gobierno, ONGs, Cooperantes, etc.

·       Fortalecer las capacidades de las federaciones y comunidades nativas.

·       Buscar financiamiento para contar con un equipo multidisciplinario, para elaborar los perfiles de proyectos de acuerdo a las necesidades de las comunidades nativas, a la vez, atender las necesidades de las comunidades en sus diferentes problemas (Técnicos, administrativos y legales)

·       Articular alianzas estratégicas claras a favor de las comunidades en la búsqueda de financiamiento con los tres niveles de gobierno, ONGs, Cooperantes, etc.

·       Elaborar normas, estatutos etc. relacionados al control y vigilancia  a nivel comunal.

·       Realizar convenios, alianzas, acuerdos  con la autoridad regional forestal, PNP, etc.

·       Promover, fomentar y equipar a las federaciones con tecnologías, equipos de seguridad, transporte y con personal capacitado.

 

FEKIHD (Federación Kichwa Huallaga Dorado) ·       Uso inadecuado de los bosques por actividades agrícolas en los territorios comunales.

·       Superposición con   migrantes, concesiones forestales y lotes mineros y petroleros y otros en los territorios ancestrales.

·       Deforestación.

·       Bajos recursos económicos (ingresos).

·       Falta de asociatividad.

·       Amenaza de una apertura de trocha carrozable por territorio comunal titulado por la autoridad municipal del Huallaga.

 

·       Ordenamiento territorial comunal aplicando la ZEEC, Ej: colpas, faja marginal ojos de agua lugares sagrados cabeceras de   quebradas y otros.

·       Titular los territorios de las comunidades nativas y áreas públicas.

·       Reforestar con plantaciones forestales, medicinales, regeneración  natural y aprovechar los recursos naturales sosteniblemente.

·       Conformación de una empresa comunal para  la administración de manejo empresarial para el aprovechamiento de los recursos forestales.

·       Conformación de cooperativas, asociaciones, comités y otros.

·       No permitir el acceso de trocha carrozable por la federación y según la ZEE del GRSM. Son zonas de cabeceras de cuenca.

FECONAKED (Federación indígena de comunidades nativas Amazónicas del Dorado) ·       Invasiones de colindantes de las comunidades.

·       Falta de acercamiento de la dirigencia con las comunidades.

·       Poca participación de Apus en las capacitaciones de temas territoriales.

·       Falta de personería jurídica de la organización ante registros públicos por ser una organización joven.

·       Falta de seguridad jurídica de los territorios.

·       La autoridad regional ambiental (ARA) no da espacio para titular a los territorios indígenas.

 

·       Mayor coordinación y diálogo  con los Apus para la firma de actas de colindancia.

·       Tener continuamente baja a base de los dirigentes.

·       Convocar a talleres de capacitación en forma descentralizada.

·        Hacer seguimiento de los expedientes presentados a la SUNARP.

·       Mayor coordinación con las autoridades comunales para hacer prevalecer la autonomía indígena.

·       Demandar al ARA a través de las federaciones para exigir la titulación.

·       Derogar las normas que afectan los derechos indígenas.

 

 

 

Anexo N° 2.     Identificación de debilidades y fortalezas por federaciones de temas específicos

  1. A nivel de las COMUNIDADES
FEDERACIÓN TEMAS
Territorio Organización comunal Aspectos técnicos Cooperación Conflictividad
FEPIKBHSAM ·         Muchas comunidades no conocen todo su territorio.

·         Tienen la fortaleza de contar con trochas abiertas para controlar sus territorios

 

 

Cuentan con juntas vecinales, club de madres, rondas nativas, primeros auxilios, vigilancia y control territorial. No cuentan con profesionales y capacidades técnicas, demandan contar con recursos humanos capacitados en salud, educación ambiental. Demandan que las instituciones públicas y privadas contribuyan con las comunidades, para buscar el desarrollo social, económico, seguridad alimentaria en base a la agricultura.

 

·         Una debilidad que reconocen es no tener coordinaciones con el GORESAM.

·         Demandan una coordinación para solucionar los problemas existentes.

FEPIQUECHA ·         El problema latente es el saneamiento territorial, no se está demarcando no están titulando, menos reconociendo a las comunidades.

·         Demandan titulación, saneamiento territorial.

·         Falta de sensibilización

·         Demandan mayor capacitación

·         Falta de información

·         Demandan actualización de la información

Ausencia de recursos económicos, demandan mayor cooperación Consideran que tienen una conflictividad regional, pero reconocen como fortaleza que siempre llegan a buenos acuerdos.
FERISHAM No cuentan con seguridad territorial, reconocen como   fortaleza el manejo y gestión tradicional de los recursos del bosque. Débil cumplimiento  de funciones, como fortaleza indican la unidad ante las amenazas externas No cuentan  con infraestructura técnica, ni con asistencia de especialistas. Indican no contar con experiencias con cooperantes. Se está perdiendo la autoridad comunal, como fortaleza tienen la unidad ante las amenazas externas.
CEPKA No están tituladas algunas comunidades, pero aun ellos están conservando los bosques vírgenes que consideran como fortaleza Falta de capacitación en temas de Veedurías y otros. Reconocen como fortaleza que son comunicativos.

 

 

·         Cuentan con pocos profesionales para desarrollar temas de interés.

·         Como fortaleza indican que los comuneros están interesados en la capacitación.

 

·         Insuficientes recursos de la cooperación en proyectos de inversión.

·         Indican tener como fortaleza que son comunicativos, hacen trabajos en “Chobachoa” (Ayuda mutua)

Hay niveles de incompatibilidad comunal. Pero reconocen que saben llegar a consensos.

 

 

FERIAAM ·         Invasión, cambio de uso no planificado, tala Ilegal, presión de terceros agricultores y madereros.

·         Alquiler de tierras, carencia de vías de acceso que sean transitables durante todo el año.

·         Como fortaleza indican que en su mayoría cuentan con territorios titulados. Además de construcción de vías de acceso a nivel básico con recursos propios para sacar la producción.

·         Tienen debilidades en Administración, trasparencia, formación de liderazgo

·         Como fortaleza Cuenta con Consejo Directivo saneado, cuentan con casa y oficina comunal (Infraestructura), Identidad Cultural.

Falta de técnicos capacitados en la materia.

Como fortaleza indican contar con infraestructura

·         Cooperantes con programas direccionados que no se adaptan a la realidad de las comunidades.

·         La fortaleza es establecimiento de convenios y mecanismos de diálogo para orientar la intervención de la cooperación.

·         Incumplimiento de acuerdos entre comuneros y arrendatarios.

·         Actos administrativos de instituciones públicas que fortalecen a los invasores.

·         Reconocen como fortaleza la adecuada administración de justicia comunitaria, y coordinación con la justicia ordinaria para resolver conflictos en el marco de una cultura de armonía y paz.

·         Generación de espacios de diálogo con los invasores para buscar una solución de consenso.

FEKID ·         No hay constante visita de vigilancia.

·         Demandan tener una planificación y plan de trabajo permanente para la vigilancia territorial, con implementación de materiales de trabajo y logística y técnico

·         Poca participación de los comuneros en asamblea y trabajos comunales.

·         Demandan capacitación en diferentes temas.

·         Falta de técnicos profesionales remunerados.

·         Requieren contar con Técnicos profesionales remunerados.

·         Poco apoyo  a las organizaciones indígenas.

·         Demandan propuestas de Proyectos

FEPRIKRESAM
FECONAKED

 

  1. A nivel de las ORGANIZACIONES INDIGENAS
FEDERACIÓN TEMAS
Capacidad técnica Capacidad de propuesta Capacidad de participación Capacidad de incidencia Capacidad organizativa Capacidad logística
FEPIKBHSAM No tienen capacidad técnica, demandan ser capacitados.

 

 

 

 

·         Tienen debilidades de diálogo.

·         Tienen capacidad de gestión como fortaleza según indican.

Reconocen como debilidad no contar con reuniones masivas con todas las comunidades, demandan mayor participación de las comunidades. ·         Tienen escasa coordinación.

·         Demandan mayor información a las comunidades nativas

Reconocen que no tienen buna organización. Demandan  fortalecer las capacidades organizativas

 

No tienen capacidades para el manejo logístico según refieren, demandan capacitación en el manejo “conducción”
FEPIQUECHA Carencias de equipamiento, sin embargo tienen profesionales y poblaciones con experiencia.

 

No cuentan con información adecuada, pero cuentan con medios de comunicación. Un factor limitante es lo económico y la carencia de información. Es una oportunidad que algunas ONGs cubran con gastos de participación. Limitadas capacidades para una incidencia regional, sin embargo tienen una participación permanente como fortaleza. Problemas de accesibilidad, reconocen como fortaleza la facilidad. No cuentan con capacidad logística, demandan recursos.
FERISHAM ·         Desconocimiento de procedimientos de la Veeduría Forestal.

·         La fortaleza es que cuentan con un equipo técnico formado por Ingeniero Agrónomo, Técnico agropecuario y Antropólogo.

·         Falta de financiamiento.

 

·         Apoyan a las autoridades comunales para gestionar sus propuestas.

Recargan las responsabilidades a los dirigentes del Consejo Directivo. Por lo general no se asumen responsabilidades.

 

Participación activa del Presidente y del Equipo Técnico como fortaleza.

·         La carencia  de recursos económicos limita la capacidad.

·         Cuentan con el apoyo de varias ONG’s y algunas instancias estatales como fortaleza.

·         Falta de recursos económicos limita el accionar.

·         Las autoridades comunales responden a las peticiones de asistencia de la federación.

Falta de recursos económicos limita el accionar.
CEPKA Insuficientes técnicos profesionales. Sin embargo se cuenta con líderes experimentados ·         Incompatibilidad de ideas. Pero se llega a compatibilizar, se alcanza  consensos, apoyo de ONGs. ·         Queda pendiente regular temas de interés.

·         Tienen como fortaleza la capacidad organizativa.

·         Tienen incidencia sólo en el ámbito regional.

·         Guardan buenas relaciones con organizaciones indígenas.

·         Acceso pésimo a las comunidades

·         Cuentan con acémilas y caminos de herradura.

No tienen equipamiento, demandan apoyo a las organizaciones, gobiernos locales y ONGs.
FERIAAM ·         Carencia de equipo técnico permanente.

·         Apoyo de técnicos indígenas y de amigos del Pueblo Awajún como fortaleza.

·         Las propuestas dependen de las decisiones del estado y de la cooperación. No de los propios locales.

·         El equipo de apoyo técnico funciona de manera cohesionada y con una visión común al elaborar las propuestas.

·         La falta de recursos económicos para pasajes y otros limita la participación de los líderes en espacios fuera de Moyobamba. Sin embargo, líderes con capacidad de participación que conocen la problemática y propuestas de solución. ·         Poca capacidad por un tema cultural. El pueblo indígena no está acostumbrado a las reuniones y seguimientos.

·         Como fortaleza, el prestigio de la organización, su institucionalidad fortalecida

·         Es muy coyuntural. Las comunidades no asumen su responsabilidad con la organización.

·         La fortaleza es que cuando los líderes están convencidos de algo nada los detiene.

·         Carencia de recursos para funcionamiento de la oficina.

·         Falta de recursos para sostener la presencia permanente o con alternancia de los líderes de la organización.

·         La fortaleza es que se cuenta con local institucional, equipamiento básico.

·         Alianza con ONG para ocupar espacio institucional a cambio de pago de servicios básicos.

FECONAKED

 

·         Falta de oportunidades, pocos profesionales.

·         Hay profesionales muy capaces.

·         Falta información para la formulación.

·         Hay aportes claves no en blanco y negro

·         No están tan informados por limitaciones económicas.

·         Sin embargo algunos aliados apoyan a las federaciones.

·         Se tiene alcance local y regional.

·         La fortaleza es que participan en eventos, capacitaciones.

·         Son accesibles.

·         Tienen una capacidad de participación

·         Limitaciones económicas y presupuestarias.

·         Se hacen actividades y aportaciones.

FEPRIKRESAM
FEKID

 

 

 

  1. A nivel de las INSTITUCIONES
FEDERACIÓN TEMAS
Políticas y normas Capacidad operativa Transparencia Espacios de participación Articulación institucional
FEPIKBHSAM ·         No se aplican las normas como debe ser, por falta de voluntad políticas

·         Demandan, tener normas y procedimientos técnicos acordes a la necesidad de las comunidades.

·         Falta coordinación entre las mismas instituciones.

·         Demandan que se pongan de acuerdo y apoyen a la vigilancia de los territorios.

·         No informan a tiempo.

·         Demandan Información oportuna a loa  comunidades y sus organizaciones.

·         No cuentan  con los espacios  adecuados.

·         Demandan que se generen esos espacios.

Falta de coordinación entre las entidades públicas y privadas.
FERISHAM ·         Desconocimiento de las normas que favorecen a los pueblos indígenas.

·         Como fortaleza, algunas instituciones conocen alcances de normas que favorecen a los pueblos indígenas.

No cuentan con fondos suficientes para las comunidades nativas. No hay transparencia ·         Limitación de funciones para los trabajos hacia los pueblos indígenas

·

·         Promueven muchos espacios de intervención de pueblos indígenas

No hay articulación
CEPKA ·         Limitados acercamientos institucionales y firma de  convenios.

·         Como fortaleza indican que existen organizaciones interesadas en capacitar.

Falta equipamiento logísticos para atender a las comunidades

 

 

·         Escasa comunicación y disponibilidad de recursos económicos a tiempo.

·         Existen medios de comunicación masivo, considerado como una fortaleza.

·         Hay personal indígenas  ocupando cargos públicos. Algunas ONGs y gobiernos locales apoyan participación. ·         Mucha incompatibilidad de las instituciones.

·         Hay algunas instituciones públicas y privadas que tienen interés en trabajar articuladamente.

FERIAAM ·         Incumplen con las normas que protegen los derechos de los PPII.

·         Demandan empoderamiento del Pueblo indígena respecto a sus derechos.

Casi nula No confiabilidad ·         La mayoría son espacios formales pero sin impacto real, poco creíbles.

·         Plataforma Regional  de Manejo Forestal Comunitario y sus mesas técnicas tienen credibilidad, esto es una fortaleza.

·         Dificultad para articularse cada institución suelen ir por su lado.

·         La PRMFC logra sinergia y consenso.

·         La FERIAAM ha generado espacios para articular las acciones institucionales del estado.

FECONAKED ·         Pocos conocimientos sobre las normas.

·         Hay pequeños esfuerzos de difundir las normas, apertura de diálogo para las propuestas.

·         No cuentan con técnicos permanentes.

·         Promueven la activa participación.

 

No se difunde información en forma participativa. Hay espacios, pero las comunidades no disponen de recursos económicos para una activa participación Comunidades organizadas.
FEPRIKRESAM
FEKID
FEPIQUECHA

 

 

  1. A nivel del SECTOR PRIVADO
 

    FEDERACIÓN

TEMAS
Relaciones comerciales Financiamiento Conflictividad Capacidad de entendimiento
FEPIKBHSAM ·         Venta de madera ilegal o precios subvalorados.

·         Demandan que se fijen precios adecuados.

·         Las empresas no tienen capacidad de gestión y transparencia para trabajar con las comunidades adecuadamente.

·         Demandan buscar mercados seguros.

·         Falta dialogo con los compradores.

·         Demandan tener coordinación adecuada.

·         Desconocemos los acuerdos con las empresas.

·         Demandan el respeto mutuo.

 

FERISHAM No sostienen relaciones comerciales Algunos líderes reciben financiamiento para hacer gestiones Apoyo económico es condicionante. ·         Mayoría de instituciones no expresa esta capacidad.

·         Algunas instituciones entienden las necesidades de los pueblos indígenas y apoyan sus gestiones.

CEPKA ·         Deficiente relaciones.

·         Como fortaleza indican que cuentan con productos ancestrales

Existen celos de malos manejos financieros, aunque no se tiene registrado antecedentes de estos malos manejos. ·         Por las influencias de intereses existe inseguridad y desconfianza.

·         Como fortaleza indican que saben  dialogar de forma pacífica.

Existe algunas ONGs que coadyuvan el entendimiento con algunos intereses.
FERIAAM ·         Desventajosas para las comunidades.

·         La falta de capacidades técnicas inclina a dejar todo en mano de los madereros que controlan los POA, facturas, guías, etc.

·         Existen relaciones a nivel de comunidades con los madereros como fortaleza

No conocen mecanismos financieros  ni tienen los avales para acceder a ellos, no tienen garantías.

 

 

·         Los comuneros que lograron préstamos no son buenos pagadores.

·         La comunidad no se comprometió con la agencia financiera.

·         El sector privado no se acerca a las comunidades.

·         Se están iniciando experiencias de negocios con empresas privadas. Es una experiencia nueva.

FECONAKED
FEPRIKRESAM
FEKID
FEPIQUECHA

 

 

  1. A nivel de la SOCIEDAD CIVIL
FEDERACIÓN TEMAS
Cooperación Transparencia Coherencia de intervención Efectividad operativa Sostenibilidad
FEPIKBHSAM ·         No hay entidad que les apoya.

·         Demandan buscar apoyo.

·         No hay honestidad.

·         Demandan mayor honestidad y responsabilidad.

·         No hay una participación adecuada en las escasas intervenciones.

·         Demandan que se tenga una participación efectiva

·         No hay efectividad.

·         Demandan mayor efectividad de forma participativa.

 

·         Hay una pérdida de identidad.

·         Demandan recuperar creencias ancestrales

CEPKA ·         No cuentan con fondos financieros

·         Apoyo de nuestras organizaciones, Apus y fiscalizadores

·         Población poco o nada le interesa.

·         Líderes con capacidad de concientización

·         No hay coincidencia  entre  migrantes y comunidades nativas ·         Inexistencia de presupuesto.

·         Algunas organizaciones civiles apoyan sin fines de lucro.

·         Pocas reuniones por falta de presupuesto

·         CC NN contribuyen proponiendo buenas políticas a favor de los PP II.

FERIAAM ·         Genera dependencia, su visión asistencial es negativa para el desarrollo comunal.

·          Como fortaleza: Aprendizaje en el desarrollo de proyectos. Se distingue entre metas y logros sostenibles.

·         La mayoría de los cooperantes no rinde cuentas.

·         La FERIAAM ha obligado a las ONG a que rindan cuentas públicas, eso es una fortaleza.

·         Los proyectos suelen ser impuestos con una visión ajena a la cultura y cosmovisión indígena.

·         Los nuevos proyectos son sometidos a evaluación antes y durante su intervención.

·         Relativa ·         La cooperación busca cumplir sus metas aunque estas no sean sostenibles.

·         Las actividades consultadas, consensuadas, participativas  e interculturales suelen ser sostenibles.

FECONAKED ·         Falta de unidad.

·         Demandan mayor comunicación

·         Falta de información.

·         Demandan una correcta información.

Cuando son convocados en la comunidad todos trabajan · ·         No hay sostenibilidad.

·         Como fortaleza indican que tienen firmezas en las decisiones.

FERISHAM
FEPRIKRESAM
FEKID
FEPIQUECHA


Anexo N° 3   Galería de fotografías durante el proceso de elaboración

 

Trabajos en Grupo

 

trabajo de grupo

 

expocision

 

Intervención del Veedor Forestal de la CODEPISAM

intervencion

 

Exposición de técnicos y dirigentes de las Federaciones

intervencion 2

 

Registro de aportes de grupos de trabajo

registro de aportes

 

Mesa de Honor tomando la palabra el representante de la CODEPISAM

 mesa de honor

 

Participantes  a los talleres muy atentos tomando debida nota

 participantes

 

Ing. Teddi Peñaherrera Escalante, Coordinador del Proyecto con CEDISA y EU-FAO-FLEGT

teddi

                         

[1] Fuente ZEE San Martín 2005.

[2] Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censos Nacionales de Población y Vivienda – 2007.

[3] Encuesta Nacional de Hogares, INEI (ENAHO- 2011).

[4] Fuente: Plan de Desarrollo Concertado San Martín al 2021.

 

[5] Fuente: Plan de Desarrollo Concertado San Martín al 2021.

[6] ZEE San Martín, 2005.

[7] Encarnación, 2005.

[8] Articulación y complementariedad con los objetivos del milenio.

[9] Hoy mercado de carbono y mecanismos REDD.

[10] Ver compromisos internacionales: convenio de diversidad biológica, Convención RAMSAR, TLC.

Casos atendidos de la Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM

INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS CASOS ATENDIDOS POR EL PROYECTO DE :

Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria para mejorar la gobernanza a nivel local en la Región San Martín (PO314940)

 

Siglas/Abreviaturas

 

ANA:                          Autoridad Nacional del Agua

ARA:                           Autoridad Regional Ambiental

CEDISA:                    Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta

CEPKA:                      Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía

CIMA:                         Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales

CODEPISAM:           Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín

DRASAM:                  Dirección Regional de Agricultura de San Martín

FAO:                          Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FEKIHD:                   Federación Kichwa Huallaga Dorado

FEPIKBHSAM:          Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga de San Martín

FEPIKECHA:            Federación de los Pueblos Indígenas Kechwas de Chazuta

FEPIKRESAM:          Federación de Pueblos Indígenas Kechwas de la Región San Martín

FERIAAM:                 Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo

FLEGT:                      Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (traducción del siglo en inglés)

MFC:                           Manejo Forestal Comunitario

ORDEPISAM:            Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín

OSINFOR:                 Oficina de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

PGMF:                        Plan General de Manejo Forestal

PNCBCC:                   Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

POA:                          Plan Operativo Anual

UE:                             Unión Europea

VFI:                            Veeduría Forestal Indígena

 

  1. Introducción

 

El Proyecto titulado “Mecanismo de observación independiente en el sector forestal a partir de la Veeduría Forestal Comunitaria, para mejorar la gobernanza a nivel local en la Región San Martín (PO314940)”, es financiado por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) bajo el Programa de apoyo EU FAO FLEGT.

 

Este Proyecto tiene como objetivo principal: “Establecer la Veeduría Forestal Indígena (VFI) como mecanismo de observación independiente para apoyar a la CODESPISAM en la gobernanza forestal comunal y regional para la gestión de los bosques”. Esta Veeduría es una instancia técnica de la CODEPISAM para asistir y promover la gestión sostenible de los bosques comunales y de los territorios de las comunidades nativas en general.

 

La implementación del Proyecto es llevada a cabo por el Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta (CEDISA) quien recibe la asistencia técnica de su socio ECOREDD y el apoyo de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM).

 

El objetivo de este documento es sistematizar los casos atendidos por la Veeduría, sus problemáticas, los logros y resultados obtenidos, las condiciones para la sostenibilidad de esos resultados, así como las recomendaciones y conclusiones general sobre este proceso de atención de casos en las comunidades nativas de la región.

 

  1. Metodología

 

La selección de los casos a atender por la Veeduría es un proceso eminentemente participativo, pues se requiere del aporte de los actores claves que son los Apus de las comunidades nativas y los representantes de las federaciones indígenas.

 

Es preciso resaltar que se han elegido los casos a atender por la Veeduría con la participación de los representantes de las 8 federaciones indígenas afiliadas a la CODEPISAM, así como los Apus de las comunidades nativas. La mayoría de los casos atendidos presentados en este informe han sido seleccionados por los participantes durante el taller de capacitación en San José de Sisa, el 14 y 15 de diciembre del 2015. Otros casos han sido seleccionados después considerando la urgencia de actuar o las nuevas oportunidades de colaboración con autoridades públicas.

 

  1. Casos atendidos por el Proyecto

 

  • Caso de la comunidad nativa de Anak Churuyacu Molosho

 

  1. Objetivos

 

Recopilar información sobre la comunidad, analizar el problema de acceso al agua de la comunidad y solucionar el conflicto con el propietario privado.

 

  1. Ubicación geográfica

 

Distrito y provincia de Lamas, departamento de San Martín.

 

 

 

 

  1. Problemática

 

Disminución del nivel de agua en la quebrada por cortada de árboles y negación de acceso al agua a la población de la comunidad de parte de un propietario privado.

 

  1. Beneficiarios directos

 

Más de 90 personas que viven en la comunidad.

 

  1. Historia y proceso

 

La comunidad nativa quechua de Alto Churuyacu Molosho está reconocida desde 2011 y en proceso de titulación desde 2015. Está afiliada al Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA).

 

El 22 de agosto del 2015, se organizó una reunión con el Apu de la comunidad nativa, Melvin Sinarahua Salas, el Veedor Forestal de la CODEPISAM, Francisco Sangama Tuanama, la representante del Gobierno Regional, Ing. Lilia Cuesta Díaz, los representantes de la Municipalidad Provincial de Lamas, Ideden Vela Saldaña y Eduardo Rengifo Sandoval, así como más de 30 comuneros.

La comunidad nativa ubicada a 5 kilómetros del Distrito de Lamas, no cuanta con los servicios básicos no hay escuela, no hay puesto de salud, no cuenta con desagüé, la población que radica en dicho lugar no cuentan con estudios primarios y o secundario y menos estudio superior.

La problemática que más acoge esta comunidad es el acceso al agua y en épocas de verano está quebrada baja de caudal y perjudica a la comunidad.

El propietario del fundo SHANANTINA donde vierten las aguas para el consumo de la comunidad nativa, el Sr. Eduardo Rengifo Sandoval los niega al acceso al agua.

En un acta de acuerdo celebrado entre la comunidad, el propietario del fundo SHANANTINA y la Municipalidad Provincial de Lamas, firmaron un contrato para el acceso del agua con algunos compromisos.

  1. Realizar despejes una vez al mes durante dos años.
  2. Arborizar la faja marginal donde vierten el líquido elemental (agua)
  3. La municipalidad de Lamas se compromete a hacer la trocho carro sable para el acceso a la comunidad(carretera)
  4. La municipalidad se compromete a comprar los tubos de agua.
  5. La municipalidad de Lamas se compromete a realizar un reservorio para el almacenamiento del agua.
  6. El propietario del fundo Shanantina se compromete a cuidar los arboles sembrados en la faja marginal.

 

Todos estos acuerdos se estaban cumpliendo a excepción del acuerdo Nº06, el propietario de dicho fundo corto los arboles de la faja marginal para la venta de madera, esto hizo que la comunidad se molestara y dicho acuerdo se interrumpieron.

El propietario de dicho fundo solicito a la comunidad que nuevamente se reforeste dicha faja marginal, los comuneros de dicha comunidad se molestaron y no quisieron realizar los trabajos de despeje y de arborización, ante tal situación dicho propietario se le mezquinó al acceso al agua.

El Consejo Étnico de los pueblos Kechwas de la Amazonia solicita al veedor de la CODEPISAM asesoramiento para la solución de este caso de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, asistiendo de manera oportuna dicha solicitud.

El apu de la comunidad nativa Melvin Sinarahua Salas inicio la reunion contando con la presencia del Veeedor de la CODEPISAM, representante del Gobierno Regional, Ing. Lilia cuesta Díaz, Representante de la Municipalidad Provincial de Lamas, Ideden Vela Saldaña, Eduardo Rengifo Saldaniade, y comuneros.

El apu de la comunidad hece mension del problema sucitado con el propietario del fundo Shanantina, referente  al acceso al agua, donde mensiona que ya estan cansado de estar trabajando mucho en este fundo, ente ello solicita que el veedor Forestal de la CODEPISAM diga alguna orientacion, donde  acontinuacion dio su punto de vista tecnico referente al problema, mensiona que el agua donde vierte no es del propietario, es del estado, ental sentido ambas partes tienes que conocer la ley del agua (ANA) ley Nº 293338, su reglamento y el derecho del uso del agua, por tanto una vez conocidas dichos normar o leyes y derechos llegaran a buenos acuerdos armoniosos, tambien mesiona que la Autoridad Nacional del Aguan con sus siglas ANA es la encargada de dar permisos para acceder al agua, para ello la comunidad tiene que solicitar un permiso, seguidamente solicitar un acceso de servidumbre para el pase de la tuberia que deben de dialogar con el propietario de dicho fundo, tambien se debe de mantener arborizado la faja marginal ( ojo de agua)., de las cuales el veedor se compromete a apoyar en la elaboracion de documentos para facilitar su proposito de la comunidad.

Por otra parte el representante de la Municipalidad Provincial de Lamas dentro de los acuerdos realizados en el anterior contrato mesiono que cumplio con el acta de acuerdo realizado el 2012, de hacer su carretera la compra de la tuberia y la construcion de su reserborio para el almacenamiento del agua y su potabilizacion y dese ahaora se compromete  a la donacion de 200 plantones de arboles maderable y no maderables para reforrestar la faja marginal siendo bien recivido de parte la comunidad.

La representante del Gobierno Regional de San Martin mensiono que estes tipos de problemas se debe de solusionar con mucho dialogo alturado, para ello se asesora para apoyar que tipos de plantas maderables y no maderables se sembraran para recuperar el caudal del agua en epocas de verano.

 

  1. Logros y resultados para los beneficiarios

 

  • Se ha firmado un acuerdo con el propietario privado para permitir el acceso a la quebrada a la comunidad.
  • El veedor de la CODEPISAM se compromete a asesorar para el permiso de acceso al agua ante la ANA.
  • La Municipalidad Provincial de Lamas se compromete a donar plantones maderables y no maderables.
  • Los representantes del GORESAM se comprometen a asesorar en temas de sembríos de árboles.
  • El Apu de la comunidad de comprometer a realizar cultivar la faja marginal cada tres meses.

 

  1. Condiciones, oportunidades y amenazas para la sostenibilidad y replicabilidad

 

La tala de los árboles cerca de la quebrada perjudica el nivel de agua de la quebrada. Sería importante reforestar rápidamente y proteger estos árboles contra la eventual tala para venta de madera.

 

Hay que cuidar el caminito donde pasa la tubería para que no se rompe y que se desperdicie el agua.

 

  • Caso de la comunidad nativa de Nuevo Arica de Cachiyacu

 

  1. Objetivos

 

Asesorar y capacitar la comunidad nativa sobre el cumplimiento con la ley forestal 29763, el pago de la multa y reiniciar el manejo forestal.

 

  1. Ubicación geográfica

 

Distrito de San José de Sisa, Provincia de El Dorado, Departamento de San Martín, Perú.

 

  1. Problemática

 

Perdida del derecho de aprovechamiento de madera en el territorio titulado de la comunidad por desconocimiento de las normas forestales, otorgamiento de poderes a terceros para el manejo forestal y ausencia de control comunal sobre el manejo forestal.

 

  1. Beneficiarios directos

 

Más de 220 comuneros repartidos en 32 familias.

 

  1. Historia y proceso

 

La comunidad nativa quechua de Nuevo Arica de Cachiyacu está reconocida y titulada desde 1997. Está afiliada a la Federación Kichwa Huallaga Dorado (FEKIHD).

 

El 3, 19, 26 y 28 de enero del 2016, el equipo de la VFI se ha ido en la comunidad para recopilar información y asesorar la comunidad sobre la problemática mencionada.

 

La comunidad, por desconocimiento de la ley forestal y por la falta de asesoramiento de profesionales en tema de manejo forestal, otorgó poderes a un tercero para la gestión del Plan General de Manejo Forestal (PGMF) y de los Planes Operativos Anuales (POA). Este maderero envió sus motosierristas (cortadores de los troncos de madera) para cortar árboles en el bosque de la comunidad y han cortado árboles semilleros y árboles ubicados a fuera del área del POA, entre otros. Como la comunidad es el titular del permiso forestal, ella es responsable de las infracciones a la ley forestal.

 

El 15 de mayo del 2008, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del MINAGRI, a través de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de San Martín, suscribió con la Comunidad Nativa de Nueva Arica de Cachiyacu un permiso de aprovechamiento forestal, cuya vigencia era del 15 de mayo del 2008 al 15 de mayo del 2028. El mismo día, se aprobó el Plan de Manejo Forestal (PMF) de la comunidad en una superficie de 1,532.951 hectáreas, así como el Plan Operativo Anual (POA) de la zafra 2008-2009 en una superficie de 79.053 hectáreas. El volumen total de madera a extraer era de 2120.997 m3.

 

El 10 de mayo del 2010, la Dirección de Supervisión y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre notificó a la comunidad la realización de la supervisión al POA 2008-2009 a partir del 14 de mayo del 2010. El 27 y el 28 de mayo del 2010, el personal de OSINFOR llevó a cabo la supervisión en el POA 2008-2009 del permiso de aprovechamiento forestal.

 

El 04 de junio del 2010, se emite el Informe de Supervisión mediante cual se dan cuenta los trabajos de campo realizados en el POA del permiso de aprovechamiento forestal, cuyos resultados y conclusiones son los siguientes:

 

  1. No se encontró indicios de linderamiento en uno de los límites del predio (terreno);
  2. Según el apoderado de la comunidad (el APU), la comunidad realiza mantenimiento una vez al año, sin embargo, durante la supervisión no se evidencio el mantenimiento de uno de los linderos del predio;
  3. De acuerdo al apoderado, la comunidad realiza su señalización de sus linderos a través trochas, lo cual durante la supervisión no fue observado;
  4. De los 42 árboles aprovechables destinados a supervisar, 23 fueron encontrados en pie, 03 se encontraron en tocón (cortado), 14 no fueron ubicados según las coordenadas UTM, uno se encontró en un terreno accidentado y uno fue encontrado caído naturalmente;
  5. Los árboles encontrados no se encuentran identificados correctamente;
  6. De los ocho árboles semilleros programados a supervisar, cinco se encuentran en pie; se verificó que un árbol semillero no reúne las condiciones para ser considerado como tal, dos concuerdan con la identificación, dado que no se encuentran con marca que los identifique como semilleros.

 

Además, el supervisor ha constatado la inexistencia de 17 de los 50 árboles a supervisar dentro del POA 2008-2009. Eso hace presumir la existencia de información falsa y la realización de extracciones forestales fuera de los límites de POA.

 

En este sentido, considerado la falsedad de la información y que los volúmenes movilizados no corresponden a lo realmente aprovechado en campo, se desprende que el titular del permiso habría realizado un aprovechamiento sin considerar los criterios de sostenibilidad, llegando a extraer, movilizar, transformar y/o comercializar árboles sobre los que no tenía, pero que les dio apariencia de legalidad al utilizar los documentos de su permiso, o en su defecto habría facilitado para que terceros realicen las actividades antes mencionadas.

 

Estos hechos habrían incurrido en las causales de caducidad del derecho de aprovechamiento según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre No 27308 (Ley antigua). Estos hechos significan que existiría la comisión de infracciones a la ley forestal y de un delito pasible de ser sancionado penalmente.

 

Por eso, OSINFOR empezó el 20 de diciembre del 2010 el Procedimiento Administrativo Único (PAU) del OSINFOR para sancionar la comunidad y suspender el PMF, el POA y el GTF.

 

La comunidad tenía 05 días a partir del día siguiente de la fecha de notificación para presentar los descargos que considere pertinentes a su derecho de defensa, y no lo hizo.

 

El 12 de octubre del 2012, se emitió una nueva notificación con una multa final contra la comunidad de 2.82 UIT = S/ 11,060. La comunidad no presentó sus descargos y no contestó el monto. La comunidad jamás ha comunicado con las autoridades para pagar la multa desde esta fecha.

 

  1. Logros y resultados para los beneficiarios

 

  • Se ha mejorado el conocimiento de los veedores de la CODEPISAM y de la FEKHID sobre la aplicación de las normas en el manejo de los bosques comunales.
  • Se ha informado por el tema del manejo forestal y de la multa, así como las soluciones para reiniciar el manejo forestal.
  • Se cuenta con un plan de trabajo para actualizar el permiso forestal y el reinicio del manejo forestal en esta comunidad.
  • Se hizo una propuesta de plan de acción para los veedores forestales y los representantes de la comunidad para reiniciar el aprovechamiento forestal.

 

Acciones pendientes:

  • Ayudar la comunidad a hacer un primer pago de 15% de la deuda (11,060 X 15% = 1659 nuevos soles) a OSINFOR Tarapoto
    • S/. 1659 / 32 familias = S/. 52 por familia.
  • Ayudar la comunidad para programar el pago del saldo:
    • S/. 9401 / 36 = S/. 261 por mes.
    • S/. 261 / 32 jefes de familia = S/. 8.2 por familia por mes.
    • Si agregamos el precio de los pasajes hasta el banco = S/. 10 por familia por mes.
  • Apoyar la comunidad para actualizar el PGMF y el Plan Operativo, buscar un Regente (ingeniero forestal o técnico acreditado por el SERFOR).
  • Acompañar la comunidad en los trámites para aprobación de los planes y documentos.
  • Apoyar la comunidad en la implementación del nuevo PGMF y del nuevo PO: producción y comercialización de madera. Se puede también aprovechar especies no maderables para generar ingresos por la comunidad (semillas, plantas medicinales, etc.).
  • Apoyar la comunidad para acceder al PNCBCC para generar ingresos a la comunidad.
  • Apoyar la comunidad para hacer un plan de vida y entregarlo a la ARA.

 

  1. Condiciones, oportunidades y amenazas para la sostenibilidad y replicabilidad

 

  • Condición: mejorar las relaciones del Apu y de la comunidad con el maderero.
  • Amenaza: ausencia en la agenda de la Federación por la formalización y cumplimiento de la normatividad forestal.
  • Mejorar las relaciones de las comunidades con empresas madereras para la toma de decisiones y los beneficios.
  • Condiciones para replicar: Aceptación de la comunidad y de la federación, presencia de un interlocutor que hable el idioma de la comunidad y el castellano, contar con un empresario responsable a nivel social y ambiental, relaciones y contactos al gobierno regional para el acceso a la información, contar con un financiamiento permanente para asesorar las comunidades, contar con una regencia aceptada por la comunidad.
  • Oportunidades para la replica: hacer una relación de todas las comunidades y recursos que hay, fondos para iniciativas de pequeños negocios forestales, fondos nacionales e internacionales, plataforma de MFC, los convenios con entidades públicas (OSINFOR y ARA).

 

  • Caso de las comunidades nativas de Mushuck Llacta de Chipaota y de Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa

 

  1. Objetivos

 

  • Encontrar los comuneros de la comunidad nativa de Santa Rosa de Mushuck Llacta de Chipaota para conocer más sus demandas y su versión del problema de colindancia entre esta comunidad y Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa.

 

  • Recoger y analizar documentos sobre la demarcación de la comunidad, los límites, las trochas y la demanda de ampliación de su territorio.

 

  • Atender el caso de colindancia entre estas comunidades.
  • Dialogar con los comuneros para buscar soluciones.

 

  • Proponer soluciones para resolver el problema de colindancia entre las comunidades.

 

  • Aprobación de ambas comunidades de una solución rápida y pacífica para terminar las trochas y la demarcación de sus territorios.

 

  • Avanzar con la ampliación de Mushuck Llacta de Chipaota y el reconocimiento y la titulación de Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa.

 

  1. Ubicación geográfica

 

Distrito de Chazuta, provincia y departamento de San Martín.

 

  1. Problemática

 

Controversia de límites de territorio entre 02 comunidades.

 

  1. Beneficiarios directos

 

Más de 1200 comuneros en la comunidad de Mushuck Llacta de Chipaota. Más de 200 comuneros en la comunidad de Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa.

 

  1. Historia y proceso

 

La comunidad nativa quechua de Mushuck Llacta de Chipaota está reconocida y titulada desde 1997. La comunidad ha pedido ampliación de su territorio en 2012. Está afiliada a la Federación de los Pueblos Indígenas del Bajo Huallaga de San Martín (FEPIKBHSAM).

 

La comunidad quechua de Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa está en proceso de reconocimiento. Sólo está considerado como un caserío por lo momento. Está afiliada a la Federación de los Pueblos Indígenas Kechwas de Chazuta (FEPIKECHA).

 

El 3 de enero del 2016, el Veedor Francisco Sangama Tuanama se ha ido en la comunidad de Mushuck Llacta de Chipaota para recopilar información sobre la problemática.

 

El 23 de enero del 2016, el Veedor Francisco Sangama Tuanama y el asesor voluntario Guillaume Loiselle-Boudreau han asistido a una asamblea de la comunidad de Mushuck Llacta de Chipaota. Francisco Sangama Tuanama ha explicado lo que es la VFI y por qué estamos presentes para solucionar problemas entre comunidades y atender casos. Han escuchado la versión de los comuneros presentes sobre el problema de colindancia con Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa. Según los testimonios, habría un acuerdo entre ambas comunidades pero que los comuneros de Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa desconocen el acuerdo. Los comuneros de Mushuck Llacta de Chipaota han hecho las trochas para delimitar su territorio definido en la demanda de ampliación. El Veedor ha recogido documentos de CIMA y otras actas de reuniones entre las comunidades para hacer copias y analizar la problemática. Los comuneros están de acuerdo para ir en Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa el día siguiente y buscar soluciones a este problema.

 

Entonces, el 24 de enero del 2016, Francisco, Guillaume y una docena de comuneros de Mushuck Llacta de Chipaota fueron en la comunidad de Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa para discutir y sostener dialogo con los comuneros y el Apu.

 

Francisco ha explicado lo que es la VFI y por qué estamos presentes para solucionar problemas entre comunidades y atender casos. El Veedor también explicado la importancia de solucionar problemas entre nosotros para avanzar con la agenda de nuestras comunidades frente al Gobierno Regional. Guillaume Loiselle-Boudreau ha hecho una presentación sobre los derechos de los pueblos indígenas, los beneficios de la titulación de una comunidad nativa, los efectos negativos del problema de colindancia entre las comunidades y las soluciones posibles para resolver el presente caso.

 

Han escuchado las versiones de ambas comunidades. Mushuck Llacta de Chipaota dice que ya hay un acuerdo y que debemos respetarlo. Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa dice que no hay un acuerdo final. El acuerdo era para hacer las trochas con la presencia de ambas comunidades, pero los comuneros de Mushuck Llacta de Chipaota han ido solos, sin los comuneros de Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa.

 

Al fin de la reunión, los comuneros de Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa fueron de acuerdo para hacer las trochas de nuevo con los comuneros de Mushuck Llacta de Chipaota, el equipo de la VFI y los Ingenieros de la DRASAM. Eso sería el acuerdo final entre las comunidades. Los comuneros de Mushuck Llacta de Chipaota han dicho que deben volver en su comunidad para hacer una asamblea general, informar la comunidad y pedir su opinión sobre el acuerdo final.

 

El 14 de febrero del 2016, Francisco y Guillaume han participado a asamblea general extraordinaria de la comunidad de Mushuck Llacta de Chipaota para aprobar la propuesta final y solucionar el problema de colindancia. Finalmente, la comunidad está de acuerdo con la solución de hacer las trochas y el trabajo conjuntamente con la otra comunidad, el equipo de la VFI y los Ingenieros de la DRASAM. También, se ha desarrollado una propuesta de plan de actividades a implementar conjuntamente con Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa.

 

  1. Logros y resultados para los beneficiarios

 

  • Se ha firmado un acta de asamblea general extraordinaria en la comunidad de Mushuck Llacta de Chipaota para trabajar con la comunidad de Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa, el equipo de la VFI, los representantes de las federaciones indígenas y las autoridades públicas para solucionar este problema y avanzar con la ampliación de una y el reconocimiento y la titulación de la otra.

 

  • La solución final es buena y razonable. Las dos comunidades pueden hacer el trabajo de delimitación juntos para que ambas sean de acuerdo con los límites de la ampliación de Mushuck Llacta de Chipaota y de la titulación de la Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa.

 

Acciones pendientes:

 

  • Buscar en los registros públicos para saber quiénes tienen títulos de propiedad en la zona de colindancia y quiénes no tienen.

 

  • Comunicar con el Ing. Gider Sangama Tapullima de la DRASAM para planificar unos días de trabajo de campo para hacer las trochas con GPS.

 

  • Comunicar con el Apu de Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa para informarle de la fecha para hacer las trochas y del acuerdo confirmado.

 

  • Seguimiento y asesoramiento para la publicación de la resolución de reconocimiento de Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa y solicitud de titulación.

 

  • Seguimiento y asesoramiento para la aprobación de la ampliación de Mushuck Llacta de Chipaota.

 

 

  1. Condiciones, oportunidades y amenazas para la sostenibilidad y replicabilidad

 

Hay muchas emociones involucradas y algunos comuneros de ambas comunidades se pelean para la demarcación de sus territorios, basado en el testimonio de los más ancianos de las comunidades y de las prácticas ancestrales de sus ancestros.

 

Además, hay títulos individuales en esta zona. Algunos son migrantes y otros son miembros de las comunidades.

 

Hay también un problema de deforestación impulsado por el cambio de uso de las tierras para agricultura. Un italiano (Domenico) está involucrado en el cambio de uso y la promoción de la titulación individual del territorio.

 

Mushuck Llacta de Chipaota tiene que justificar su ampliación a la DRASAM con un censo poblacional. Este trámite está en proceso.

 

Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa espera la publicación de su reconocimiento por la DRASAM para solicitar su titulación como comunidad nativa.

 

Es muy importante que ambas comunidades trabajen juntas en todos los procesos comunes de delimitación de sus territorios. Así, y solamente así, todos van a entender como se hace el trabajo de delimitación y titulación de territorios y respetar el resultado final.

 

Hay que socializar más el tema de la VFI y los impactos de la deforestación con los comuneros migrantes de Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa porque no están sensibilizados a estos temas y son los que hacen la mayoría de los cambios de uso de las tierras.

 

 

  • Caso de la comunidad nativa de Yaku Sisa

 

  1. Objetivos

 

Recopilar información sobre la comunidad y sus intenciones sobre el aprovechamiento forestal. Asesorar la comunidad para solicitar un permiso forestal a la ARA.

 

  1. Ubicación geográfica y acceso

 

Distrito de San Pablo, Provincia de Bellavista, Departamento de San Martín.

 

  1. Problemática

 

Falta de conocimiento para solicitar un permiso forestal para iniciar el Aprovechamiento de la manchinga y otras especies maderables y no maderables.

 

  1. Beneficiarios directos

 

Más de 150 personas repartidas en 23 familias.

 

  1. Historia y proceso

 

1983: Fundación de la comunidad por Olegario Isuiza Isuiza.

1985: Reconocimiento como caserío.

2011: Afiliación a la Federación Kichwa Huallaga Dorado (FEKIHD) y solicitud para la Concesión de conservación Ampinakuna Sacha de parte de la FEKIHD.

2014: Reconocimiento de la comunidad y solicitud de titulación a la DRASAM.

2015: Aprobación de la Concesión de conservación por 2350 has.

 

El 05 de febrero del 2016, el Coordinador del proyecto, Teddi Peñaherrera Escalante y el asesor voluntario Guillaume Loiselle-Boudreau han visitado la comunidad de Yaku Sisa con una delegación de la ONG Servicio Universitario Mundial de Canadá.

 

La comunidad de Yaku Sisa necesitaría la VFI para elaborar el PGMF de la manchinga y otras especies maderables y no maderables, para elaborar el Plan Operativo, el censo e inventario forestal. Se puede solicitar un presupuesto a la ARA para hacer el mateo con un Ingeniero forestal.

 

El Apu nos explicó el origen de la idea del aprovechamiento de la manchinga en Yaku Sisa. Durante la sequía fuerte de 1945, la gente utilizó la manchinga como alimento por el consumo (sancochado). La manchinga es un árbol de bosque tropical húmedo. Se puede utilizar la resina como medicina contra dolores de articulaciones, fracturas y reumatismo. Se puede utilizar los frutos por el consumo (mote). Tiene un sabor del pan de árbol, se hace licor, jugo, tamales, panatelas de la manchinga, entre otros.

 

Se inició una discusión participativa sobre el aprovechamiento de otras especies no maderables y maderables. Los comuneros explicaron que hay especies no maderables en el territorio de la comunidad como: manchinga, parapara, chuchuwasi, cocobolo, ninacaspi, ajosacha, tamburwaska, ampikwaska, bolakiro y ubos.

 

También, existe especies maderables en el territorio de la comunidad como: quinilla, bolakiro, pukakiro, chukchumba, ubos, cocobolo, bolaina, manchinga.

 

El presidente de la FEKIHD, Bequer Tuanama Lumba, nos explicó que su federación tiene una cooperativa y una asociación para apoyar las comunidades afiliadas y comercializar sus productos. La marca AMPIK está registrada para comercialización de productos. Hay que analizar la cadena de valor de los productos del bosque hasta el mercado.

 

Sobre el tema de la concesión de conservación, nos dijo que falta la publicación bajo la nueva ley forestal de la resolución que aprueba la Concesión de Conservación Ampinakuna Sacha. Falta también la firma de contrato y la inscripción en la SUNARP. La FEKIHD se encarga de esta chamba.

 

 

  1. Logros y resultados para los beneficiarios

 

  • Se ha socializado el contexto de la deforestación en San Martín y la importancia de la gestión sostenible de los bosques y recursos naturales.
  • La VFI y los Veedores de la FEKIHD van a apoyar la comunidad en la elaboración del PGMF por la manchinga y otras especies maderables y no maderables.
  • La VFI va buscar un ingeniero forestal para hacer el mateo, censo e inventario forestal con los Veedores y los comuneros.
  • Hay que pedir un presupuesto a la ARA para pagar el mateo.
  • Se hizo también un plan de trabajo para los veedores.

 

  1. Condiciones, oportunidades y amenazas para la sostenibilidad y replicabilidad

 

Esperamos fondos para seguir trabajando con esta comunidad sobre el aprovechamiento de la manchinga por la resina, medicina y consumo de sus frutos.

 

Esperamos la publicación oficial de la Conseción de Conservación Ampinakuna Sacha para poder solicitar un permiso de aprovechamiento a la ARA.

 

Acciones pendientes:

  • Seguimiento de la publicación de la resolución de aprobación de la concesión de conservación Ampinakuna Sacha.
  • Matear (inventario rápido de especies maderables y no maderables aprovechables).
  • Censo forestal.
  • Acompañamiento en la elaboración del PGMF.

 

 

 

 

 

 

 

  • Caso del aprovechamiento de la shiringa en el territorio de las comunidades nativas del Bajo Huallaga

 

  1. Objetivos

 

  • Socializar información sobre el PGMF de la shiringa en la Cordillera Escalara y las oportunidades para las comunidades nativas.
  • Capacitar los veedores sobre el tema de aprovechamiento de especies no maderables como la shiringa.
  • Apoyo en el en la recopilación de información de aprovechamiento de la shiringa.

 

  1. Ubicación geográfica y acceso

 

Distrito de Chazuta, provincia y departamento de San Martín.

 

  1. Problemática

 

Existe un diagnóstico del aprovechamiento de la shiringa en la zona de la Cordillera Escalera y un PGMF, pero no se ha iniciado actividades productivas todavía.

 

  1. Beneficiarios directos

 

Más de 2000 personas repartidas en 05 comunidades del Bajo Huallaga: Shilcayo, Achinamisa, Piñal, Tununtunumba y Callanayacu.

 

  1. Historia y proceso

 

El 19 de febrero del 2016, se ha organizado una reunión de capacitación sobre el aprovechamiento forestal no maderable de la shiringa en el territorio de las comunidades quechuas del Bajo Huallaga afiliadas a las federaciones FEPIKBHSAM, CEPKA y FEPIKECHA.

 

En 2014, se ha elaborado un diagnóstico de plan de manejo forestal en la ACR-CE y después se ha aprobado un PGMF por esta zona.

 

  1. Logros y resultados para los beneficiarios

 

  • Se ha presentado los pasos para solicitar permisos forestales en territorios de comunidades tituladas y en proceso de titulación.

 

  • Se socializó el plan de manejo forestal de la shiringa y se fortaleció de capacidades a los líderes, Apus y veedores de las federaciones FEPIKBHSAM, CEPKA y FEPIKECHA, en coordinación con el equipo de la VFI e Ingenieros del Proyecto Huallaga y de la ARA.

 

  1. Condiciones, oportunidades y amenazas para la sostenibilidad y replicabilidad

 

Hay que esperar el financiamiento del Proyecto Huallaga y el compromiso oficial de las comunidades para empezar las actividades productivas.

 

Hay que acompañar y capacitar las comunidades en todas las etapas del aprovechamiento, de la cosecha hasta la venta, para que sea sostenible esta iniciativa.

 

  • Caso del aprovechamiento de la piasaba en el territorio de las comunidades nativas del Bajo Huallaga

 

  1. Objetivos

 

  • Socializar el tema del aprovechamiento de la piasava en el territorio de las comunidades del Bajo Huallaga.
  • Capacitar a los veedores forestales de la CODEPISAM, de la FEPIKBHSAM y de la FEPIKECHA.
  • Firmar un acuerdo de compromiso con los participantes para desarrollar actividades conjuntamente.

 

  1. Ubicación geográfica y acceso

 

Distrito de Chazuta, provincia y departamento de San Martín.

 

  1. Problemática

 

Falta de asesoramiento para que sea rentable la producción de la fibra piasaba y de escobas. Falta organizar las comunidades y buscar oportunidades en el mercado.

 

  1. Beneficiarios directos

 

Centros poblados de Ramón Castilla y Aguano Muyuna. Comunidades nativas de Mushuck Llacta de Chipaota, Callanayacu, Canayo y Allima Sachayuk Siyambayoc Pampa. Más de 2000 personas viven en estas comunidades.

 

  1. Historia y proceso

 

El 18 y 29 de marzo del 2016, se hizo visitas de trabajo al Distrito de Chazuta con el Coordinador del Proyecto, Teddi Peñaherrera Escalante, el asesor voluntario Guillaume Loiselle-Boudreau, los profesionales de PHI Consultor, el Veedor de la CODEPISAM y los Veedores de la Federaciones FEPIKBHSAM y FEPIKECHA.

 

También, había la presencia de la Asociación de Piasaba del Distrito de Chazuta formada el 13 de marzo del 2013, y la asociación de Empresa Comunal de Servicios Agropecuario Sinchi Runa de Responsabilidad Limitada (ECOMUSA) formada el 18 de marzo del 2009 en la comunidad nativa de Mushuck Llacta de Chipaota, debidamente ambas asociaciones inscritas en los registros públicos.

 

Actualmente, ambas empresas se encuentran sin operar por no contar con recursos financieros. El equipo del proyecto ha visto la necesidad de atender este caso para la sostenibilidad de los bosques del Bajo Huallaga y para el desarrollo del aprovechamiento de especies no maderables como manera de conservar los bosques.

 

Este caso a atender nos conllevará a erradicar la tala ilegal de la especie de la piasaba y formalizar dichas empresas para que operen de manera responsable.

 

Los comuneros de las diferentes comunidades y miembros socios de las asociaciones de productores mencionan que este proyecto es de gran importancia para la gente del Bajo Huallaga porque crea empleos e ingresos. Es una buena manera de promover el desarrollo económico y social de la zona.

 

Diagnóstico de la piasaba

 

  • Los compradores ilegales de piasaba pagan un mejor precio que de la empresa.
  • Los trámites de permiso forestal para el aprovechamiento forestal de piasaba son de mucho trámite burocrático y costo elevado.
  • Los intermediarios que compran de manera clandestina no pagan impuestos a la SUNAT
  • Los palos que se usan en la confección de la escoba y el taco se compran de leñas ciudades como la Provincia de Yurimaguas y Picota.
  • Solo cuentan con 92 socios en la empresa de piasava del distrito de Chazuta y cada vez se van alejando por que las empresas de piasava compran la metería prima bajos costos, y en la empresa ECOMUSA solo existen 28 socios.
  • Generalmente el precio de piasava se compra de 4.50 soles y los ilegales compran de 5.00 soles y 6.00 soles, haciendo una competencia en contra de las empresas.
  • En las empresas de piasaba de Chazuta solo trabajan 03 personas para la transformación de las escobas y solo hacen 50 escobas por día.
  • En las empresas de Tarapoto hacen 300 escobas por día, las personas que confeccionan escobas en Tarapoto son: Emilio García, Hermes Elías, los hermanos sotos, y el señor Jhonson, todos aquellos propietarios de dichas empresas que radican en Tarapoto se ubican en el asentamiento humano 10 de agosto.
  • Las personas que compran la materia prima en el Distrito de Chazuta son: Wilson Chujatalli y Wilson favava Cenepo.
  • Ambas asociaciones tienen su permiso forestal para la extracción de la palmera piasava
  • Dentro de los territorios de las cc.nn existe gran cantidad de piasava de tierna edad.

 

  1. Logros y resultados para los beneficiarios

 

 

  • Realización de una nueva reunión de trabajo y socialización de proyecto con los socios, directivos de las asociaciones y comunidades involucradas en el proyecto de la piasaba.
  • La asociación de ambas empresas de piasaba se comprometen a hacer la invitación a sus socios para la reunión de trabajo con el proyecto de piasaba.
  • Recabar la información del plan de manejo forestal de la piasaba y la situación legal actual de las empresas de piasaba.
  • Los veedores de las federaciones de FEPIKBHSAM y FEPIKECHA se comprometen acompañaran en proceso del monitoreo de proyecto de piasaba.
  • Los socios de ambas asociaciones se comprometen a respetar el acta de acuerdo para para la búsqueda y ejecución del proyecto.

 

 

  1. Condiciones, oportunidades y amenazas para la sostenibilidad y replicabilidad

 

  • Se logró socializar los casos que se está atendiendo de parte la VFI de la CODEPISAM.
  • Se socializó el proyecto de piasaba para sostenibilidad de los bosques del Bajo Huallaga con responsabilidad ambiental.
  • Se recabó la información in situ de parte las asociaciones de producciones de la fibra de piasaba del Bajo Huallaga.
  • Se fortaleció las capacidades a los comuneros en el tema del Plan de Manejo Forestal y las infracciones y sanciones.

 

Acciones pendientes:

 

  • Hacer reuniones trimestrales para la socialización del proyecto de piasaba a través de la veeduría forestal, para un mayor entendimiento del proyecto, de hacia los comuneros del Distrito de Chazuta.

 

 

  • Caso de la comunidad nativa de Kusú

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  1. Objetivos

 

Recopilar información sobre la comunidad y asesorar sobre el tema del pago de la multa y del manejo forestal sostenible.

 

  1. Ubicación geográfica y acceso

 

Distrito y provincia de Moyobamba, departamento de San Martín.

 

  1. Problemática

 

Comunidad sancionada por infracciones a la ley forestal de parte de un tercero que tiene todos los poderes sobre el PGMF y el aprovechamiento.

 

  1. Beneficiarios directos

 

Alrededor de 60 personas repartidas en 12 familias.

 

  1. Historia y proceso

 

La comunidad nativa Awajún de Kusú está reconocida y titulada desde el año 2000. Está afiliada a la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (FERIAAM).

 

El 10 de marzo del 2016, se organizó una reunión en la comunidad con el Veedor Forestal de la CODEPISAM, Francisco Sangama Tuanama, los veedores de la FERIAAM, Lenin Tsamach Cahuaza y Cristian Wajajay Tentets, el asesor voluntario Guillaume Loiselle-Boudreau, el Ingeniero Al Yohann Astete de la ARA, Alfred Ruffner que graba la visita con su camera, los representantes del proyecto Reconka de la ARA.

 

El Pamu (jefe en idioma Awajún) nos dijo que el pueblo Awajún y los ancestros de esta comunidad viven en esta zona desde el año 1456 más o menos. Según el Pamu, en 1975, se formó el caserío con casas a donde están ubicadas ahora.

 

El Pamu nos dice que los comuneros viven de la caza y de la pesca. Hay también un poco de agricultura: yuca, plátanos, café, caña, camote, papas. Hay también especies forestales maderables y no maderables, así como plantas medicinales. La comunidad aprovecha los recursos del bosque con sus conocimientos tradicionales.

 

La comunidad está muy pobre. No hay servicios básicos, no hay escuela, no hay puesto de salud. Casi no hay comida en la comunidad y se mueren de hambre, especialmente los niños. La mayoría no habla castellano, no saben leer o escribir. No entienden los documentos de POA y PGMF.

 

El maderero tiene todos los documentos de la comunidad y vive en Moyobamba. Es el maderero dijo al Pamu que va a pagar la multa de la comunidad, descontando en madera. El maderero no pagó nada de ingresos a la comunidad por la venta de la madera. No hay une rendición de cuenta a la comunidad, no hay control del descuento en madera y del pago de la multa.

 

Aprovechamiento forestal

 

Entre 2000 y 2012, hubo venta de madera sin permisos, igual que las otras comunidades alrededor de Kusú. Hay tornillo y caraña en cantidad.

 

En 2012, la comunidad recibe su primero permiso de aprovechamiento forestal (PGMF). En 2013, OSINFOR sanciona la comunidad por infracciones a la ley forestal (S/. 11,500). En 2014, se aprobó en la ARA un nuevo PGMF.

 

Según el Pamu, Zurita (o Surita) era el apellido del primero comprador de madera. No era buena la relación entre la comunidad y este tercero.

 

Hay un hombre que se llama “Arsen” que también hace comunicaciones entre la comunidad y los madereros.

 

Desde febrero 2014, el nuevo tercero que tiene todos los poderes de manejo forestal es la Empresa Maderera AGROFOR SAC, representada por la señora Silvia Tuesta Bardalez. El Pamu nos dijo que un profesor de Moyobamba que se llama “Norberto” tiene todos los documentos relacionados al aprovechamiento forestal en la comunidad.

 

Hubo sólo un acompañamiento en el bosque del maderero de parte de los comuneros para mostrarle a donde son los tornillos.

 

Según el Pamu, los tornillos se venden a S/. 0,50 el pie. Vale entre 2 y 3 nuevos soles el pie en realidad.

 

Se quedarían 150 cuartones de madera aserrada cerca de la comunidad. El Pamu dice que va a detener los cuartones hasta que sea aclarada la situación del pago de la multa.

 

Los comuneros no están contentos con el maderero. Quieren más información y más dinero.

 

  1. Logros y resultados para los beneficiarios

 

  • Se socializó el concepto de Veeduría Forestal, su rol y sus funciones.
  • Se entregó copias del PGMF y del POA de la comunidad.
  • Se ha hecho un plan de trabajo para los Veedores de la FERIAAM y de la CODEPIAM

 

Acciones pendientes:

 

  • Averiguar el pago de la multa
  • Averiguar el volumen de madera sacada
  • Averiguar el pago de dinero a la CCNN
  • Apoyar en el seguimiento/control del aprovechamiento forestal del bosque de la comunidad
  • Analizar los detalles del contrato con el maderero y explicarlo a los comuneros y el Apu

 

 

  1. Condiciones, oportunidades y amenazas para la sostenibilidad y replicabilidad

 

Es necesario tener todos los documentos pertinentes al aprovechamiento forestal para asesorar esta comunidad. Hay que saber también si está pagada o no la multa.

 

Se necesita una persona que habla el idioma Awajún para asesorar regularmente la comunidad sobre el manejo forestal sostenible de sus bosques.

 

 

 

 

Convenio Marco entre el OSINFOR y la CODEPISAM

logo CODEPISAM logo OSINFOR

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE el OSINFOR y la CODEPISAM

 

Resumen de los objetivos

El 25 de noviembre del 2015, se firmó un convenio entre el OSINFOR y la CODEPISAM. Estos son los principales objetivos:

  1. Participar en forma conjunta de acciones coordinadas, con principal incidencia en actividades destinadas a fortalecer las acciones de capacitación en materia forestal y de fauna silvestre, en el ámbito de sus competencias, y de acuerdo a las funciones que les corresponden por Ley.
  2. Establecer vínculos interinstitucionales de mutua colaboración y cooperación a fin de que ambas partes, a través de acciones conjuntas a nivel local, regional y nacional, contribuyan al mejoramiento de la calidad técnica de los recursos humanos y de la gestión forestal en los diversos procedimientos según su competencia.
  3. Promover la integración académica, el desarrollo de programas de formación que beneficien a las comunidades nativas y/o pueblos indígenas involucrados para fortalecer sus estructuras organizativas en sus diferentes niveles.
  4.  Sumar esfuerzos y recursos en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de llevar a cabo diversas actividades que coadyuven a la formación de sus miembros en el control y monitoreo de sus recursos naturales, de tal modo que se garantice la gestión transparente y eficaz en territorios de los pueblos indígenas de la región San Martín.
  5.  Desarrollar de manera conjunta actividades de capacitación, difusión y sensibilización sobre la evaluación y valoración de los recursos forestales y de fauna silvestre, dirigida a integrantes de las Comunidades Nativas, Pueblos Indígenas y del equipo técnico a nivel local y regional que integran la CODEPISAM.
  6.  Promover la realización de espacios de diálogo, mesas de trabajo, talleres para el fortalecimiento de capacidades técnicas en materia forestal y de fauna silvestre, lo que incluye actividades de capacitación, acompañamiento, prevención, difusión y sensibilización, que permitan un mejor desempeño en el manejo forestal y de fauna silvestre de los bosques en territorios de las Comunidades Nativas y Pueblos Indígenas que integran a la CODEPISAM.
  7.  La CODEPISAM, a través de su Veeduría Forestal Indígena, facilitará los procesos de notificación y coordinación con las comunidades nativas, previa comunicación del OSINFOR, en el marco de las acciones de supervisión y control que ejerza el OSINFOR.
  8. El OSINFOR, en lo posible, informará a CODEPISAM, por intermedio de su Veeduría Forestal Indígena, la situación legal y administrativa de sus federaciones y comunidades nativas afiliadas de las diferentes provincias de San Martín, para tomar acción como representantes de su Organización Regional, en aras de velar por la transparencia y debido proceso.
  9. La CODEPISAM se compromete a constituir un nexo, a través de las federaciones indígenas locales que la integran, entre el OSINFOR y las comunidades nativas, a fin de facilitar el ingreso a campo, así como la realización y acompañamiento de las supervisiones programadas por el OSINFOR.

 

LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS

LAS PARTES podrán suscribir Convenios Específicos que serán considerados anexos del presente Convenio Marco, y en los que precisarán la descripción y los objetivos específicos del programa, proyecto o actividades a realizar, precisando los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios, así como los procedimientos, lineamientos, plazos y financiamiento para su ejecución, de conformidad con el marco legal vigente.

 

 

CODEPISAM logra que el ARA deje sin efecto acta de cesión de uso en territorio indígena

Gracias al pronunciamiento enviado por la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de Pueblos Indígenas de la Región San Martin (CODEPISAM) en el que denunciaba el despojo de sus territorios, la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de San Martín dejó sin efecto el acta de entrega en cesión de uso, que se le otorgó a la Asociación privada HOMA PERÚ ya que esta que perjudicaba el territorio de las comunidades indígenas del Pueblo Kechwa en la ZOCRE Palometa – Barranquita.

La anulación de esta acta de entrega en cesión de uso fue solicitada por CODEPISAM, base regional de AIDESEP, mediante un Pronunciamiento, exigiendo que el Gobierno Regional de San Martín respete los derechos territoriales de las Comunidades Nativas Kechwas y deje sin efecto la cesión en uso otorgada a la Asociación privada HOMA PERÚ.

En el mes de junio de este año ya se había advertido a las Autoridades Nacionales que el territorio ancestral de los Pueblos Indígenas en el ámbito regional había sido inscrito como propiedad del Gobierno Regional de San Martín (las denominadas áreas inmatriculadas) afectando el derecho territorial constitucional de los pueblos indígenas que está amparado en el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Estado Peruano. Es decir el GORESAM se apoderó de territorios que no le pertenencia, para ponerlo a disposición de empresas otorgándoles actas de entrega de cesión de uso.

A pesar que el ARA ahora haya anulado esta acta que otorgaba a HOMA PERÚ el manejo de este territorio por la insistencia de los pueblos indígenas, no es el primer caso de otorgamiento de concesiones a terceros en territorio de Comunidades Nativas en San Martín generando que se desarrolle conflictos sociales.

Por ello, las organizaciones indígenas agotan todos los mecanismos pertinentes para que se atienda su demanda. CODEPISAM exige un proceso de diálogo a fin de salvaguardar derechos indígenas por la protección de sus territorios, ya que últimamente el GORESAM intenta apoderarse de ellos y concesionar territorios indígenas a las empresas.

El dato:

Debido a la falta del reconocimiento de las comunidades indígenas, algunas de las ZOCREs se superponen a sus territorios. Eso significa que territorios de propiedad de comunidades indígenas figuran en la SUNARP como bienes a nombre del GORESAM.

 Lee el PRONUNCIAMIENTO DE CODEPISAM

 Lee la Nulidad del ACTA

Fuente: http://www.aidesep.org.pe/codepisam-logra-que-el-ara-deje-sin-efecto-acta-de-cesion-de-uso-en-territorio-indigena/

 

Presentación de la Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM

La Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM

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INTRODUCCIÓN

Una Veeduría Forestal Comunitaria (VFC) es una unidad técnica independiente que se crea al interior de una organización o de una comunidad para promover y dar asistencia técnica a la gestión sostenible de los bosques. La VFC hace el monitoreo permanente de los bosques comunales o regionales y asesora el presidente de la organizaciôn o el jefe de la comunidad en la toma de decisiones sobre el manejo sostenible de los bosques.

En este sentido, estamos desarrolando una Veeduría Forestal Indígena (VFI) en San Martín bajo la supervisión de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM). La CODEPISAM es una asociación civil indígena sin fines de lucro afiliada a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) como una de sus bases regionales, y la VFI de la CODEPISAM es parte del Sistema Nacional de Veedurías Forestales Comunitarias de la AIDESEP.

Actualmente, se cuenta con 01 Veeduría Forestal Nacional dentro de la AIDESEP y 05 Veedurías Forestales Comunitarias establecidas en las bases regionales:

  1. VFC de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU);
  2. VFC de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas Región San Lorenzo (CORPI-SL);
  3. VFC de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas AIDESEP Atalaya (CORPIAA);
  4. VFC de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD);
  5. VFI de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM)

La Veeduría Forestal Indígena de la CODEPISAM (VFI-CODEPISAM) tiene como reto principal asegurar la gestión sostenible de los bosques comunales. En este contexto, tiene como oportunidad vigilar el cumplimiento de las salvaguardas y del uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre para evitar la afectación de los derechos de nuestros pueblos indígenas y para tener bosques para siempre.

Asimismo, esta organización asesora a las federaciones indígenas y comunidades nativas afiliadas en los procesos de titulación de tierras e gestión y monitoreo de los permisos de aprovechamiento forestal. Por eso, la VFI participa en los espacios de diálogo y concertación para mejorar la gobernanza forestal de los territorios de las comunidades nativas en el departamento de San Martin.

La VFI-CODEPISAM incluirá también aspectos como la prevención de conflictos sociales con sistemas de alerta y manejo de conflictos a dentro de las comunidades y con los terceros, incluidos en alianza con las instituciones abocadas a la administración de justicia.

En el área económica, la VFI tendrá que orientar la inversión pública y privada de manera transparente para garantizar la confianza del sector privado y de la sociedad civil. Tendrá también que desarrollar las capacidades de los líderes indígenas en cada comunidad en los temas forestales, ambientales y de gobernanza con un enfoque inclusivo. La VFI podría capacitar además las instituciones públicas, las ONGs y las empresas privadas en temas de derechos de nuestros pueblos indígenas y cosmovisión indígena en el uso de los bosques. Esta veeduría tendrá la atención a temas de legalidad de la madera y ordenamiento territorial para la gobernanza ecológica y sostenible de los bosques.

La VFI que estamos desarrollando en San Martín incluye un proyecto de Mecanismo de Observación Independiente (MOI) que puede existir gracias al apoyo de Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta (CEDISA), Eco REDD, Traffic, y el financiamiento del programa UE-FAO-FLEGT.

Ahí se puede ver una mapa de los proyectos FLEGT de control y vigilancia de los bosques en el mundo: http://flegt.org/map-of-projects/?utm_source=Apsis%20newsletter&utm_medium=email

Es de resaltar que está VFI cumplirá un rol importante en el futuro cercano ya que tiene la oportunidad de observar de manera independiente las actividades forestales y extractivas para construir, contribuir y validar los procesos de análisis del cumplimiento de las salvaguardas para el programa de la Naciones Unidas de Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la Deforestación y Degradación de los bosques, la conservación y el incremento de las capturas de CO2, también conocido con el siglo “REDD+”. El programa REDD+ es un mecanismo de mitigación del cambio climático desarrollado bajo la CMNUCC que busca reconocer y proveer incentivos positivos a los países en vías de desarrollo para proteger sus recursos forestales, mejorar su gestión y utilizarlos de manera sostenible con el fin de contribuir a la lucha global contra el cambio climático y sus efectos.

Por fin, la VFI de la CODEPISAM es una herramienta colectiva que sirve no solamente a monitorear los bosques pero también a denunciar las invasiones, la corrupción, la tala ilegal, la degradación y la deforestación de nuestros bosques.

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OBJETIVO

Implementar un Mecanismo de Observación Independiente (MOI) en la estructura funcional de la Veeduría Forestal Indígena gestionada por la CODEPISAM para mejorar los mecanismos de coordinación, participación, gobernanza forestal comunitaria y defensa de los derechos de nuestros pueblos indígenas.

Comprometidos con una verdadera articulación con nuestros pueblos indígenas Awajún, Kechwa y Shawi afiliados a la CODEPISAM a través de sus federaciones.

Pueblo Awajún

Pueblo Awajun hombre awajun

Pueblo Kechwa

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Pueblo Shawi

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FUNCIONES DE LA VEEDURÍA FORESTAL INDÍGENA

Tomando como referencia el diagnóstico de línea base sobre la gestión territorial y bosques de nuestros pueblos indígenas de San Martín, la identificación de prioridades en base de las expectativas de los dirigentes que forman parte de las federaciones de la CODEPISAM, así como los lineamientos indicados en el Manual para el establecimiento y operatividad de las Veedurías Forestales Comunitarias de la AIDESEP. Las funciones a desarrollar por la VFI-CODEPISAM están organizadas en cinco grupos:

  1. Asistencia técnica a las comunidades y dirigentes (CODEPISAM, las federaciones indígenas y sus comunidades nativas);
  2. Representación técnica de las comunidades y la organización ante instancias y espacios públicos;
  3. Contribuir y asegurar la transparencia en el manejo sostenible de los bosques;
  4. Mecanismos de participación e incidencia;
  5. Sostenibilidad institucional.

 

  1. Asistencia técnica a las comunidades y dirigentes
  • Orientación y apoyo en la elaboración de expedientes para solicitar la titulación de las comunidades y acompañamiento en los trámites para saneamiento territorial;
  • Apoyar con orientación técnica para la definición y fijación de los linderos de las comunidades;
  • Elaboración de estrategias conjuntas para evitar invasión de territorios comunales;
  • Capacitar y formar técnicos en las comunidades sobre: (i) administración y control de bosques comunitarios, (ii) saneamiento territorial, (iii) formulación de proyectos en favor de las comunidades y del manejo adecuado de los recursos del bosque;
  • Capacitar a las autoridades comunales y dirigentes de federaciones en los temas relacionados a la difusión de la gestión de la VFI de la CODEPISAM, así como la asistencia técnica para la conformación de veedurías en las federaciones (si así lo deciden), la creación e implementación de las veedurías forestales en las comunidades;
  • Orientar a las comunidades indígenas sobre los alcances jurídicos de las normas del derecho que rige el acceso y uso de los bosques, trámites, consultas sobre la gestión de sus bosques, resolución de conflictos, acompañar en las inspecciones y supervisiones en lo máximo posible;
  • Dar asistencia en la revisión, suscripción de contratos comerciales a ser firmados por las comunidades y alertar de riesgos, acompañar en su implementación;
  • Preparar materiales informativos para dar asesoramiento a los veedores forestales comunales con quienes debe mantener estrecha comunicación;
  • Actualizar y conducir la base de datos sobre territorios y gestión de bosques comunitarios de la CODEPISAM;
  • Conducir el registro de ocurrencias de la Veeduría de la CODEPISAM, donde se registran los casos atendidos, las acciones tomadas o recomendadas, se especifique el estado de seguimiento del mismo y los resultados logrados;
  • Elaborar proyectos individualmente o con el apoyo de organizaciones socias, de manera que le permita postular a financiamiento de entidades públicas, privadas y de cooperación internacional para lograr el apoyo para el cumplimiento de las funciones y hacer pilotos de manejo forestal comunitario;
  • Hacer propuestas de convenios con las organizaciones o instituciones amigas y/o socias, las mismas que deberán ser revisadas y suscritos por el presidente o presidenta de la organización para dar sostenibilidad a las acciones de la Veeduría y desarrollo comunitario;
  • Elaborar su plan de trabajo y presentarlo al Consejo Directivo para su aprobación;
  • Promover la organización de equipos internos de apoyo orientados a la gestión de los bosques comunales, como promotores indígenas que pueden formar parte del equipo técnico.

 

  1. Representación técnica de las comunidades y la organización ante instancias y espacios públicos
  • Participación a las invitaciones, reuniones y demás espacios de diálogo y discusión que involucra la gestión de bosques comunales, cuyos resultados deben ser compartidos e informados a los dirigentes de la organización y las comunidades;
  • Acompañar a los veedores forestales comunales o a los dirigentes comunales a las capacitaciones, supervisiones y trámites ante las instituciones;
  • Hacer propuestas de convenios institucionales para fortalecer las operaciones de la Veeduría y las acciones en campó con las comunidades, por ejemplo con el OSINFOR, Gobierno Regional, Defensoría del Pueblo, Universidades, SERFOR, entre otros;
  • Ser el punto focal de contacto entre las instituciones y las comunidades para notificaciones, acceder a los balances de extracción forestal, seguimiento de trámites, representación comercial si así lo deciden las comunidades;
  • Ser el punto de contacto técnico con la Veeduría Forestal Nacional y demás veedurías de las organizaciones regionales;
  • Acceder a las propuestas de normas, procedimientos, pronunciamientos, entre otros; que le son participadas para proponer aportes, formular observaciones a nivel institucional con la estrecha coordinación con la dirigencia de la organización;
  • Articular a las comunidades y federaciones con las autoridades estatales competentes para realizar los controles de extracción de flora y fauna silvestre.

 

  1. Contribuir y asegurar la transparencia del manejo sostenible de los bosques comunales
  • Encargarse de la revisión, actualización e implementación del Mecanismo de Observación Independiente (MOI) sobre la gestión de los territorios y bosques de las bases de la CODEPISAM;
  • De ser posible activar un sistema de alerta temprana frente amenazas y daños referidos a la seguridad, gestión territorial y bosques comunales que esté incorporado a un portal de denuncias de parte de sus comunidades;
  • Formular denuncias ante actos de corrupción de malos funcionarios que atañen el cumplimiento del debido procedimiento ante las instancias correspondientes, siempre y cuando se tenga los sustentos o evidencias correspondientes (pruebas); de no ser así trasmitir como una preocupación de las comunidades por ciertos actos o procedimientos que estarían atentando en contra de las comunidades y sus organizaciones, entre ellos también están el incumplimiento de acuerdos.

Es importante decir que una veeduría forestal tiene como responsable uno o dos veedores forestales; esas personas tienen el cargo del monitoreo de una superficie definida de bosque en su comunidad o su región.

Los veedores forestales regionales eligidos por la asemblea de la CODEPISAM son los hermanos Ely Tangoa Lancha (veedor principal) y Francisco Sangama Tuanama (veedor adjunto). Los veedores forestales tienen como superior inmediato y rinden cuentas al responsable político de su organización que sería en nuestro caso el presidente de la CODEPISAM, el hermano Jaime Tapullima Pashanase. Esto no exime que el Consejo Directivo de la CODEPISAM puede convocar reuniones, solicitar información y dar apoyo directo a la VFI y a los veedores.

Cuando se presentan necesidades de intervención de la VFI en las comunidades, es importante que las coordinaciones de los veedores se hagan con las respectivas federaciones al que pertenece cada comunidad. Ante conflictos, controversias entre las propias instancias indígenas, entre comunidades o miembros de las comunidades con sus dirigentes, el rol y posición de la VFI debería ser neutral desde un punto de vista técnico y dejar a los líderes políticos la tarea de abordar el tema a profundidad. En esas ocasiones, es mejor que la VFI se queda en su rol de facilitar los procesos participativos, alcanzar información, dar sustento técnico a las posiciones institucionales referido al tema de gobernanza territorial y manejo sostenible de los bosques.

 

  1. Mecanismos de participación e incidencia

Durante las discusiones y aportes en los talleres, los dirigentes indígenas de la CODEPISAM reiteraran la necesidad de mejorar los niveles y mecanismos de incidencia, en el entendido que sus propuestas, demandas y mensajes no necesariamente son escuchados según dejaron entrever, principalmente ante las instancias del Estado para los procesos de titulación y saneamiento territorial. Sin duda, ahí la necesidad de la CODEPISAM con el apoyo de la Veeduría Forestal es elaborar un plan de incidencia específico donde identificáremos claramente a partir de una evaluación de antecedentes en esta materia los temas a incidir y ante quién(es), los mensajes, estrategias de negociación y uso de medios, así como los plazos y recursos necesarios.

Un espacio importante de participación donde debemos seguir activos es la Plataforma Forestal Indígena de la región, pero ahora a través de la VFI, promoviendo la actualización de la agenda y estableciendo puntos estratégicos a trabajar conjuntamente, además de organizar el trabajo mediante las comisiones existentes u otras. Otros espacios importantes son la Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín (ORDEPISAM), la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). Por otro lado, se tiene la oportunidad de solicitar a la AIDESEP participar en los procesos en que están involucrados como programas, proyectos, espacios de discusión y que la VFI-CODEPISAM sea tomado en cuenta para las reuniones de estos temas referidos a territorios, bosques, protección del medio ambiente y cambios climáticos.

Obviamente es importante el uso de medios en todas sus formas, siendo muy importante identificar previamente quienes serán los voceros, y qué mensajes se quiere trasmitir. Priorizar y abordar los temas hará que conlleva aun buen puerto.

Como una propuesta de acciones en esto rubro se puede mencionar:

  • Solicitar un programa de titulación regional de comunidades indígenas para la región con la inclusión de proyectos puntuales como: Línea base o referencia sobre el estado legal y físico territorialmente de las comunidades por titularse, en trámites y aquellas posesionarias. No sólo nos referimos a la base de datos sino a la georreferenciación en el terreno, armado de expedientes, etc. Esto dirigido al Gobierno Regional, además de solicitar que se declare como prioridad regional este proceso mediante una ordenanza, que sea un tema principal abordado por la plataforma de manejo comunitario, con el respaldo de todos sus miembros, hacer los esfuerzos correspondientes para tener más aliados; hacer sinergias con el PTRT3 que viene conduciendo el gobierno central con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la participación de AIDESEP;
  • Con la autoridad forestal y de fauna silvestre regional es conveniente que suscribamos un acuerdo institucional de cooperación y que aterrice en un plan de trabajo concreto para los siguientes años, donde se pueda abordar el acceso de información sobre la situación administrativa de los permisos forestales, programas de capacitación, balances de extracción, catastro forestal, registro de plantaciones, estrategias de control y vigilancia;
  • Lo mismo con el OSINFOR, suscribir un acuerdo institucional para desarrollar trabajos conjuntos en la fiscalización y supervisión de los permisos forestales y de fauna silvestre, los procesos sancionadores, notificaciones, atención de denuncias de infracción de títulos habilitantes, registro de infractores, de consultores, capacitación;
  • Con la Defensoría del Pueblo para encontrar los canales directos de atención a sus denuncias de vulneración de sus derechos, la supervisión a las instituciones públicas. También es importante que estrechen vínculos institucionales con la academia y centros de investigación, principalmente con las universidades, para mejorar la capacitación, investigación de especies forestales y de fauna silvestre poco conocidas, capacidad de carga de los bosques, estudios de mercado, valoración económica, costo efectividad;
  • Es importante el acercamiento con las distintas ONGs vinculadas a los propósitos de la VFI para la elaboración de proyectos conjuntos con enfoque territorial, no sólo temático. Es importante masificar la actualización y realización de los Planes de Vida para todas las comunidades, esto va ser una política institucional de la CODEPISAM y sus Federaciones. Obviamente el tema de sostenibilidad es importante, deben hacerse una lista de posibles fuentes cooperantes públicas y privadas, elaborar las fichas de proyectos, postular con socios estratégicos.

También es importante indicar que toda actuación, demanda, o cualquier hecho vinculado a la gestión de la Veeduría, va quedar registrado en el libro de ocurrencias de la VFI, armar archivos físicos y digitales con la copia, cargos de los documentos, ayudas de memoria o minutas de reunión, elemental suscribir en lo posible actas de acuerdos para hacer seguimiento y dar mayor formalidad para una mayor efectividad.

 

  1. Sostenibilidad institucional

Es importante dotar de seguridad jurídica a la VFI en la estructura de gobierno de la organización ya sea mediante la modificación y adecuación de los estatutos o generando un instrumento normativo complementario, como podría ser una reglamento que avale su funcionalidad.

Un aspecto importante a considerar es la disponibilidad del recurso humano preparado que puedan suceder en el cargo a los veedores, por ello, es elemental se formen futuros cuadros mediante los programas de capacitación.

En el caso de San Martín, las federaciones que forman parte de la CODEPISAM tienen un trabajo independiente interesante, desarrollan sus propias agendas en función a sus enfoques y prioridades, en ese entendido el veedor forestal de la CODEPISAM va a tener un rol de coordinación y facilitación con sus equipos técnicos de las federaciones, ideal que si cada federación constituye y designa su propio veedor en su organización, el veedor a de la CODEPISAM reafirmaría su rol de articulación y coordinación entre las mismas y los representaría en la agenda nacional.

Es importante no olvidar, que se tiene el otro nivel de Veedurías Forestales que son las comunales (que se gestan en el interior de cada comunidad como parte del gobierno comunal), para afianzar el trabajo en campo y tener un uso más eficiente de recursos, es importante que se promueva la conformación de las veedurías comunales, para que puedan articular su gestión con la Veeduría regional, en el supuesto que se tengan Veedurías en las federaciones.

Otro de los factores que depende la sostenibilidad, es la credibilidad y confianza del trabajo que desarrolla la VFI por parte de la población indígena, las federaciones y directivos de la CODEPISAM, se tendrá que evidenciar percibir los beneficios desde su creación, que la VFI es indispensable para la gestión sostenible de los bosques. Para ello, es importante que la VFI reciba el respaldo y confianza institucional (apoyo político desde las bases comunales federativas regionales y nacionales) de modo permanente.

Este éxito desempeñara a dentro de la Veeduría Forestal Indígena con:

  • La participación e involucramiento efectivo de actores;
  • La efectividad del servicio (resultados) y trato al usuario/aliado;
  • La predisposición a la innovación, aprendizaje, receptibilidad de autocríticas;
  • La confiabilidad de los representados e interlocutores;
  • Una posición adecuada sobre el manejo de cuellos de botella;
  • Una comunicación veraz y oportuna;
  • Un ente proactivo, ingenioso y optimisto;
  • La disponibilidad presupuestal y la correcta administración de fondos.

 

CONCLUSIÓN

En este sentido, los directivos de la CODEPISAM y los representantes de las federaciones afiliadas felicitan a sus Veedores Forestales Indígenas por la buena labor que vienen realizando. Los proximos pasos del plan de trabajo seran de elaborar una constancia de acreditación y reconocimiento de parte de las instituciones públicas y privadas que trabajan sobre el tema de los bosques a fin de que reconozcan nuestros veedores forestales como tal.

Durante los proximos meses, los veedores forestales de la CODEPISAM van a participar a los eventos y reuniones importantes sobre el manejo forestal en la región San Martín. También, ellos van a visitar las comunidades nativas para socializar la Veeduría Forestal Indígena y capacitar las personas interesadas involucrarse para la protección y la conservación de los bosques así como la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la región San Martín.

Muy agradecidos de la atención prestada a lo indicado, nos suscribimos, no sin antes manifestarles las muestras de nuestros más sinceros saludos.

Atentamente,

 

Ely Tangoa Lancha

Veedor Forestal de la CODEPISAM

 

Francisco Sangama Tuanama

Veedor forestal adjunto de la CODEPISAM

 

Tf. #979 940 577 – #942 633 143 – #964 728 301 – #942 220 516. Coreos electrónicos: elytangoa@gmail.com, ftuanama.1@gmail.com. Lugar de referencia: Jr. Ulises Reátegui Nº 417, Tarapoto, Región San Martín.

La CODEPISAM: ¿quiénes somos?

logo CODEPISAM

La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) es una asociación civil indígena sin fines de lucro que nació en 2007 en Moyobamba. Al principio, la CODEPISAM se encontraba conformada por la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (FERIAAM) y la Federación de los Pueblos Indígenas Kechwas de la Región San Martín (FEPIKRESAM).

 

Después, el Consejo Étnico de los Pueblos Kechwas de la Amazonia (CEPKA), la Federación Regional Indígena Shawi San Martín (FERISHAM) y la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM) se afiliaron a la CODEPISAM.

 

Ahora, hay otras federaciones indígenas de la región San Martín que también quieren afiliarse. Estas federaciones son la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta (FEPIKECHA), la Federación Kechwa Indígena Huallaga Dorado (FEKIHD) y la Federación de Comunidades Nativas Kechwa Dorado (FECONAKED). En total, son 08 federaciones indígenas que representan 03 pueblos originarios de la región San Martín; Awajún, Kechwa y Shawi.

 

Awajún:

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Kechwa:

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Las federaciones indígenas afiliadas a la CODEPISAM son ubicadas en 07 provincias del departamento de San Martín; Rioja, Moyobamba, Lamas, San Martín, Picota, El Dorado y Huallaga.

 

El fin supremo de la CODEPISAM es promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas de la región y defender sus derechos territoriales, humanos y fundamentales. En este sentido, la CODEPISAM tiene como objetivos de coordinar los esfuerzos comunes para plantear políticas públicas que respetan los derechos de los pueblos indígenas según las normas y leyes nacionales e internacionales. Por eso, la CODEPISAM representa los intereses de los pueblos indígenas tan al nivel local, nacional que internacional.

 

Además, la CODEPISAM promueve y defienda los derechos económicos, sociales, culturales y políticos igual que impulsar el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas de la región San Martín.

 

La asamblea general de la CODEPISAM es la autoridad máxima de la asociación. Ahí se toman las decisiones importantes y se decide las acciones anuales para el desarrollo y la defensa de los pueblos indígenas de la región San Martín.

 

Para tener más información sobre la CODEPISAM, ustedes pueden contactar el presidente de la asociación, el hermano Jaime Tapullima Pashanase (te. #979940577) o los veedores forestales, los hermanos Ely Tangoa Lancha (tel. #964728301, elytangoa@gmail.com) y Francisco Sangama Tuanama (tel. #942633143, ftuanama.1@gmail.com).